Victor Manuel De Dios Mendoza

Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
564/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Victor Manuel De Dios Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el once de julio del año en curso, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se desechó el presente asunto, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción IV, del ordenamiento en cita.1 Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte promovente el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel de Dios Mendoza, contra actos de la Juez del Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Oral Mercantil, con residencia en Puente Nacional, Veracruz. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 564/2023; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Como se ve, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. En relación con el segundo de los numerales reproducidos, es oportuno traer a colación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Precisado lo anterior, ahora corresponde señalar que la parte quejosa reclama: el auto de trece de junio de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente 76/2023-I de la estadística del juzgado responsable, por medio del cual no se acordó favorable el escrito de desahogo de respecto a la contestación de la demanda, toda vez que el mismo fue signado por el abogado del aquí quejoso y ese derecho resulta ser únicamente del accionante. En efecto, como ya se mencionó, en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, para que un acto reclamado pueda ser calificado como de imposible reparación, es necesario que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el libre ejercicio de un derecho, esto es, el acto reclamado deberá producir una afectación material a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal, pues cuando sus efectos sólo ocasionan una lesión jurídica de naturaleza formal o procesal, tal afectación no será actual porque la misma dependerá de que llegue o no a trascender al resultado del fallo, momento en que la referida lesión podría consumarse de manera efectiva. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan materialmente derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales suscritos por nuestro país. Esto pone de manifiesto que la resolución que pretende combatir en esta instancia la parte quejosa, no es un acto de imposible reparación, pues solo se trata de una actuación que afecta los derechos procesales del promovente. Lo anterior es así, ya que si bien, el auto de fecha trece de junio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 76/2023-I del índice del juzgado responsable, respecto a que no se acordó favorable al desahogo de la vista del escrito de contestación de demanda, en virtud que dicho ocurso fue signado por el licenciado Antonio Gallegos Cruz, abogado patrono de la parte actora, y ese derecho únicamente es atribuido a la parte actora, acto que, a decir del quejoso, afecta de manera cierta e inmediata derechos fundamentales del gobierno tutelados por la Constitución Política; lo cierto es que no necesariamente habrá de materializarse una afectación a la esfera jurídica de las partes, pues si quien se vea afectado con la actuación del juez obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, dicha afectación quedará sin efectos. En caso contrario, podrán combatir como violación procesal vía juicio de amparo directo que promuevan en contra de la sentencia definitiva, como violación a las leyes del procedimiento siempre que haya trascendido al resultado del fallo, en términos de los artículos 171 y 172, fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que las violaciones procesales no son reclamables en amparo antes de que se emita la sentencia definitiva porque, como ya se dijo, no afectan derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Así, tenemos que la determinación combatida no es de aquellas que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impidan el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una determinación de carácter adjetivo o procesal que podría o no trascender al resultado del fallo. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener una sentencia favorable, con lo cual quedaría resarcida la violación que estima le causa el haber emitido el auto de fecha trece de junio de dos mil veintitrés dentro del expediente 76/2023-I, en el que no se acordó favorable el desahogo de la vista respecto a la contestación de la demanda, acto que en el presente juicio afecta de manera cierta e inmediata derechos fundamentales del gobierno tutelados por la Constitución Política. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Gallegos Cruz, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. De igual manera, en términos del citado artículo téngase como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la restante persona que menciona, al no acreditar dicho supuesto. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de garantías. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora bien, respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con el nombre de usuario ANTONIOGCRUZ en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y de igual forma, como lo solicita en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. Ahora bien, en relación al teléfono que proporciona, dígasele que no ha lugar a tener por autorizado ese medio alternativo para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.

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