Víctor Manuel Bautista Piña

Expediente 971/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
971/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Bautista Piña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 971/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por Víctor Manuel Bautista Piña, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, y dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, del estado de autos se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio dirigido al 9. Director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, autoridad señalada como responsable en auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, de la respectiva notificación de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento únicamente para hacer del conocimiento a la referida responsable el contendido integro de la resolución dictada en el presente asunto, anexando copia autorizada de la sentencia de amparo." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por ******************** HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, y dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, del estado de autos se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio dirigido al 9. Director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, autoridad señalada como responsable en auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, de la respectiva notificación de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento únicamente para hacer del conocimiento a la referida responsable el contendido integro de la resolución dictada en el presente asunto, anexando copia autorizada de la sentencia de amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    En Boca del Río, Veracruz, siendo las once horas del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 971/2022, promovido por Víctor Manuel Bautista Piña; el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, el secretario da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y, certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del último informe justificado rendido por las autoridades responsables, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias que integran el presente asunto y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta con las documentales en copia simple ofrecidas en el presente juicio por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y su ampliación, así como las ofrecidas por la autoridad 4. Comandante de la Tercera Región Naval, y 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, ambos con sede en Veracruz, Veracruz, como justificación de sus actos. Se acuerda: Se admiten y desahogan dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; al no existir pruebas pendientes de relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la citada ley, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la Fiscal de la Federación de la adscripción no presentó el pedimento, se concluye este período de la audiencia constitucional. En seguida, el Juez dicta la resolución: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 971/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diez de octubre de dos mil veintidós, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Víctor Manuel Bautista Piña y otros solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos que atribuyó al 1. Secretario de Marina con sede en Ciudad de México y otras autoridades, los cuales se precisarán en párrafos posteriores (fojas 9 a 34). SEGUNDO. Previo el desahogo de prevención formulada por este Juzgado, se proveyó sobre la admisión de la demanda en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; sin embargo, dado que se advirtió que aun cuando el acto reclamado por todos los quejosos es el mismo, los promoventes de amparo no tienen relación entre sí, y sus circunstancias no necesariamente son idénticas, mediante aplicación a contrario sensu de los artículos 76 y 77 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y a efecto de facilitar el manejo y resolución de las cuestiones planteadas, evitando el pronunciamiento de fallos complicados o confusos, en el mismo auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se decretó la separación del asunto en diversos juicios (uno por cada quejoso) indicándose que el presente expediente continuaría su trámite únicamente por lo que hace a la impetrante de garantías Víctor Manuel Bautista Piña (foja 63 a 69). Debido a lo anterior, en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordenó: admitir la demanda de amparo por lo que hace a la citada quejosa, requerir a las responsables su informe justificado, dar la intervención que le compete a la persona Fiscal de la Federación y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 77 a 81). TERCERO. Debido a que la autoridad responsable 4. Comandante de la Tercera Región Naval, con sede en Veracruz, Veracruz, al rendir su respectivo informe justificado, informó sobre la posible participación de diversa autoridad en los actos que se reclaman, mediante auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestara si era su deseo señalar al 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz (fojas 115 a 116). Mediante escrito presentado el doce de enero de dos mil veintitrés, la quejosa Víctor Manuel Bautista Piña señaló como autoridad responsable al 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, por lo que, previo el desahogo de prevención formulada por este Juzgado, en auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda y se pidió su informe justificado a dicha autoridad (fojas 125 a 128, 132 a 135). CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 96, 90, 106, 108, 100, 122, 87 y expediente electrónico con auto de seis de diciembre de dos mil veintidós) la constancia de notificación al Ministerio Público adscrito a este juzgado de la demanda y su ampliación (fojas 86 y 140) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido por los artículos 1º, 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con punto cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mismo año. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos a autoridades administrativas, que se dice tendentes a despojar de su fuente de trabajo a la parte quejosa, impugnables en amparo indirecto; la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, y actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia; y, por territorio, atento a que los actos aquí reclamados conllevan ejecución material en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades 1. Secretario de Marina, con sede en Ciudad de México.; 2. Gobernador del Estado de Veracruz, 3. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, ambos con sede en Xalapa, Veracruz, 4. Comandante de la Tercera Región Naval, 5. Presidente Municipal de Veracruz, 6. Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, todos con sede en Veracruz, Veracruz, 8. Delegado de la Delegación de la Policía Estatal Región XXIII Conurbación Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz: El desalojo de su centro de trabajo que durante más de treinta años han estado desarrollando en la plancha del Malecón y Comodoro Azueta en Veracruz. Por otra parte, del 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, reclamó: La orden dirigida al Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, Veracruz, a efecto que brindara seguridad y acompañamiento a personal de la mencionada dirección en la macro plaza del malecón de Veracruz, Veracruz, para mantener dicho espacio sin presencia de comercios irregulares de acuerdo con las Atribuciones del H. Ayuntamiento. Establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método, se analizará si conforme a las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad responsable. TERCERO. Inexistencia de acto. El acto reclamado consistente en el desalojo del centro de trabajo de la quejosa debe tenerse por no cierto. En principio porque las autoridades responsables 1. Secretario de Marina, con sede en Ciudad de México, 2. Gobernador del Estado de Veracruz, 3. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, ambos con sede en Xalapa, Veracruz, 4. Comandante de la Tercera Región Naval, 5. Presidente Municipal de Veracruz, 5. Presidente Municipal de Veracruz, 6. Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, todos con sede en Veracruz, Veracruz, 8. Delegado de la Delegación de la Policía Estatal Región XXIII Conurbación Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, al rendir sus informes justificados (fojas 96, 90, 106, 108, 100, 122 y 87 por lo que hace a las autoridades 2, 3, 4, 5, 6 y 8, respectivamente, así como archivo digital correspondiente al seis de diciembre de dos mil veintidós por lo que hace a la autoridad 1.) negaron el acto reclamado, sin que la quejosa aportara medio de convicción alguno para desvirtuar dicha negativa. Por otra parte, si bien es cierto el 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado aceptó que emitió oficio dirigido al 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, para el efecto que designara personal a su cargo para que el cinco de octubre de dos mil veintidós, acompañara y brindara seguridad a personal de dicha dirección, también es verdad que dicho funcionario no aceptó que en la referida fecha se hubiera realizado desalojo de persona alguna de la Macro plaza del Malecón de Veracruz. Tanto es así, que las diversas autoridades 4. Comandante de la Tercera Región Naval, y 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, ambas con sede en Veracruz, Veracruz, negaron haber participado en acciones de desalojo de comerciantes, e indicaron que con motivo de la solicitud del citado 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, proporcionaron seguridad a personal de la referida dirección en las labores de inspección que realizan, pero no se removió a comerciantes del lugar, puesto que los mismos ya se habían retirado con anterioridad. Sin que el quejoso haya aportado medio de convicción que apunte a la realización del operativo de desalojo que constituye el acto reclamado y al que hizo referencia en su capítulo de hechos, en el que incluso afirmó que él y otros vendedores fueron llevados a las oficinas de la Policía Municipal, puesto que tales hechos no se encuentran acreditados. Por ende, como la parte quejosa no aportó elementos de convicción idóneos alguno que desvirtuara dichas negativas, pues corresponde a ésta acreditar la existencia del acto que les atribuye, con apoyo el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que al acto y autoridades señaladas en el segundo párrafo de este apartado se refiere. CUARTO. Certeza de acto. Es cierto el acto reclamado al 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, consistente en la orden dirigida al 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, de prestar auxilio y seguridad al personal de dicha dirección para el desarrollo de sus funciones y mantener la macroplaza del Malecón sin presencia de comercio irregular. Lo anterior, dado que en su correspondiente informe justificado (fojas 140 y 141) la citada autoridad reconoció la existencia de dicho. De allí, que se tenga por cierto el aludido acto. QUINTO. Procedencia. Por ser las causas de improcedencia de análisis preferente al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En criterio de este juzgador se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque se considera que no se encuentra demostrado que los actos reclamados afecten el interés jurídico del quejoso, el cual resulta indispensable para la procedencia de este juicio, como se demostrará a continuación. MARCO NORMATIVO El citado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" El contenido del transcrito numeral, arroja que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia, el cual en el presente caso, guarda estrecha relación con artículo 107, fracción I Constitucional, ya que los citados dispositivos establecen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.)" Así, de las disposiciones antes señaladas, se desprende que en primer término para que se acredite el interés jurídico del quejoso en casos como el presente, debe establecerse la afectación real al derecho subjetivo del quejoso o en su caso, un derecho legítimo, ya sea individual o colectivo que le afecte de manera directa o por su especial situación frente al orden jurídico que deviene en una transgresión a su esfera jurídica (artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo). Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció el Máximo Tribunal del país, por conducto de su Primera Sala, en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, cuyos rubro, texto y datos de localización son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Atento a lo anterior, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. SUBSUNCIÓN. Así, si el interés jurídico consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha trasgresión, en términos de lo señalado en el apartado anterior, la parte que promueve el juicio de amparo debe demostrar que es titular del derecho de uso conculcado por el acto de autoridad. Relacionado con lo anterior, el oficio DC/753/10/2022, signado por el 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, dirigido al 4. Comandante de la Tercera Región Naval de Veracruz, Veracruz, señala en la parte medular, en la que manifestó que: "(.) . me es grato dirigirme a usted, haciéndole llegar cordialmente saludos, y a la vez comunicar que en atención al oficio número DC/0753/10/2022, de fecha 03 de octubre del presente año, signado por el Lic Daniel Galindo Moreno, Director de Comercio del H. Ayuntamiento de Veracruz, me permito solicitar a Usted, su valioso apoyo e intervención con la finalidad de que sea designado personal de Seguridad Pública a su digno mando, para brindar seguridad y acompañamiento policial a personal de la Dirección de Comercio del H. Ayuntamiento de Veracruz, en la Macro Plaza del Malecón, lo anterior, con la finalidad de preservar la Seguridad de los ciudadanos, así como del personal de dicha Dirección, para mantener dicho espacio público sin presencia de comercios irregulares, de acuerdo a las atribuciones de este H. Ayuntamiento de Veracruz,." Oficio del que se aprecia el objetivo del diverso oficio dictado por el 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz en contra del cual, la parte quejosa instó juicio de amparo de garantías contra dicha autoridad responsable, argumentando que con el mismo se vulnera en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; ello debido a que el acto de autoridad es violatorio de garantías por carecer de la debida fundamentación y motivación. Sin embargo, como se adelantó, con los medios de prueba anteriormente enumerados, no fue acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, y por lo tanto, su legitimación para promover el juicio de amparo correspondiente. Lo anterior puesto que en el oficio reclamado, mediante el cual el 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, solicitó apoyo de la Policía Municipal de Veracruz, Veracruz para que proporcionara seguridad y acompañamiento policial al personal de la Dirección de Comercio al momento en que realizaban labores de vigilancia e inspección relacionados con el cumplimiento del Reglamento de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, respecto de comercio ambulante y semifijo en zonas específicas del puerto. Documento que por sí mismo no ocasiona perjuicio alguno a la quejosa puesto que de la lectura del mismo, como se advierte, se indica que las labores a realizarse se encuentran previstas en el citado reglamento y en acatamiento al mismo, por lo que dicha petición en sí misma no puede ser violatoria de los derechos de la quejosa, sino que ello, en todo caso, derivaría de la aplicación incorrecta de las citadas normas, lo que en el caso no se reclamó. Asimismo, aún en el caso que el impetrante de garantías considerara que las normas aplicadas en sí mismas resultan violatorias de garantías, entonces debieron señalarse las mismas como acto reclamado en la correspondiente demanda de garantías, lo que tampoco ocurrió. Con independencia de lo anterior, debe resaltarse que el quejoso Víctor Manuel Bautista Piña, no justificó siquiera que tuviera el derecho para ejercer actos de comercio en cualquiera de los espacios mencionados en el oficio reclamado. Se sostiene lo anterior, puesto que anexó al escrito con el que señaló el acto y autoridad sujetos a estudio, la siguiente documentación: 1). Copia simple de su credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral (foja 129) 2). Copia de "ticket" de pago de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en los que se aprecia la leyenda: "PERMISO TEMP. P/ VTA DE ARTESANÍAS POR ENERO DE 2022, ESTE PAGO NO CREA DERECHO POR OCUPACIÓN." (sic) "Dirección: COMODORO AZUETA CVER 083" (foja 131). 3) Copia fotostática del gafete a nombre de Víctor Manuel Bautista Piña, con la leyenda "ARTESANÍAS" aparentemente expedido por el Ayuntamiento de Veracruz (foja 130). Documentos con los que el amparista pretende acreditar su interés jurídico, sin embargo, de la lectura de los mismos, no se demuestra que el quejoso contara con la cédula de empadronamiento que le otorgue el derecho a ejercer un acto de comercio en el citado sitio, pues de no contar con dicha cédula se ubica en una situación irregular. Lo anterior con independencia que se hayan exhibido copia de recibo de pago de derechos, debido a que el mismo fue exhibido en copia fotostática simple por lo que puede tener valor sólo como indicio, pero además, porque el mismo acredita pago a un mes anterior a aquel en que fue expedido el acto reclamado, esto es, octubre de dos mil veintidós, aunado que el propio recibos tienen la leyenda que precisa a los pagadores que los citados permisos son temporales, y no generan derecho de ocupación alguno. Circunstancia que no acredita el dicho del quejoso relativo a que el Ayuntamiento de Veracruz, ya no emitía permisos desde el mes de Agosto de dos mil veintidós, puesto que en todo caso, ello debió ser objeto de impugnación por parte de la quejosa, ya que de no hacerlo, ni obtener autorización alguna, su actividad sería irregular. Por ende, se estima que el impetrante de garantías no demostró tener un derecho legítimamente tutelado por la ley relacionado con el oficio reclamado, pues, en primer lugar, no se justificó que dicha solicitud, por sí misma, resulte violatoria de garantías, pero además porque no se aportaron elementos de prueba que justifiquen, que el ejercicio de las facultades de la autoridad afectará derechos constituido en favor del quejoso con relación a la actividad de comerciante en la zona de Malecón de Veracruz, Veracruz, resulta inconcuso, que no acredita la afectación a su esfera jurídica con el acto que reclama en el presente juicio, al no encontrarse legitimado para promover la acción de amparo, por no demostrar contar con la posesión que tutela el artículo 14 constitucional. CONCLUSIÓN Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada Ley, procede sobreseer en el presente juicio de garantías por lo que hace al acto reclamado al 9. Titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del año dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Bautista Piña, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando segundo, y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, como se dispone en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del 9. Director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, como sus delegados a las personas que cita. En otro aspecto, de la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido y la de la audiencia constitucional, median dos días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista de acuerdos el dos de marzo del actual, surtirá sus efectos el tres siguiente y el citado plazo transcurrirá del seis al quince del presente mes y año, sin contar sábado once y doce de marzo por ser inhábiles, ya que la audiencia constitucional está fijada para el próximo nueve de marzo de dos mil veintitrés. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las ONCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano