Virsabit Tique Dominguez
Expediente 426/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Virsabit Tique Dominguez
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de once de mayo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto CAUSÓ ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.17.ae SAMARA ROBLES ROMERO disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme al artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo General. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, once de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen, Campeche y de otras autoridades, radíquese con el número de expediente ***, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto legal transcrito contempla el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, concretamente cuando la improcedencia deriva del hecho de que el acto u omisión que se atribuye a la autoridad distinta de un tribunal, puede ser revisado de oficio conforme a las leyes que lo rijan, o procede en su contra juicio, recurso o medio de defensa legal, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los ahí consignados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional Entonces, para acceder al juicio de amparo indirecto a fin de reclamar actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, será necesario agotar el principio de definitividad, siempre que: a) Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. b) Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. c) Sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva. d) Ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la destitución como elemento de la Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del Municipio de Carmen, ya que de manera verbal, fue informado de la baja de dicha Institución Policiaca del Municipio de Carmen. Ahora bien, los artículos 47, 51, 192 y 219 del Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Publica, Vialidad y Tránsito del Municipio de Carmen, Campeche, establece: "Artículo 47.-La Comisión Municipal de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, es el órgano colegiado de carácter permanente, encargado de juzgar y sancionar a los elementos policíacos respecto de los procedimientos instaurados en su contra por incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia, por faltar en tres ocasiones a las convocatorias para promoción, o que habiendo participado en los procesos no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él; porque en su expediente no acumule méritos suficientes a criterio de las Comisiones para conservar su permanencia, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus obligaciones, obligaciones específicas, deberes y prohibiciones de conformidad con las disposiciones relativas al régimen de carrera policial y del régimen disciplinario y demás disposiciones aplicables, correspondiéndole además poner a disposición a los elementos ante las autoridades competentes cuando la falta constituya un delito. Artículo 51.-La Comisión Municipal de Honor y Justicia tendrá las siguientes facultades: I. Determinar las sanciones que deban imponerse a los elementos infractores, por los actos u omisiones que impliquen una falta a sus obligaciones, deberes, prohibiciones y las demás que las normas aplicables establezcan; II. Poner a disposición de las autoridades competentes los casos en que un elemento de la Dirección deba ser consignado por presumírsele responsable en la comisión de un delito; III. Conocer de las denuncias ciudadanas por actos u omisiones de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, que impliquen una falta a las disposiciones del régimen disciplinario previstas en el presente reglamento; IV. Otorgar reconocimientos, recompensas y estímulos a nombre del H. Ayuntamiento a los policías de carrera; V. Acordar las notas que hayan de asentarse en el expediente del infractor; y VI. Las demás que establezcan las normas aplicables en materia de seguridad pública. Artículo 192.- Cuando eleven quejas infundadas, hagan públicas falsas imputaciones, cometan indiscreciones en asuntos del servicio, serán sujetos a procedimiento administrativo ante el Consejo Municipal de Honor y Justicia, para que sea ésta la que imponga la sanción correspondiente, y si el acto es considerado como tipificado delito, se procederá a dar parte al representante social para los efectos legales correspondientes. "Artículo 219.- En contra de los actos y resoluciones dictadas por el Consejo Municipal de Honor y Justicia en aplicación de este Reglamento, se podrá promover el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Campeche, en los plazos que establece la Ley de Justicia Administrativa. Los elementos operativos podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que la Ley o el Reglamento señalen en el momento de la remoción, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y en su caso, sólo procederá la indemnización. Para el caso del personal administrativo en relación a los medios de defensa se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Campeche y en las Condiciones Generales de trabajo del Municipio." Del precepto transcrito, se desprende que la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, es un órgano colegiado de carácter permanente, encargado de juzgar y sancionar a los elementos policíacos respecto de los procedimientos instaurados en su contra. Asimismo, los elementos policiacos que resulten afectados por actos o resoluciones del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Campeche, en los plazos que establece la Ley de Justicia Administrativa. En el caso que nos ocupa, la lectura integral de la demanda de amparo pone de manifiesto que la parte quejosa reclama la resolución de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen, Campeche, que lo dio de baja como elemento de la policía municipal. Y, si bien, en el apartado relativo al señalamiento de las autoridades responsables, el quejoso atribuye su baja como elemento de la policía municipal a diversas autoridades, lo cierto es que el análisis de los antecedentes del acto reclamado, revela que dicha baja se lo atribuye a la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen, Campeche. Bajo ese contexto, en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debió agotar previamente el juicio de nulidad ante la Sala Unitaria en Materia Contenciosa Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en materia de lo contencioso administrativo, a que se refiere el artículo 1 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Campeche, en contra de los actos reclamados. Lo anterior es así, porque el juicio contencioso ante la Sala Unitaria en Materia Contenciosa-Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, que regula el Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, no exige mayores requisitos a los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En efecto, la suspensión del acto administrativo prevista en el Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, se encuentra regulada en los artículos 28, 29, 30, 31 y 32, a saber: "Artículo. 28.- La suspensión de la resolución o del acto administrativo podrá concederse por el magistrado de la Sala Unitaria en Materia Contenciosa Administrativa, en el mismo auto en que admita la demanda, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Artículo. 29.- La suspensión deberá solicitarse por el actor y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren en tanto se pronuncia sentencia. Artículo 30.- En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Tratándose de la garantía de créditos fiscales, se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del Estado o por el Código Fiscal Municipal, en su caso. En los demás casos, para que surta efecto la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía que señale el magistrado de la Sala Unitaria en Materia Contenciosa Administrativa. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de tercero no estimables en dinero, el magistrado de la Sala Unitaria en Materia Contenciosa Administrativa fijará el importe de la garantía." Artículo. 31.- La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que este obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos, la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Contra los autos que concedan o nieguen la suspensión y contra el señalamiento de fianzas o contrafianzas procede el recurso de reclamación. Artículo. 32.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia de la Sala. De la petición se dará vista a las demás partes por un término de cinco días hábiles y se citará a una audiencia de pruebas y alegatos que tendrá lugar dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que fenezca el plazo de la vista. El magistrado de la Sala Unitaria en Materia Contenciosa Administrativa dictará la resolución que corresponda dentro de los ocho días siguientes a la audiencia. Contra esta resolución procede el recurso de reclamación." Mientras que la Ley de Amparo la suspensión del acto reclamado, se encuentra regulada en los artículos 112, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 147 y 150, a saber: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso." El examen comparativo de los artículos 28, 29, 30, 31 y 32 del Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, con los numerales 112, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 147 y 150 de la Ley de Amparo, permiten arribar a la conclusión de que el ordenamiento local no exige mayores requisitos a los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, antes bien, son esencialmente los mismos. Se afirma lo anterior, toda vez que tanto en el juicio contencioso administrativo como en el juicio de amparo, se concede la medida sin mayor trámite y está condicionada únicamente, a que la solicite el agraviado; tiene por efecto mantener las cosas en el estado que se encuentren y, en su caso, requiere del otorgamiento de una garantía cuando pueda ocasionarse daño o perjuicio a tercero. No se soslaya que el artículo 219 del Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Publica, Vialidad y Tránsito del Municipio de Carmen, Campeche, que regula el medio de impugnación que procede contra el acto reclamado dispone en su redacción el vocablo "podrá"; sin embargo, ello no implica que dicho medio de defensa sea optativo para el quejoso, pues el aludido vocablo no se refiere a la opción de escoger entre ese medio de defensa u el juicio de amparo indirecto, sino a la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito de la resolución reclamada. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, página 355, Novena Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 'PODRÁ' EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." Por consiguiente, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa, previo a iniciar la acción constitucional debió agotar el medio ordinario de defensa en cuestión (juicio contencioso administrativo), antes de acudir a este medio de control constitucional. En lo conducente, resulta aplicable la tesis aislada (IV Región) 1o.2 A (11a.), del Primer Tribunal Colegiado De Circuito Del Centro Auxiliar De La Cuarta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, agosto de 2021, Tomo V, página 4871, Undécima Época, intitulada: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CARMEN, CAMPECHE. Hechos: El quejoso promovió amparo indirecto contra la resolución administrativa que desechó por improcedente el recurso de revocación en el que solicitó la nulidad de un oficio emitido por la Coordinación de Catastro del Ayuntamiento de Carmen, Campeche. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al estimar que no se agotó el principio de definitividad, pues contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo. Inconforme, interpuso recurso de revisión, en el que argumentó que no debía agotar ningún medio de defensa, pues la parte final del artículo 181 del Bando Municipal de Carmen, Campeche, publicado en el Periódico Oficial local el 23 de enero de 2019, establece que contra las resoluciones de ese Ayuntamiento no cabe recurso alguno. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe agotarse el juicio contencioso administrativo previamente a promover el juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado sea el desechamiento del recurso de revocación interpuesto contra una resolución del citado Ayuntamiento. Justificación: Lo anterior es así, porque la parte final del artículo 181 citado debe ser interpretada en términos del sistema al que pertenece. En ese sentido, los preceptos 178 y 185 del mismo ordenamiento prevén que las resoluciones administrativas de la autoridad municipal podrán ser impugnadas por los interesados mediante la interposición del recurso de revocación y que contra la resolución que se emita el interesado podrá acudir ante las instancias correspondientes; de donde se sigue la existencia de un sistema de recursos ante la autoridad administrativa en la misma sede, para obtener de ésta una revisión del propio acto, a fin de que lo revoque, anule o reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad y la inoportunidad del mismo y, por otra parte, el juicio contencioso administrativo. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, previamente a promover el juicio de amparo indirecto." Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en *** AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones, a Rosa María Díaz Morales, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. Lo anterior, dado que en el escrito de demanda el quejoso no proporciona datos que acrediten que la mencionada persona se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, con la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 7/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente al quejoso ***. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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