Wilfredo Cardenas Ochoa
Expediente 140/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 80 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 80
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Wilfredo Cardenas Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 80.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado y Director General de Dirección de Pensiones del Estado. Se acuerdan gestiones En atención a su contenido, téngase a las citadas autoridades responsables informando las gestiones que se encuentran realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se requirió a las autoridades responsables, para que acataran la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, sin que a la fecha obre constancia alguna que acredite el cumplimiento dado a la sentencia de mérito. CONTENIDO DE INFORMES En efecto, derivado del requerimiento señalado, las diversas autoridades responsables informaron lo que enseguida se indica: 1. El Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, que mediante memorándum de veinticinco de octubre del año en curso, solicitó a la Dirección General de Planeación y Presupuesto que informara las acciones que se estén realizando para subsanar el quebranto económico que pone en riesgo el pago de las pensiones de los quejosos y a la vez garantizar el pago de las mismas ante desfases futuros 2. La Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, que a través del oficio de veinticinco de octubre del presente año, solicitó al Secretario de Finanzas del Estado, que remitiera a este juzgado las constancias con las que acreditara las acciones concretas realizadas para subsanar el aludido quebranto económico. 3. El Congreso del Estado a través de la diputada presidenta de la Directiva, informó que a esa soberanía únicamente corresponde examinar y aprobar la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, por lo cual, los mecanismos financieros (asignaciones presupuestarias) para garantizar el pago de las pensiones por jubilación del sector telesecundarias, es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo del Estado. Y que respecto de los instrumentos jurídicos garantes del citado pago de pensiones, la Comisión Especial de Pensiones del Grupo Cotizador del Subsistema de Telesecundarias de dicho poder legislativo, llevó a cabo una reunión de trabajo el veintidós de septiembre de la presente anualidad, con la asistencia del Director General de Pensiones, quien solicitó el apoyo para que de manera progresiva se vayan incrementando los presupuestos de egresos del Estado futuros, acorde a las proyecciones realizadas por dicha dirección, las cuales ya fueron recibidas por la citada comisión legislativa. Asimismo, informó que la Comisión Especializada remitió oficio a la Comisión de Hacienda del Estado de ese poder legislativo, para que considerara lo expuesto y en su momento, se aprobara la propuesta señalada; y añadió, que una vez que sea presentada ante esa soberanía la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2024, se estará en condiciones de examinar y considerar fijar en forma progresiva el incremento a dicho presupuesto conforme a las proyecciones remitidas por la Dirección de Pensiones del Estado, para garantizar el pago de las pensiones por jubilación del sector telesecundarias. 4. La Dirección de Pensiones por conducto de su director general, que el veinticinco de octubre remitió a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de San Luis Potosí, la propuesta de reforma del artículo 28 de la Ley de Pensiones, para que de forma permanente, se incluya año tras año, en el presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí, el monto a erogar anualmente por las prestaciones a los pensionados y así garantizar su pago vitalicio, con lo que se estima se estaría solucionando el problema de raíz al estar presupuestados los recursos y con ello se cumpliría oportunamente con los pagos mensuales de la nómina, al quedar establecido en la propia ley, la obligación de presupuestarlos. Todo lo cual acreditó debidamente con las constancias respectivas. CONTENIDO EJECUTORIA Y RECURSO DE INCONFORMIDAD Ahora bien, debe reiterarse que en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio se estableció: "De lo reseñado, resulta patente que la razón toral por la que se concedió la protección constitucional estribó en la obligación del estado de garantizar, en términos del artículo 28 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, el pago futuro de la pensiones de los quejosos, a través de la implementación de los mecanismos jurídicos y financieros conducentes; de ahí que, el efecto central de la protección constitucional, lo constituye el deber de garantizar el pago futuro de las pensiones, a través de la implementación de medidas encaminadas a tal fin y no el pago total del déficit existente, como lo refieren los quejosos. [.]" De igual forma, al resolver la superioridad el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa puntualizó: "En conclusión, de las acciones implementadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la sentencia de amparo, se advierte que, . dicho mecanismo se implementó únicamente para garantizar las obligaciones de pago correspondientes al aludido ejercicio fiscal y no posteriores derivados de desfases futuros de pago por ser inminentes, por lo que es indudable que no se ha acatado en su totalidad el primer efecto del fallo protector. Además, en relación con el segundo efecto del fallo protector, consistente en implementar las acciones inherentes y tendentes a subsanar el quebranto financiero, contra lo afirmado en el auto recurrido, debe concluirse que no se encuentra colmado, pues no existe constancia en autos que acredite que las propuestas de acción contenidas en el Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2023, hayan sido materializadas, es decir, no existe actualmente alguna acción concreta tendente a subsanar el déficit presupuestario en cuestión.1 Énfasis añadido Es decir, que de la ejecutoria de que se trata, se observa que las autoridades responsables se encontraban constreñidas a: Foja 701, del tomo I del expediente principal. IMPLEMENTAR MECANISMOS FINANCIEROS Y JURÍDICOS Y REALIZAR LAS ACCIONES TENDENTES A: 1. Garantizar el pago de las pensiones por jubilación de los quejosos. 2. Subsanar el quebranto financiero que pone en riesgo el pago de dicha pensión.2 ANÁLISIS No obstante lo anteriormente destacado, de los comunicados remitidos por las responsables Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, directora general de asuntos jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y Congreso del Estado a través de la diputada presidenta de la Directiva, no se advierte que obren constancias fehacientes que acrediten que hubiesen materializado alguna de las acciones que ordenaron se lleven a cabo, ni se ha demostrado alguna acción concreta tendente al establecimiento de los mecanismos jurídicos y financieros tendentes a satisfacer los puntos 1 y 2 antes referidos. Ello, no obstante que del oficio que el director de Pensiones de Gobierno del Estado, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, también se advierte que a pesar de haberse solicitado en tiempo y forma la inclusión en el presupuesto de egresos de los años 2021, 2022y 2023, del importe de las obligaciones de Fojas 698 y 699 del tomo I del expediente principal. pago de la nómina de jubilados y pensionados del sector telesecundarias, éstos no fueron aprobados. Aunado a ello, en relación al quebranto financiero que existe respecto del fondo de jubilaciones, en la exposición de motivos de la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2023, se propusieron las siguientes acciones: Sin embargo, respecto de tales acciones o propuestas, las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, no han informado su total cumplimiento, por lo cual únicamente constan las citadas propuestas, plasmadas en dicha exposición de motivos, sin que conste que se hubiesen materializado las mismas. De manera que se estima inaplazable que las diversas responsables Secretaría de Finanzas, Gobernador Constitucional, Congreso y Dirección de Pensiones, todos del Estado de San Luis Potosí, ordenen, verifiquen y concreten, en el ámbito de sus respectivas competencias y previa coordinación, las acciones tendentes a acatar la sentencia dictada en el presente juicio, dado que a la fecha no se advierte gestión concreta alguna que justifique el retraso en el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, conforme lo dispone el artículo 193 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO Por consiguiente, a fin de estar en aptitud de, en su caso, continuar con el procedimiento de ejecución de sentencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de esta determinación, manifiesten conforme a su organigrama, el cargo del servidor público al que corresponde acatar la ejecutoria aquí dictada, en términos de lo anteriormente expuesto. APERCIBIMIENTO Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los numerales 237, fracción I y 238, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se agregan oficios Agréguense a los presentes autos los oficios y anexos remitidos por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno del Estado, Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado y Director General de Dirección de Pensiones del Estado. Se acuerdan gestiones En atención a su contenido, téngase a las citadas autoridades responsables informando las gestiones que se encuentran realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de veintitrés de mayo del presente año, se tuvo recibida la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el recurso de inconformidad 17/2023; en la que se declaró fundado dicho medio de impugnación, principalmente por las consideraciones que enseguida se transcriben: Contenido de ejecutoria ".De lo reseñado, resulta patente que la razón toral por la que se concedió la protección constitucional estribó en la obligación del estado de garantizar, en términos del artículo 28 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, el pago futuro de la pensiones de los quejosos, a través de la implementación de los mecanismos jurídicos y financieros conducentes; de ahí que, el efecto central de la protección constitucional, lo constituye el deber de garantizar el pago futuro de las pensiones, a través de la implementación de medidas encaminadas a tal fin y no el pago total del déficit existente, como lo refieren los quejosos. [.] En consecuencia, debe precisarse que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables se encontraban constreñidas a realizar lo siguiente: Implementar mecanismos financieros y jurídicos así como realizar acciones tendentes a: 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.63 PERLA BEATRIZ GONZÁLEZ CHAN a) Garantizar el pago de las pensiones por jubilación de los quejosos. b) Subsanar el quebranto financiero que pone en riesgo el pago de dicha pensión.1 [.] Luego, este tribunal colegiado estima que el efecto de la sentencia que se analiza, no puede estimarse cumplido si las autoridades responsables y aquéllas que están vinculadas al cumplimiento se limitan a garantizar su pago durante un año fiscal, en el presupuesto de egresos respectivo, sino que debieron implementarse mecanismos financieros y jurídicos que garanticen que dicho pago será considerado dentro de los ejercicios fiscales posteriores, en tanto no se logre subsanar el quebranto financiero multirreferido.2 [.] En conclusión, de las acciones implementadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la sentencia de amparo, se advierte que, hasta el momento, únicamente se estableció en el artículo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2023, que, con la finalidad de hacer frente a las obligaciones de pago derivadas del subsistema de telesecundarias, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, dentro de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, se contemplaría una reserva de recursos por la cantidad de ciento noventa y cuatro millones de pesos, pero como se dijo, dicho mecanismo se implementó únicamente para garantizar las obligaciones de pago correspondientes al aludido ejercicio fiscal y no posteriores derivados de desfases futuros de pago por ser inminentes, por lo que es indudable que no se ha acatado en su totalidad el primer efecto del fallo protector. Además, en relación con el segundo efecto del fallo protector, consistente en implementar las acciones inherentes y tendentes a subsanar el Fojas 698 y 699 del tomo I del expediente principal. Foja 700 vuelta, del tomo I del expediente principal. quebranto financiero, contra lo afirmado en el auto recurrido, debe concluirse que no se encuentra colmado, pues no existe constancia en autos que acredite que las propuestas de acción contenidas en el Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2023, hayan sido materializadas, es decir, no existe actualmente alguna acción concreta tendente a subsanar el déficit presupuestario en cuestión.3 [.] Luego, como la propia autoridad lo manifestó y solicitó en el juicio de amparo, era necesario que se vinculara al cumplimiento del fallo protector al Congreso del Estado, a fin de que se aprobaran los instrumentos jurídicos respectivos para cumplir con lo ordenado. De ahí que, para poder estimar que se ha dado cumplimiento en relación con el segundo efecto del fallo protector, es necesario que las autoridades responsables y aquéllas que fueron vinculadas al cumplimiento, realicen acciones concretas a fin de subsanar el quebranto económico que pone en riesgo el pago de las pensiones de los aquí quejosos.4 " En acatamiento a lo anterior, por auto de veintitrés de mayo de la presente anualidad, se requirió a las autoridades responsables y a aquellas vinculadas al cumplimiento, para que acataran la ejecutoria emitida en el presente asunto. Gestiones de cumplimiento De las diversas comunicaciones oficiales remitidas por dichas autoridades, se desprenden las gestiones que han efectuado a fin de cumplir con la ejecutoria, de las que se destaca lo que a continuación se sintetiza: 1. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Foja 701, del tomo I del expediente principal. Foja 702, del tomo I del expediente principal. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.63 PERLA BEATRIZ GONZÁLEZ CHAN señaló que instruyó al Secretario de Finanzas para que dentro del ámbito de sus atribuciones legales, realizara todas y cada una de las acciones necesarias para implementar los mecanismos financieros y jurídicos que garanticen el pago de las pensiones de los quejosos y se subsane el quebranto financiero que pone en riesgo dicha pensión 2. La Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, precisó que su facultad reside en examinar y aprobar la Ley de Presupuesto de Egresos con base en las iniciativas de ley que el Poder Ejecutivo debe presentar conforme al año fiscal; y que la atribución que la ley le confiere al Poder Legislativo está cumplida, al haber aprobado el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, en el que se hizo constar que con la finalidad de hacer frente a las obligaciones de pago del sistema de telesecundarias, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, dentro de su presupuesto contempla una reserva de $194´000,000.00 (ciento noventa y cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional) 3. El Director General de la Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí y Secretario Ejecutor de la Junta Directiva, señaló que propone que se reforme el artículo 128 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, para que de forma permanente se incluya en el Presupuesto de Egresos para el Estado de San Luis Potosí, el monto a erogar anualmente por las prestaciones a los pensionados del Sector de Telesecundaria y con ello Fojas 714 a 719, del tomo II del expediente principal. Fojas 750 a 760, del tomo II del expediente principal. garantizar el pago vitalicio que representa su pensión económica mensual; numeral que dispone: "ARTICULO 28. Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos de uno o varios de los fondos no bastaren para cubrir las prestaciones de los trabajadores conforme a esta Ley, el déficit que hubiere será cubierto por las instituciones de administración pública estatal, o municipal en su caso." Y al que se plantea añadir, a través de la citada reforma lo siguiente: "La Dirección de Pensiones deberá hacer llegar a la Secretaría de Finanzas, Oficialía Mayor y al Congreso del Estado a más tardar en el mes de agosto de cada año, el monto a erogar el próximo año siguiente por concepto de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores activos y pensionados del sector que presente déficit. La Secretaría de Finanzas por su parte, deberá incluir en la propuesta del presupuesto de egresos el monto a erogar por las prestaciones de seguridad social a que tienen derecho los trabajadores y pensionados que formen parte del fondo que presente déficit. El Congreso del Estado, se asegure que el monto presupuestado para hacer frente al pago de las prestaciones sea incluido en el Presupuesto Anual, que cada año es aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente. Una vez aprobado el presupuesto, la Secretaría de Finanzas lo etiquetará a favor de la Dirección de Pensiones, a fin de que las prestaciones de los derechohabientes sean pagadas en tiempo y forma." 4. El Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, comunicó que requirió diversos Fojas 763 a 769 del tomo II del expediente principal. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.63 PERLA BEATRIZ GONZÁLEZ CHAN datos al Director General de Pensiones en el marco de los trabajos para construir la iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2024. 8 5. El Director General de la Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí y Secretario Ejecutor de la Junta Directiva, remitió copia autógrafa del oficio que dirigió a la Directora General de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas9 , del que se advierte particularmente: a. Que al treinta y uno de agosto del año que transcurre, el Gobierno del Estado adeuda la cantidad de $4´175´000,000.00 (cuatro mil ciento setenta y cinco millones de pesos), lo que ha originado la afectación de los fondos de pensión de los sectores Burócratas y de Maestros de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado; b. En los años dos mil diecinueve y dos mil veintiuno, colapsó el fondo especial y el fondo del sector Telesecundarias, por lo cual las instituciones de la Administración Pública deben cubrir las obligaciones de pago a los derechohabientes. c. La falta de pago oportuno de la deuda del Gobierno del Estado a la Dirección de Pensiones ha originado la descapitalización anticipada de los fondos de pensión de los sectores Fojas 818 a 820 del tomo II del expediente principal. Fojas 823 a 848, del tomo II del expediente principal. burócratas y maestros SNTE Sección 52, esto es, la desinversión de los recursos para el pago de las obligaciones y el fortalecimiento de los fondos a través de la generación de rendimientos, por lo que de continuar en esa tendencia, los recursos de ambos sectores no serán suficientes para el pago de dichas pensiones a partir del mes de febrero de 2024. De lo anterior se tiene que, las autoridades responsables no han acreditado que se hubiese implementado mecanismo jurídico alguno a fin de garantizar el pago futuro de las pensiones y subsanar el quebranto económico que pesa sobre el sistema de pensiones y que conforme a lo informado por las aludidas autoridades, al treinta y uno de agosto del año que transcurre, el Gobierno Estatal adeuda la cantidad de $4´175´000,000.00 (cuatro mil ciento setenta y cinco millones de pesos). Lo que se afirma, pues no consta que en el respectivo ámbito de las facultades de las citadas responsables, se hubiese emitido decreto, reglamento o normativa alguna, o bien, creado algún fondo fijo o cuenta, que pudiera incrementarse gradualmente, cuya disposición para diversos fines se proscriba en la propia ley y que con él se pudiera obtener liquidez en el sistema de pensiones para la inversión de los recursos y generación de rendimientos, con los cuales pueda garantizarse, eventualmente resarcirse el déficit señalado y a la postre garantizar el pago oportuno de las pensiones cuyo pago se reclamó en el presente juicio; esto es, no se advierte por parte de las aludidas responsable acción concreta alguna tendente a garantizar el pago futuro de las pensiones, como tampoco a resarcir, inclusive, gradualmente, el quebranto económico con el que peligran las pensiones. Ello, pues al respecto el Director General de Pensiones del Estado y el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, informaron las acciones que emprendieron para la propuesta de reforma del citado artículo 128 de la Ley de Pensiones, con lo que consideran se garantizaría el pago vitalicio que representa la pensión económica mensual. Mientras que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí fue omisa en informar lo relativo, dado que únicamente instruyó a diversa institución pública para que acatara la ejecutoria; sin embargo, se estima que conforme a la sentencia ejecutoriada que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto a los actos atribuidos a dichas responsables, corresponde directamente a ésta comunique las actuaciones que ha efectuado, así como el total cumplimiento de lo aquí determinado. De igual manera, la Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, comunicó que por su parte la ejecutoria emitida en el presente asunto se encuentra cumplida, dado que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023; no obstante, es claro que ello solo aludió, conforme a lo establecido en el citado presupuesto, al presente ejercicio fiscal 2023, no así para garantizar en lo futuro el pago de las pensiones de que se trata, como tampoco se evidencia que se hubiese emitido normativa o resolución alguna a fin de subsanar el quebranto financiero ya referido. Es decir, si bien a través de dicha normativa se garantizó el pago de la pensión de los aquí quejosos, ello fue únicamente por lo que respecta a la presente anualidad dos mil veintitrés, y no con la finalidad de garantizar los pagos subsecuentes de las pensiones por jubilación de los quejosos ni subsanar el quebranto financiero que pone en riesgo el pago de dicha pensión, tal como lo precisó la superioridad. Aunado a lo anterior, la citada responsable ha sido omisa en informar lo relativo a la propuesta de reforma del mencionado artículo 28, de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, como lo planteó el Director de Pensiones en los términos indicados con antelación. En ese contexto, acorde a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, a fin de que las autoridades responsables acaten de manera puntual la ejecutoria emitida en el presente asunto, todas y cada una de las autoridades, aquí responsables y vinculadas, deberán acreditar las acciones que de manera concreta lleven a cabo, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, a través de la implementación de mecanismos jurídicos y financieros para garantizar por un lado, las obligaciones de pago en lo futuro, de las pensiones de que se trata y de igual manera, que se subsane el quebranto financiero que derivado del adeudo de Gobierno del Estado, pesa sobre el sistema de Pensiones, a fin de que éste con la liquidez necesaria pueda reinvertir los recursos y generar los rendimientos necesarios, para que ello, a través de la reglamentación necesaria que proscriba su uso para fines distintos, sirva para garantizar el pago de que se trata. Requerimiento Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Congreso del Estado de San Luis Potosí, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Dirección de Pensiones y Dirección de Finanzas, ambos de esta entidad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciban la notificación del presente auto, conforme a sus atribuciones previstas en los artículos 57 y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como en los relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí y a la Ley Orgánica de La Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, respectivamente, acorde a lo establecido en la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, realicen todas las acciones y gestiones necesarias, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir, acrediten las acciones concretas que realicen para subsanar el quebranto económico que pone en riesgo el pago de las pensiones de los aquí quejosos y a la vez, garantizar el pago de las mismas, ante desfases futuros. Sin que ello implique únicamente prever dichos mecanismos, que tampoco se tradujeron en acciones concretas, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, dado que, como se explicó, esto correspondería únicamente al citado ejercicio fiscal, sin que se garanticen las obligaciones de pago correspondientes a posteriores ejercicios fiscales derivados de los desfases futuros de pago, por ser inminentes. Apercibimiento Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá a cada una de ellas una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que, en términos del artículo 193, párrafo segundo, de la ley de la materia10, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.2o.C.8 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a fojas 3501, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, con registro digital 2020899; que dice: 10 Artículo 193. (.) Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR. La sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan; cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la sentencia de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplirlas." Notifíquese.
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