Yadira Rubio Cruz

Expediente 97/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
97/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Yadira Rubio Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución de sobreseimiento dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vistos para resolver el juicio de amparo 97/2021-III, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, ******* solicitó la protección contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, consistentes en las órdenes de aprehensión y cateo, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por auto de dieciocho de febrero del año en curso, se admitió a trámite el juicio el amparo 97/2021-III, se solicitaron a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos cuya ejecución es dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que la peticionaria de amparo reclama las órdenes de aprehensión y cateo, así como su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, Fiscalía de Distrito Zona Norte y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ciudad Juárez, negaron la existencia del acto que se les atribuyó. Por su parte, la autoridad responsable ejecutora, Dirección de Seguridad de Vialidad de Ciudad Juárez, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente notificada para ello, como se desprende de la constancia de notificación que obra en autos. Ahora, el artículo 117 de la Ley de Amparo, establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado. No obstante, como se precisó en párrafos precedentes de la autoridad ordenadora al rendir su informe negó los actos que se le atribuyeron. Además, que dada su calidad de autoridad ejecutora, se infiere que si la autoridad ordenadora negó haber emitido las órdenes de aprehensión y cateo que se le reclaman, por ende, no es factible que la autoridad omisa ejecute unas órdenes inexistentes; por tanto, tampoco es cierta la ejecución. En es aplicable en lo conducente, la tesis que emitió la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, consultable en el del Semanario Judicial de la Federación, volumen 6, séptima parte, página 19, con registro 246423, del tenor literal siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE INFORME DE LAS, CUANDO LAS ORDENADORAS NIEGAN LOS ACTOS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero las ordenadoras niegan los actos a ellas atribuidos, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede cumplimentar una orden inexistente, y no es susceptible de presumirse el acto conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo. Ahora, la demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que cuando las autoridades responsables niegan el acto que se les imputa, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata. En sustento a lo anterior, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En el presente asunto, la quejosa fue omisa en acreditar la existencia de las órdenes de aprehensión y cateo, así como su ejecución, que reclama, pues omitió exhibir prueba alguna para sustentar su dicho. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, contra los actos y autoridades precisados en el considerando último de esta resolución, por las razones expuestas en el mismo. Notifíquese; haciéndolo vía correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 97/2021-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, *******, solicitó el amparo y protección de la justicia federal y la suspensión de los actos reclamados al Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, consistentes en las órdenes de aprehensión y cateo, así como su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante proveído de dieciocho del mes y año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. Las responsables, Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, Fiscalía de Distrito Zona Norte y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ciudad Juárez, negaron la existencia de los actos reclamados, consistentes las órdenes de aprehensión y cateo, así como su ejecución, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente para desvirtuar tales negativas. Por su parte, la autoridad responsable ejecutora, Dirección de Seguridad de Vialidad de Ciudad Juárez, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante haber sido debidamente notificada para ello. Ahora, el artículo 142 de la Ley de Amparo, establece que, cuando la autoridad responsable no rinda su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En la especie, debido a que la autoridad ordenadora negó los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión y cateo, así como su ejecución, así como que la Dirección de Seguridad de Vialidad de Ciudad Juárez, es autoridad ejecutora, puede inferirse que no son ciertos los actos reclamados a dicha autoridad. Por tanto, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la quejosa *******. Sirve de apoyo a lo considerado la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye lo siguiente: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Asimismo, sustenta lo anterior, por mayoría de razón, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, localizada en el Tomo LXXXIV del Semanario Judicial de la Federación, página 2430, registro 305316, que textualmente dice lo siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Aunque la autoridad ejecutora no haya rendido informe justificado, no es posible presumir, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, que el acto que de ella se reclama sea cierto, si se niega por la autoridad ordenadora la existencia del mismo, pues la ejecución de lo inexistente resulta imposible. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se niega a *******, la suspensión definitiva que se solicitó respecto de las autoridades precisadas en el considerando segundo por las razones ahí expuestas. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre únicamente como antecedente el informe previo de cuenta, rendido por parte de la autoridad responsable, Fiscalía de Distrito Zona Norte, en virtud de que mediante auto de veintitrés del mes y año en curso, se tuvo por recibió el mismo, acordándose lo conducente respecto a su contenido. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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