Víctor Manuel Quintana Silveyra

Expediente 286/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
286/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Quintana Silveyra
  • Congreso del Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, se tiene a la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, informando que ese órgano jurisdiccional acepta la competencia y se avocó al conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este cuadernillo (derivado del juicio que se envió en competencia) como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente cuadernillo es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional el presente juicio deberá ser calificado de destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se declaró incompetencia, la cual fue aceptada, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de junio de dos mil veintidós. VISTOS para resolver, el juicio de amparo********************/2022-VII, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, y otras autoridades responsables. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el seis de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado al día siguiente hábil, ******************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados, siguientes: "IV LEYES O ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN: 1.- Del CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama: a).- La discusión, aprobación y expedición del DECRETO No LXVI/APLIE/0109/2021 I.P.O., publicado el 29 de diciembre de 2021 mediante el cual se aprobó LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, en su edición No. 104, específicamente punto 4.3.11.1.1 denominado "Derecho Vehicular". Artículos Octavo y Decimoséptimo relativos a los costos de los derechos que se cobran por la prestación de servicios de la Dirección de División de Policía Vial. b).- La discusión, aprobación y expedición del Decreto No. LXVII-EXLEY/0107/2021 I.P.O., publicado el 29 de diciembre de 2021 mediante el cual se aprobó la LEY ESTATAL DE DERECHOS DE CHIHUAHUA, por lo que se refiere a los numerales 207, 208 y 2011, del ordenamiento antes citado, en su edición No. 104, relativos a los costos de derechos de dotación o canje de placas metálicas de identificación vehicular y de control vehicular." Los artículos Primero Transitorios, de los actos reclamados, ambos ordenamientos entraron en vigor el día primero de enero del año 2022. 2.- De la C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se reclama la promulgación y publicación de los citadas leyes. 3.- Del C. SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se reclama el refrendo y firma de las leyes indicadas. 4.- Del C. SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se reclaman todos los actos relacionados con la aplicación de las leyes de que se trata, en especial el cobro de los Derechos señalados en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua en sus Artículos 207, 208 y 2011, así como lo referido en los Artículos Octavo y Decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022 por conducto de las áreas dependientes de dicho Secretario. 5.- Del C. DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE POLICÍA VIAL EN CHIHUAHUA ,la aplicación de las porciones normativas tildadas de inconstitucional al requerir el pago de canje de placas metálicas y revalidación vehícular respecto del automotor marca Honda, línea CR-V, modelo 2014, con placas de circulación ******************** y número de serie ********************. (.)" SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se violaron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 31, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se llevó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO ÚNICO. Incompetencia. En principio, tomando en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, este Juzgado procede a determinar si cuenta con la misma para conocer de la demanda de amparo. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la tesis número 679, visible a página 456, tomo VI, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, registro 218721, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En efecto, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía, inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite; es decir, únicamente pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar conforme a la división competencial establecida. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: 1. La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 35 de la Ley de Amparo, los órganos competentes son los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito; 2. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, 3. El territorio, regulado por el artículo 37 de la legislación de la materia. En ese sentido, para establecer la competencia, el Juez de Distrito, además de atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo y analizarla de manera integral, debe relacionarla con los demás elementos allegados a la misma y con los que consten en el expediente respectivo, para desprender datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la cual versa el acto reclamado y el ámbito territorial en el que surtirá efectos, a fin de estar en aptitud de establecer cuál órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Es oportuno traer a colación lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las relatadas condiciones, según se desprende del certificado de pago de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, con registro de operación ********************, a nombre del quejoso ********************, de la cual se advierte el pago de los derechos por concepto de impuestos, entre otros, del pago o canje de placas metálicas de identificación vehicular, derecho de control vehicular y expedición de tarjeta de circulación, previstos en los artículos 207, 208 y 211 de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en lo referente al derecho de control vehicular, canje de placas metálicas y expedición de tarjeta de circulación vehicular, que fueron realizados en recaudación de rentas, ubicadas en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Con lo anterior, se acredita que el acto de autoridad que se combate en esta vía constitucional, tiene ejecución en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, perteneciente al Distrito Judicial Morelos. En el caso en estudio, los actos reclamados consisten en la constitucionalidad de normas, esto es, los Decretos números LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., y LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., relativos de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, y Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2022, respectivamente, por lo cual, debe atenderse que no se reclama la norma por su sola entrada en vigor, sino con motivo de un acto concreto de aplicación, acto que se materializó en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, realizado en la oficina de recaudación de rentas en la ciudad de Chihuahua. Por lo anterior, de conformidad con el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de la Materia, se estima que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Chihuahua, por ser quien ejerce jurisdicción en el territorio donde se aplicaron los artículos tildados de inconstitucionales. A la consideración anterior, no es obstáculo el hecho de que la autoridad recaudadora ante la cual se realizó el pago, no fuera señalada como autoridad responsable. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas que deben observarse para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, una de las cuales, según su párrafo primero, establece que, si el acto reclamado es susceptible de ejecución, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Sin embargo, ni el citado dispositivo ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial, aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado, hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Consecuentemente, si se impugna la constitucionalidad de una ley heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra, por razón de territorio, el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que aplicó dicha norma, no obstante que aquélla no hubiera sido señalada como responsable, pues de otra manera, se dejaría al arbitrio de la parte quejosa la determinación de la competencia, por el solo hecho de no señalar como autoridad responsable a aquella que aplicó la ley. Lo anterior encuentra sustento, por identidad de razón, en el criterio optado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial número 13/2021, de su índice, mediante resolución dictada en sesión de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, bajo los razonamientos siguientes: "Ahora bien, cuando se reclama en un juicio de amparo la constitucionalidad de una ley o de un reglamento con motivo de su aplicación, para los efectos de la competencia, debe atenderse a la naturaleza del acto donde se realizó la aplicación, para determinar el órgano jurisdiccional al que deba corresponder el conocimiento del juicio de amparo; de modo tal que cuando se reclama una ley, no por su sola entrada en vigor, sino con motivo de un acto concreto de aplicación, la competencia para conocer de esa reclamación corresponde a la autoridad de amparo que ejerza jurisdicción en el territorio donde se haya aplicado la ley combatida. En el caso, la quejosa reclamó los actos legislativos que dieron origen al Decreto No. LXVI/AOLIE/0952/2020 I P. O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua y su tarifa anexa, que contiene el apartado IV en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico los numerales 11 y 13, con motivo del primer acto de aplicación y para acreditarlo ofreció como prueba la factura relativa a la operación 3747803 de cinco de agosto de dos mil veintiuno, expedida por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, de la que se advierte que el pago fue realizado en la Oficina de Recaudación de Rentas del Municipio de Juárez, Chihuahua. En ese sentido, de conformidad con el ordinal 37, primer párrafo de la Ley de la Materia, se estima que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, por ser quien ejerce jurisdicción en el territorio donde se aplicaron los artículos tildados de inconstitucionales. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación rubro y texto siguiente: "Registro digital: 232432 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Constitucional, Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 163-168, Primera Parte, página 113 Tipo: Aislada: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, CUANDO SE RECLAMAN CON MOTIVO DE SU APLICACION. CORRESPONDE CONOCER DEL JUICIO AL ORGANO JURISDICCIONAL AL QUE COMPETE CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL ACTO DONDE SE HIZO LA APLICACION. Cuando se reclama en juicio de amparo la constitucionalidad de una ley o de un reglamento con motivo de su aplicación, para los efectos de su competencia, debe atenderse a la naturaleza del acto donde se hizo la aplicación, para determinar el órgano jurisdiccional al que deba corresponder el conocimiento del juicio de amparo. Es cierto que el artículo 158 de la Ley de Amparo en su texto anterior a la reforma de mil novecientos cincuenta y uno, al señalar los casos en que eran procedentes los juicios de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, en única instancia, no se refirió concretamente a los casos en que se reclamara la constitucionalidad de una ley con motivo de la aplicación que de ella hiciera una autoridad judicial en alguna sentencia definitiva; también es cierto que no hay referencia expresa sobre ese tema en el texto actual de los artículos 158 y 158 bis, de la citada Ley de Amparo, pero una recta interpretación de estos preceptos y del artículo 114 del propio ordenamiento, lleva necesariamente a concluir que cuando no se actualice la hipótesis prevista en la fracción I de este último artículo, o sea, cuando no se trate de combatir una ley que entrañe violación de garantías por su mera expedición, sino de combatirla porque la violación de garantías se produzca al hacerse aplicación de ella y no antes, la competencia para conocer de esa reclamación corresponderá a la autoridad jurisdiccional a quien toque conocer del juicio de amparo en que se combata el acto de la autoridad que le haya dado aplicación a la ley." Sin que pase inadvertido que el criterio citado se refiere a la Ley de Amparo abrogada, sin embargo, resulta aplicable, toda vez que no se contrapone a la Ley de la Materia vigente. De igual manera, este Tribunal Colegiado comparte los argumentos que sustentan el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito siguiente: "Registro digital: 2003246 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: V.2o.P.A.3 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2054 Tipo: Aislada "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA LEY HETEROAPLICATIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA APLICÓ, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece las reglas que deben observarse para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, una de las cuales, según su párrafo primero, establece que si el acto reclamado es susceptible de ejecución, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Sin embargo, ni el citado dispositivo ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial, aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado, hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Consecuentemente, si se impugna la constitucionalidad de una ley heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra, por razón de territorio, el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que aplicó dicha norma, no obstante que aquélla no hubiera sido señalada como responsable, pues de otra manera, se dejaría al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, por el solo hecho de no señalar como autoridad responsable a aquella que aplicó la ley.". En consecuencia, este Órgano Colegiado, determina que es competente para conocer del juicio de amparo promovido por ********************, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues como se estableció en párrafos precedentes la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales tuvo lugar en la ciudad en la que ejerce jurisdicción el aludido juez." Por lo anteriormente apuntado y de conformidad con el criterio expuesto, es que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo, por lo cual, se declara LEGALMENTE INCOMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer el juicio de amparo promovido por el quejoso ********************, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y de otras autoridades, con asiento en esa ciudad. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes, a fin de evitar mayores dilaciones, remítase el original del presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de ese lugar, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole que a la brevedad posible y de no tener inconveniente legal alguno, comunique a este órgano jurisdiccional el sentido de su determinación. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se, RESUELVE ÚNICO. Este juzgado, carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo, y la declina al Juez de Distrito en turno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; para ello, enviase los autos originales de este juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; lo anterior en términos del primer considerando. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de junio de dos mil veintidós. Visto el correo electrónico que contiene el escrito de cuenta, previo a acordar lo conducente, se especifica que dichas constancias tienen valor probatorio pleno, a pesar de que se recibieron al correo electrónico oficial del juzgado, pues se certificó la hora y fecha de la recepción, así como la autoridad que lo remitió; lo anterior, por identidad de las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO." Establecido lo anterior, agréguense a los autos el correo de cuenta, y respecto a su contenido se provee lo conducente: Se tiene a la licenciada Paola Janeth Siañez Heredia autorizada del quejoso **********, formulando alegatos, ello sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. MGCJ/Jeam/spm

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil veintidós. Visto lo que informa el Secretario y en atención a que de autos se advierte, que el treinta y uno de mayo de este año, se notificó a las partes el proveído con el cual se les dio vista con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua; por lo que resulta evidente, que aún no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, considerando que para el presente día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa, se difiere y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlos. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Se encomienda notificar por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. MGCJ/Jeam/spm

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