Violeta Vera Virgilio
Expediente 338/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/05/2023
Partes del expediente
- Violeta Vera Virgilio
Actuaciones
- Principal
MESA V..."Ciudad del Carmen Campeche, doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio ***, del Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, por el cual trascribe el acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, de cuyo contenido se advierte que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche y este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo indirecto ****. Finalmente hace del conocimiento que el conflicto competencial quedó registrado como ***. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, secretario proyectista del Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V..."Ciudad del Carmen Campeche, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, en el que obra inserto el acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ***, del que se advierte que ese órgano jurisdiccional insiste en la declinatoria de la competencia pronunciada en auto de doce de abril del presente año; por tanto, al existir controversia competencial entre ese órgano de control constitucional y este Juzgado de Distrito para el conocimiento del asunto, remitirá los autos del juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, para que resuelva la cuestión competencial planteada. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V "... Ciudad del Carmen, Campeche, doce de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Se tiene por recibido el oficio ***, remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto ***, por el que el titular de ese órgano jurisdiccional, declaro carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche y otras autoridades, por ende, remite el expediente formado con motivo de la demanda de amparo. En consecuencia, acúsese recibo y radíquese la demanda de amparo con el expediente ***, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. Este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por el Juez Interino del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, por los motivos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito, establecen tres reglas de competencia por territorio de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en razón del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, con la finalidad de determinar la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, es menester recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2019, precisó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos, y éstos a su vez en: a) Actos negativos simples b) Actos negativos con efectos positivos c) Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. Al respecto, estableció que los "actos positivos", son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Mientras que los "actos negativos" son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. Ahora bien, los "actos negativos simples" son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos simples, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Por su parte, los "actos negativos con efectos positivos" son aquellos que en apariencia son negativos, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa en relación con la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. En cambio, los "actos negativos prohibitivos" son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un "no hacer", por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, los "actos omisivos o abstenciones" son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. De esta ejecutoria, emergió la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, Décima Época, intitulada: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. En el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo y su anexo, revela que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, la omisión de dictar acuerdo alguno respecto del trámite administrativo relativo a la expedición de constancia de posesión de una porción del terreno ubicado en calle 13, manzana 3, lote 15 por avenida 10 de julio de la colonia Puntilla de Ciudad del Carmen, Campeche. Ahora bien, no se coincide con el juez declinante en el sentido de que la falta de proveer trae consigo una ejecución, toda vez que no resulta jurídicamente correcto prejuzgar sobre el sentido de la determinación que llegare a dictar la autoridad responsable con motivo del trámite administrativo relativo a la expedición de constancia de posesión de una porción del terreno antes referido, pues con independencia de que se desconoce el sentido en que se emitirá el acuerdo correspondiente, lo cierto es que ese proveído constituirá un acto completamente distinto que, por no existir, no puede servir de base para afirmar que el acto reclamado tendrá ejecución material en Ciudad del Carmen, Campeche. Es así, pues siguiendo la línea argumentativa del juez declinante, podría darse el caso de que la determinación que emitiera la autoridad responsable fuera en sentido negativo, esto es, negar la expedición de la constancia de posesión, lo que constituiría un "acto negativo simple" carente de ejecución material, pues la autoridad se estaría rehusando expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada I.19o.A.2 A (10a.), del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2281, Décima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESPUESTA NEGATIVA DE UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL A LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE UN INMUEBLE. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Si en el juicio de amparo se reclama la respuesta negativa de una dependencia del Gobierno Federal a la petición de donación de un inmueble, para resolver la cuestión de competencia debe ponderarse el contenido del acto reclamado, el cual es declarativo, al constituir un pronunciamiento negativo que no prescribe o manda una conducta determinada, ni implica la realización de una obligación de hacer o dar; sin que pueda afirmarse que conlleva un principio de ejecución material, atento a los efectos de una posible concesión del amparo, ni al hecho de que pueda resultar o no procedente la donación en favor del quejoso, porque ello prejuzgaría sobre una hipótesis futura e incierta, la cual, además, involucra una cuestión de fondo. Por tanto, la competencia para conocer del juicio no corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ubica el inmueble relacionado con la donación, sino ante el que se presentó la demanda de amparo, conforme al último párrafo del artículo 37 de la ley de la materia." En esa medida, cuando se reclama la omisión del dictado del acuerdo dentro de un trámite administrativo, respecto a la procedencia o no de la expedición de la constancia de posesión de una porción de terreno, al tratarse de un acto omisivo carente de ejecución material, la competencia para conocer de la demanda de amparo recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, el acto reclamado atendiendo a su naturaleza, no requiere ejecución material en razón de que se trata de una omisión, entendiéndose como tal, aquella donde la autoridad se abstiene de actuar o se rehúsa a hacer algo, pese a tener la obligación legal de realizar una determinada conducta. En esa medida, la omisión reclamada no modifica el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito formal, al omitirse la emisión del acuerdo respecto a la procedencia o no de la expedición de la constancia de posesión de una porción de terreno. Lo anterior, sin importar el sentido del acuerdo que llegare a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión. Aunado a lo anterior, tampoco se comparte lo señalado por el Juez declinante en el sentido de que este órgano jurisdiccional es competente en razón de que el acto reclamado tiene un sentido positivo toda vez la quejosa demanda del Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad del Carmen la celebración de un convenio para que los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche y sus familiares tengan la posibilidad de adquirir una vivienda y servicios de salud. Es así, ya que tal cuestión no guarda relación con el acto reclamado en este juicio, puesto que como se expuso en párrafos precedentes, la quejosa se duele de la omisión de dictar acuerdo alguno respecto del trámite administrativo relativo a la expedición de constancia de posesión de una porción del terreno ubicado en ***, de ahí que no pueda tomarse tal cuestión como base para fijar la competencia a favor de este Juzgado de Distrito. En esa medida, en razón de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, sostuvo que el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 500, Décima Época, intitulada: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." En consecuencia, en razón de que el acto reclamado, atendiendo a su naturaleza omisiva, no requiere ejecución material y que en este supuesto el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo, será aquél ante quien se haya presentado la demanda, siendo que el órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda es el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada; por tanto, devuélvase al órgano jurisdiccional declinante el expediente de amparo ***, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, secretario Proyectiata del Juzgado con quien actúa y da fe.
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