Yair Favela Valdiviezo

Expediente 758/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
758/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
01/12/2017

Partes del expediente

  • Yair Favela Valdiviezo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante auto de quince de noviembre del año en curso, se requirió al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, a fin de que diera cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos: [. ] se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para que la autoridad responsable, Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: 1. De contestación al escrito presentado el veinte de julio del año en curso, en el que se le solicitó el beneficio de la libertad anticipada. 2. Por los conductos legales procedentes, se lo notifiquen al promovente del amparo, en breve término. En la inteligencia de que la protección constitucional otorgada no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por el interesado, puesto que tal derecho sólo obliga a contestar de manera congruente, oportuna, en breve término y por escrito, las promociones que se presenten. [.] Sin embargo, y no obstante haber quedado debidamente notificado del proveído en comento, mediante oficio 28788/2017 recibido en esas oficinas el veintidós de noviembre pasado, ha sido omiso en observar lo dispuesto por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por segunda ocasión al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, así como al Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital, en su calidad de superior jerárquico, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, el primero dé cumplimiento a la sentencia de amparo y el segundo gire sus instrucciones a fin de que aquel observe lo determinado por este Tribunal, lo cual deberán informar a este juzgador, y acreditar con las constancias respectivas. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Octava Época, visible en la página 554, XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a la suma de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso ***, se tienen por hechas las manifestaciones que contiene, y en relación a lo que peticiona, dígasele que mediante auto de quince del actual, causó ejecutoria el presente juicio, y en dicha data se requirió el cumplimiento de la sentencia al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, así como al Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital, en su calidad de superior jerárquico, otorgándoles el término de tres días, contados a partir de su notificación para tal efecto, por lo que, una vez que fenezca el mismo, se acordará lo conducente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.*arc

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia en que se concedió el amparo solicitado por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: [. ] se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para que la autoridad responsable, Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: 1. De contestación al escrito presentado el veinte de julio del año en curso, en el que se le solicitó el beneficio de la libertad anticipada. 2. Por los conductos legales procedentes, se lo notifiquen al promovente del amparo, en breve término. En la inteligencia de que la protección constitucional otorgada no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por el interesado, puesto que tal derecho sólo obliga a contestar de manera congruente, oportuna, en breve término y por escrito, las promociones que se presenten. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, así como al Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital, en su calidad de superior jerárquico, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, ordene se dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informen a este juzgador, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Octava Época, visible en la página 554, XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a la suma de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior." Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Visto para resolver el juicio de amparo 758/2017-V, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada en misma fecha a este órgano jurisdiccional, ******* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de dar contestación al escrito que presentó el veinte de julio de dos mil diecisiete, donde solicitó el beneficio de la libertad anticipada. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el consecutivo 758/2017-V; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman omisiones que se atribuyen a una autoridad administrativa y la demanda de amparo se presentó ante esta sede jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama: La omisión de dar contestación al escrito que presentó el veinte de julio de dos mil diecisiete, donde solicitó el beneficio de la libertad anticipada. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Presunción De Existencia del acto reclamado. Toda vez que la autoridad responsable Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente requerido para ello tal y como se desprende de la hoja de notificación que obra a foja catorce del sumario; por lo que se presume cierto el acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. No se advierte la actualización de alguna causa improcedencia respecto de la omisión reclamada. En el caso no existen causas de improcedencia o sobreseimiento hechas valer por las partes respecto de la omisión reclamada al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua del Distrito Judicial Bravos, ni este juzgador advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que, procede abordar al estudio del fondo del asunto que se plantea, con relación a la omisión de dar contestación al escrito presentado ante la citada Dirección el veinte de julio de dos mil diecisiete. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Determinación que adopta este órgano jurisdiccional. Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso resultan esencialmente fundados. Para evidenciar este aserto, conviene establecer que del contenido del artículo 8 de la Constitución General de la República, deriva la existencia de dos requisitos constitucionales que toda autoridad debe observar, cuando los gobernados formulen alguna petición escrita, de manera pacífica y respetuosa, a saber: dictar el acuerdo correspondiente; comunicar en breve término ese proveído al interesado, conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Para que el derecho de petición consagrado en el imperativo constitucional analizado sea atendible en la vía de amparo, tiene como presupuesto que aquella petición se realice al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación de supra a subordinación, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 126, del tomo XIII, abril del 2001, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyo rubro es el siguiente: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición reconocido en el artículo 8 constitucional, se conforma a su vez de diversos elementos que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a saber: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de amparo, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. En el caso, las hipótesis indicadas en los puntos que anteceden, no se encuentran colmados, como se afirma en los conceptos de violación, porque la responsable no ha dado respuesta a lo solicitado por el ahora quejoso. En efecto, dado que en autos no obra constancia que evidencie que la autoridad responsable dio cumplimiento a los requisitos que conforman el derecho humano reconocido en el citado artículo 8 Constitucional, pues no rindió su informe justificado y no existen pruebas de que se haya dado contestación al escrito de veinte de julio de dos mil diecisiete, ni mucho menos que se haya dado a conocer en breve término la respuesta a su solicitud, ello implica una transgresión a la esfera jurídica de aquel, pues, como se dijo, la petición formulada por escrito a la autoridad, en la especie a un servidor público en funciones, requiere de una respuesta también por escrito y en breve término, cuyo conocimiento debe verificarse, desde luego, a través del procedimiento de notificación respectivo. Apoya lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 88, del tomo III, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que estatuye: PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. En consecuencia, a efecto de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos transgredidos, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para que la autoridad responsable, Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: 1. De contestación al escrito presentado el veinte de julio del año en curso, en el que se le solicitó el beneficio de la libertad anticipada. 2. Por los conductos legales procedentes, se lo notifiquen al promovente del amparo, en breve término. En la inteligencia de que la protección constitucional otorgada no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por el interesado, puesto que tal derecho sólo obliga a contestar de manera congruente, oportuna, en breve término y por escrito, las promociones que se presenten. Ilustra lo anterior el criterio sustentado por la Tercera Sala, visible a fojas 81, del Tomo IX, Abril de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dispone: PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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