Víctor Manuel Mendoza Reza y Otros.
Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Víctor Manuel Mendoza Reza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y la definitiva el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso a), del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de febrero de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Asistente Administrativo de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Juárez Chihuahua, la Titular de Jefa de la Oficina para Cobros Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Juárez Chihuahua, y de la Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Juárez Chihuahua, en sus denominaciones correctas, y anexos que acompañan, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Anotaciones de denominación correcta Dado que la autoridad responsable oficiante, señala su denominación correcta, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema. Luego, atento al contenido de los informes de cuenta las autoridades responsables informan que el veintiséis de enero de dos mil veintiuno la Jefa de la Oficina para Cobros Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua, emitió el acuerdo No. 010/2021 mediante el cual se dejó sin efectos el oficio ******* de once de enero de dos mil veintiuno, el cual fue notificado en el domicilio ubicado en ******* de Ciudad Juárez, por el que se ordenó la desocupación del inmueble en cita, por lo que, se advierte de manera manifiesta e indudable que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado. Así, se resuelve: Resultando Primero. Presentación de la demanda. El dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo que se turnó a este juzgado el día diecinueve de enero de dos mil veintiuno. El quejoso ******* por sí y como apoderado de ******* y *******, promovió juicio de amparo contra actos de la Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esa ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó la ilegal orden de desalojo fuera de todo procedimiento, respecto del bien inmueble ubicado en *******, con superficie ******* metros cuadrados, así como su ejecución. Segundo. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite al escrito inicial. En auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como juicio indirecto 31/2021-I-1; se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia administrativa en el que se reclama la omisión de autoridad que tiene su domicilio en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del último párrafo del artículo 73 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada de forma manifiesta e indudable. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, este juzgado federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. El juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, con la concurrencia de los elementos siguientes: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, derivado de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuyo objeto es reparar la violación a esos derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, tanto el legislador ordinario ha establecido, como la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación han interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En suma, se infiere que el juicio de control constitucional se torna improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario del amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. En el caso, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, ******* por sí y como apoderado de ******* y *******, promovió juicio de amparo contra actos de la Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esa ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó la ilegal orden de desalojo fuera de todo procedimiento, respecto del bien inmueble ubicado en *******, con superficie ******* metros cuadrados, así como su ejecución. Ahora, de las constancias remitidas por el Asistente Administrativo de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Juárez Chihuahua y la Titular de Jefa de la Oficina para Cobros Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Juárez Chihuahua, se advierte que el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, la Jefa de la Oficina para Cobros Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Juárez Chihuahua, emitió resolución en la que se ordenó dejar sin efectos el oficio de ocupantes de inmuebles ******* de once de enero de dos mil veintiuno, por el que se ordenó la desocupación del inmueble en cita. Igualmente, dejó insubsistente la notificación de dicho oficio realizada en el domicilio ubicado en ******* de Ciudad Juárez. Además, queda claro de las constancias que se reciben que los directamente agraviados quedaron debidamente notificados de la resolución emitida mediante acuerdo No. 010/2021 de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en la que se dejó sin efectos el oficio de ocupantes de inmuebles ******* de once de enero de dos mil veintiuno y la notificación realizada, ya que así se advierte del acta informativa de hechos de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, levantada por el asistente Administrativo de la Subdelegación Juárez 1. A las documentales que remite la responsable, se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos de los actos impugnados, lo cual, actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada. También resulta evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado dado que ya no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por actualizarse la causal anotada en líneas precedentes. Notifíquese, por correo electrónico al representante social de la adscripción, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Sentencia interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 31/2021-I-1; y, Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, ******* por sí y como apoderado de ******* y *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esa ciudad y otras autoridades, de quienes reclama la ilegal orden de desalojo fuera de todo procedimiento, respecto del bien inmueble ubicado en *******, con superficie ******* metros cuadrados, de mi propiedad, así como su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a las autoridades responsables, se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado materia del presente incidente de suspensión. Del análisis del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión respecto de la ilegal orden de desalojo fuera de todo procedimiento, del bien inmueble ubicado en *******, con superficie ******* metros cuadrados, así como la ejecución. Entonces, para los efectos de la presente medida suspensional tales actos serán materia del presente incidente de conformidad con los artículos 128, 129 y 139, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe previo el Empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social Departamento de Cobranza, Oficina para Cobros Subdelegación Juárez 1 y la Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Juárez, (en sus denominaciones correctas), negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba eficaz para desvirtuar tal negativa, por lo que, se tiene por inexistente el acto endilgado a las citadas autoridades. Entonces, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos y autoridades que en este considerando se precisan. Sirve de apoyo a lo antes considerado la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Jefa de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Juárez, al rendir su informe previo indicó que es parcialmente cierto el acto reclamado, sin especificar las razones por las que considera dicha circunstancia. Ello, dado que se limita a indicar de forma genérica que los actos que el quejoso le endilgan son parcialmente ciertos, de modo que, ante la insuficiencia de información por parte de la autoridad se tienen como ciertos los actos específicamente reclamados por el quejoso. QUINTO. Concesión suspensión definitiva. Determinado lo anterior, se tiene que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, el artículo 128 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I y II, establece como requisitos que el quejoso la solicite (lo que implica ostentar un interés indiciario para ello) y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (supuestos de contravención a estos dos aspectos que se prevén de manera enunciativa, más no limitativa, en el diverso numeral 129 de la propia Ley). Además, conforme al artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, promovida la suspensión del acto reclamado, a fin de resolver sobre dicha medida cautelar, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Mientras que, para resolver sobre la suspensión definitiva, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 5/93, determinó que cuando el quejoso se duela de que existe peligro inminente de ejecución de los actos reclamados, la juzgadora debe partir de las manifestaciones que haga, bajo protesta de decir verdad, ya que en este momento, son los únicos elementos de que se dispone para resolver sobre dicha medida cautelar, sin perjuicio, claro está, de analizar el cumplimiento de los requisitos para su concesión, previstos en el citado artículo 128 de la Ley de Amparo, así como la procedencia de tal medida, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado. Por lo tanto, considerando además que se reúnen los requisitos del citado artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, la parte quejosa solicitó la medida cautelar y demostró de forma indiciaria, con los documentos que adjuntó a su demanda, que respecto del inmueble afecto el quejoso signó un convenio de dación de pago entre ******* y ******* el siete de marzo de dos mil tres, entonces, le asiste interés indiciario para gozar de tal medida cautelar Además, el quejoso argumenta que no fue llamado al procedimiento administrativo del cual deriva la orden de desalojo, por tanto existe la posibilidad que se haya vulnerado en su perjuicio el derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 Constitucional, esto, en el entendido de que se trata solo de un cálculo de probabilidad para el efecto de la concesión de la suspensión definitiva y no de una determinación de fondo, por lo que no se prejuzga sobre dicho aspecto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 315/2020, del Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 165659 y contenido siguiente: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida Aunado a lo anterior, no se considera que se contravenga el orden público ni el interés social, pues se establecerán las salvedades correspondientes para garantizar el respeto a tales intereses. Por lo tanto, se concede la suspensión definitiva, por cuanto hace al desalojo o la posible orden de privar de la posesión del bien inmueble ubicado en *******, con superficie ******* metros cuadrados, en esta ciudad, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se le prive o moleste en su posesión, hasta en tanto las responsables reciban notificación de la sentencia de amparo. Ahora, la medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el quejoso no exhibe en el término de cinco días legalmente computados garantía por la cantidad de $******* (*******), en cualquiera de las formas permitidas por la ley, cantidad que se fija a juicio de quien resuelve dado que no se cuentan con mayores datos para establecer el monto, a fin de garantizar los perjuicios que con dicha medida cautelar pudiera causarse al tercero interesado. Si optan por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si optan por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada al quejoso" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión 31/2021-I-1; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". Resulta aplicable al caso el criterio sustentado en la tesis número VI.2º.34 K, visible en la página novecientos cincuenta y cinco, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, registro 202260, que bajo el rubro dice: SUSPENSIÓN. LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS EN JUICIOS CIVILES, NO CONSTITUYE UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. En el entendido que de no exhibir la garantía dentro del término concedido para tal efecto traerá como consecuencia que la medida suspensional decretada deje de surtir efectos. La suspensión definitiva decretada no surtirá efecto legal alguno si la orden de desalojo reclamada se llevó a cabo, esto es, si se privó a la accionante de la posesión del inmueble, pues entonces el Amparo indirecto 31/2021 mismo constituye un acto consumado cuyos efectos no se prolongan en el tiempo, en cuyo caso la suspensión definitiva es improcedente. Tiene aplicación la tesis VIII.4º. 18K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Novena Época, publicado en la página 1529, tomo XXIV, octubre de dos mil seis, registro 173990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN CONTRA LA ORDEN DE LANZAMIENTO EJECUTADA. AL TRATARSE DE UN ACTO CONSUMADO CUYOS EFECTOS NO SE PROLONGAN EN EL TIEMPO, ES IMPROCEDENTE CONCEDER AQUELLA MEDIDA CAUTELAR. A diferencia de lo que ocurre con el aseguramiento de un bien o una clausura ejecutada por tiempo indefinido, que son actos consumados cuya ejecución se prolonga en el tiempo, y el objeto sobre el que se materializa continúa asegurado o clausurado, y contra los cuales procede conceder la suspensión; la orden de desalojo se ejecuta en un solo momento, porque al instante siguiente de que ello acontece ya no puede afirmarse que al ocupante del inmueble se le esté desalojando. En consecuencia, si el quejoso fue privado de la posesión del inmueble por una orden de lanzamiento, su ejecución es un acto consumado cuyos efectos no se prolongan en el tiempo; en tal virtud, resulta improcedente conceder la suspensión, pues de hacerlo se le daría a la medida efectos restitutorios. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ******* por sí y como apoderado de ******* y *******, en contra de las autoridades precisadas en el considerando tercero. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ******* por sí y como apoderado de ******* y *******, en contra de las autoridades precisadas en el considerando cuarto en términos del considerando quinto. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Registro de la demanda de amparo Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******* por sí y como apoderado de ******* y *******, en la que solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esa ciudad y otras autoridades, de quienes reclama la ilegal orden de desalojo fuera de todo procedimiento, respecto del bien inmueble ubicado en *******, con superficie ******* metros cuadrados, de mi propiedad, así como su ejecución. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 31/2021-I-1. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Capacidad y Personería Poder notarial En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a ******* como apoderado de ******* y *******, pues lo acredita con la copia certificada de la escritura pública número *******, pasada ante la fe del Notario Público número ******* del Distrito Bravos, relativa al poder general que se le otorgó. Incidente de suspensión Se ordena tramitar el incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar, por duplicado y separado, el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el juez y la secretaria en forma autógrafa, electrónica o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten ante la Oficialía de Partes Común o en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que si es solicitado o este juzgador lo estima pertinente se pueda ordenar que la celebración de la audiencia se lleve a cabo a través de videoconferencia, si se trata de un caso que se encuentre debidamente justificado, conforme al artículo 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y los diversos 5, fracción II, 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, este órgano jurisdiccional adoptará las medidas necesarias tendentes a garantizar que las personas justiciables tengan la posibilidad de participar en los actos procesales que se desahoguen mediante el uso de la videoconferencia, lo que será posible únicamente si todos los intervinientes se encuentran en igualdad de condiciones, para lograr su participación en la audiencia, de conformidad con el artículo 31 del Acuerdo General 12/2020 en cita. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables que rindan informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional ($8,688.00). Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional ($8,688.00). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de dos mil seiscientos seis pesos 40/100 moneda nacional ($2,606.40). Pruebas Se tiene a la parte quejosa ofreciendo las documentales consistentes en: a) impresión con firmas autógrafas y sellos originales de dos oficios ******* de once de enero de dos mil veintiuno, suscritos por la licenciada ******* Jefe de la Oficina para Cobros Juárez 1, b) copia simple del recibo de consumo de energía eléctrica con número de servicio ******* del periodo comprendido del veinte de octubre al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, por la cantidad de $******* (*******), c) copia certificada de la hoja de orientación de tres de marzo de dos mil tres, suscrita por el Agente del Ministerio Público de la Oficina de Conciliación y Atención Ciudadana y del convenio realizado entre ******* y ******* de siete de marzo de dos mil tres, y d) copia certificada de la escritura pública número *******, pasada ante la fe del Notario Público número ******* del Distrito Bravos, relativa al poder general. Los documentos de cuenta se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, llévese a cabo el cotejo y compulsa de las documentales que acompañó a su demanda con las que obran en el incidente de suspensión derivado en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 71/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página siete, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Generación de citas para consulta de expedientes Por otra parte, infórmese a las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado -Servicios jurisdiccionales-, dentro del cual los justiciables encontrarán la -Agenda OJ-, en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no se atienda la sugerencia, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el -nombre de usuario- con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados *******, ******* y *******, toda vez que se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******* en esta ciudad, señalando como correos electrónicos *******, ******* y ******* y números de teléfono ******* y *******. Autorización de notificación y consulta del expediente electrónico En atención a que la autorizada *******, aparece registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario *******, dada la solicitud expresa de la parte quejosa y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al autorizado para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx y/o al correo de la secretaria encargada del asunto ******* o podrán comunicarse al teléfono celular (*******) *******. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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