Víctor Manuel Arroyo Sosol
Expediente 34/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Manuel Arroyo Sosol
- Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa, la sentencia dictada el veinticinco de abril en curso, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 34/2023 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de enero dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, Víctor Manuel Arroyo Sosol promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz (fojas 02 a 04). SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de dieciocho siguiente, se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos, fijar data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; sin tramitar el incidente de suspensión; emplazar a los terceros interesados 1. Carlos Donaciano Solórzano Pineda, a 2. COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 3. ABASTECEDORA DE BIENES GÁLVEZ, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 05 a 09). TERCERO. Trámite. Mediante razón actuarial de siete de marzo del presente año, se tuvieron por legalmente emplazados al presente juicio a los terceros interesados 1. Carlos Donaciano Solórzano Pidena, a 2. COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 3. ABASTECEDORA DE BIENES GÁLVEZ, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 65 a 72). CUARTO. Audiencia constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, quien no hizo valer causales de improcedencia (fojas 18, 27, 34, 40 a 59) la audiencia constitucional tuvo verificativo el diez de abril de dos mil veintitrés (fojas 74 y 75). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, en virtud de que se trata de un acto omisivo de una autoridad judicial, que trasgrede el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio ya que, al tratarse de un acto omisivo, la parte quejosa eligió promover el presente juicio ante esta autoridad judicial, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuál es el acto reclamado, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado rendido por la autoridad responsable se tiene que, el acto reclamado en el presente juicio es: La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 556/VIII/2017 del índice administrativo de la Junta responsable. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, respecto acto reclamado (foja 18). Además, lo anterior se corrobora con las propias documentales que adjuntó la responsable como justificación a su informe, las cuales remitió con posterioridad, a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley; pues de ésta se advierte la omisión reclamada en el presente juicio, es decir, la de dictar laudo dentro del expediente laboral 556/VIII/2017 del índice administrativo de la Junta responsable. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."" CUARTO. Improcedencia del juicio. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias - de hecho o de derecho - que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y por identidad de razón, de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, Octava Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." A juicio de quien resuelve, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, al haber cesado la omisión combatida. MARCO NORMATIVO El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Del artículo trascrito se advierte, que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado, es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." ANTECEDENTES En virtud de exponer con claridad la conclusión anterior, es conveniente hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente juicio, lo que se hace en la relación siguiente. 1. El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el aquí quejoso presentó demanda laboral ante la oficialía de partes común de la autoridad aquí responsable, en la que demandó a los ahora aquí terceros interesados 1. Carlos Donaciano Solórzano Pineda, a 2. COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 3. ABASTECEDORA DE BIENES GÁLVEZ, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 02 a 03). 2. Dicha demanda laboral fue turnada a la autoridad aquí responsable Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, y radicada con el expediente laboral 556/VIII/2017 (foja 03). 3. Seguida la secuela procesal, mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la Junta responsable decretó cerrada la instrucción, y turnó los autos del citado expediente laboral con el fin de dictar el laudo correspondiente (foja 28). 4. Ante la omisión de dictar el laudo por parte de la autoridad responsable arriba antes citada, el aquí quejosa promovió el presente juicio de amparo el diecisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas 01 a 04) 5. El trece de febrero de dos mil veintitrés, la responsable emitió el laudo dentro del mencionado expediente laboral 556/VIII/2017, el cual se dejó a vista de la parte quejosa mediante acuerdo de veintidós de febrero del presente año (fojas 41 a 60). Expuestos los antecedentes de referencia, se procede al estudio de la causal de improcedencia mencionada en el marco normativo de esta sentencia. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión existente al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (diecisiete de enero de dos mil veintitrés) ha quedado sin efectos, toda vez que la autoridad responsable Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, el trece de febrero de dos mil veintitrés, dictó el laudo dentro del expediente laboral 556/VIII/2017, de su índice administrativo, del que se advierte se dijo lo siguiente: ". PRIMERO: El actor acreditó en parte la procedencia de sus acciones, los demandados no se excepcionaron, en consecuencia. SEGUNDO: Se CONDENA a la parte demandada COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, S. A. de C. V. Y/O CARLOS DONACIANO SOLÓRZANO PINEDA, de pagar al accionante VÍCTOR MANUEL ARROYO SOSOL, la indemnización constitucional, salarios caídos, horas extras, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad, de conformidad con lo que se deja asentado en los considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y NOVENO de esta resolución. (.)" (fojas 41 a 59). Por tanto, la omisión reclamada quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues la autoridad responsable, en congruencia con lo aquí reclamado, dictó el laudo el trece de febrero de dos mil veintitrés. De ahí que, basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con el acto reclamado, de acuerdo con lo prescrito por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. No se soslaya, que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se le hizo del conocimiento a la parte quejosa, el contenido de las constancias que acompañó la autoridad responsable al oficio recibido el veintiuno de febrero del presente año, en el cual acompañaba la copia certificada del laudo dictado el trece de febrero de dos mil veintitrés (fojas 40 a 60) a efecto de que manifestara lo que a su derecho representara, sin que argumentara algo al respecto, lo cual significa, que los efectos de la omisión reclamada desaparecieron; de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia por contradicción, 2ª./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Página 605, con número de registro 168189 del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." CONCLUSIÓN Señalado lo anterior, al resultar indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse el juicio de amparo respecto a la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo dentro del expediente laboral 556/VIII/2017, el cual reclamaba el aquí quejoso, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 77 y 79 de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Arroyo Sosol, en contra de la autoridad señalada en el considerando tercero, y por el acto que se le reclama, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo sentenció y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, el día de hoy veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Doy fe.Genoveva Lecona ZamoraGenoveva Lecona Zamora Con esta fecha se notifica a las partes terceras interesadas la sentencia dictada el veinticinco de abril de la presente anualidad
- Principal
Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 34/2023 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de enero dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, Víctor Manuel Arroyo Sosol promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz (fojas 02 a 04). SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de dieciocho siguiente, se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos, fijar data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; sin tramitar el incidente de suspensión; emplazar a los terceros interesados 1. Carlos Donaciano Solórzano Pineda, a 2. COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 3. ABASTECEDORA DE BIENES GÁLVEZ, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 05 a 09). TERCERO. Trámite. Mediante razón actuarial de siete de marzo del presente año, se tuvieron por legalmente emplazados al presente juicio a los terceros interesados 1. Carlos Donaciano Solórzano Pidena, a 2. COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 3. ABASTECEDORA DE BIENES GÁLVEZ, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 65 a 72). CUARTO. Audiencia constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, quien no hizo valer causales de improcedencia (fojas 18, 27, 34, 40 a 59) la audiencia constitucional tuvo verificativo el diez de abril de dos mil veintitrés (fojas 74 y 75). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, en virtud de que se trata de un acto omisivo de una autoridad judicial, que trasgrede el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio ya que, al tratarse de un acto omisivo, la parte quejosa eligió promover el presente juicio ante esta autoridad judicial, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuál es el acto reclamado, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado rendido por la autoridad responsable se tiene que, el acto reclamado en el presente juicio es: La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 556/VIII/2017 del índice administrativo de la Junta responsable. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, respecto acto reclamado (foja 18). Además, lo anterior se corrobora con las propias documentales que adjuntó la responsable como justificación a su informe, las cuales remitió con posterioridad, a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley; pues de ésta se advierte la omisión reclamada en el presente juicio, es decir, la de dictar laudo dentro del expediente laboral 556/VIII/2017 del índice administrativo de la Junta responsable. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."" CUARTO. Improcedencia del juicio. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias - de hecho o de derecho - que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y por identidad de razón, de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, Octava Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." A juicio de quien resuelve, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, al haber cesado la omisión combatida. MARCO NORMATIVO El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Del artículo trascrito se advierte, que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado, es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." ANTECEDENTES En virtud de exponer con claridad la conclusión anterior, es conveniente hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente juicio, lo que se hace en la relación siguiente. 1. El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el aquí quejoso presentó demanda laboral ante la oficialía de partes común de la autoridad aquí responsable, en la que demandó a los ahora aquí terceros interesados 1. Carlos Donaciano Solórzano Pineda, a 2. COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 3. ABASTECEDORA DE BIENES GÁLVEZ, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 02 a 03). 2. Dicha demanda laboral fue turnada a la autoridad aquí responsable Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, y radicada con el expediente laboral 556/VIII/2017 (foja 03). 3. Seguida la secuela procesal, mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la Junta responsable decretó cerrada la instrucción, y turnó los autos del citado expediente laboral con el fin de dictar el laudo correspondiente (foja 28). 4. Ante la omisión de dictar el laudo por parte de la autoridad responsable arriba antes citada, el aquí quejosa promovió el presente juicio de amparo el diecisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas 01 a 04) 5. El trece de febrero de dos mil veintitrés, la responsable emitió el laudo dentro del mencionado expediente laboral 556/VIII/2017, el cual se dejó a vista de la parte quejosa mediante acuerdo de veintidós de febrero del presente año (fojas 41 a 60). Expuestos los antecedentes de referencia, se procede al estudio de la causal de improcedencia mencionada en el marco normativo de esta sentencia. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión existente al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (diecisiete de enero de dos mil veintitrés) ha quedado sin efectos, toda vez que la autoridad responsable Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, el trece de febrero de dos mil veintitrés, dictó el laudo dentro del expediente laboral 556/VIII/2017, de su índice administrativo, del que se advierte se dijo lo siguiente: ". PRIMERO: El actor acreditó en parte la procedencia de sus acciones, los demandados no se excepcionaron, en consecuencia. SEGUNDO: Se CONDENA a la parte demandada COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, S. A. de C. V. Y/O CARLOS DONACIANO SOLÓRZANO PINEDA, de pagar al accionante VÍCTOR MANUEL ARROYO SOSOL, la indemnización constitucional, salarios caídos, horas extras, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad, de conformidad con lo que se deja asentado en los considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y NOVENO de esta resolución. (.)" (fojas 41 a 59). Por tanto, la omisión reclamada quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues la autoridad responsable, en congruencia con lo aquí reclamado, dictó el laudo el trece de febrero de dos mil veintitrés. De ahí que, basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con el acto reclamado, de acuerdo con lo prescrito por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. No se soslaya, que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se le hizo del conocimiento a la parte quejosa, el contenido de las constancias que acompañó la autoridad responsable al oficio recibido el veintiuno de febrero del presente año, en el cual acompañaba la copia certificada del laudo dictado el trece de febrero de dos mil veintitrés (fojas 40 a 60) a efecto de que manifestara lo que a su derecho representara, sin que argumentara algo al respecto, lo cual significa, que los efectos de la omisión reclamada desaparecieron; de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia por contradicción, 2ª./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Página 605, con número de registro 168189 del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." CONCLUSIÓN Señalado lo anterior, al resultar indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse el juicio de amparo respecto a la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo dentro del expediente laboral 556/VIII/2017, el cual reclamaba el aquí quejoso, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 77 y 79 de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Arroyo Sosol, en contra de la autoridad señalada en el considerando tercero, y por el acto que se le reclama, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo sentenció y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, el día de hoy veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Doy fe.Genoveva Lecona ZamoraGenoveva Lecona Zamora Con esta fecha se notifica a las partes terceras interesadas la sentencia dictada el veinticinco de abril de la presente anualidad.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, de las constancias que remitió la autoridad responsable 1. Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se advierten otros domicilios donde se puedan emplazar al presente juicio a los terceros interesados: CARLOS DONACIANO SOLÓRZANO PINEDA, COCINAS INDUSTRIALES MULTIFUNCIONALES DE CALIDAD, Sociedad Anónima de Capital Variable y ABASTECEDORA DE BIENES GÁLVEZ, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de terceros interesados, en el domicilio ubicado en Calle Veinte de Noviembre número 438, Esquina Violetas, Colonia Remes en Veracruz, Veracruz. En esas condiciones, con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente auto, por así disponerlo el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, emplácese a los citados terceros interesados por medio de las personas que fungen como actuarios, en el domicilio antes citado, a quien se les hará saber que ante este Juzgado Cuarto de Distrito se encuentra radicado el presente expediente; asimismo, y conforme al artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, deberá requerirle para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza donde oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que para ello se requiera previo acuerdo que así lo ordene, sin perjuicio que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Indíquese a las personas que fungen como actuarios de este Juzgado, de que en caso de ser necesario, se habilita a efecto de que en días y horas inhábiles se constituya en el domicilio antes indicado, a fin de que realice el emplazamiento encomendado, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte tercero interesado por el término de OCHO DÍAS, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, con todo lo actuado e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, para que manifieste lo que a su interés convenga. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. En mérito de lo expuesto, se considera que el presente asunto no se encuentra debidamente integrado para dictar sentencia, por lo que, se impone diferir anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el seis de marzo del año en cita, y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva fecha para que tenga su verificativo. Notifíquese en términos de ley.
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