Wodson Siman Collins Piter
Expediente 1065/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Wodson Siman Collins Piter
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, en virtud de lo anterior, se deja sin efectos la suspensión plano decretado en el asunto de mérito. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, y que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, misma que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente, en la carátula, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de San Luis Potosí, en representación del Subdirector de la Estación Migratoria adscrito a dicha Oficina de Representación; con su contenido y anexo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Por otro lado, por lo que hace al diverso de los oficios de la autoridad oficiante, en atención al contenido de los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, se le tiene informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en el presente asunto; ello, derivado del requerimiento que fue elevado en autos y, al efecto, informa que fue resuelta la situación migratoria de la parte promovente y que se le dio salida de la estación migratoria; remitiendo copia certificada del oficio de salida correspondiente, para acreditar dicha circunstancias; documental a la cual se le otorga un valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 3°, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Así, atento a lo anterior y a lo manifestado por la oficiante, con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se le tiene informando que en el presente juicio de amparo se actualiza una causal de sobreseimiento. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran el presente expediente, respecto a los actos reclamados, se advierte que, efectivamente, se actualiza una causal de improcedencia, en el caso, la prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] En ese sentido, de las constancias remitidas por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de San Luis Potosí, en representación del Subdirector de la Estación Migratoria adscrito a dicha Oficina de Representación, consistentes en copias por ser documentos públicos, merecen valor pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación en cita, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; se aprecia que el uno de agosto del presente año, se decretó el alojamiento temporal del peticionario del amparo Wodson Siman Collins Piter, en la Estación Migratoria Local de esta ciudad. Sin embargo, se advierte también que el diecisiete de agosto del año en curso, se dictó resolución de salida de la Estación Migratoria al referido quejoso, la cual fue emitida por el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí del Instituto Nacional de Migración, dentro del expediente administrativo 3783, en la que le otorgó oficio de salida del país, para que en un plazo no mayor a veinte días naturales, abandone el territorio mexicano por sus propios medios, por la frontera sur más cercana; lo anterior, a petición de la propia parte quejosa (circunstancia que se corrobora con la ampliación de comparecencia realizada en la misma data en que se dictó la citada resolución). Por tanto, se concluye que los actos reclamados han cesado en sus efectos; y, como consecuencia, no cabe duda que es imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, actualizándose de tal manera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en numeral 63, fracción V, de la legislación invocada. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Máxime que, de las constancias allegadas al presente juicio, que ya han sido valoradas, no se desprende que se haya ordenado la deportación de la parte quejosa, sino que el uno de agosto del presente año, se inició el procedimiento administrativo migratorio a efecto de resolver la situación legal del extranjero Wodson Siman Collins Piter; y, posteriormente, se ordenó su libertad, así como su salida del país. Consecuentemente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de agosto del presente año, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, diera cabal cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, esto es, que el promovente de amparo sea puesto en libertad de forma inmediata, en virtud de que, a decir de la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se desprende que han transcurrido más de treinta y seis horas, sin que se encuentre debidamente justificada su detención en la estación migratoria; ello, sin que se tenga noticia de la resolución definitiva a que se refiere el artículo 101 de la Ley de Migración, y sin que a la fecha obre en autos lo solicitado. Por tanto, previo a la imposición de multa con la que fue conminada, REQUIÉRASE NUEVAMENTE Y POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo máximo de DOCE HORAS, se constriña a acatar cabalmente lo ordenado mediante proveído de dieciséis de agosto del presente año, así como la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso contrario, se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA DÍAS del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; ello, dado que se estaría incumpliendo con una determinación emitida por la suscrita juzgadora, para lograr el cumplimiento de una suspensión de plano; que dicho incumplimiento se ha prolongado en el tiempo, en posible contravención a los derechos humanos de la parte quejosa; y al ser la sanción más baja contemplada por los citados numerales. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos la constancia de notificación de doce de agosto del año en curso, levantada por la actuaria judicial de la adscripción; en la cual se advierte que el quejoso Wodson Siman Collins Piter, ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por Humberto González; asimismo, manifestaron que su nombre correcto es el asentado en líneas que anteceden. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1o, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida en favor del referido quejoso, contra actos del Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí. Sin que haya lugar a dar trámite al incidente de suspensión, toda vez que mediante proveído de doce del mes y año en curso, se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las autoridades designadas como responsables para que en caso de que sea cierto el acto que se les atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a las autoridades responsables que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Reynaldo Rodríguez Arvizu, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del aludido numeral a la diversa persona que señala, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentre legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones por dicho medio. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala, toda vez que ya se tuvo como tal, el usuario proporcionado por el promovente. Se toma nota del número telefónico y correo electrónico que se indica para efecto de establecer comunicaciones no procesales que deriven del presente asunto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a la autoridad responsable, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); asimismo, se les hace saber que no se recibirán promociones, informes o escritos por correo electrónico, toda vez que la Ley de Amparo no reglamenta este medio como correspondencia legal entre las partes y el juzgado. Por otra parte, agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de San Luis Potosí, en representación del Subdirector de la Estación Migratoria adscrito a dicha Oficina de Representación; en ese sentido, con su contenido y el de sus anexos, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, atendiendo a las manifestaciones vertidas por la citada autoridad, respecto a que la detención, aseguramiento y privación de la libertad de la parte promovente dentro de la Estación Migratoria, conforme a las constancias anexas, cesará hasta en tanto cumplan con los lineamientos establecidos por esa autoridad migratoria, y contenidos en el artículo 102 de la Ley de Migración. En ese sentido, es menester establecer que el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien faculta a la autoridad administrativa para aplicar sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de política; no menos verídico es que dicha atribución es limitada, puesto que las citadas sanciones únicamente consistirán en la imposición de multas, arresto, o trabajo en favor de la comunidad; en la inteligencia, que en el caso del arresto, este no podrá exceder de treinta y seis horas. Establecido lo anterior, se estima que el procedimiento administrativo a que es sometido una persona extranjera a fin de lograr su estancia regular en el país, no justifica por sí, al menos en términos constitucionales, una detención por un plazo superior a treinta y seis horas; de ahí que el acto reclamado, referente a la detención, aseguramiento y/o alojamiento en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, en que se encuentran el recurrente, a pesar de haber transcurrido más de treinta y seis horas, deba considerarse como un ataque a la libertad personal pues, además de provenir de autoridades administrativas, como son las autoridades migratorias, y que rebasa el referido plazo de treinta y seis horas, no deriva de la probable comisión de hecho ilícito considerado como delito que merezca pena de prisión preventiva ni tiene participación en él la autoridad judicial. Apoya a lo expuesto, por su contenido jurídico, el criterio orientador contenido en la tesis I.16o. A.51 (10a.), visible en la página 1568 del Libro 56, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su Décima Época, de julio de 2018, que dice: ORDEN DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN. LA INMEDIATEZ EN SU EJECUCIÓN NO AUTORIZA SOSLAYAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO MIGRATORIO. (.). Ahora, los artículos 162, párrafo primero y 164, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: [...] De conformidad con tales preceptos, cuando se reclame la orden de privación de la libertad, el efecto de la suspensión será que no se ejecute y quedará el órgano jurisdiccional de amparo en aptitud de dictar las medidas que aseguren que la parte quejosa no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. Asimismo, cuando la detención no tenga relación con la comisión de un delito y sea efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, el efecto de la medida cautelar también es dejar en libertad al quejoso. Así, la irregularidad en el ingreso migratorio no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal sino, en todo caso, como una falta administrativa, por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Lo anterior se robustece con la instrumentación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, como un mecanismo auxiliar que sirva como orientador para una mejor y más adecuada toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales; documento que, en su capítulo octavo, intitulado "Reglas Específicas de Actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a excepcionalidad de la detención, en los términos literales siguientes: (.) De donde se obtiene que el Alto Tribunal establece que la privación de la libertad, aun cuando en principio persiga un objetivo legítimamente regulado, se trata de una medida de carácter excepcionalísimo que debe atender, en todo momento, al principio de proporcionalidad en relación con el fin perseguido y su aplicación debe estar constreñida al menor tiempo posible, y para ello, en tratándose de la detención impuesta como medida de seguridad dentro de un procedimiento administrativo -como en el asunto que se examina- el parámetro temporal al que como máximo puede quedar sujeta una persona lo es el previsto por el artículo 21 constitucional, a saber, el de treinta y seis horas. En ese orden, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, esto es, con un fundamento claro y establecido en la ley, sin que pueda tornarse indefinida, conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo riesgo de transgredir derechos humanos tales como el de la seguridad jurídica y la protección a la libertad personal, entre otros. Lo anterior, se reitera, porque no existe disposición alguna que establezca que las personas migrantes que no logren comprobar su situación migratoria regular cometen por ese sólo hecho algún delito, sino en todo caso, una falta administrativa que, en cuanto al aseguramiento o alojamiento de los quejosos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, no puede exceder de las treinta y seis horas a que hace alusión la Carta Magna. Por tanto, requiérase a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, de cabal cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, esto es, que el promovente de amparo sea puesto en libertad de forma inmediata, en virtud de que, a decir de la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se desprende que han transcurrido más de treinta y seis horas, sin que se encuentra debidamente justificada su detención en la Estación Migratoria, ello aún sin que se hubiera emitido la resolución definitiva a que se refiere el artículo 101 de la Ley de Migración. En la inteligencia de que la parte promovente deberá cumplir con aquellos requisitos que imponga la autoridad migratoria, acorde a la referida Ley de Migración, para lograr el procedimiento respectivo, en virtud de que, prima facie, los mismo son considerados constitucionalmente válidos. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso contrario, se le impondrá, a cada una de las autoridades omisas, una multa equivalente a DOSCIENTOS DÍAS del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; ello, dado que se estaría incumpliendo con una determinación emitida por la suscrita juzgadora, para lograr el cumplimiento de una suspensión de plano, y que dicho incumplimiento se ha prolongado en el tiempo, en posible contravención a los derechos humanos de la parte quejosa. Asimismo, hágase saber a la autoridad que el cumplimiento de la suspensión decretada, es de orden público y, por ende, este juzgado de distrito está obligado velar por su acatamiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, además de que en caso de incumplir con lo aquí ordenado se puede dar lugar a que se proceda en términos del Título Quinto, Capítulo III, de la citada legislación, e incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Además de que, de conformidad con el numeral 66 de la Ley de Amparo, podrá ordenarse de oficio la apertura del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por el artículo 206 de la ley en cita. Resulta orientador, en lo conducente, el criterio que sustenta el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. (.) Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Wiliam Rafael Naranjo Baculima197/2022
- Wiliam Rafael Rafael Naranjo208/2022
- Wilian Garcia Flores1405/2022
- Willevaldo Larraga Cruz960/2022
- William Herrera Mojica709/2021
- William Josafat Olvera Lopez747/2020
- Ximena Delcarmen Salinas Regil223/2020
- Xochitl Adriana Bravo Rivera1371/2022
- Xochitl Erendira Vital Matilde290/2019
- Yacil Neftaly Rivera Zarur41/2022
- Yadira Lizeth Gallardo Gonzalez1262/2023
- Yadira Monserrat Alvarado Salazar822/2023