Walter Mark Castellanos Romero
Expediente 832/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 41 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Walter Mark Castellanos Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IX-832/2023, promovido por ********************contra actos de la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O : Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Walter Mark Castellanos Romero solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. Segundo. Substanciación del juicio. Previas aclaraciones y ratificación del escrito respectivo, por auto de veinte de julio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo registrada con el número IX-832/2023; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; se emplazó a la parte tercero interesada; al estar involucrados los derechos de menores de edad, se designó representante especial quien compareció a aceptar el cargo; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad jurisdiccional residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En principio, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías, el escrito aclaratorio y la información que obra en el expediente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 40/2000 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así, en atención a la disposición legal, del análisis integral de la demanda de garantías y sus escritos aclaratorios, se desprende que los actos reclamados a la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia oral Familiar de este Distrito Judicial, lo constituyen: El auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario oral familiar número 1002/2019, que sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones promovió el quejoso ********************frente a Julia Vanessa Rubio Reyes, en el que la juez responsable emitió las siguientes determinaciones: Negó allegarse de la prueba superveniente consistente en el certificado médico definitivo de Julia Vanessa Rubio Reyes. Negó la admisión de la testimonial a cargo de su hijo Abdi Harim Castellanos Rubio, ofrecida como prueba superveniente virtud a su mayoría de edad, bajo el argumento de que ya se había pronunciado sobre el ofrecimiento de pruebas en la audiencia preliminar. En consecuencia, determinó que era innecesario diferir la audiencia señalada para el tres de julio de dos mil veintitrés. La audiencia de tres de julio de dos mil veintitrés, en la que se negó fijar alimentos a favor del menor de iniciales A.N.C.R, a cargo de la tercero interesada Julia Vanessa Rubio Reyes, por considerar que esta tiene decretada a su favor una pensión alimenticia a cargo del aquí quejoso, virtud a que tiene acreditada su necesidad para recibirlos, lo que también le otorga la calidad de acreedora alimentaria, sin que obren en autos parámetros o medios de prueba que indiquen la posibilidad de fijar alimentos a favor del menor, por lo que el padre debería continuar cubriéndolos. Tercero. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las actuaciones respectivas. Prueba documental pública a la que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse, en la especie, de copia certificada de las actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, la cual goza de fe pública. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, se advierte que en relación con el acto reclamado a la juez responsable, consistente en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, específicamente respecto de las determinaciones precisadas en los incisos a) y c), relativas a la negativa de allegarse de la prueba superveniente consistente en la solicitud del certificado médico definitivo de Julia Vanessa Rubio Reyes y la negativa de diferir la audiencia para tal efecto, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo texto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se estima actualizada dicha causal en atención a que del contenido de la audiencia celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés (foja 1305 a 1307 del segundo tomo de pruebas), en lo conducente, se advierte que la jueza responsable ordenó girar oficio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), para que remita las constancias relativas al expediente clínico de la citada quejosa, además de informar su estado actual; por lo que a fin de contar con dicho medio de prueba suspendió la audiencia relativa, sin que a la fecha se tenga conocimiento de que se haya señalado día y hora para su reanudación. De ahí que quien resuelve estima que, al margen de que en el acuerdo reclamado de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, haya negado las solicitudes que en ese sentido formuló el aquí quejoso, la juez responsable hizo lo propio en la audiencia respectiva en atención a la objeción vertida en dicho acto por el promovente del amparo, con lo cual se colma la pretensión del quejoso de que se allegaran a los autos las constancias, expediente clínico o certificado médico actualizado de su contraria y, que para dar margen a ello, se difiriera la audiencia, con independencia de la denominación que le dio (suspensión o diferimiento) Con vista a lo anterior, es claro que las negativas reclamadas cesaron esencialmente en sus efectos, dado que con las determinaciones adoptadas en la audiencia de tres de julio de dos mil veintitrés, se atendió el fin pretendido. Por lo que tal circunstancia conlleva a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De donde se sigue que sobreviene la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia, el efecto y finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía violada a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardan antes de la violación constitucional. Por lo que si, en la especie, la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada, al haber dejado de producir consecuencias legales, de forma que el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Ello es así, pues los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y se repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Ahora bien, respecto de la diversa determinación señalada en el inciso b), esto es, el desechamiento o inadmisión de la prueba testimonial, se actualiza la causla de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracciones V, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;. ". De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos; por esa razón, si los actos no afectan de manera directa los derechos sustantivos de las partes, tales aspectos podrán hacerse valer como violaciones procesales al promoverse el juicio de amparo contra la determinación que le ponga fin al juicio o procedimiento judicial de que se trate. Ahora bien, en el caso, el acto reclamado consiste en el desechamiento o inadmisión de la prueba testimonial superveniente a cargo de Abdi Harim Castellanos Rubio. Ahora, para estar en aptitud de analizar los actos que se verifiquen dentro del juicio de origen, es necesario observar la regla de procedencia de los actos intraprocesales; es decir, que irroguen una afectación inmediata y directa de los derechos fundamentales de las partes, porque de no ser así, todas las cuestiones relativas podrán ser analizadas si eventualmente se promueve amparo contra la resolución que ponga fin al procedimiento. En este orden de ideas, si ya quedó precisado que uno de los actos reclamados, aquí analizado, lo es el desechamiento o inadmisión de una prueba testimonial; entonces, resulta factible afirmar que dicha determinación no vulnera los derechos fundamentales del quejoso en forma directa e inmediata, sino que únicamente produce efectos formales o adjetivos dentro del procedimiento de origen que en todo caso, podría tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el juicio ordinario oral familiar 1002/2019, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. En caso contrario, podrá impugnar tales violaciones a través del amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin al juicio familiar de origen, de ser contrario a los intereses del quejoso. Se insiste, porque la sola determinación de desechar dicho medio de prueba, no afecta derechos sustantivos, sino que únicamente produce efectos intraprocesales y la afectación jurídica que pudiera resentir el quejoso, está supeditada a la valoración que finalmente otorgue el juzgador al resto del material probatorio; de ahí que el acto reclamado no se pueda considerar como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte amparista. Ahora en el último de los casos, de ser contrario a sus pretensiones la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio familiar, la parte quejosa podrá impugnar las violaciones que ahora aduce en su libelo, a través del juicio de amparo directo que interponga la respectiva sentencia. En consecuencia, en lo tocante al desechamiento de la testimonial referida, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable en lo conducente el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Página: 1902 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Por tanto, al actualziarse las causales de improcedencia señaladas, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos precisados en párrafos que anteceden. Al no actualizarse alguna diversa, procede el análisis del fondo material controvertido. Quinto. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en función a que este juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 58/2010 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Sexto. Estudio de fondo. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, ello atendiendo a su causa de pedir y por los motivos que a continuación se precisan. Como una cuestión previa, además es importante destacar la suplencia de la queja que se debe observar en el presente asunto de conformidad con lo señalado en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, ello en atención a que los derechos en juego implican la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad. Ahora bien, la parte quejosa señala que en audiencia de tres de julio de dos mil veintitrés, la juez responsable negó fijar alimentos a favor del menor de iniciales A.N.C.R, a cargo de la tercero interesada Julia Vanessa Rubio Reyes, por considerar que esta tiene decretada a su favor una pensión alimenticia a cargo del aquí quejoso, virtud a que tiene acreditada su necesidad para recibirlos, lo que le otorga también la calidad de acreedora alimentaria, sin obren en autos parámetros o medios de prueba que indiquen la posibilidad de fijar alimentos a favor del menor, por lo que determinó que el padre debería continuar cubriéndolos, circunstancia que considera carece de una debida fundamentación y motivación. Tales argumentos suplidos en su deficiencia, a favor del menor A.N.C.R., como se adelantó, son esencialmente fundados. En efecto, es necesario precisar que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo con lo estatuido por el precepto constitucional en comento, como garantía de legalidad a favor de los gobernados, el Pacto Federal impone que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Por lo primero se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso. Por lo segundo, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Luego, la garantía de legalidad constriñe a las autoridades a ajustar su actuación a los preceptos legales que las facultan para ello y, como consecuencia, a respetar las formalidades de los procedimientos contenidos en las leyes; lo que se traduce en que, adoleciendo el acto de autoridad de cualquiera de ellas, entonces dicho acto es transgresor de ese principio, por ende, de la Ley Fundamental. Ello es así porque el contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el citado artículo constitucional, relativa a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. De ahí que dicha garantía exige a las autoridades no simplemente que citen la ley aplicable, sino que también precisen con claridad y detalle el precepto, la fracción o fracciones en que apoyan sus determinaciones y se motive el por qué resultaron aplicables. Cobra aplicación, por las razones que informa, la jurisprudencia J/43, cuyo rubro y texto dice: Época: Novena Época Registro: 175082 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A. J/43 Página: 1531 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. Se afirma lo fundado del concepto de violación expuesto por el quejoso suplido en su deficiencia a favor del menor A.N.C.R., toda vez que el artículo 462 del Código Familiar del Estado, establece lo siguiente: "Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento." Sin embargo, en lo tocante a la fijación de los alimentos provisionales a favor del menor, en la determinación reclamada la juez responsable se limitó a señalar, en esencia, lo siguiente: Que si bien los progenitores tienen el deber de suministrar alimentos a favor de sus hijos, Julia Vanessa Rubio Reyes, madre del menor, tiene decretada a su favor una pensión alimenticia a cargo del aquí quejoso. Que ella tiene acreditada su necesidad para recibirlos, lo que le otorga la calidad de acreedora alimentaria. Que no obran en autos parámetros o medios de prueba que indiquen la posibilidad de fijar alimentos a favor del menor. Y, por tanto, el padre debería continuar cubriendo los alimentos a favor del menor. Por lo que una vez precisado lo aducido por la autoridad responsable, se afirma que es fundado el motivo de disenso expuesto por el quejoso, suplido en su deficiencia, en el que señala que la juez incumplió con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional. Ello toda vez que pasó por alto que dada la existencia del vínculo filial, en principio, también existe la presunción de necesidad de alimentos en favor del menor. Máxime que, de primera mano, no existe algún precepto que exima a cumplir la obligación alimentaria a favor de un menor de edad por el hecho de tener la doble calidad de acreedor y deudor alimentario, tanto es así que en tal caso, los sujetos activos y pasivos de la obligación alimentaria son diversos. De ahí que, atendiendo su interés superior, previo a determinar la improcedencia de los alimentos solicitados bajo los argumentos señalados, la juez responsable debió reservarse de proveer lo conducente hasta en tanto obraran en autos las documentales solicitadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), a fin de tomar en consideración lo argumentado por el quejoso en relación con la solicitud de alimentos a favor del menor y las circunstancias particulares del caso, además de valorar los medios de prueba que hasta ese momento tenga a su alcance; y así motivar adecuadamente su determinación, tomando en consideración que también están involucrados los derechos de un menor de edad y la presunción legal que tiene sobre la necesidad de recibir alimentos de ambos progenitores. Más aún que en atención a ese mismo interés superior, la jueza podía ordenar también oficiosamente recabar las pruebas que estimara necesarias para resolver efectivamente y de forma más objetiva, apegada a la verdad material, la cuestión planteada, como también lo exige el artículo 17 Constitucional. Apoya lo expuesto la tesis con registro 2007719, que dice: Registro digital: 2007719 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 57/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 575 Tipo: Jurisprudencia PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ). En el ejercicio de sus funciones, todo juzgador tiene la potestad legal de allegarse, oficiosamente, de los elementos de convicción que estime necesarios para conocer la verdad sobre los puntos litigiosos que deberá dirimir en la sentencia. Lo anterior adquiere relevancia en materia familiar cuando están involucrados intereses de menores, donde la facultad se convierte en obligación, pues es evidente la intención del legislador de propiciar una mayor protección para aquéllos. Entonces, para estar en condiciones de cuantificar el monto de la pensión, con base en los principios de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria, el juzgador está obligado a allegarse de los elementos probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a sus circunstancias particulares. Además, esa obligación coadyuva a solucionar un problema práctico que se presenta con frecuencia en las controversias del orden familiar, que consiste en la imposibilidad que tiene la parte actora (acreedores alimentarios), para demostrar los ingresos del demandado (deudor alimentario) y la renuencia de este último a aportar los elementos necesarios para demostrar sus ingresos. Por lo que se estima que la juez responsable no motivó adecuadamente su determinación; en tal virtud, toda vez que el acto reclamado carece de la debida motivación únicamente en el aspecto relacionado con la fijación de los alimentos, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por la parte quejosa para el efecto de que la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, realice lo siguiente: Para que deje insubsistente la determinación vertida en la audiencia de tres de julio de dos mil veintitrés, únicamente en lo que respecta a la solicitud de fijación de pensión alimenticia a favor del menor y a cargo de la tercero interesada Julia Vanessa Rubio Reyes. Y, en su lugar se pronuncie nuevamente reservándose de proveer lo conducente hasta en tanto obren en autos las documentales solicitadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). En la inteligencia de que si lo estima pertinente podrá allegarse de mayores elementos para determinar la procedencia o improcedencia de los alimentos solicitados. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 78, 79, 80, 155, 192 y 193, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************en contra de los actos reclamados precisados en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************en contra del acto reclamado a la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy diez de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IX-832/2023, promovido por ********************contra actos de la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; y... Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 78, 79, 80, 155, 192 y 193, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************en contra de los actos reclamados precisados en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************en contra del acto reclamado a la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy diez de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 832/2023 promovido por ******************** contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesada ********************, de quien obra constancia de emplazamiento. De igual forma, se encuentra emplazada la asesora jurídica ********************, en su carácter de representante especial de la menor de edad de iniciales ********************, quien mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, aceptó el cargo conferido. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa ofreció como medio de prueba las documentales que acompañó a su escrito aclaratorio presentado el siete de julio de dos mil veintitrés, así como aquellas que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe, consistente en dos tomos del expediente ********************y acumulado ********************, con la que se ordenó formar tomo de pruebas por separado. Documentales que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que los formuló la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, a través de su pedimento 607/2023, presentado el veinticinco de julio del año en curso; así como la asesora jurídica en su carácter de representante especial de la menor de edad de iniciales ********************, a través de su escrito presentado el quince de agosto del año en curso EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. JOSÉ SIERRA ORTIZCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE LOS AUTOS Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que a la fecha está transcurriendo el término ocho días de que dispone la tercero interesada Julia Vanessa Rubio Reyes, para imponerse de las constancias que integran el presente juicio. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por otro lado, vista la certificación secretarial que obra al rubro del presente auto, de la que se advierte que no fue posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre del presente año; tampoco proveer al respecto, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó se declararon inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. Virtud de lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy FeMachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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