Víctor Manuel Rivera Santos
Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Encargado de la Estancia Provisional Juárez
- Víctor Manuel Rivera Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente principal y el original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración, y el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, dentro del plazo de cinco años, conforme lo establecen los artículos 18 fracción I, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al haberse decretado la suspensión de plano en el presente asunto y negado la suspensión definitiva. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con siete minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la licenciada **********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con el licenciado **********, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes en este juicio de amparo 580/2022-VII, situación que no les depara perjuicio a las mismas, ya que si bien de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia, no obstante, a fin de no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la celebración de la audiencia de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de las partes en la presente audiencia, además de realizarse de manera remota ocasionaría la dilación en su resolución, por tal motivo sin pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se declara abierta la audiencia. En la secretaría se hizo relación de autos, se dio lectura a la demanda de amparo, el emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, informes sobre la suspensión de plano rendidos por el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez. Así como con el ocurso que contiene el oficio de salida y que envió el Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez. Por otra parte, se certifica que hasta esta hora no se ha presentado promoción alguna dirigida a este expediente, que se encuentre pendiente por acordar. Con motivo de lo anterior, la Juez acordó: con fundamento en los numerales 117 y 124 de la ley de la materia, se tiene por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes sobre la suspensión de plano y justificados; y respecto a la autoridad que fue omisa en rendir su informe, provéase lo conducente al resolver este asunto. Acto seguido, la Juez ordenó abrir el periodo probatorio. En la etapa de referencia, se tienen por desahogadas las documentales aportadas por la parte quejosa y el Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez. En la siguiente etapa de la presente diligencia, la Juez ordenó pasar al periodo de alegatos. En dicha fase, en la secretaría se hizo constar que no fueron formulados por las partes. Acto continuo, la Juez declaró cerrada la fase precedente, dio por concluida el acta y procedió al dictado de la resolución correspondiente. Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a siete de septiembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 580/2022-VII. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El uno de julio de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por **********, a favor de **********, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: El C. ENCARGADO DE LA ESTANCIA PROVISIONAL JUAREZ El C. SUB REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACION EN CHIHUAHUA (ACTUAL ENCARGADO DE LA ESTANCIA PROVISIONAL JUAREZ) La inconstitucional privación de la libertad del quejoso, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita. La ilegal e inconstitucional condición en que tienen al quejoso, esto es, incomunicado, lo que se traduce en una evidente privación de su libertad personal, en franca violación a la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano. El acta de rechazo emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante la cual decretan la inadmisibilidad del quejoso al territorio nacional mexicano. La violación a las Leyes de Migración y Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle al quejoso su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que a pesar de que dicha persona busca regularizar su estancia en territorio mexicano, las responsables le impiden iniciar el trámite legal que le permitiría ser considerado como refugiado dentro de territorio mexicano, no obstante que huyó de su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos. El estado de hacinamiento insalubre en que tienen al quejoso, dado que en la estación migratoria en que se encuentra ilegalmente detenido y alojado no existen las condiciones mínimas que le permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19 que actualmente azota a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de la Salud, por lo es muy riesgoso que el quejoso y otro gran número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias insalubres siempre está latente la posibilidad de que eventualmente se contagie en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porte tal virus, pues las condiciones de hacinamiento en que todos se encuentran no permiten atender puntualmente las disposiciones oficiales expedidas con el propósito de fomentar el distanciamiento social con el fin de evitar la propagación del virus citado. De manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentran alojados el quejoso y diversos migrantes, la inadecuada ventilación e .iluminación del sitio, la escasa higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en los que se les suministran alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscababan su integridad personal, ya que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. El impedir al quejoso tener comunicación, a través de cualquier medio, con un representante legal y la negativa de reconocer a la suscrita como su representante legal, lo que me impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que el quejoso desconoce la situación legal en que se encuentra en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido de los artículos 70, 107, fracción VIII y 102 de la Ley de Migración, pues se le impide nombrar un representante legal y eventualmente recobrar su libertad colmando las condiciones que establece el último precepto invocado. La orden de deportación del quejoso, emitida en forma verbal o escrita, así como su ejecución, pues al estar incomunicado y privado de su libertad personal, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido injustificadamente y en contra de su voluntad, es inminente su expulsión del país, pues de otra manera no se explica que se le niegue concederle visa humanitaria, se le impida registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se le niegue su petición de ser liberado pese a que no ha cometido delito alguno y se prepare su inmediato traslado a una estación migratoria ubicada en la frontera sur de nuestro país. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 16, 21, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El uno de julio de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el consecutivo 580/2022-VII, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación del quejoso a su país de origen o diversa estación migratoria dentro o fuera del Estado de Chihuahua, para que se le dejara en inmediata libertad y cesara la incomunicación y el estado de hacinamiento; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el cuatro de julio de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda Víctor Manuel Rivera Santos, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del Encargado de la Estancia Provisiona Juarez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, con residencia en esta ciudad: La privación de la libertad en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, a través de la orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en El Salvador; el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarles visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Sub-representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo, consistentes en incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en El Salvador; el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarles visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad; pues se insiste de los informes sobre la suspensión de plano y justificado que rindió dichas autoridad, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues remitió registro de llamadas telefónicas realizadas el veintidós, veintiocho y treinta de agosto del año en curso; así como solicitud de retorno asistido bajo el expediente 2900/2022, de veintiséis de junio del año en curso, en el que consta su manifestación expresa de no ser su deseo de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida, ni regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración. Además, se toma en consideración la constancia realizada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, por el Actuario Judicial de la adscripción, en la que asentó, que una vez que se entrevistó con **********, a simple vista observó que se encontraba en buen estado físico, además de comunicarle o haber recibido tortura física o moral, ni malos tratos. Incluso, la autoridad responsable el diecisiete de julio del año en curso, emitió acuerdo de salida del migrante con fines de regularización, si es que era su deseo, considerada con razón humanitaria para su regularización, y se otorgó la salida, salvaguardando el libre tránsito, para que acudiera a las oficinas de migración; también se remitió copia certificada de la notificación practicada al migrantes respecto de su salid con fines de regularización. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y acto reclamados que quedaron precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado fue omiso en manifestarse respecto al acto reclamado consistente en privación de la libertad en calidad de alojado en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a la autoridad responsable, siendo aplicable al caso la tesis con registro digital 21100, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de julio de 1994, página 391, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El uno de julio de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por **********, a favor de **********, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. 2. El ocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo al justiciable cumpliendo a cabalidad con el punto señalado en el primer apartado; y se ordenó girar oficio a la autoridad migratoria a efecto de que otorgara la libertad al promovente. 3. El diecinueve de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, remitiendo el "acuerdo de salida de estancia provisional con fines de regularización" realizado a las siete horas de la citada fecha, del cual se advierte que el quejoso ********** fue puesto en inmediata libertad, para que realizara las gestiones, si era su deseo, de regular su situación migratoria y su estancia en el país. De lo que se tiene, que el justiciable se encuentra gozando de su libertad, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 580/2022-VII, promovido por **********. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia levantada por la Actuaria de la adscripción en la cual informa que no fue posible notificar el proveído de diecinueve de los actuales, al quejoso **********, en el domicilio ubicado en calle **********, en esta ciudad, por los motivos que expone; de lo anterior, toma conocimiento este juzgado. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por la licenciada ********** autorizada en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual informa que el veintidós de julio del año en curso, **********, quien también es responsable del quejoso **********, se dirigía al Instituto Nacional de Migración a pedir información respecto a cómo debía cumplir la medida interpuesta a la referida parte procesal consistente en asistir a firmar, sin embargo en el trayecto solicitó que se detuviera en algún establecimiento comercial para realizar compras de artículos para uso personal, accediendo a ello, y al momento de llegar al establecimiento el quejoso **********, salió corriendo rumbo al puente Santa Fe, motivo por el cual desconoce su paradero; lo anterior, se tomará en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Sub-representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto señala. En el mismo orden, dada la solicitud de la autoridad responsable, en el sentido de que se le practiquen las notificaciones vía electrónica, lo que conlleva el acceso a su expediente, a través de la consulta del portal en línea del Poder Judicial de la Federación, quien cuenta con el nombre de usuario "etarin". Por tanto, en atención a que el usuario de mérito aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y a la solicitud expresa de dicha parte procesal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a la parte autoridad responsable para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicarle las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en atención a lo solicitado por la referida parte procesal, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Finalmente, respecto a la solicitud de que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico emigratoriaJuarez@inami.gob.mx; dígasele que se autoriza únicamente para llevar a cabo comunicaciones no procesales; lo anterior de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el SARSCov-2. Notifíquese y al usuario "**********". Lo proveyó y firma la licenciada Yazmín Meraz Rivera, Secretaria el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. YMR/Jeam/spm
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