Yadira Reyes Amador

Expediente 306/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
306/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Yadira Reyes Amador

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 306/2022-VI. Puebla, Puebla, doce de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Devolución de documentos originales a las partes. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el indicado sistema como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 306/2022-VI. Puebla, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por , por propio derecho, contra actos del "Agente del Ministerio Público Investigador de la Delegación Oriente de esta ciudad Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar los reclamos de los actos consistentes en:".la extralimitada orden de detención emitida en mi contra por el C. Agente del Ministerio Público Investigador de la Delegación Oriente de esta ciudad y dentro de la Carpeta de Investigación "Acto que es atribuido a un Agente del Ministerio Público y a los Agentes de Investigación, ambos de la Unidad de Investigación Oriente de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (en su correcta denominación). En efecto, respecto de la orden de detención atribuida a las autoridades ministeriales en mención, debe precisarse que es improcedente el presente juicio de amparo acorde con lo que se expone a continuación: Debe tenerse en cuenta que la orden de detención como la que reclama la quejosa, no puede ser emitida por las autoridades de la fiscalía o de investigación (como las que señala en la demanda de amparo). Lo anterior es así, porque dichas autoridades no tienen facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para emitir tales órdenes. Del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que prevé que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el ministerio público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar, entre otras cuestiones, la comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y orden de aprehensión en contra de una persona cuando el ministerio público advierta que existe la necesidad de cautela. Como se ve, la orden de detención que la quejosa reclama del Agente del Ministerio Público y a los Agentes de Investigación, ambos de la Unidad de Investigación Oriente de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, señaladas como responsables, no está prevista en el cúmulo de competencia y facultades legales de las mismas. Entonces, el acto atribuido a las autoridades responsables (autoridades de la fiscalía) implica la actualización de la improcedencia de esta vía de amparo intentada en su contra; pues que como se dijo, en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial tales autoridades (fiscalía o de investigación) no están facultados para librar órdenes de detención. En esa virtud, cabe agregar que la restricción de la libertad de la quejosa ante una eventual detención o presentación únicamente (en su caso) se daría con motivo de la detención en flagrancia, así como con motivo de la detención en caso urgente instruida por el ministerio público; además, a razón de la orden de aprehensión de una autoridad judicial, la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen actos distintos a los reclamados de las autoridades de la fiscalía en mención. Habida cuenta que las autoridades de la fiscalía o de investigación carecen de facultades jurídicas para emitir órdenes de detención contra una gobernada. Esto, porque esos mandamientos de molestia corresponden y competen a la autoridad judicial con motivo del sistema penal acusatorio adversarial. De ahí que se actualice en la especie la causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, que resulta de relación la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los diversos 20 y 16 de la constitución federal, y con la fracción II del numeral 5º, a contrario sensu, también de la ley de la materia. Máxime que, como se ha visto, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio, orden de comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional.....Además, como se ya se desarrolló en esta determinación, al haberse limitado la quejosa a señalar solo a autoridades administrativas (ejecutoras); éstas en nada podrían librar la orden de detención reclamada y solo podrían ejecutarla como se desprende de la parte conducente del artículo 145, párrafos primero, segundo y tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé: "Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.(.)"Es ilustradora al caso, la tesis : "ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS SI EN LADEMANDA SE SEÑALA A UNA AUTORIDAD DIFERENTE DE LA QUE EMITIÓ EL". Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra los actos anteriormente precisados, reclamada de las autoridades responsables mencionadas. En tales condiciones, como se advirtió resulta de manera manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia estudiada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la quejosa para recibir notificaciones personales, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizadas en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, las personas designadas por la quejosa en el primer acápite de la demanda, porque omitió conferirles de forma expresa las facultades amplias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa (en su domicilio procesal), y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 306/2022-VI. Puebla, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por , por propio derecho, contra actos del "Agente del Ministerio Público Investigador de la Delegación Oriente de esta ciudad Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar los reclamos de los actos consistentes en:".la extralimitada orden de detención emitida en mi contra por el C. Agente del Ministerio Público Investigador de la Delegación Oriente de esta ciudad y dentro de la Carpeta de Investigación "Acto que es atribuido a un Agente del Ministerio Público y a los Agentes de Investigación, ambos de la Unidad de Investigación Oriente de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (en su correcta denominación). En efecto, respecto de la orden de detención atribuida a las autoridades ministeriales en mención, debe precisarse que es improcedente el presente juicio de amparo acorde con lo que se expone a continuación: Debe tenerse en cuenta que la orden de detención como la que reclama la quejosa, no puede ser emitida por las autoridades de la fiscalía o de investigación (como las que señala en la demanda de amparo). Lo anterior es así, porque dichas autoridades no tienen facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para emitir tales órdenes. Del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que prevé que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el ministerio público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar, entre otras cuestiones, la comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y orden de aprehensión en contra de una persona cuando el ministerio público advierta que existe la necesidad de cautela. Como se ve, la orden de detención que la quejosa reclama del Agente del Ministerio Público y a los Agentes de Investigación, ambos de la Unidad de Investigación Oriente de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, señaladas como responsables, no está prevista en el cúmulo de competencia y facultades legales de las mismas. Entonces, el acto atribuido a las autoridades responsables (autoridades de la fiscalía) implica la actualización de la improcedencia de esta vía de amparo intentada en su contra; pues que como se dijo, en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial tales autoridades (fiscalía o de investigación) no están facultados para librar órdenes de detención. En esa virtud, cabe agregar que la restricción de la libertad de la quejosa ante una eventual detención o presentación únicamente (en su caso) se daría con motivo de la detención en flagrancia, así como con motivo de la detención en caso urgente instruida por el ministerio público; además, a razón de la orden de aprehensión de una autoridad judicial, la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen actos distintos a los reclamados de las autoridades de la fiscalía en mención. Habida cuenta que las autoridades de la fiscalía o de investigación carecen de facultades jurídicas para emitir órdenes de detención contra una gobernada. Esto, porque esos mandamientos de molestia corresponden y competen a la autoridad judicial con motivo del sistema penal acusatorio adversarial. De ahí que se actualice en la especie la causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, que resulta de relación la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los diversos 20 y 16 de la constitución federal, y con la fracción II del numeral 5º, a contrario sensu, también de la ley de la materia. Máxime que, como se ha visto, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio, orden de comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional.....Además, como se ya se desarrolló en esta determinación, al haberse limitado la quejosa a señalar solo a autoridades administrativas (ejecutoras); éstas en nada podrían librar la orden de detención reclamada y solo podrían ejecutarla como se desprende de la parte conducente del artículo 145, párrafos primero, segundo y tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé: "Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.(.)"Es ilustradora al caso, la tesis : "ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS SI EN LADEMANDA SE SEÑALA A UNA AUTORIDAD DIFERENTE DE LA QUE EMITIÓ EL". Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra los actos anteriormente precisados, reclamada de las autoridades responsables mencionadas. En tales condiciones, como se advirtió resulta de manera manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia estudiada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la quejosa para recibir notificaciones personales, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizadas en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, las personas designadas por la quejosa en el primer acápite de la demanda, porque omitió conferirles de forma expresa las facultades amplias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa (en su domicilio procesal), y cúmplase.

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