Yaroslava Vadimovna Stepanova

Expediente 440/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
440/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Yaroslava Vadimovna Stepanova

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 440/2022-IV. Puebla, Puebla, veinte de mayo de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. el presente expediente constituye un asunto concluido. , se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS.- JUICIO DE AMPARO 440/2022-IV. En veintiocho de abril de dos mil veintidós, el secretario da cuenta a la jueza con una demanda de amparo firmada por la quejosa Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que el capítulo de acto introducido en la demanda, contiene el reclamo siguiente: ".Determinación del no ejercicio de la acción penal de fecha 18 de marzo del año 2022.". Es importante destacar que de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la citada determinación deriva de la carpeta de investigación + , la cual dio inicio con la denuncia presentada por + ante el agente del Ministerio Público, por el hecho con apariencia del delito de violencia familiar, cometido en su agravio; por tanto, es concluyente que aquélla tiene el carácter de víctima en esa investigación. Entonces, es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la determinación de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ese precepto dispone que el impacto de las omisiones o resoluciones -incluido el no ejercicio de la acción penal- del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma se cita por analogía, : "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria prevista contra la determinación de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público. En particular impugnarla ante un juez de control para que este revise la legalidad de esa determinación. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede modificar la decisión del agente del Ministerio Público. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por la quejosa, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal de la autoridad responsable ordenadora, dictada en la carpeta de investigación , debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, la quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la conducta de la agente responsable ordenadora, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la determinación de no ejercicio de la acción penal, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones de la quejosa para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por el hecho con apariencia del delito de violencia familiar, en la carpeta de investigación tramitada con las reglas del sistema penal acusatorio, de la cual deriva la determinación que pretende reclamar. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues la determinación reclamada por la quejosa a las autoridades señaladas como responsables, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis6 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque la determinación de no ejercicio de la acción penal que pretende reclamar, encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la determinación de no ejercicio de la acción penal atribuida a las responsables, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Domicilio procesal y autorizado. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la colonia El Mirador). Por otro lado, queda autorizado para efectos de oír y recibir notificaciones, el profesionista nombrado por aquélla, porque sólo lo designó en forma genérica, es decir, no le otorgó facultades amplias de manera expresa Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 440/2022-IV. En veintiocho de abril de dos mil veintidós, el secretario da cuenta a la jueza con una demanda de amparo firmada por la quejosa Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que el capítulo de acto introducido en la demanda, contiene el reclamo siguiente: ".Determinación del no ejercicio de la acción penal de fecha 18 de marzo del año 2022.". Es importante destacar que de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la citada determinación deriva de la carpeta de investigación + , la cual dio inicio con la denuncia presentada por + ante el agente del Ministerio Público, por el hecho con apariencia del delito de violencia familiar, cometido en su agravio; por tanto, es concluyente que aquélla tiene el carácter de víctima en esa investigación. Entonces, es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la determinación de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ese precepto dispone que el impacto de las omisiones o resoluciones -incluido el no ejercicio de la acción penal- del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma se cita por analogía, : "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria prevista contra la determinación de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público. En particular impugnarla ante un juez de control para que este revise la legalidad de esa determinación. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede modificar la decisión del agente del Ministerio Público. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por la quejosa, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal de la autoridad responsable ordenadora, dictada en la carpeta de investigación , debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, la quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la conducta de la agente responsable ordenadora, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la determinación de no ejercicio de la acción penal, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones de la quejosa para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por el hecho con apariencia del delito de violencia familiar, en la carpeta de investigación tramitada con las reglas del sistema penal acusatorio, de la cual deriva la determinación que pretende reclamar. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues la determinación reclamada por la quejosa a las autoridades señaladas como responsables, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis6 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque la determinación de no ejercicio de la acción penal que pretende reclamar, encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la determinación de no ejercicio de la acción penal atribuida a las responsables, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Domicilio procesal y autorizado. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la colonia El Mirador). Por otro lado, queda autorizado para efectos de oír y recibir notificaciones, el profesionista nombrado por aquélla, porque sólo lo designó en forma genérica, es decir, no le otorgó facultades amplias de manera expresa Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

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