Wiliam Rafael Rafael Naranjo
Expediente 208/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Wiliam Rafael Rafael Naranjo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el informe relativo a la suspensión de plano remitido por la autoridad responsable Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, toda vez que el veintidós de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe de mérito. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa William Rafael Naranjo y Jhonatan Stalin Orellana Macao, en su escrito de demanda señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Titular, Subdirector de Control y Verificación Migratoria y Subdirector, todos de la Estación Migratoria de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí: 1. La omisión de emitir en perjuicio de la libertad de la parte quejosa, la correspondiente orden de salida de la estación migratoria, toda vez que transcurrió en exceso el plazo de treinta y seis horas. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Congreso de la Unión y Secretario de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Migración, específicamente a su artículo 111. Asimismo, mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados. Así, respecto de los actos reclamados al Titular, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, Subdirector, todos de la Estación Migratoria en las Oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, consistentes en la omisión de emitir en su favor la orden de salida de la referida estación, derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra, se comulga con las responsables demérito, en el sentido de considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos. a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado al quejoso. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, exhibió copia certificada de las resoluciones dictadas el catorce de marzo de dos mil veintidós, en los expedientes 737 y 738, de las que se observa que ordenó la salida de la estación migratoria, de los aquí quejosos. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estadío procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de conclusión del procedimiento no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata, quedaron afectados por la resolución de conclusión del procedimiento; de ahí que, en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Fijada la postura respecto de la procedencia del amparo en contra del acto de aplicación, en relación con el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Migración, específicamente a su artículo 111, esta instancia constitucional estima que resulta improcedente porque cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, la procedencia del juicio de amparo en su contra, se encuentra supeditada a que el acto de aplicación puede ser sujeto de examen constitucional, ya que la estrecha vinculación entre la norma y el acto concreto de su aplicación impide examinar uno prescindiendo del otro. En ese sentido, al ser improcedente el juicio de amparo en contra del acto de aplicación, resulta igualmente improcedente la de dicho precepto legal. En consecuencia, conforme a lo anterior y al haber cambiado la situación jurídica en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia respecto a dichos actos reclamados; dejándose sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós. Finalmente, agréguense a los presentes autos únicamente para que obren como corresponda las piezas postales relativas a los oficios 4161/2022 y 4204/2022, dirigidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales contienen las leyendas "DIRECCIÓN ERRÓNEA y CAMBIO DE DOMICILIO"; en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el presente proveído. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Directora de Amparos y de Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; con su contenido, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Notifíquese.
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