Víctor Jesús Ruíz Cortés
Expediente 416/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 54 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Víctor Jesús Ruíz Cortés
- Juez Tercero Familiar l del distrito judicial del Centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Incidental
INC.416/2021.MESA-1. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. 1.Estado de autos. Vistos los autos, y toda vez que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por acuerdo de esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo respectivo, del que se agrega copia autorizada a este expediente. 2. Archivo del expediente. Ante ello, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida en este incidente y como no existe asunto pendiente por diligenciar, ni documentos originales exhibidos por las partes, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18 y 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Instrucción sobre certificación. Y en atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL, como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 4. Destino (incidente original depurable). Y por haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados, el original de este expediente será DEPURABLE, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Destino del duplicado (destruible). En tanto que, respecto del destino del duplicado del incidente de suspensión, se ordenó lo procedente en interlocutoria emitida el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 6. Sello en carátula. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente, tanto original como duplicado, conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.416/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el diez de junio del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Víctor Jesús Ruiz Cortés, sin que dicha parte hubiese interpuesto ese medio de impugnación dentro de ese plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Resulta innecesario pronunciarse sobre el plazo de las autoridades y parte tercera interesada, pues al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, este expediente es DEPURABLE, mientras, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 8. Incidente de suspensión. Del auto inicial se advierte que se ordenó formar el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. 9. Devolución de documental. Por otra parte, la autoridad responsable, jueza Tercero Familiar del distrito judicial del Centro, como justificación a su informe remitió diversas constancias deducidas del expediente 319/2019, de su índice; por tanto, se ordena devolver esa documental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.416/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Autoridad informa consulta. Agréguese el oficio de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México, mediante el cual comunica que en atención a la consulta formulada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, determinó que corresponde a este órgano jurisdiccional continuar conociendo del juicio de amparo 552/2022 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, por las consideraciones ahí precisadas; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.416/2021.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 416/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Víctor Jesús Ruíz Cortés, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden de arresto librada en su contra el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el expediente familiar 319/2019, por la juez Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, y su ejecución atribuida al comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro y admisión de la demanda de amparo. Por auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 416/2021, se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Tercero. Emplazamiento de parte tercera interesada. Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento de María Fernanda Pérez Gris, por propio derecho y como representante de los menores de edad, lo que pudo cumplirse hasta el diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Cuarto. Inexistencia de autoridad. Se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, en la que se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable, "comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en la ciudad de Oaxaca", a la que se le reclamó la ejecución de la orden de arresto; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2, y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y porque, a decir de la parte quejosa, el acto tendrá ejecución en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de los actos reclamados En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por el cual se realizará el análisis relativo, es la orden de arresto librada contra el quejoso el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el expediente familiar 319/2019, por la juez Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, jueza Tercero Familiar del distrito judicial del Centro, al rendir el informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. Al efecto, señaló que: 1° Por auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve se radicó el expediente 516/2017 del índice del Juzgado Civil del distrito judicial de Etla, Oaxaca, relativo al juicio que en la vía de controversias del orden familiar (guarda y custodia), promovió María Fernanda Pérez Gris, en representación de sus hijas menores de edad I.Z.R.P. y V.C.R.P., contra Víctor Jesús Ruíz Cortés, al cual se le asignó el número 319/2019 de su inventario. 2° En audiencia familiar de fecha dieciocho de mayo de dos mil veinte las partes resolvieron sus diferencias mediante convenio, el cual fue aprobado de forma definitiva. 3° El trece de enero de dos mil veintiuno se acordó el escrito de la parte actora y se señalaron las catorce horas del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, para el desahogo de una audiencia de carácter familiar, a efecto de exhortar a los litigantes para el cumplimiento del convenio celebrado el dieciocho de mayo de dos mil veinte. 4° En esa fecha se llevó a cabo la audiencia de carácter familiar, únicamente con la asistencia de la parte actora, no así de la demandada, pese haber sido notificada previamente de la fecha y hora señalada para tal efecto, por lo que se fijaron las trece horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia familiar y se ordenó apercibir a las partes procesales que, para el caso de inasistencia, se harían acreedores a un arresto de cuatro horas, con fundamento en los artículos 53 y 79, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles. 5° Al celebrarse la audiencia familiar a las trece horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se hizo constar la inasistencia injustificada del demandado Víctor Jesús Ruíz Cortés, razón por la cual se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de febrero último y se ordenó su arresto. 6° Con fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia de carácter familiar, en la que las partes lograron conciliar sus diferencias en relación a la convivencia de sus dos hijas menores de edad. Y como justificación de su informe se tiene la copia certificada de diversas constancias deducidas del juicio familiar de que se trata. Cuarto. Análisis del asunto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Antecedentes del asunto. Previo al análisis respectivo, es de establecerse que de las constancias de autos del juicio familiar 319/2019, que en copia certificada remitió la autoridad judicial responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se advierte que los antecedentes del asunto, son: 1. El veintisiete de junio de dos mil diecinueve la juez Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro ordenó formar el expediente 319/2019, admitió la incompetencia legal que declinó el juez Primero de lo Civil del distrito judicial de Etla, Oaxaca, respecto del juicio de controversias del orden familiar promovido por María Fernanda Pérez Gris, por propio derecho y en representación de sus menores hijas, en la vía de controversias del orden familiar demandado a Víctor Jesús Ruiz Cortés. 2. Mediante audiencia de dieciocho de mayo de dos mil veinte la parte actora y el demandado celebraron un convenio definitivo respecto a la guarda y custodia, así como el régimen de convivencias con las menores. 3. Por acuerdo de trece de enero de dos mil veintiuno, a petición de la parte actora, la juez responsable señaló las catorce horas del diecisiete de febrero del referido año para llevar a cabo la audiencia de carácter familiar en el que sean exhortados los litigantes a efecto de cumplir con el convenio de dieciocho de mayo de dos mil veinte, respecto de la guarda y custodia de las menores de edad y el régimen de visitas y convivencias con el progenitor no custodio. 4. El diecisiete de febrero de dos mil veintiuno la autoridad judicial hizo constar la presencia de la actora, no así de Víctor Jesús Ruiz Cortés, por lo que señaló las trece horas con treinta minutos del veintidós de febrero de ese año, para que se llevara a cabo la referida audiencia, y apercibió a las partes que, de no presentarse, se harían acreedores a un arresto por cuatro horas. 5. A las trece horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno la juez responsable hizo constar la presencia de la actora, no así del demandado, por lo que impuso a este último un arresto por cuatro horas; acto que constituye lo reclamado en este juicio de amparo. Ahora, el quejoso refiere a manera de concepto de violación, que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal, porque presentó ante la responsable un escrito por el que expresó sus respectivos alegatos, y que no presentó a sus menores hijas para no exponerlas al contagio del covid 19, incluso, supo que el Juzgado responsable cerró por un tiempo debido a los contagios que hubo. Resulta, por una parte, infundado tal concepto de violación, e inoperante, por otra. El segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en un derecho fundamental de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa de los afectados. Por su parte, el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca dispone: "Artículo 79.- Los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz: I. La multa hasta el importe de veinticinco unidades de medidas y actualización, que se duplicará en caso de reincidencia; II. El auxilio de la fuerza pública; III. El cateo por orden escrita, y IV. El arresto hasta por treinta y seis horas. Si el caso exige mayor sanción, se dará vista el Ministerio Público. Es decir, en la ley que rige la materia del acto reclamado faculta al juez para que durante el juicio dicte todas las medidas que estime pertinentes a fin de que sus mandatos sean obedecidos, aun con las medidas coercitivas, puesto que se trata de una de las características de la potestad judicial, entre las que se encuentra el arresto hasta por treinta y seis horas. Esto es, la autoridad judicial puede dictar la serie de determinaciones que considere suficientes, necesarias y eficaces para que se cumpla con sus determinaciones; que se aplican, no sólo a las partes en el proceso, sino también a los terceros que se oponen o desobedecen el mandato judicial, para sustentar sus funciones públicas, mantener el estado de derecho. De ahí que la legalidad y, por ello, la constitucionalidad de la aplicación de las medidas de apremio estriba en que la persona a quien se le imponga haya tenido conocimiento previo del apercibimiento correspondiente y que, no obstante ello, no cumpla con lo que la autoridad ordena, se oponga u obstaculice impidiendo el cumplimiento del mandato del juez. Así también, para ordenar una medida de apremio con la finalidad de hacer cumplir una determinación de carácter judicial, se deben observar los siguientes extremos: a).- La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. b).- La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. c).- Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial; y, d).- Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. Atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 203524 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 157 Tipo: Jurisprudencia MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICION Y LA OBLIGACION A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Por lo que ve a los medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a quien se exija, el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento o disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la notificación personal, que es el artículo 114, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requerimiento. Tal situación se justifica, además, porque para estar en aptitud de cumplir un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que impidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; que se encontraran en posesión de persona distinta, a la que en el momento de la diligencia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre al momento de la diligencia, etcétera; casos todos en que no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento". En el caso, la orden de arresto decretada contra el quejoso tuvo su origen en el hecho de que no cumplió con el requerimiento formulado mediante determinación de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio familiar 319/2019, por la juez Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, en comparecer a la audiencia de veintidós de febrero de ese mismo año, con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de carácter familiar en el que tanto el quejoso, como demandado, y la actora, fueran exhortados a efecto de cumplir con el convenio de dieciocho de mayo de dos mil veinte, respecto de la guarda y custodia de las menores de edad y el régimen de visitas y convivencias con el progenitor no custodio, en el que le apercibió que, de no comparecer, se le impondría un arresto por cuatro horas, en términos del artículo 79, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles. Esa determinación fue notificada a la parte quejosa el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Pese a ello, únicamente presentó un escrito de alegatos el veintidós de febrero siguiente, pero no compareció a la audiencia. Ello conlleva a determinar que: 1. Existió una resolución justa y fundada en derecho como lo es el auto que señaló fecha y hora para que el quejoso, como demandado en el juicio natural, compareciera ante la autoridad judicial responsable a efecto de que fuera exhortado a fin de que, junto con la actora, dieran cumplimiento al convenio de dieciocho de mayo de dos mil veinte, respecto de la guarda y custodia de las menores de edad y el régimen de visitas y convivencias con el progenitor no custodio. 2. De autos se desprendió con claridad que la conducta asumida por el quejoso, fue la de no comparecer a la audiencia, en contraposición al mandamiento judicial hecho por el Juzgador de origen y únicamente exhibió un escrito por el que formulaba alegatos. 3. Lo que consideró la juez una razón suficiente para decretar el medio de apremio. Por tanto, la juez responsable actuó conforme a derecho, dado que las medidas de apremio son facultades coactivas otorgadas a la autoridad judicial para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, las cuales pueden dictarse dentro o fuera de un procedimiento judicial, pudiendo afectar tanto a las partes, como a terceros, y su imposición ocurre cuando el obligado presenta una conducta contumaz frente a la orden que contiene el apercibimiento respectivo, por lo que es desde el momento en que se hace este requerimiento previo cuando el afectado se encuentra en aptitud de cumplirlo o de ejercer las defensas que tenga a su alcance o manifestar al juez los impedimentos que tuviere para acatar la orden relativa, contando con la oportunidad de ser oído en relación con la sanción de que se le apercibe. Además, se advierte que no se siguió un orden para la imposición del arresto, pero ello no contraviene derecho fundamental alguno, porque el legislador no estableció un orden para la imposición de las medidas de apremio enumerada en la norma respectiva, pues en tal aspecto ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 200117 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 21/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 31 Tipo: Jurisprudencia MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate". De ahí que no se violó en perjuicio del quejoso, el derecho fundamental previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando, por tanto, infundado, en ese aspecto, el concepto de violación que al efecto se formuló. Y respecto de lo que refiere el quejoso, en el sentido de que la orden de arresto no debió haberse emitido, pues no presentó a sus menores hijas para no exponerlas al contagio del covid 19, incluso, supo que el Juzgado responsable cerró por un tiempo ante los contagios; es inoperante. En efecto, el requerimiento que se formuló al quejoso por parte de la autoridad judicial responsable no tuvo la finalidad de presentar a las menores de edad ante ese órgano jurisdiccional, como lo sostiene, sino el de que compareciera para que, junto con la progenitora de las menores, se les exhortara a cumplir con el convenio de dieciocho de mayo de dos mil veinte, respecto de la guarda y custodia de sus hijas y el régimen de visitas y convivencias con el progenitor no custodio; por tanto, el quejoso parte de una premisa falsa al formular tal concepto de violación. Por otra parte, la parte quejosa refiere que se vulneró el derecho fundamental de legalidad a que se refiere el numeral 16 de la Constitución Federal, dado que la orden de arresto carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe observar. Ahora, atento a la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 176546 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162 Tipo: Jurisprudencia FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Por motivación se entiende la exposición precisa de los motivos especiales, razones particulares o causas inmediatas que la responsable haya tenido en consideración para la emisión del acto y por fundamentación, la expresión concreta del precepto aplicable al caso, debiendo además existir adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable. Como quedó establecido, en la resolución reclamada se colmaron estos requisitos formales, de acuerdo con los razonamientos que hizo la juez responsable, en base al requerimiento formulado al quejoso, de presentarse ante esa autoridad para que cumplieran con el convenio de dieciocho de mayo de dos mil veinte, respecto de la guarda y custodia de las menores de edad y el régimen de visitas y convivencias con el progenitor no custodio, e invocó el precepto conforme al cual apoyo su determinación, 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. De ahí que resulte infundado tal concepto de violación. Por lo cual, al no existir queja que suplir, ni la determinación reclamada vulneró derecho fundamental en perjuicio del quejoso, se le niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Victor Jesús Ruiz Cortés contra la orden de arresto emitida el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el expediente familiar 319/2019, por la juez Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento al considerando último de este fallo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy diez de junio de dos mil veintidós, en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron. Conste. 'BBMM
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