Victoria Fuentes Blanco
Expediente 316/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/06/2022
Partes del expediente
- Victoria Fuentes Blanco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa Victoria Fuentes Blanco, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de siete de junio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del trece al veinticuatro de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días dieciocho y diecinueve de junio del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de siete de junio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 110/31 05-2022/1280 de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados; como justificación al informe rendido remite copia simple de la audiencia de tres de mayo de dos mil veintidós, del oficio 1151/2022, de veintiocho de abril del año en curso, emitido en el expediente laboral 40/2019 y de la impresión del correo electrónico enviado a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por exhibidas las constancias que adjunta a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Asimismo, el artículo 64, de la propia ley, constriñe a las partes a comunicar de inmediato al órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de una causal de sobreseimiento y en su caso, acompañar las constancias conducentes. A partir de lo anterior, se concluye que si durante el trámite del juicio de amparo, el juez de distrito tiene conocimiento que sobrevino una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, debe analizarla oficiosamente y al tenerla acreditada, decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, Victoria Fuentes Blanco, promovió demanda de amparo contra los actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, consistentes en: a) La abstención de dar continuidad al procedimiento laboral 40/2019. b) La omisión de enviar exhorto o correo electrónico para que al tercero llamado a juicio Institución Bancaria, Seguros Banorte, sociedad anónima de capital variable, Grupo Financiero Banorte, se le notifique el juicio laboral J52/40/2019. Ahora bien, la autoridad responsable refiere en su informe justificado que no son ciertos los actos reclamados, toda vez que ha seguido actuando en el juicio laboral 40/2019 y que remitió exhorto vía correo electrónico a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, para que en auxilio de sus labores, emplazara al tercero llamado a juicio Institución Bancaria, Seguros Banorte, sociedad anónima de capital variable, Grupo Financiero Banorte. Para corroborar su dicho la autoridad responsable remite copia de la audiencia de tres de mayo de dos mil veintidós, de cuyo contenido se desprende ordenó enviar el exhorto vía correo electrónico a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, para que en auxilio de sus labores, emplazara al tercero llamado a juicio Institución Bancaria, Seguros Banorte, sociedad anónima de capital variable, Grupo Financiero Banorte, del oficio 1151/2022, de veintiocho de abril del año en curso, emitido en el expediente laboral 40/2019 y de la impresión del correo electrónico enviado a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, con motivo del exhorto librado, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse enviado el exhorto vía correo electrónico a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, para emplazar al tercero llamado a juicio Institución Bancaria, Seguros Banorte, sociedad anónima de capital vawriable, Grupo Financiero Banorte, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, dado que si bien es cierto, también se atribuye a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen; la abstención de dar continuidad al procedimiento laboral 40/2019; sin embargo, dicha abstención quedó superada con el actuar de la autoridad responsable al ordenar enviar el exhorto vía correo electrónico a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, para emplazar al tercero llamado a juicio Institución Bancaria, Seguros Banorte, sociedad anónima de capital variable, Grupo Financiero Banorte. Máxime que la litis constitucional se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En apoyo de lo anterior, se cita el siguiente criterio: "Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del veintinueve de junio de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, Y A LAS TERCERAS INTERESADAS PETRÓLEOS MEXICANOS y/o PEMEX PEP y/o PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SECCIÓN CUARENTA Y DOS, TODA VEZ QUE NI LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA FEDERACIÓN NI NINGÚN APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DE LAS TERCERAS INTERESADAS ACUDIERON A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LOS CITATORIOS ENTREGADOS EL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO; EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE: Ciudad del Carmen, Campeche, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 110/31 05-2022/1280 de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados; como justificación al informe rendido remite copia simple de la audiencia de tres de mayo de dos mil veintidós, del oficio 1151/2022, de veintiocho de abril del año en curso, emitido en el expediente laboral 40/2019 y de la impresión del correo electrónico enviado a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por exhibidas las constancias que adjunta a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Asimismo, el artículo 64, de la propia ley, constriñe a las partes a comunicar de inmediato al órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de una causal de sobreseimiento y en su caso, acompañar las constancias conducentes. A partir de lo anterior, se concluye que si durante el trámite del juicio de amparo, el juez de distrito tiene conocimiento que sobrevino una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, debe analizarla oficiosamente y al tenerla acreditada, decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, Victoria Fuentes Blanco, promovió demanda de amparo contra los actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, consistentes en: a) La abstención de dar continuidad al procedimiento laboral 40/2019. b) La omisión de enviar exhorto o correo electrónico para que al tercero llamado a juicio Institución Bancaria, Seguros Banorte, sociedad anónima de capital variable, Grupo Financiero Banorte, se le notifique el juicio laboral J52/40/2019. Ahora bien, la autoridad responsable refiere en su informe justificado que no son ciertos los actos reclamados, toda vez que ha seguido actuando en el juicio laboral 40/2019 y que remitió exhorto vía correo electrónico a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, para que en auxilio de sus labores, emplazara al tercero llamado a juicio Institución Bancaria, Seguros Banorte, sociedad anónima de capital variable, Grupo Financiero Banorte. Para corroborar su dicho la autoridad responsable remite copia de la audiencia de tres de mayo de dos mil veintidós, de cuyo contenido se desprende ordenó enviar el exhorto vía correo electrónico a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, para que en auxilio de sus labores, emplazara al tercero llamado a juicio Institución Bancaria, Seguros Banorte, sociedad anónima de capital variable, Grupo Financiero Banorte, del oficio 1151/2022, de veintiocho de abril del año en curso, emitido en el expediente laboral 40/2019 y de la impresión del correo electrónico enviado a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, con motivo del exhorto librado, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse enviado el exhorto vía correo electrónico a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, para emplazar al tercero llamado a juicio Institución Bancaria, Seguros Banorte, sociedad anónima de capital vawriable, Grupo Financiero Banorte, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, dado que si bien es cierto, también se atribuye a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen; la abstención de dar continuidad al procedimiento laboral 40/2019; sin embargo, dicha abstención quedó superada con el actuar de la autoridad responsable al ordenar enviar el exhorto vía correo electrónico a la Junta Especial Diecinueve de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, para emplazar al tercero llamado a juicio Institución Bancaria, Seguros Banorte, sociedad anónima de capital variable, Grupo Financiero Banorte. Máxime que la litis constitucional se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En apoyo de lo anterior, se cita el siguiente criterio: "Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del veintinueve de junio de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Victoria Fuentes Blanco, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, radíquese con el número de expediente 316/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por Victoria Fuentes Blanco, contra actos del Juez de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. En el entendido que los actos reclamados son: 1. La abstención de dar continuidad al procedimiento laboral J52/40/2019. 2. La omisión de enviar exhorto o correo electrónico para que al tercero llamado a juicio Institución Bancaria, Seguros Banorte, sociedad anónima de capital variable, Grupo Financiero Banorte, se le notifique el juicio laboral J52/40/2019. Por tanto, la autoridad responsable deberá informar expresamente si son ciertos o no los actos reclamados que de manera específica le atribuye la quejosa, en su caso, hacer las aclaraciones o precisiones que considere pertinente, pues el silencio sobre algún punto de los actos reclamados, equivale a una omisión, lo que dará lugar, salvo prueba en contrario, a presumir cierto el acto reclamado de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se les reconoce el carácter de terceros interesados a: I. Petróleos Mexicanos y/o Pemex Pep y/o Pemex Exploración y Producción, con domicilio en Calle 33, número 90, Colonia Burócrata, en Ciudad del Carmen, Campeche. II. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sección cuarenta y dos, con domicilio en Periférica Norte, número 50, de la Colonia Holkan, Ciudad del Carmen, Campeche. En consecuencia, con fundamento en el artículo 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda y anexo, emplácese a juicio a los terceros interesados en los domicilios antes citados. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistentes en: 1. La presuncional legal y humana. 2. La instrumental pública de actuaciones. 3. La documental consistente en el acta de audiencia de seis de enero de dos mil veintiuno, elaborado en el juicio laboral J/52/40/2019. En cuando a la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones y la documental, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la instrumental pública de actuaciones se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle 20, entre 17 y 19, número 2, colonia Guanal, Ciudad del Carmen, Campeche, por así haberlo solicitado. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO. Con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, a José Alfredo Félix Gordillo, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal, toda vez que no proporciona datos que acrediten que es licenciado en derecho. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 7/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por lista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la parte quejosa; personalmente a los terceros interesados; y por oficio a la autoridad responsable.
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