Yaret Emery Elox Coate

Expediente 1291/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1291/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Yaret Emery Elox Coate

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1291/2022-I En la misma fecha se da cuenta a la jueza, con la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Puebla, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido, por ende se ordena su archivo. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6 fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a quien hubiera presentado la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se tuvo por desechada la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se instruye a la oficial judicial A para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Si el quejoso, deseara conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1291/2022-I.. Puebla, Puebla, dos de diciembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por la quejosa ++++++++++++++++ por propio derecho, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". 3 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por la quejosa comprende los actos siguientes: ".IV. ACTOS RECLAMADOS. a). Lo constituye la arbitraria e ilegal ORDEN DE TRASLADO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEACA, PUEBLA (en el que actualmente guardo prisión preventiva) al CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN, PUEBLA (al que se pretende trasladarme), por orden de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras; y b). La ejecución de dicha ORDEN DE TRASLADO, a cargo de la autoridad señalada como ejecutora, en el caso el Director del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla.". Dicho acto fue reclamado a las autoridades ordenadoras siguientes: Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla; Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; y Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla. Así, a consideración de esta juzgadora, por cuanto hace a la autoridad señalada como Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 107, 109, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal4 , porque estos disponen que las personas privadas de su libertad, pueden formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, con el fin de controvertir los actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Asimismo, conforme a los artículos 115 y 117, fracción III5 , de la legislación citada, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento, que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato -pues de lo contrario quedarían sin materia como puede suceder con las órdenes de traslado-, los internos deben acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado Juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Así es, porque el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características: ? La promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su petición. ? Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el Juez reparará la afectación. ? Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el Juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. ? Contra la resolución emitida por el Juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. ? Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El Juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Entonces, como se ve, cuando una persona privada de su libertad reclame actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como lo es una orden administrativa de traslado (no convalidada por la autoridad judicial) antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento. Sobre todo porque otorga al Juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo + para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Condicionante que el mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, pues, como ya quedó explicado con antelación, si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Es decir, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En esa virtud, es evidente que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición + se desahogara y tramitara en la misma audiencia en la cual la haga valer, es decir, con mayor celeridad. Sustenta todo lo anterior, la ejecutoria que diera vida a la jurisprudencia 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." También apoyan los razonamientos desarrollados sobre el recurso de control judicial, las tesis siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA" En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado consiste en la orden de traslado del centro penitenciario donde se encuentra recluida la quejosa a uno diverso, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, la parte quejosa debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además, la decisión de desechar la demanda (respecto de la orden de traslado) encuentra sustento en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la ejecutorias relativas a los recursos de queja Q-36/2020 y Q46/2020. + Al resolver éstos, confirmó los acuerdos de desechamiento impugnados, pues sostuvo que, al no actualizarse ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en el caso de los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por las autoridades administrativas penitenciarias, en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Del criterio adoptado en dichos recursos emanó la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar LA determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional."6 . Cabe destacar que dicho criterio fue reiterado por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 448/2019, de la cual emanó la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.) e rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo."7 Lo anterior, sin que pase desapercibido para esta juzgadora, que la parte quejosa también reclamó dicho acto a dos autoridades judiciales, sin embargo, la narración -realizada por la quejosa bajo protesta de decir verdad en el apartado de hechos- permite visualizar la actualización de una diversa causal de improcedencia de forma manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 5, fracción I, primer párrafo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se trata de actos futuros e inciertos. Lo anterior, pues se advierte que aquella señaló que tiene el temor fundado de la existencia de alguna orden de traslado, porque así se lo han comentado diversas personas en el centro penitenciario donde se encuentra recluida, pese a ello en el área jurídica de dicho centro no le han informado nada al respecto. De ahí que ella suponga que existe una posible orden de traslado librada en su contra. Bajo esas consideraciones, en el caso, es inconcuso que la posible existencia de una orden de traslado autorizada por autoridad judicial no afecta el interés jurídico de la peticionaria de amparo, al no existir agravio alguno, pues incluso, bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto refiere que diversas personas le han informado de la posible existencia de alguna orden de traslado, sin embargo, al acudir al área legal de dicho centro penitenciario no le fue informado nada en torno a alguna orden de traslado dictada en su contra. Por tanto, no existen hechos o razones que permitan inferir que la afectación a su libertad personal sea real y actual; es decir, no existen elementos que permitan establecer, por lo menos indiciariamente, que se hubiera autorizado una orden de traslado por autoridades judiciales. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia de la orden de traslado autorizada por autoridades judiciales, es evidente que no existe el agravio que refiere la amparista y, por ende, no le causa perjuicio alguno. Sustenta o anterior en lo conducente la tesis de rubro: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN.8 " En tales condiciones, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro; es incuestionable que se actualiza la causales de improcedencia previstas en la fracciones XX y XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo así como la fracción esta última en relación con el precepto 5, fracción I, primer párrafo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, la quejosa debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y por cuanto hace a las autoridades responsables judiciales, se trata de actos futuros e inciertos. Por tanto, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa el indicado en el escrito de demanda (ubicado en esta ciudad). Sin que haya lugar a tener los correos electrónicos como medio de notificación por no estar previstos como tal en la Ley de Amparo, pero se toma nota de los mismos para establecer contacto en caso de ser necesario. Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas de nombres +++++++++++++++++ porque aquél le otorgó facultades amplias y tienen registradas sus cédulas, en el sistema de profesionales del Poder Judicial de la Federación. No ha lugar a tener como representante común al autorizado designado, porque en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, solo los quejosos y terceros interesados están facultados para designar de entre ellos, a un representante común. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la quejosa, que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. + Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a la actuaria o actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a la quejosa y cúmplase

  3. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA UICIO DE AMPARO 1291/2022-I.. Puebla, Puebla, dos de diciembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por la quejosa ++++++++++++++++ por propio derecho, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". 3 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por la quejosa comprende los actos siguientes: ".IV. ACTOS RECLAMADOS. a). Lo constituye la arbitraria e ilegal ORDEN DE TRASLADO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEACA, PUEBLA (en el que actualmente guardo prisión preventiva) al CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN, PUEBLA (al que se pretende trasladarme), por orden de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras; y b). La ejecución de dicha ORDEN DE TRASLADO, a cargo de la autoridad señalada como ejecutora, en el caso el Director del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla.". Dicho acto fue reclamado a las autoridades ordenadoras siguientes: Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla; Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; y Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla. Así, a consideración de esta juzgadora, por cuanto hace a la autoridad señalada como Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 107, 109, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal4 , porque estos disponen que las personas privadas de su libertad, pueden formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, con el fin de controvertir los actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Asimismo, conforme a los artículos 115 y 117, fracción III5 , de la legislación citada, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento, que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato -pues de lo contrario quedarían sin materia como puede suceder con las órdenes de traslado-, los internos deben acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado Juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Así es, porque el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características: ? La promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su petición. ? Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el Juez reparará la afectación. ? Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el Juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. ? Contra la resolución emitida por el Juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. ? Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El Juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Entonces, como se ve, cuando una persona privada de su libertad reclame actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como lo es una orden administrativa de traslado (no convalidada por la autoridad judicial) antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento. Sobre todo porque otorga al Juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo + para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Condicionante que el mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, pues, como ya quedó explicado con antelación, si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Es decir, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En esa virtud, es evidente que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición + se desahogara y tramitara en la misma audiencia en la cual la haga valer, es decir, con mayor celeridad. Sustenta todo lo anterior, la ejecutoria que diera vida a la jurisprudencia 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." También apoyan los razonamientos desarrollados sobre el recurso de control judicial, las tesis siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA" En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado consiste en la orden de traslado del centro penitenciario donde se encuentra recluida la quejosa a uno diverso, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, la parte quejosa debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además, la decisión de desechar la demanda (respecto de la orden de traslado) encuentra sustento en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la ejecutorias relativas a los recursos de queja Q-36/2020 y Q46/2020. + Al resolver éstos, confirmó los acuerdos de desechamiento impugnados, pues sostuvo que, al no actualizarse ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en el caso de los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por las autoridades administrativas penitenciarias, en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Del criterio adoptado en dichos recursos emanó la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar LA determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional."6 . Cabe destacar que dicho criterio fue reiterado por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 448/2019, de la cual emanó la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.) e rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo."7 Lo anterior, sin que pase desapercibido para esta juzgadora, que la parte quejosa también reclamó dicho acto a dos autoridades judiciales, sin embargo, la narración -realizada por la quejosa bajo protesta de decir verdad en el apartado de hechos- permite visualizar la actualización de una diversa causal de improcedencia de forma manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 5, fracción I, primer párrafo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se trata de actos futuros e inciertos. Lo anterior, pues se advierte que aquella señaló que tiene el temor fundado de la existencia de alguna orden de traslado, porque así se lo han comentado diversas personas en el centro penitenciario donde se encuentra recluida, pese a ello en el área jurídica de dicho centro no le han informado nada al respecto. De ahí que ella suponga que existe una posible orden de traslado librada en su contra. Bajo esas consideraciones, en el caso, es inconcuso que la posible existencia de una orden de traslado autorizada por autoridad judicial no afecta el interés jurídico de la peticionaria de amparo, al no existir agravio alguno, pues incluso, bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto refiere que diversas personas le han informado de la posible existencia de alguna orden de traslado, sin embargo, al acudir al área legal de dicho centro penitenciario no le fue informado nada en torno a alguna orden de traslado dictada en su contra. Por tanto, no existen hechos o razones que permitan inferir que la afectación a su libertad personal sea real y actual; es decir, no existen elementos que permitan establecer, por lo menos indiciariamente, que se hubiera autorizado una orden de traslado por autoridades judiciales. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia de la orden de traslado autorizada por autoridades judiciales, es evidente que no existe el agravio que refiere la amparista y, por ende, no le causa perjuicio alguno. Sustenta o anterior en lo conducente la tesis de rubro: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN.8 " En tales condiciones, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro; es incuestionable que se actualiza la causales de improcedencia previstas en la fracciones XX y XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo así como la fracción esta última en relación con el precepto 5, fracción I, primer párrafo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, la quejosa debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y por cuanto hace a las autoridades responsables judiciales, se trata de actos futuros e inciertos. Por tanto, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa el indicado en el escrito de demanda (ubicado en esta ciudad). Sin que haya lugar a tener los correos electrónicos como medio de notificación por no estar previstos como tal en la Ley de Amparo, pero se toma nota de los mismos para establecer contacto en caso de ser necesario. Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas de nombres +++++++++++++++++ porque aquél le otorgó facultades amplias y tienen registradas sus cédulas, en el sistema de profesionales del Poder Judicial de la Federación. No ha lugar a tener como representante común al autorizado designado, porque en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, solo los quejosos y terceros interesados están facultados para designar de entre ellos, a un representante común. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la quejosa, que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. + Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a la actuaria o actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a la quejosa y cúmplase

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