Víctor Manuel Izalisturre Hidalgo
Expediente 426/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Víctor Manuel Izalisturre Hidalgo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Recurso de revisión Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el licenciado ******************** autorizado en amplios términos de la parte quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veintiséis de septiembre del año en curso, en el presente expediente ********************/2023-I-2. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión y de la sentencia, dentro del plazo de tres días remítase al Tribunal del Decimoséptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo ********************/2023-I-2, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Con fundamento en el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución de las copias del medio de impugnación, entre las partes. Acceso expediente electrónico Se autoriza el acceso al expediente electrónico al tribunal que conozca del recurso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que tal vinculación le permita substanciar la revisión interpuesta, de conformidad con lo establecido en el ordinal 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese por lista electrónica, así como por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación y a las autoridades responsables, corriéndoles traslado con copia de los agravios. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 426/2023-I, promovido por ********************, contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este juzgado, ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó: ACTOS QUE SE RECLAMAN: Del H. CONGRESO DEL ESTADO la discusión, aprobación y expedición del DECRETO No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. de la Ley Estatal de Derechos del Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a los DERECHO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ESPECÍFICAMENTE el artículo 29, vigente en sus fracciones: I., II., IV., V., que contienen las tarifas tildadas de inconstitucionales. Del C. GOBERNADOR DEL ESTADO le reclamo la promulgación del DECRETO No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. de la Ley Estatal de Derechos del Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a los DERECHO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ESPECÍFICAMENTE el artículo 29, vigente en sus fracciones: I., II., IV., V., que contienen las tarifas tildadas de inconstitucionales. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1º, 14, 16, 28, último párrafo, 31, fracción IV, 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 426/2023-I, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la discusión, aprobación y expedición del siguiente ordenamiento legal: Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, con motivo de su primer acto de aplicación. b) De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación del ordenamiento legal descrito en el inciso que antecede. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua y el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de los Decretos impugnados. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada; pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de esta juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Precisión especial. Es necesario precisar que en atención a que este juicio de amparo se promovió contra un ordenamiento legal de carácter general (indicado en el considerando segundo), con motivo del que la parte quejosa estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: 1.- En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, 2.- Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y 3.- De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN., cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Quinto. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del informe que rindió el Notario Público Número Diecinueve en ejercicio para este Distrito Judicial Bravos, quien de manera expresa señaló que la escritura pública número 84,433 ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres del protocolo a su cargo, donde se formalizaron los actos que dieron origen al pago de impuestos y derechos, fue otorgada el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que compareció el quejoso a firmar la escritura y sus anexos; y fue hasta el tres de julio de dos mil veintitrés, en que se autorizó de manera definitiva al haber cumplido con todos los requisitos legales; asimismo, que el pago se realizó el veintitrés de mayo del año en curso, en las oficinas de Recaudación de Rentas en esta ciudad. Lo que se corrobora con los certificados de pago con números de operación 3029998 y 3029981, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, a nombre del contribuyente ********************, de los que se advierte que el rubro que se aplicó es el correspondiente a inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre éstos, contenidas en el numeral 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, por lo que, ya que no se tiene noticia de que el primer acto de aplicación del Decreto reclamado, sea uno diverso del consistente en el pago realizado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, por los cuales pagó las cantidades de $17,363.32 (diecisiete mil trescientos sesenta y tres pesos 32/100 moneda nacional), así como la diversa cantidad de $1,052.43 por concepto de impuesto universitario. En relación con el primer acto de aplicación del Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, específicamente de su numeral 29, fracción I, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Ahora bien, en relación con dicha norma, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 17. El pazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Es decir, que el plazo genérico para demandar la acción constitucional y convencional, es de quince días; dicho plazo empezará a contar a partir de que, el ordenamiento legal de que se trate, sea aplicado por primera vez en la esfera jurídica del quejoso; en relación con lo anterior, el citado artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina que el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de dichos términos, pues se entienden consentidos tácitamente los actos reclamados. En el caso, el primer acto de aplicación demostrado, en la esfera jurídica del quejoso, se concretó el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, cuando se realizó el pago correspondiente por concepto de pago de inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre éstos, contenidas en el numeral 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, ya descrito, cuyas constancias relativas también ya fueron valoradas. De manera que, tomando en cuenta lo anterior, el término de quince días para promover el juicio de amparo indirecto en contra de dicho ordenamiento legal, con motivo de su primer acto de aplicación, comenzó a transcurrir el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, y concluyó el trece de junio del citado año, a excepción de los días veintisiete y veintiocho de mayo, así como el tres, cuatro, diez y once de junio tres, cuatro, diez y once del presente año, al haber sido sábados y domingos, esto de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo. De manera que, si la demanda que dio lugar a este juicio de amparo, se promovió el veinte de abril de dos mil veintitrés, fecha en la cual se depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, es inconcuso que este juicio de amparo se promovió fuera del término legal para ello, de manera extemporánea, y por lo tanto, el ordenamiento legal reclamado, se considera consentido por el quejoso. Aunado a que las últimas pruebas aportadas por la parte quejosa, mediante escrito recibido en este juzgado el dieciocho del mes y año que transcurre, mismas que consisten en: 1. Digitalización del acuse donde solicitó a la Notaría Pública Número Diecinueve, la entrega del comprobante de recepción de recursos, del fundamento y del presupuesto. 2. El presupuesto emitido por el Notario Número Diecinueve. 3. Carta de autorización firmada por el quejoso ********************, el veintisiete de marzo del año en curso, para la transferencia por la cantidad de $129,081.91 (ciento veintinueve mil ochenta y un pesos 91/100 moneda nacional), a nombre de **. 4. Estado de cuenta bancario del notario precisado en supralíneas de la institución bancaria ** 5. Boleta de Inscripción número 2023-152403, emitida por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua, Distrito Judicial Bravos, con fecha de ingreso de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, y fecha de registro el tres de julio del año en curso, respecto al instrumento público número 84433, volumen 3011, de veintisiete de marzo del año que transcurre. De dichas, probanzas no se desvirtúa que el pago se haya realizado en la fecha que preciso en su demanda de amparo, esto es el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, únicamente se acredita que en dicha data hizo entrega a la Notaría del dinero para el pago de la inscripción del instrumento público precisado en el párrafo que antecede. Así pues, ya que en relación con el primer acto de aplicación se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, en relación con dicho acto de aplicación y con el Decreto reclamado, esto conforme a la técnica que regula el juicio de amparo contra leyes, precisada en el considerando quinto, así como artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ********************, en relación con los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese en lista electrónica, vía juicio en línea al quejoso y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Ofrecimiento de pruebas Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado digitalmente por el licenciado **, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual ofrece como medios de prueba el documento siguiente: 1. Digitalización del acuse donde solicitó a la Notaría Pública Número Diecinueve, la entrega del comprobante de recepción de recursos, del fundamento y del presupuesto. 2. El presupuesto emitido por el Notario Número Diecinueve. 3. Carta de autorización firmada por el quejoso **, el veintisiete de marzo del año en curso, para la transferencia por la cantidad de $129,081.91 (ciento veintinueve mil ochenta y un pesos 91/100 moneda nacional), a nombre de **. 4. Estado de cuenta bancario del notario precisado en supralíneas de la institución bancaria **. 5. Boleta de Inscripción número 2023-152403, emitida por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua, Distrito Judicial Bravos, con fecha de ingreso de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, y fecha de registro el tres de julio del año en curso, respecto al instrumento público número 84433, volumen 3011, de veintisiete de marzo del año que transcurre. Por lo que, los documentos en cita se tienen por ofrecidos, admitidos y desahogados dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de estos en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Ello, pues en términos del artículo 3, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales o firma electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Asimismo, conservan el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, dado que al presentarla por vía electrónica la parte accionante sí manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, sin perjuicio de que se realice el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.CLL/Marc
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agrega escrito Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito del licenciado *******, autorizado de la parte quejosa, se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por el promovente. Diferimiento de audiencia En consecuencia, a fin de que el autorizado de la quejosa, realice la revisión que solicita, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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