Wilian Garcia Flores

Expediente 1405/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1405/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • ANTHONY BILFREDO GARCIA GUTIERREZ y Otros.
  • Wilian Garcia Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, mediante el cual acusa recibo del oficio y las constancias remitidas por este juzgado e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado, para conocer del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, quedando registrado bajo el expediente 1294/2022, de su estadística. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto del presente asunto, toda vez que del oficio de mérito se advierte que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, atento su contenido, resérvese a proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto obre en autos constancia del exhorto remitido al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Piedras Negras, a efecto de notificar a los directamente agraviados Anthony Bilfredo García Gutiérrez y Wilian García Flores el proveído de uno del presente mes y año. Por otra parte, agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con su contenido, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, al que acompaña parcialmente diligenciado el exhorto 490/2022, de su índice, derivado del diverso 141/2022-V, orden 201/2022- V deducido del juicio de amparo en que se actúa. Sin que sea necesario acusar de recibo correspondiente, puesto que la autoridad oficiante señala que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) lo generará. Ahora bien, cabe señalar que la parte promovente reclama, lo que a continuación se transcribe: ".1.- Privación de la libertad fuera de procedimiento que se ejecuta en contra de los quejosos desde que fueron detenidos, a los actuales, por no estar motivada dicha detención dentro de un proceso administrativo migratorio, violando los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Migración en relación con su diverso 68 que obligan a dicha responsable a hacer constar en actas la presentación de los extranjeros y que dicha detención no exceda del término de 36 horas, en irrestricto respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y un debido proceso. 2.- La incomunicación legal que se encuentran sufriendo, tal y como se advierte del apartado de hechos." En el caso se estima que esta juzgadora por razón territorial, carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo. En efecto, en primer lugar es preciso dejar establecido que las reglas generales de competencia relativas al juicio de amparo, previstas por el artículo 37 de la Ley de la Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 37.- Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior surgen las hipótesis de competencia siguientes: 1) Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, de la primera hipótesis pueden derivarse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a lo siguiente:? a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: 1. El acto aún no ha sido ejecutado, y 2. En virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, que es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla; sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, en virtud de que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. d) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción; no obstante, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos, actos de tracto sucesivo y actos consumados con efectos que se prolongan en el tiempo. Bajo esta consideración, de la razón actuarial de tres de noviembre de dos mil veintidós, misma que se acompaña al oficio de cuenta, se advierte que los actos que se reclaman, tuvieron ejecución en Piedras Negras, Coahuila. En ese contexto, se advierte que los actos reclamados se encuentran en la hipótesis prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que es competente el juez de Distrito donde los actos se hayan ejecutado, y que en este caso lo es en el lugar de la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Piedras Negras, de conformidad con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo que, resulta inconcuso que esta Juzgadora Octava de Distrito en el Estado, carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Marcial Ramón García Gutiérrez en favor de los directamente quejosos Anthony Bilfredo García Gutiérrez y Wilian García Flores; surtiéndose ésta a favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Piedras Negras, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo, del artículo 37, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sustenta lo anterior, la tesis I.2º.P.J/4º, que aparece publicada en la página 36, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En esas condiciones, remítase por mensajería exprés el presente juicio de amparo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Piedras Negras, previo cuaderno de antecedentes que se aperture, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra en autos lo solicitado mediante proveído de diecinueve de octubre del presente año, al Presidente y Director de Catastro, ambos del municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. En ese sentido, requiéranse a las referidas autoridades responsables a fin de que, en el término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, informen las acciones tendentes al cumplimiento de los requerimientos efectuados mediante el citado proveído; esto es, el emplazamiento de la parte tercero interesada, indicada por un tribunal colegiado. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una MULTA por el equivalente a CINCUENTA DÍAS del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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