Yadira Suárez Hernández y Otros.

Expediente 695/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
695/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Yadira Suárez Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra sentencia de veintiuno de octubre del presente año, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 695/2019-II. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por *******, *******, *******, ******* y *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Representante del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua con sede en Ciudad Juárez, Subdirector de la Estación Migratoria Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Titular de la Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclamaron, en esencia: a) Las órdenes de orden de deportación y/o retorno asistido y/o destierro y/o expulsión del país de los directamente agraviados. b) La orden verbal o escrita para privarles de su derecho de transitar por territorio mexicano y mudar de residencia. c) Las órdenes de detención (privación de la libertad) y/o aseguramiento y/o alojamiento. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 5° de la Convención sobre la Condición de los Extranjeros y el diverso 5°, punto 1, incisos a) y c) y punto 2, inciso a), de la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 695/2019-II y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: a) Las órdenes de orden de deportación y/o retorno asistido y/o destierro y/o expulsión del país de los directamente agraviados. b) La orden verbal o escrita para privarles de su derecho de transitar por territorio mexicano y mudar de residencia c) Las órdenes de detención (privación de la libertad) y/o aseguramiento y/o alojamiento Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Representante del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua con sede en Ciudad Juárez, Subdirector de la Estación Migratoria Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 695/2019-II, promovido por *******, *******, *******, ******* y *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 695/2019-II, y; Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinte de septiembre del presente año, *******, *******, *******, ******* y *******, promovieron demanda de amparo contra actos del Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua y otras autoridades, de quienes reclamaron las órdenes de detención (privación de la libertad), aseguramiento y/o alojamiento, en alguna de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante proveído de la misma fecha, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental. Considerando PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Presunción de existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Titular de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, no rindió su informe previo, no obstante que le fue oportunamente requerido; por lo tanto, de conformidad con el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados a la autoridad de mérito. TERCERO. Concesión de la suspensión definitiva. Respecto de la suspensión definitiva solicitada, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Entonces, ya que *******, *******, *******, ******* y *******, promovieron juicio de garantías contra actos del Titular de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, de quienes reclaman, en lo que es materia de este incidente de suspensión, las órdenes de detención (privación de la libertad), aseguramiento y/o alojamiento, en alguna de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. En ese aspecto, se concede la suspensión definitiva para los efectos siguientes: A. Con relación a la orden de detención (privación de la libertad); así como las diversas de aseguramiento o alojamiento que aún no hayan sido ejecutadas. Respecto de la suspensión definitiva solicitada con relación a la orden de detención (privación de la libertad); así como las diversas de aseguramiento o alojamiento que aún no hayan sido ejecutadas, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Entonces, de conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, la medida suspensional se concede para el efecto, de que no se ejecuten las órdenes reclamadas y, por tanto, no se prive de la libertad a *******, *******, *******, ******* y *******. En la inteligencia de que dado que los quejosos se encuentran en libertad, esta suspensión no surtirá efectos si se trata de una orden restrictiva de libertad dictada por autoridad judicial competente, se les sorprenda en flagrante delito, o se trate de un caso urgente, previsto en el quinto párrafo, del artículo 16, de la Constitución General de la República, en cuyos casos podrán ser capturados. Sin embargo, en caso de haberse llevado a cabo la detención y ésta se hubiera efectuado por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y las autoridades que los tengan bajo su custodia los pongan en libertad o a disposición del Ministerio Público. Ahora, si los quejosos son puestos a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, se concede la suspensión para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis - tratándose de delincuencia organizada-, contadas a partir del momento de la detención, los quejosos sean puestos en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Asimismo, se precisa que si los quejosos se encuentran a disposición del Ministerio Público por haber sido detenidos en flagrancia o caso urgente, el referido plazo contará a partir de que sean puestos a disposición. Sin que sea necesario imponer a los quejosos diversas medidas de aseguramiento, pues ya les fueron impuestas en diversa interlocutoria. B. Con relación a las órdenes de aseguramiento o alojamiento que ya se hubieran ejecutado. En otro contexto, si las órdenes de aseguramiento y/o de alojamiento que reclaman los solicitantes del amparo a la fecha ya se hubiera ejecutado, es pertinente señalar que de los artículos 164 de la Ley de Amparo, 66, 107, 109 y 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, se desprende una serie de medidas que coadyuvan a priorizar el respeto de los derechos de los migrantes detenidos en las estaciones migratorias. En estas condiciones, en caso de que los quejosos ya se encuentren sometidos al procedimiento de regulación migratoria contenido en el artículo 111 de la Ley de Migración, se concede la suspensión definitiva a efecto que la autoridad responsable, en su caso: 1. Resuelva la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación, excepción hecha de los casos y condiciones establecidas en la propia legislación, en la que no deberá exceder del plazo de 60 días hábiles . 2. Identifique e individualice a los migrantes; 3. Corrobore el estado de salud, o quiénes tienen necesidades específicas; 4. De ser solicitado, los ponga en contacto con el consulado de su país, salvo que puedan acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; 5. Se implemente un plan inmediato para asegurar las alternativas en libertad, o bien, los planes de alojamiento alternativo; 6. Especifique la temporalidad de la detención y si han tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 7. Transcurrido el plazo máximo de sesenta días hábiles, el Instituto les deberá otorgar la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero; 8. Asimismo, para que las autoridades migratorias den cabal cumplimiento a las obligaciones que establece el artículo 107 de la Ley de Migración. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis I.21o.A.4 A (10a.), aprobada por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020336, materia común, publicada el viernes 02 de agosto de 2019, del siguiente contenido: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO DECRETADA CONTRA SU DEPORTACIÓN, CUANDO SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN ESTACIONES MIGRATORIAS. De los artículos 164 de la Ley de Amparo, 66, 107, 109 y 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, se desprende una serie de medidas que coadyuvan a priorizar el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados o no por familiares, detenidos en las estaciones migratorias, que se deben adoptar a la luz de los principios de separación y unidad familiar, respetando en todo momento el interés superior del menor de edad, las cuales el juzgador no puede soslayar. En estas condiciones, el Juez de Distrito que conozca del amparo contra ese acto, debe analizar el asunto bajo la óptica encaminada a la búsqueda y aplicación de medidas alternativas a la detención en la estación migratoria, en que ésta se utilice como último recurso, al tratarse per se, de una privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento o alojamiento); de no ser posible un alojamiento distinto, entonces debe examinar que se cumplan y garanticen sus derechos mientras dure su estadía en ese lugar. Por tanto, cuando se decrete la suspensión de oficio contra su deportación y permanezcan en las instalaciones señaladas, esa medida debe tener por efecto que la autoridad migratoria: 1. Identifique e individualice a los menores migrantes; 2. Especifique la temporalidad de la detención y si han tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 3. Corrobore el estado de salud, o quiénes tienen necesidades específicas, en caso de que se trate de lactantes, por ejemplo; 4. Provea la designación de algún tutor o representante legal, o bien, traductor o intérprete para facilitar la comunicación; 5. Canalice a los menores al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México; 6. Los ponga en contacto con el consulado de su país, salvo que puedan acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; y, 7. Que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas necesarias para supervisar y vigilar que quienes no estén acompañados de familiares tengan un espacio específico en la estación migratoria, distinto del de los adultos y que cuenten también con áreas separadas para niños, niñas y adolescentes, e implemente un plan inmediato para asegurar las alternativas en libertad, en caso de menores acompañados, o bien, los planes de alojamiento alternativo para quienes estén solos. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE ÚNICO. Se concede a *******, *******, *******, ******* y *******, la suspensión definitiva que solicitaron respecto de los actos y la autoridad precisados en el considerando segundo y tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito firmado de manera electrónica por la autorizada de los quejosos **; por lo que, agréguese a los autos para que conste como corresponda y se tienen por hechas las manifestaciones que realiza, en lo que informa que sus representados de mérito, dieron cumplimiento al requerimiento que se le efectuó el veinte de septiembre pasado, en el apartado de medidas de aseguramiento, punto uno) y bajo protesta de decir verdad manifiesta que las personas que representa comparecieron de manera personal ante la Dirección Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, a presentar su solicitud de condición de refugiados, adjuntando para tal efecto, copia del acuse de recibo del trámite que refiere; de lo cual toma conocimiento este juzgado, para tener por acreditada una de las condiciones que se les impuso como requisito de procedibilidad para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados. En el entendido de que este tribunal está en espera del cumplimiento de los diversos quejosos, **, lo cual deberá hacerse del conocimiento de la autorizada de los quejosos, por escrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

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