Víctor Manuel Sotelo Hernández
Expediente 164/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/05/2022
Partes del expediente
- Víctor Manuel Sotelo Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los autos: 1. El oficio 8094/2022 del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, transcribe el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, de cuya lectura se advierte que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo 164/2022, de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, radicándolo con el número 394/2022, además, desechó la demanda de amparo promovida por Olga Alarcón Hernández a favor de Víctor Manuel Sotelo Hernández y dejó sin efectos las providencias decretadas por este órgano jurisdiccional. 2. El oficio con terminación 0002150/2022 de la Directora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y del Coordinador General de Centros Federales, dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual, rinde el informe de la suspensión de plano, en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa. Además, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, nombra delegados, solicita el acceso al expediente electrónico con los usuarios que señala en su comunicado y proporciona correo electrónico, número telefónico y horario para la recepción de correspondencia. Ahora bien, toda vez que en proveído de veintinueve de abril del presente año, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, remítasele, vía electrónica el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. Sin que se ordene dejar en su lugar copia del comunicado de referencia, en razón de que su remisión será vía electrónica. No pasa inadvertido que en proveído de veintiuno de abril del año en curso, se ordenó que una vez que se tuviera conocimiento del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que aceptara la competencia declinada, se le remitiría el oficio con terminación UALDH/0002150/2022 (foja 47), sin embargo, no se dicta mayor pronunciamiento, en razón que en párrafo precedente se ordenó remitir ese mismo comunicado al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3. Los sobres devueltos por la empresa de mensajería "Estafeta", de los que se advierte la imposibilidad de entregar los oficios 1126, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134 y 1135, enviados a las autoridades responsables (i) Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, (ii) Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, (iii) Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, (iv) Director Ejecutivo de Asuntos Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, (v) Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, (vi) Director Ejecutivo de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, (vii) Director General de Asuntos Legales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y (viii) Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con las leyendas: "cambio de domicilio" "número ext. está mal", "mal dirigido" y "sin especificación alguna". Ahora bien, toda vez que los mencionados oficios contienen la transcripción del acuerdo de once de abril de dos mil veintidós, que concedió al quejoso Víctor Manuel Sotelo Hernández, la suspensión de plano para efecto de que cesaran de inmediato bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables los actos reclamados consistentes en tormento psicológico y golpes, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, sin embargo, en consideración que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y dejó sin efectos las providencias decretadas, se estima innecesario reenviar dichos oficios a sus destinatarios. No obstante, comuníquese lo anterior al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, remítase este cuaderno de antecedentes al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se emite el presente proveído. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro uno de Juzgado, "de juicios de amparo"; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio 25723/2022, del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 14/2022-II (número de orden 17/2022-II), derivado de este juicio de amparo, toda vez que al quejoso Víctor Manuel Sotelo Hernández se le notificó el proveído de once de abril de dos mil diecinueve. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que resulte necesario remitir el acuse de recibo respectivo, toda vez que al haberse recibido vía electrónica, este se genera de manera automática. Cúmplase.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio PRS/UALDH/0002150/2022 mediante el cual, el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y del Coordinador General de Centros Federales, dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, rinde el informe que se les solicitó con motivo de la suspensión de plano. Por tanto, una vez que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, en turno, que acepte la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, remita el oficio de cuenta, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, once de abril de dos mil veintidós. I. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Olga Alarcón Hernández en representación de Víctor Manuel Sotelo Hernández, radíquese con el número de expediente 164/2022-IV, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. II. INCOMPETENCIA. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que el directo quejoso se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, considera que carece de competencia legal para conocer del asunto, pues el quejoso no se encuentra recluido en la demarcación territorial en la que este órgano jurisdiccional es competente, es decir, en los Municipio de del Carmen, Candelaria o Palizada. En consecuencia, debido a que únicamente se conoce el lugar en donde comenzará a ejecutarse la orden de traslado, Ciudad de México, quien debe conocer de la demanda de cuenta en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo es un juzgado de distrito que tenga competencia en la Ciudad de México. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece que el juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En tales condiciones, debido a que el directo quejoso se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, debido a que en el caso únicamente se conoce el lugar donde va a iniciar a ejecutarse la orden de traslado; luego, lo procedente es remitir el presente juicio de amparo, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, registro digital 2020828, con rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." III. INTEGRACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con copia certificada de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. IV. SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO Ahora bien, no obstante este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 48 y 3, último párrafo, de la Ley de amparo, se procede a resolver lo relativo a la suspensión de plano solicitada, aun cuando la firma electrónica de la demanda pertenece a la promovente y no al directo quejoso. Con fundamento en los artículos 22 de la Constitución Federal, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para efecto de que cesen de inmediato bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados consistentes en tormento psicológico y golpes, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no obstante el quejoso solicita la suspensión de plano respecto de la orden de traslado, habida cuenta de que dicho acto no reviste la naturaleza de acto susceptible de ser considerado como acto prohibido por los artículos 15 de la Ley de Amparo, ni 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende este órgano jurisdiccional no concede la suspensión solicitada, atendido a lo señalado por los artículos 125 y 126 de la ley de la materia. Ya que dichos numerales precisan de manera clara y concreta los supuestos para actualizar dicha medida y la orden de traslado no encuadra en dichos supuestos; por lo que deberá ser el juez que conozca de la competencia planteada quien provea lo conducente respecto a dicho acto reclamado. Cabe destacar que al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la orden de traslado urgente o excepcional emitida por la autoridad administrativa es un acto que se emite dentro de un procedimiento bajo las reglas establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que cuenta con una tramitación perfectamente definida y que respeta los derechos fundamentales de audiencia y defensa. En dichas determinaciones nuestro Máximo Tribunal se apartó de los criterios contenidos en las jurisprudencias 1ª./J.83/2015 y 1ª./J.88/2016 donde, en lo conducente determinaba que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial, constituía un acto fuera de procedimiento y que en ese supuesto procedía conceder la suspensión de oficio y de plano, lo anterior al señalar que tales criterios derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado y, con base en dichos razonamientos, estableció la necesidad de ajustar los procedimientos contenidos en la citada ley, previo a acudir al amparo indirecto con motivo de una orden de traslado. Luego, resulta improcedente la suspensión de plano por lo que ve al acto reclamado que se hace consistir en la orden de traslado, resultando aplicable la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, registro digital 2023736, con rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." V. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y REQUERIMIENTO DE INFORME DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Comuníquese a las autoridades responsables la medida aquí decretada y se les requiere para que a más tardar en el plazo de veinticuatro horas, informen a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión de plano. Apercibidas que de no hacerlo así, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de amparo, se les impondrá una multa por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. VI. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, por tanto de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, es necesario notificarle el presente acuerdo de forma personal. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 1, 27, 28, 79 a 82 y 101, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique al quejoso el presente proveído, debiendo entregarle copia autorizada del mismo. Para la realización de la diligencia, se faculta desde este momento al homólogo exhortado para que en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la encomienda solicitada. Hecho lo anterior, devuelva por la misma vía las actuaciones que realice, sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el sistema lo genera al momento del envío. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por exhorto a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.
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