Yahveh Zecua Najera
Expediente 1105/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Yahveh Zecua Najera
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1105/2021. Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el promovente del juicio de amparo no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al promovente del juicio. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al promovente inicial, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar al promovente inicial por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1105/2021-V. Puebla, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por * , por derecho propio, contra actos del Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. Al respecto, se considera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 1131 de la Ley de Amparo. En efecto, se advierte que el quejoso, reclama del Juez de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla como autoridad ordenadora, el siguiente acto: ".La resolución ...Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo resulta improcedente la demanda de amparo contra los actos señalados con antelación. Lo anterior es así, pues la determinación de treinta de julio de dos mil veintiuno, emitida dentro del proceso * por la cual el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, se declara incompetente para conocer de la consignación relativa a la Averiguación Previa * , por la que la Representación Social ejerce acción penal en contra de * , por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delito de Homicidio con la agravante de responsabilidad profesional dentro de la causa penal, no le produce al quejoso una afectación personal y directa en su esfera jurídica porque la resolución combatida no constituye una resolución definitiva respecto a la cuestión competencial planteada. En efecto los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VIII, ambos de la ley de la materia ..., y.". De la transcripción anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando esta surja de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley de la materia. Asimismo, el amparo indirecto es procedente contra los actos de autoridad en los que se resuelva declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto. ..Por lo que al tratarse de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de interés y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Aunque también se puede dar el supuesto en que la declinatoria sea solicitada ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente a la que considere competente, o bien, que por inhibitoria, la que se plantea ante la autoridad que no está conociendo de aquél, pero que se estima competente, solicitándole que mediante oficio se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba del conocimiento y remita los autos correspondientes. Asimismo, estableció que en ambos supuestos se pueden dar diferentes resultados que determinarán la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto y que pueden ser los siguientes: 1.- Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da el primero se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2.- Si se trata de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad que éste conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta remitirá los autos a la primera, si la rechaza, entonces continuará conociendo del asunto. De lo anterior se desprende que, ya sea que la autoridad de oficio se declare incompetente o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso, existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes, cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo cual se actualizará hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien, se inhibe del conocimiento de un asunto. .. Dado que, en las cuestiones de competencia participan al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el referido numeral expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que van tomando las autoridades durante el trámite de esas cuestiones. En conclusión, estableció que será hasta el momento en el que la autoridad determine si acepta o rechaza la competencia planteada, cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, pues ello podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero que originalmente corresponde, por lo que la afectación personal y directa, se produce cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir competencia se acepte o rechace y no antes. .... En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Ahora bien, en el caso, el impetrante de amparo, reclama la determinación dentro de la causa penal en la que el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, se declara incompetente para conocer de la consignación relativa a la Averiguación Previa , a través de la cual la Representación Social ejerce acción penal en su contra, entre otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio con la agravante de responsabilidad profesional. Sin embargo, la resolución combatida no resuelve en definitiva la cuestión de competencia planteada, pues aún se encuentra pendiente que la autoridad en favor de quien se declinó la competencia establezca si la acepta o la rechaza, esto es, si se avoca o no a su conocimiento De modo que la determinación combatida no repara perjuicio a la esfera jurídica del inconforme, pues al estar involucradas al menos dos autoridades cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le planteó la otra, por lo que no es posible impugnar cada una de las decisiones tomadas por ambas durante el trámite de la incompetencia, ya que se estaría supeditando el juicio de amparo a un acto cuya afectación no se ha materializado, pues el mismo no tiene como consecuencia evidente ni forzosa que la autoridad en favor de quien se declina la acepte, por lo que sería hasta que la autoridad acepte la competencia planteada que se produciría una afectación personal y directa en la esfera jurídica *. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, respecto de la multicitada resolución reclamada al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, emitida dentro de la causa penal de su índice; desechamiento que se hace extensivo respecto de los efectos y consecuencias legales que de dicha determinación el quejoso reclama a los Agentes del Ministerio Público de la Federación que señala como autoridades responsables ejecutoras. Domicilio y autorizados Téngase al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado. Asimismo, se tienen por autorizados solo para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en su escrito inicial de demanda por así haberlos designado. Ahora el quejoso proporciona un número de teléfono y un correo electrónico, los cuales solo se tendrán como medio de contacto. Notifíquese; de manera personal al quejoso (por lista); y cúmplase.
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