Víctor Manuel Alcántara Martínez

Expediente 262/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
262/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Alcántara Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.262/2019-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil diecinueve. Causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la resolución de doce de abril del año en curso (fojas 28 a 33), en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Alcántara Martínez, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso. Causa estado resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida resolución; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos. En otro aspecto, como las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tienen el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dicha parte, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Archivo del asunto. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.262/2019-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil diecinueve. Glose de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta número 0308/2019, signado por el presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca, por el que rinde informe justificado. Prueba. En términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad exhibiendo la documental consistente en copia certificada del auto de veintiocho de marzo de dos m2il diecinueve, dictado en el expediente laboral J.32/0560/2017; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Consideraciones previas. Ahora, vista la constancia que anexó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral J.32/0560/2017, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, de conformidad jurisprudencia publicada con el número doscientos veintiséis, en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y cinco, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."; De la misma, se advierte que se actualiza, de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Caso concreto. En la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca. Acto reclamado: La omisión de dictar el auto de calificación de pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral J.32/0560/2017. Sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 17 a 27), dictado en el expediente laboral J.32/0560/2017, dicha responsable procedió a calificar las pruebas ofrecidas por las partes en ese expediente, señalando fechas para el desahogo de aquéllas que, por su naturaleza, requieren un desahogo especial (cotejo, testimonial, confesional, así como la ratificación de contenido y firma); reservándose acordar lo conducente únicamente respecto de la prueba pericial caligráfica, grafoscopica y grafométrica, ofrecida por la parte demandada, aquí tercera interesada, Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 26 vuelta); ello, hasta en tanto se desahogue el medio de perfeccionamiento de ratificación de contenido y firma correspondiente. Por lo anteriormente expuesto, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable acordó lo conducente respecto de la calificación de pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral de que se trata; por lo que se actualiza la causal de improcedencia en comento. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Máxime que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y siete minutos del veinticinco de abril de dos mil diecinueve (foja 8). Apoya lo anteriormente determinado, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Precisión respecto de la parte tercera interesada. Sin que obste a lo anterior el hecho de que no se haya llamado a juicio a los terceros interesados 1) Instituto Mexicano del Seguro Social, 2) Carlos Vasconcelos Beltrán y 3) Carlos Sánchez Silva, respecto de quienes por auto admisorio (fojas 2 a 5) se reservó su emplazamiento hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable; lo anterior porque el sobreseimiento decretado con motivo de la cesación de efectos del acto reclamado en este juicio, no causa ningún perjuicio a los citados terceros interesados. Al caso, resultan aplicables, por las razones que la informan, las tesis siguientes: 1.- La sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 45, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con número de registro 196912, cuyo rubro es del tenor siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." 2.- Así como la diversa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 982, libro XX, tomo 1, mayo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003574, del rubro siguiente: "FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA." Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA. PROVEÍDO 12/04/2019 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil diecinueve. Glose de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta número 0308/2019, signado por el presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca, por el que rinde informe justificado. Prueba. En términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad exhibiendo la documental consistente en copia certificada del auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral J.32/0560/2017; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Consideraciones previas. Ahora, vista la constancia que anexó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral J.32/0560/2017, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, de conformidad jurisprudencia publicada con el número doscientos veintiséis, en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y cinco, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."; De la misma, se advierte que se actualiza, de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Caso concreto. En la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca. Acto reclamado: La omisión de dictar el auto de calificación de pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral J.32/0560/2017. Sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 17 a 27), dictado en el expediente laboral J.32/0560/2017, dicha responsable procedió a calificar las pruebas ofrecidas por las partes en ese expediente, señalando fechas para el desahogo de aquéllas que, por su naturaleza, requieren un desahogo especial (cotejo, testimonial, confesional, así como la ratificación de contenido y firma); reservándose acordar lo conducente únicamente respecto de la prueba pericial caligráfica, grafoscopica y grafométrica, ofrecida por la parte demandada, aquí tercera interesada, Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 26 vuelta); ello, hasta en tanto se desahogue el medio de perfeccionamiento de ratificación de contenido y firma correspondiente. Por lo anteriormente expuesto, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable acordó lo conducente respecto de la calificación de pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral de que se trata; por lo que se actualiza la causal de improcedencia en comento. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Máxime que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y siete minutos del veinticinco de abril de dos mil diecinueve (foja 8). Apoya lo anteriormente determinado, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Precisión respecto de la parte tercera interesada. Sin que obste a lo anterior el hecho de que no se haya llamado a juicio a los terceros interesados 1) Instituto Mexicano del Seguro Social, 2) Carlos Vasconcelos Beltrán y 3) Carlos Sánchez Silva, respecto de quienes por auto admisorio (fojas 2 a 5) se reservó su emplazamiento hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable; lo anterior porque el sobreseimiento decretado con motivo de la cesación de efectos del acto reclamado en este juicio, no causa ningún perjuicio a los citados terceros interesados. Al caso, resultan aplicables, por las razones que la informan, las tesis siguientes: 1.- La sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 45, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con número de registro 196912, cuyo rubro es del tenor siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." 2.- Así como la diversa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 982, libro XX, tomo 1, mayo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003574, del rubro siguiente: "FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA." Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.1031/2017-1B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Se agrega oficio. Agréguese el oficio sin número del director General del Centro Federal de Readaptación Social número cuatro "Noroeste", a través del director Jurídico, residente en Tepic, Nayarit, recibido vía correo electrónico oficial, mediante el que: 1) Informa que el día seis de este mes, recibió los oficios número 4486 y 4487, mismos que contienen la transcripción del acuerdo de trece de febrero último (foja 271). En consecuencia, a fin de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encuentren todos los registros de las constancias de notificación, se ordena al actuario judicial, integre en el expediente electrónico las constancias de notificación anexadas (foja 278 y 279). 2) Informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo y remite copia certificada del oficio sin número del director General de ese Centro Federal, a través del director Jurídico (foja 280), por el que comunica que remitió copia certificada del acta de cesión número quingentésima sexagésima tercera, celebrada por el comité Técnico de dicho centro penitenciario, al titular de la Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, a fin de que dicha autoridad dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Respecto a la documental que refiere, se reserva acordar al respecto, una vez que sea recibida vía postal. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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