Xochitl Erendira Vital Matilde

Expediente 290/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
290/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • Xochitl Erendira Vital Matilde
  • XOCHITL ERENDIRA VITAL MATILDE y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, en razón de que, de fojas 171 a la 187, obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, en razón de que, de fojas 171 a la 187, obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiséis de marzo del presente año, este Órgano Jurisdiccional requirió a la parte promovente para que diera cumplimiento a una prevención, siendo que el tres de abril del año en curso, se recibió un escrito signado por las quejosas mediante el cual pretendían dar cumplimiento con aquélla, empero por auto de diez de abril del año actual, se determinó que las mismas habían cumplido parcialmente con lo requerido, subsistiendo entonces esta última por los motivos ahí expuestos. Luego entonces, conforme a la certificación de cuenta, se tiene que el plazo de cinco días otorgado para ese efecto ha transcurrido, sin que de autos se desprenda que las impetrantes hubiesen hecho algún señalamiento posterior; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento correspondiente, por lo que se procede a acordar lo conducente únicamente en cuanto a los actos reclamados en el capítulo respectivo de su demanda. En ese sentido, vista la demanda de amparo, la suscrita advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la Materia, señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En efecto, de los términos del escrito inicial de demanda, se advierte que Xóchitl Eréndira Vital Matilde, Rosa Isela Gutiérrez Contreras, Ma. de Lourdes Grimaldo Díaz y María Mercedes Cruz Ramírez, comparecieron por propio derecho, en su calidad de operadoras de las estancias infantiles denominadas "TATI", "REHILETE", "TELETTUBIES" y "MUNDO MÁGICO", contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades, por los actos que precisó de la siguiente manera: "IV. NORMAS O LEYES RECLAMADAS: La entrada en vigor (el 28 veintiocho de febrero de 2019) en mi perjuicio del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019, en lo especifico el transitorio primero, segundo, tercero y cuarto, así como las Reglas 2, 3 y 4 -Objetivos, Lineamientos y Mecánica Operativa; en ese orden- del Acuerdo multicitado: I. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:  La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019 en fecha 28 de febrero de 2019, que no existen en el presupuesto de egresos de la federación del 2019, en perjuicio de mi representada pues con tal acuerdo inexistente en el artículo segundo transitorio abrogan y por ende dejan de otorgar el apoyo (subsidio) del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, programa prioritario y etiquetado, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019.  Las consecuencias directas e indirectas de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019.  La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para e! Ejercicio Fiscal de 2019.  Las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se pueden traducir en la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, e incluso de la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 2.- De los Titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como el similar de la Secretaría de Bienestar Social, del Gobierno Federal...:  La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019 en fecha 28 de febrero de 2019, que no existen en el presupuesto de egresos de la federación del 2019, en perjuicio de mi representada pues con tal acuerdo inexistente en el artículo segundo transitorio abrogan y por ende dejan de otorgar el apoyo (subsidio) del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, programa prioritario y etiquetado, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019.  Las consecuencias directas e indirectas de la entrada en vigor de! Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019  La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019.  Las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se pueden traducir en la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, e incluso de la cancelación de! Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras." (sic). Precisado lo anterior, el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, en razón de que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que son del texto literal siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". De la Ley de Amparo: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la anterior transcripción, se desprende que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es que éste debe promoverse a instancia de parte agraviada, es decir, que la persona que demanda el amparo y protección de la justicia, debe ser el titular del derecho subjetivo transgredido, o quien tenga el interés legítimo, ya sea individual o colectivo, del derecho que está siendo violado por una norma general, acto u omisión de cierta autoridad. De ahí que, la afectación real y actual a la esfera jurídica de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o tiene el interés legítimo en éste, resulta ser un elemento indispensable para que el juicio de amparo cumpla con el principio de instancia de parte agraviada, pues de no existir perjuicios en los derechos subjetivos del promovente, el acto que se reclama no podría ser materia de estudio y análisis constitucional. En ese tenor, se desprende el segundo de los principios fundamentales del juicio de amparo, es el relacionado con la existencia del agravio personal y directo sobre los derechos humanos y fundamentales del promovente, que genera la norma, acto u omisión que se reclama; entendiendo como agravio en el juicio de amparo a la privación de los derechos subjetivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales que México ha suscrito, prevean. Ahora, a contrario sensu de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 107 constitucional, si el promovente del juicio de amparo aduce ser el titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo, pero la norma, acto u omisión que reclama no transgrede su esfera jurídica, es decir, no viola los derechos fundamentales y humanos reconocidos por los diversos ordenamientos, y por tanto no le genera perjuicio alguno sobre éstos, se desprende que no se cumple con los principios de parte agraviada y la existencia de un agravio personal y directo sobre el promovente. Asimismo, el carácter de quejoso no se le puede reconocer al promovente que a pesar de ser titular de derechos subjetivos o tener interés legítimo en éstos, al momento de acudir al juicio de amparo carece de violaciones a algún derecho previsto en el artículo primero de la Ley de Amparo, pues se encuentra reclamando en la vía constitucional una norma, acto u omisión que no generan agravios en su esfera jurídica. Por tanto, se tiene que el juicio de amparo sólo podrá promoverlo la parte directamente agraviada, entendiéndose como tal, el gobernado que sufre una lesión directa a sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por alguna ley, cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad; siendo menester precisar que el interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, la afectación a un derecho tutelado constitucionalmente o por alguna disposición legal. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo no es procedente contra actos que no generan agravios dentro de la esfera jurídica del promovente, es decir, cuando los intereses jurídicos o legítimos, ya sean individuales o colectivos, no son afectados por la norma, acto u omisión que se reclama. De ahí que, previo al estudio de los demás requisitos para que se provea sobre la admisión de la demanda de amparo, es menester advertir si las promoventes de la vía constitucional, son titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos, que aducen están siendo vulnerados dentro de sus esferas jurídicas por normas, actos y omisiones previstas en el artículo primero de la Ley en materia. Del texto de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa; es decir, hacen referencia a que ésta sea titular de un derecho subjetivo, el cual no debe ser afectado por los actos reclamados para que se actualice la causal de improcedencia. En el caso concreto, se advierte que las promoventes Xóchitl Eréndira Vital Matilde, Rosa Isela Gutiérrez Contreras, Ma. de Lourdes Grimaldo Díaz y María Mercedes Cruz Ramírez, en su calidad de operadoras de las estancias infantiles denominadas "TATI", "REHILETE", "TELETTUBIES" y "MUNDO MÁGICO", aducen que lo reclamado les genera agravios a los derechos fundamentales constituidos en los artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 11, 14, 16, 25, 27, 49, 72, 73, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre diversos preceptos de distintos instrumentos internacionales. En efecto, las promoventes aducen que son operadoras del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos, y que el apoyo relativo al mismo, se estuvo entregando mensualmente hasta diciembre de dos mil dieciocho; siendo que inexplicablemente, el Gobierno Federal ha incumplido con la entrega de los beneficios, tanto para las madres trabajadoras y padres solos, así como a las personas que han decidido establecer y operar una estancia infantil, sin que obste que el presupuesto de egresos de la Federación, contempla una partida para ello. Además de que con la emisión de las reglas de operación que reclaman, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, en perjuicio de sus estancias infantiles representadas, se deja de otorgar el apoyo (subsidio) del programa, conforme lo marca el artículo segundo transitorio que reclaman. Consecuentemente, las aquí quejosas básicamente arguyen que les depara perjuicio el acuerdo relativo a las reglas de operación del programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, que en sus puntos transitorios establece: PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017. TERCERO. La Secretaría de Bienestar otorgará a las personas Beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, el apoyo correspondiente a los meses de enero y febrero del 2019, la entrega de dicho apoyo se realizará a más tardar el último día hábil del mes de marzo de ese año mediante el mecanismo que establezca la Secretaría de Bienestar. CUARTO. Las personas que se afiliaron al Programa en el ejercicio fiscal 2018 en la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil y no han cumplido el año calendario prestando los servicios de cuidado y atención infantil, con niñas(os) inscritas(os) y con la finalidad de evitar se incurra en la conducta denominada "uso indebido de recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", por la realización de actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos federales o que omita la rendición de cuentas de la comprobación de los recursos destinados a la afiliación al Programa, se ordena que, la persona Responsable deberá realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) del apoyo inicial que se le otorgó con motivo de la afiliación al Programa en el ejercicio fiscal 2018." Es decir, que las impetrantes comparecen al presente juicio, ostentándose como operadoras del programa de estancias infantiles, y se duelen de las reglas contenidas para la aplicación del mismo, referentes al ejercicio fiscal de este año, específicamente de la falta de entrega de los subsidios respectivos no obstante que aducen reunir los requisitos legales para ello, por lo que a fin de hacer procedente el presente juicio, deben demostrar entonces la afectación personal y directa que les generan las mismas, es decir, su interés jurídico. Y en ese tenor, a criterio de este juzgado, los actos, omisiones y norma que reclaman, no son susceptibles de generar un agravio personal y directo a las quejosas, puesto que, en esencia, reclaman que con motivo del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, éstas dejaron de percibir el subsidio que les otorgaba el extinto Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en ejercicios fiscales anteriores, y en el cual se excluyen a las instancias infantiles, de las que aducen ser operadoras; lo anterior en virtud de que de las documentales anexadas a su aclaración de demanda, se advierte que los contratos de concertación, en los que basan la personalidad con la que promueven esta vía constitucional, no se encuentran vigentes. En efecto, en principio se tiene que las inconformes, en su escrito aclaratorio de demanda, precisaron que únicamente acuden en su carácter de operadoras de las estancias infantiles que citan, afiliadas al programa de apoyo a Madres Trabajadoras. En ese sentido, se tiene que, las quejosas aducen que el acuerdo impugnado y sus consecuencias les ocasionan un perjuicio; es decir, que el recurso que era otorgado a las estancias infantiles que operan, ahora, conforme al acuerdo que regula el programa de apoyo que tildan de inconstitucional, será entregado directamente a las personas que se afiliaron al programa en el ejercicio fiscal correspondiente, como lo establece el tercer transitorio ya transcrito; es decir, que las estancias infantiles que representan ya no recibirán el subsidio, lo que incluso argumentan les causa un agravio a las madres y menores que se encuentran inscritos a sus estancias. Sin embargo, en el caso debe atenderse que este juzgado previno a las promoventes a efecto de que precisaran si comparecían sólo como operadoras de esas estancias, puesto que en diversas partes de su demanda aducían afectación a menores de edad, empero ante ello, en la aclaración que realizaron respecto a ese tópico, se tiene que precisaron que únicamente comparecían por propio derecho y como operadores de esos lugares. Por ende, como se sostiene en párrafos precedentes, el juicio de amparo deviene improcedente al no afectar los actos reclamados el interés jurídico de la parte quejosa, ya que los convenios de concertación celebrados entre María Mercedes Cruz Ramírez (foja 171), Ma. de Lourdes Grimaldo Díaz (foja 176), Xóchitl Eréndira Vital Matilde (foja 181) y Rosa Isela Gutiérrez Contreras (foja 108), con el Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de San Luis Potosí, respectivamente, tienen asentada como vigencia el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; de lo que se desprende que las impetrantes no tienen un derecho vigente para exigir a los entes señalados como responsables un actuar determinado, como operadoras de tales estancias, por lo que no existe una afectación a su esfera jurídica y, por ende, carecen de interés jurídico para ejercer la acción constitucional. Circunstancia que no podrá ser acreditada en ningún momento de la secuela procesal del juicio de amparo, esto en razón de que su calidad de operadoras de estancias infantiles está basada en convenios cuya vigencia se ha extinguido, sin que exista otro elemento con el que las quejosas puedan acreditar su interés jurídico, por lo que de dar trámite del juicio constitucional resulta ocioso, siendo con ello notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada por este juzgado. En efecto, esos convenios de concertación, en la cláusula décima tercera, tienen asentada como vigencia el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; de lo que se desprende que las impetrantes no tienen un derecho vigente para exigir a los entes señalados como responsables un actuar determinado, como operadoras de tales estancias, por lo que no existe una afectación a su esfera jurídica con la emisión del acuerdo reclamado, y, por ende, carecen de interés jurídico para ejercer la acción constitucional. Así es, ya que las impetrantes precisaron el carácter con el cual comparecían al juicio, allegando en su caso, los originales y copia simple de los convenios de concertación celebrados con el Ejecutivo Federal, por lo que si del contenido de éstos, en forma incontrovertible se desprende que la vigencia de las cláusulas ahí contenidas es hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, es que a la fecha en que instaron el presente juicio, carecen de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de las reglas contenidas en dicho acuerdo; máxime que del contenido de dichos convenios, se tiene que los acuerdos ahí tomados se basan en la emisión de las reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, y por ende, con esas probanzas se demuestra que las aquí quejosas carecen de interés jurídico para elevar su reclamo. Sin que se soslaye que las mismas aduzcan en su demanda, que se duelen de la omisión de publicar las reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el presente ejercicio fiscal; lo anterior puesto que de igual forma se duelen de la emisión y publicación de esas reglas con fecha veintiocho de febrero próximo pasado, por lo cual dicha circunstancia no varía el sentido de la presente determinación. Además de que en ninguna parte de su demanda, aducen haber suscrito diverso convenio con las autoridades que señalan como responsables, por lo que indefectiblemente el análisis del interés jurídico debe hacerse a partir del contenido de las cláusulas de los que exhiben, y por ende, al no encontrarse vigentes es que no esos documentos no son idóneos para acreditar dicho interés. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, número de registro 2019456, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (Lo subrayado es propio). De igual modo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196196, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego, tras haber realizado un análisis de los preceptos tanto constitucionales como de la Ley de Amparo sobre el interés jurídico, legítimo y la afectación a la esfera jurídica de las promoventes, en relación a los principios fundamentales del juicio de amparo sobre la instancia de parte agraviada y agravio personal y directo, así como de las interpretaciones que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido sobre los requisitos constitutivos del interés jurídico para promover el juicio de amparo, se concluye que la norma, actos y omisiones que se reclaman, no afectan las esferas jurídicas de las gobernadas y por tanto éstas no poseen interés jurídico para promover juicio de amparo. En este orden de ideas, al estimar que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Xóchitl Eréndira Vital Matilde, Rosa Isela Gutiérrez Contreras, Ma. de Lourdes Grimaldo Díaz y María Mercedes Cruz Ramírez, por propio derecho, en su calidad de operadoras de las estancias infantiles denominadas "TATI", "REHILETE", "TELETTUBIES" y "MUNDO MÁGICO". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a las promoventes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Xóchitl Eréndira Vital Matilde, Rosa Isela Gutiérrez Contreras, Ma. de Lourdes Grimaldo Díaz y María Mercedes Cruz Ramírez, por propio derecho, en su calidad de operadoras de las estancias infantiles denominadas "TATI", "REHILETE", "TELETTUBIES" y "MUNDO MÁGICO", contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades.Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiséis de marzo del presente año, este Órgano Jurisdiccional requirió a la parte promovente para que diera cumplimiento a una prevención, siendo que el tres de abril del año en curso, se recibió un escrito signado por las quejosas mediante el cual pretendían dar cumplimiento con aquélla, empero por auto de diez de abril del año actual, se determinó que las mismas habían cumplido parcialmente con lo requerido, subsistiendo entonces esta última por los motivos ahí expuestos. Luego entonces, conforme a la certificación de cuenta, se tiene que el plazo de cinco días otorgado para ese efecto ha transcurrido, sin que de autos se desprenda que las impetrantes hubiesen hecho algún señalamiento posterior; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento correspondiente, por lo que se procede a acordar lo conducente únicamente en cuanto a los actos reclamados en el capítulo respectivo de su demanda. En ese sentido, vista la demanda de amparo, la suscrita advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la Materia, señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En efecto, de los términos del escrito inicial de demanda, se advierte que Xóchitl Eréndira Vital Matilde, Rosa Isela Gutiérrez Contreras, Ma. de Lourdes Grimaldo Díaz y María Mercedes Cruz Ramírez, comparecieron por propio derecho, en su calidad de operadoras de las estancias infantiles denominadas "TATI", "REHILETE", "TELETTUBIES" y "MUNDO MÁGICO", contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades, por los actos que precisó de la siguiente manera: "IV. NORMAS O LEYES RECLAMADAS: La entrada en vigor (el 28 veintiocho de febrero de 2019) en mi perjuicio del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019, en lo especifico el transitorio primero, segundo, tercero y cuarto, así como las Reglas 2, 3 y 4 -Objetivos, Lineamientos y Mecánica Operativa; en ese orden- del Acuerdo multicitado: I. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:  La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019 en fecha 28 de febrero de 2019, que no existen en el presupuesto de egresos de la federación del 2019, en perjuicio de mi representada pues con tal acuerdo inexistente en el artículo segundo transitorio abrogan y por ende dejan de otorgar el apoyo (subsidio) del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, programa prioritario y etiquetado, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019.  Las consecuencias directas e indirectas de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019.  La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para e! Ejercicio Fiscal de 2019.  Las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se pueden traducir en la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, e incluso de la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 2.- De los Titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como el similar de la Secretaría de Bienestar Social, del Gobierno Federal...:  La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019 en fecha 28 de febrero de 2019, que no existen en el presupuesto de egresos de la federación del 2019, en perjuicio de mi representada pues con tal acuerdo inexistente en el artículo segundo transitorio abrogan y por ende dejan de otorgar el apoyo (subsidio) del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, programa prioritario y etiquetado, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019.  Las consecuencias directas e indirectas de la entrada en vigor de! Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019  La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019.  Las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se pueden traducir en la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, e incluso de la cancelación de! Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras." (sic). Precisado lo anterior, el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, en razón de que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que son del texto literal siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". De la Ley de Amparo: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la anterior transcripción, se desprende que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es que éste debe promoverse a instancia de parte agraviada, es decir, que la persona que demanda el amparo y protección de la justicia, debe ser el titular del derecho subjetivo transgredido, o quien tenga el interés legítimo, ya sea individual o colectivo, del derecho que está siendo violado por una norma general, acto u omisión de cierta autoridad. De ahí que, la afectación real y actual a la esfera jurídica de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o tiene el interés legítimo en éste, resulta ser un elemento indispensable para que el juicio de amparo cumpla con el principio de instancia de parte agraviada, pues de no existir perjuicios en los derechos subjetivos del promovente, el acto que se reclama no podría ser materia de estudio y análisis constitucional. En ese tenor, se desprende el segundo de los principios fundamentales del juicio de amparo, es el relacionado con la existencia del agravio personal y directo sobre los derechos humanos y fundamentales del promovente, que genera la norma, acto u omisión que se reclama; entendiendo como agravio en el juicio de amparo a la privación de los derechos subjetivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales que México ha suscrito, prevean. Ahora, a contrario sensu de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 107 constitucional, si el promovente del juicio de amparo aduce ser el titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo, pero la norma, acto u omisión que reclama no transgrede su esfera jurídica, es decir, no viola los derechos fundamentales y humanos reconocidos por los diversos ordenamientos, y por tanto no le genera perjuicio alguno sobre éstos, se desprende que no se cumple con los principios de parte agraviada y la existencia de un agravio personal y directo sobre el promovente. Asimismo, el carácter de quejoso no se le puede reconocer al promovente que a pesar de ser titular de derechos subjetivos o tener interés legítimo en éstos, al momento de acudir al juicio de amparo carece de violaciones a algún derecho previsto en el artículo primero de la Ley de Amparo, pues se encuentra reclamando en la vía constitucional una norma, acto u omisión que no generan agravios en su esfera jurídica. Por tanto, se tiene que el juicio de amparo sólo podrá promoverlo la parte directamente agraviada, entendiéndose como tal, el gobernado que sufre una lesión directa a sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por alguna ley, cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad; siendo menester precisar que el interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, la afectación a un derecho tutelado constitucionalmente o por alguna disposición legal. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo no es procedente contra actos que no generan agravios dentro de la esfera jurídica del promovente, es decir, cuando los intereses jurídicos o legítimos, ya sean individuales o colectivos, no son afectados por la norma, acto u omisión que se reclama. De ahí que, previo al estudio de los demás requisitos para que se provea sobre la admisión de la demanda de amparo, es menester advertir si las promoventes de la vía constitucional, son titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos, que aducen están siendo vulnerados dentro de sus esferas jurídicas por normas, actos y omisiones previstas en el artículo primero de la Ley en materia. Del texto de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa; es decir, hacen referencia a que ésta sea titular de un derecho subjetivo, el cual no debe ser afectado por los actos reclamados para que se actualice la causal de improcedencia. En el caso concreto, se advierte que las promoventes Xóchitl Eréndira Vital Matilde, Rosa Isela Gutiérrez Contreras, Ma. de Lourdes Grimaldo Díaz y María Mercedes Cruz Ramírez, en su calidad de operadoras de las estancias infantiles denominadas "TATI", "REHILETE", "TELETTUBIES" y "MUNDO MÁGICO", aducen que lo reclamado les genera agravios a los derechos fundamentales constituidos en los artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 11, 14, 16, 25, 27, 49, 72, 73, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre diversos preceptos de distintos instrumentos internacionales. En efecto, las promoventes aducen que son operadoras del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos, y que el apoyo relativo al mismo, se estuvo entregando mensualmente hasta diciembre de dos mil dieciocho; siendo que inexplicablemente, el Gobierno Federal ha incumplido con la entrega de los beneficios, tanto para las madres trabajadoras y padres solos, así como a las personas que han decidido establecer y operar una estancia infantil, sin que obste que el presupuesto de egresos de la Federación, contempla una partida para ello. Además de que con la emisión de las reglas de operación que reclaman, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, en perjuicio de sus estancias infantiles representadas, se deja de otorgar el apoyo (subsidio) del programa, conforme lo marca el artículo segundo transitorio que reclaman. Consecuentemente, las aquí quejosas básicamente arguyen que les depara perjuicio el acuerdo relativo a las reglas de operación del programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, que en sus puntos transitorios establece: PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017. TERCERO. La Secretaría de Bienestar otorgará a las personas Beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, el apoyo correspondiente a los meses de enero y febrero del 2019, la entrega de dicho apoyo se realizará a más tardar el último día hábil del mes de marzo de ese año mediante el mecanismo que establezca la Secretaría de Bienestar. CUARTO. Las personas que se afiliaron al Programa en el ejercicio fiscal 2018 en la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil y no han cumplido el año calendario prestando los servicios de cuidado y atención infantil, con niñas(os) inscritas(os) y con la finalidad de evitar se incurra en la conducta denominada "uso indebido de recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", por la realización de actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos federales o que omita la rendición de cuentas de la comprobación de los recursos destinados a la afiliación al Programa, se ordena que, la persona Responsable deberá realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) del apoyo inicial que se le otorgó con motivo de la afiliación al Programa en el ejercicio fiscal 2018." Es decir, que las impetrantes comparecen al presente juicio, ostentándose como operadoras del programa de estancias infantiles, y se duelen de las reglas contenidas para la aplicación del mismo, referentes al ejercicio fiscal de este año, específicamente de la falta de entrega de los subsidios respectivos no obstante que aducen reunir los requisitos legales para ello, por lo que a fin de hacer procedente el presente juicio, deben demostrar entonces la afectación personal y directa que les generan las mismas, es decir, su interés jurídico. Y en ese tenor, a criterio de este juzgado, los actos, omisiones y norma que reclaman, no son susceptibles de generar un agravio personal y directo a las quejosas, puesto que, en esencia, reclaman que con motivo del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, éstas dejaron de percibir el subsidio que les otorgaba el extinto Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en ejercicios fiscales anteriores, y en el cual se excluyen a las instancias infantiles, de las que aducen ser operadoras; lo anterior en virtud de que de las documentales anexadas a su aclaración de demanda, se advierte que los contratos de concertación, en los que basan la personalidad con la que promueven esta vía constitucional, no se encuentran vigentes. En efecto, en principio se tiene que las inconformes, en su escrito aclaratorio de demanda, precisaron que únicamente acuden en su carácter de operadoras de las estancias infantiles que citan, afiliadas al programa de apoyo a Madres Trabajadoras. En ese sentido, se tiene que, las quejosas aducen que el acuerdo impugnado y sus consecuencias les ocasionan un perjuicio; es decir, que el recurso que era otorgado a las estancias infantiles que operan, ahora, conforme al acuerdo que regula el programa de apoyo que tildan de inconstitucional, será entregado directamente a las personas que se afiliaron al programa en el ejercicio fiscal correspondiente, como lo establece el tercer transitorio ya transcrito; es decir, que las estancias infantiles que representan ya no recibirán el subsidio, lo que incluso argumentan les causa un agravio a las madres y menores que se encuentran inscritos a sus estancias. Sin embargo, en el caso debe atenderse que este juzgado previno a las promoventes a efecto de que precisaran si comparecían sólo como operadoras de esas estancias, puesto que en diversas partes de su demanda aducían afectación a menores de edad, empero ante ello, en la aclaración que realizaron respecto a ese tópico, se tiene que precisaron que únicamente comparecían por propio derecho y como operadores de esos lugares. Por ende, como se sostiene en párrafos precedentes, el juicio de amparo deviene improcedente al no afectar los actos reclamados el interés jurídico de la parte quejosa, ya que los convenios de concertación celebrados entre María Mercedes Cruz Ramírez (foja 171), Ma. de Lourdes Grimaldo Díaz (foja 176), Xóchitl Eréndira Vital Matilde (foja 181) y Rosa Isela Gutiérrez Contreras (foja 108), con el Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de San Luis Potosí, respectivamente, tienen asentada como vigencia el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; de lo que se desprende que las impetrantes no tienen un derecho vigente para exigir a los entes señalados como responsables un actuar determinado, como operadoras de tales estancias, por lo que no existe una afectación a su esfera jurídica y, por ende, carecen de interés jurídico para ejercer la acción constitucional. Circunstancia que no podrá ser acreditada en ningún momento de la secuela procesal del juicio de amparo, esto en razón de que su calidad de operadoras de estancias infantiles está basada en convenios cuya vigencia se ha extinguido, sin que exista otro elemento con el que las quejosas puedan acreditar su interés jurídico, por lo que de dar trámite del juicio constitucional resulta ocioso, siendo con ello notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada por este juzgado. En efecto, esos convenios de concertación, en la cláusula décima tercera, tienen asentada como vigencia el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; de lo que se desprende que las impetrantes no tienen un derecho vigente para exigir a los entes señalados como responsables un actuar determinado, como operadoras de tales estancias, por lo que no existe una afectación a su esfera jurídica con la emisión del acuerdo reclamado, y, por ende, carecen de interés jurídico para ejercer la acción constitucional. Así es, ya que las impetrantes precisaron el carácter con el cual comparecían al juicio, allegando en su caso, los originales y copia simple de los convenios de concertación celebrados con el Ejecutivo Federal, por lo que si del contenido de éstos, en forma incontrovertible se desprende que la vigencia de las cláusulas ahí contenidas es hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, es que a la fecha en que instaron el presente juicio, carecen de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de las reglas contenidas en dicho acuerdo; máxime que del contenido de dichos convenios, se tiene que los acuerdos ahí tomados se basan en la emisión de las reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, y por ende, con esas probanzas se demuestra que las aquí quejosas carecen de interés jurídico para elevar su reclamo. Sin que se soslaye que las mismas aduzcan en su demanda, que se duelen de la omisión de publicar las reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el presente ejercicio fiscal; lo anterior puesto que de igual forma se duelen de la emisión y publicación de esas reglas con fecha veintiocho de febrero próximo pasado, por lo cual dicha circunstancia no varía el sentido de la presente determinación. Además de que en ninguna parte de su demanda, aducen haber suscrito diverso convenio con las autoridades que señalan como responsables, por lo que indefectiblemente el análisis del interés jurídico debe hacerse a partir del contenido de las cláusulas de los que exhiben, y por ende, al no encontrarse vigentes es que no esos documentos no son idóneos para acreditar dicho interés. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, número de registro 2019456, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (Lo subrayado es propio). De igual modo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196196, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego, tras haber realizado un análisis de los preceptos tanto constitucionales como de la Ley de Amparo sobre el interés jurídico, legítimo y la afectación a la esfera jurídica de las promoventes, en relación a los principios fundamentales del juicio de amparo sobre la instancia de parte agraviada y agravio personal y directo, así como de las interpretaciones que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido sobre los requisitos constitutivos del interés jurídico para promover el juicio de amparo, se concluye que la norma, actos y omisiones que se reclaman, no afectan las esferas jurídicas de las gobernadas y por tanto éstas no poseen interés jurídico para promover juicio de amparo. En este orden de ideas, al estimar que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Xóchitl Eréndira Vital Matilde, Rosa Isela Gutiérrez Contreras, Ma. de Lourdes Grimaldo Díaz y María Mercedes Cruz Ramírez, por propio derecho, en su calidad de operadoras de las estancias infantiles denominadas "TATI", "REHILETE", "TELETTUBIES" y "MUNDO MÁGICO". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a las promoventes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Xóchitl Eréndira Vital Matilde, Rosa Isela Gutiérrez Contreras, Ma. de Lourdes Grimaldo Díaz y María Mercedes Cruz Ramírez, por propio derecho, en su calidad de operadoras de las estancias infantiles denominadas "TATI", "REHILETE", "TELETTUBIES" y "MUNDO MÁGICO", contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades.

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