Víctor Luis Coello Ramos

Expediente 1157/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1157/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Luis Coello Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Veracruz, recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintidós de noviembre del año en curso; para lo cual informa que designa al Asesor Jurídico Federal Manuel Alejandro Navarro Alanís, como representante del menor de identidad reservada de iniciales V.L.C.Z********************Por tanto, estese a la espera de que dicho defensor acepte el cargo conferido, a efecto de acordar lo que en derecho procede. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercera interesada mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** en su carácter de albacea a bienes de ********************, para los efectos siguientes: "[.] Deje sin efecto todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ********************, actualmente ********************, a partir del auto por el cual ordenó el emplazamiento por edictos, exclusivamente por cuanto hace al demandado -aquí quejoso por conducto de su albacea ********************- ********************, así como las subsecuentes actuaciones, debido a que son consecuencia del emplazamiento, y por ende, también son actos viciados, y acuerde lo que en derecho proceda. Lo anterior, tomando en consideración el hecho de que el citado demandado falleció y, dentro de los autos del juicio de sucesión intestamentaria ******************** de la estadística del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, se nombró como albacea de sus bienes al impetrante de amparo ********************. [.]" Mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en su carácter de autoridad sustituta del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, ambas con sede en esa ciudad. Posteriormente, mediante proveído de seis de noviembre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, puesto que obra en autos el oficio 1050/2023 signado por la Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila de Zaragoza, con residencia en esa ciudad, que contiene inserto el auto de once de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el juicio especial hipotecario ********************, actualmente ******************** de su índice. Del auto antes referido se advierte que la jueza oficiante dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ********************, así radicado en el Juzgado de origen, actualmente ******************** de ese Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito Judicial de Torreón; a partir del auto admisorio de demanda de ocho de diciembre de dos mil catorce, en el que se ordenó el emplazamiento de ******************** por medio de edictos, y todos los autos posteriores emanados dentro del expediente de origen, como es la sentencia definitiva de nueve de abril de dos mil quince, así como todos los actos ordenados a fin de llevar a cabo su ejecución, solo por lo que respecta a dicho demandado. Abona a lo anterior, el oficio que giró al Notario Público Número Sesenta y Nueve del Distrito Notarial de la Ciudad de Torreón, Coahuila; por el cual le requiere informe si llevó a cabo la elaboración de la escritura del inmueble ubicado en ********************; y en caso de ser afirmativo, proceda a su cancelación de la misma, así como que proporcione los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad respecto el inmueble antes. En consecuencia, ordenó el emplazamiento del demandado por conducto de su albacea ********************, debiendo la parte actora realizar las gestiones necesarias a efecto de llevar a cabo el emplazamiento correspondiente, atendiendo lo establecido por el artículo 126 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila. De lo anteriormente expuesto, el suscrito advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida para los efectos para los cuales fue concedida, toda vez que el Juez responsable, en los términos precisados en la ejecutoria, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ********************, actualmente ********************, a partir del auto por el cual ordenó el emplazamiento por edictos, exclusivamente por cuanto hace al demandado ******************** -aquí quejoso por conducto de su albacea ********************-, así como las subsecuentes actuaciones, restituyendo al quejoso en su carácter de albacea a bienes del demandado .en el pleno goce del derecho conculcado Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter CONSERVABLE, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión definitiva como se advierte de las resoluciones emitidas en datas quince de febrero y nueve de marzo de dos mil veintitrés (fojas 83 a 89 y 103 a 109 del original del incidente de suspensión relativa al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 1157/2023, promovido por Víctor Luis Coello Ramos, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta que las partes no las ofrecieron. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado formuló pedimento, por lo que se cierra este período, y el juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 1157/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Víctor Luis Coello Ramos, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLESFOJASENTIDO1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar.36NIEGA DESVIRTUA2. Actuaria adscrita al Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar. 37 NIEGA DESVIRTUA Veracruz, Veracruz SEGUNDO. En auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, este Juzgado concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia es: la ilegal notificación y/o emplazamiento practicado dentro de los autos del expediente 786/2023, del índice del Juzgado responsable, relativo a la jurisdicción voluntaria. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Al no existir pruebas ofrecidas por las partes, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables 1. Juez y 2. Actuaria Judicial, ambos adscritos al Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, negaron los actos que se le imputan; sin embargo, de la lectura total del referido informe de ley se desprende que es cierto el acto de ejecución que se les reclama; de ahí que esa negativa queda desvirtuada, lo anterior, en observancia además a la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En primer término conviene señalar que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan dentro de los autos del expediente 786/2023, relativo a la jurisdicción voluntaria; por tanto, con los elementos que de la demanda se desprenden, el suscrito provee: Ahora bien, del escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama la falta de emplazamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria786/2023 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, sobre autorización judicial para salir del país, que promovió la aquí tercero interesada Ana Laura Zambrano, a favor de su menor hijo de identidad reservada, identificado con las iniciales V.L.C.Z.; en tanto, que del informe previo de las autoridades responsables se convalida la existencia de las citadas diligencias; así como que se ordenó notificar personalmente al hoy quejoso, de la radicación de las mismas; sin precisar si las mismas ya se dieron por concluidas o no. Por tanto, es procedente pronunciarse con respecto a las consecuencias del acto reclamado, por ello, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, mantenga las cosas en el estado en que actualmente se encuentran en el expediente 786/2023-V de su índice administrativo, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, a fin de obtener autorización judicial para salir del país del infante de identidad reservada; y suspenda todos los actos encaminados a la autorización judicial solicitada, incluso dar por concluidas las citadas diligencias; ante la posibilidad de que el aquí quejoso pueda perder contacto con su menor hijo de iniciales V.L.C.Z.; en virtud de que su progenitora lo pueda sacar del país. Por ello, a fin de garantizar ese derecho de convivencia y a la vez salvaguardar la integridad del menor de edad, se hace del conocimiento del Juez responsable, que deberá velar por el bienestar físico, psicológico y moral del menor identificado con las iniciales V.L.C.Z., y en caso de que tenga conocimiento de que la convivencia con su padre le afecta en cualquiera de estos aspectos, tiene amplitud de facultadas para tomar las medidas que estime pertinentes, además que lo deberá de informar a este órgano jurisdiccional. De igual forma, tomando en cuenta el interés superior de los menores, se advierte que existe en favor de la parte quejosa la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Lo anterior obedece a la necesidad que tiene el Estado y la propia sociedad, en que tratándose de menores de edad se les proteja de las posibles afectaciones físicas y emocionales que pudieran sufrir en su entorno personal y social, de ahí que el hecho de que se les pudiera separar de las personas con quienes conviven, en el caso concreto de su padre, pudiera ocasionarles daños de difícil reparación, pues al estar involucrados derechos de menores, siempre debe buscarse el mayor beneficio posible para ellos en todos los aspectos, al ser objeto de especial cuidado y protección, toda vez que la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia CI/2016(10a.), Materia Constitucional, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1123, Libro 29, Abril de dos mil dieciséis, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNOFILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y XVII; 14, fracciones IV y VI; 22, 24, 25, 26, 27 y 29 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Asimismo, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor. Máxime, que los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y arábigo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno; y 3°, 4°, 6° y 7° de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecen que los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño. De igual forma, sustenta lo anterior la tesis bajo el rubro y texto que dicen: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Además, cabe hacer la acotación que para la concesión de la suspensión, se debe partir de la base que el amparo es una institución de buena fe, aunado a que se cuenta con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso, y lo informado por las responsables en su informe previo; máxime, en actuaciones no se desprenden elementos o razones que conduzcan a considerar que esa convivencia podría ser adversa a su bienestar. Asimismo, sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y contenido siguientes: SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. No se soslaya que la parte quejosa en el capítulo de la suspensión, solicita la suspensión de los actos reclamados, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; sin embargo, en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional es quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto; además, la presente media cautelar se ocupa de las consecuencias del acto reclamado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior, SIN NECESIDAD DE QUE LA PARTE QUEJOSA OTORGUE GARANTÍA alguna para la reparación e indemnización de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse, dado que por la naturaleza del juicio no se afectan derechos patrimoniales de la tercero interesada, conforme al artículo 132 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE a Víctor Luis Coello Ramos, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados por el 1. Juez y 2. Actuaria Judicial, ambos adscritos al Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a sus contenidos, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus INFORMES PREVIOS; por tanto, háganse del conocimiento a las partes, y relaciónense los mismos al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la mencionada ley. Por otra parte, agréguese a los autos la diligencia de notificación levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, de la cual se advierte que fue notificada del proveído de diez de noviembre del actual a la tercera interesada Ana Laura Zambrano Reyes, quien en el acto de la diligencia señaló domicilio procesal y autorizados. Autorizados y Domicilio Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Silvia Lorena Ríos Pérez de León, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Ahora, se tiene a la restante persona que menciona, únicamente como autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que no acredito encontrarse registrado en el aludido sistema. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Sahagún, número ciento diecisiete (117) interior doce (12) del Fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, Veracruz. Hágase del conocimiento a la tercera interesada de referencia que en caso de que si al pretender realizarse una notificación personal en el domicilio procesal que señala, y de darse cualquiera de los siguientes supuestos establecidos por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; a saber: I) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada; o, II) Si la actuaria encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se practicará la notificación encomendada, mediante lista de acuerdos que se publique para tal efecto en este Órgano Jurisdiccional. Ahora, en caso de que el domicilio procesal resulte inexacto por no existir, o existiendo no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial en que se haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se practicará por lista de acuerdos esa notificación, aun las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto no señale nuevo domicilio en esta zona conurbada cierto y exacto para oír y recibir notificaciones. Notifíquese en términos de ley.

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