Víctor López Santos
Expediente 861/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Víctor López Santos
Actuaciones
- Principal
PRAL 861/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada a su favor, radicándolo con el juicio de amparo 577/2022. 2. Archivo del cuaderno de antecedentes. Con motivo de lo anterior, y toda vez que en la caja de valores, en la secretaría y en este expediente no existen documentos originales relacionados con este asunto, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3. Destino. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, este expediente es DESTRUIBLE; por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 861/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor López Santos, por derecho propio, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de otras autoridades, recibida el diecinueve de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y turnada el veinte siguiente a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 861/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Incompetencia. Las reglas de competencia de los jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales citados se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA". La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar, en primer término, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados de Circuito, de apelación y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo; el primero de los cuales dispone: ".. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." Tal precepto constitucional establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando, por ende, que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que, en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Como puede verse del artículo antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados en forma destacada por el quejoso Víctor López Santos, consisten en: (Imagen escaneada) Asimismo, de los antecedentes narrados por el quejoso, se advierte que el tribunal de segunda instancia revocó la resolución dictada por el juez del proceso penal y, en su lugar, ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal 50/2007, para el efecto de que el juez natural considere imprescriptible el delito de violación, origen de esa causa, y con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica del quejoso, es decir, determine si le dicta un auto de formal prisión o no. En ese tenor, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo, atento a que la causa penal 50/2007, se tramita ante el juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido Oaxaca, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, y los efectos del acto reclamado se trasladan directamente al proceso penal; por ello, tiene ejecución material en dicho lugar; es decir, cobra vigencia la regla prevista en la primera hipótesis contenida en el mencionado artículo 37 anteriormente transcrito. Sustenta lo expuesto, en tanto que, sobre el tema, nuestro Máximo Tribunal del País al resolver la contradicción de tesis 96/2005 consideró que la resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión -caso análogo al presente-, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado sea privado de su libertad cautelarmente, y puesto a disposición del juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, por lo que dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien será privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. De ahí que el procesado al ser considerado puesto a disposición del juez de primera instancia, la ejecución material del fallo será en el lugar de residencia de éste y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia revoca un auto de libertad, se surte a favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. El mencionado criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, registro digital 176365, que estatuye lo siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." De lo anterior se desprende que el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, es aquél en donde resida el órgano jurisdiccional de primer grado que conozca de la causa penal en el que se ejecuta el acto reclamado. Además, cuando la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde el inculpado se encuentre y en donde se instruye la causa penal), se debe atender a la naturaleza del auto de formal prisión (que puede ser dictado en el caso), ya que sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado estará sometido. Por tanto, es claro que la competencia para conocer de este asunto se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juez que conoce de la causa penal, puesto que la resolución que revocó el auto de libertad y que otorga la posibilidad de que se dicte un auto de formal prisión en la causa penal 50/2007, tendrá ejecución material en el lugar donde se instruye tal proceso penal. Sin que sea obstáculo para llegar a la anterior conclusión, que el quejoso haya señalado en su escrito de demanda su domicilio actual en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en virtud de que ello no es determinante para establecer la competencia de este juzgado federal para conocer de la demanda de amparo, dado que los efectos preponderantes del acto reclamado se trasladan al lugar donde se lleva el proceso penal. Se insiste, pues es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que está sometido el quejoso, en la medida que tal circunstancia maximiza el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional. En ese orden de ideas, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que el juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, y al poder estar el quejoso a disposición del mencionado juez, la competencia para conocer del amparo promovido contra la mencionada determinación, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Respalda esta determinación, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J.118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, registro digital 160608, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". En atención a que el lugar donde tiene su residencia el juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido Oaxaca, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, llevador de la causa penal, no está dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; con fundamento en el artículo 37 la Ley de Amparo, se estima que la competencia para conocer de esta demanda de amparo se surte a favor del juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, quien ejerce jurisdicción en el citado lugar Se precisa que el Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, es el lugar donde ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo sustancial, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." (Lo resaltado es propio) En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo en cita y ordena remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, al que se estima es legalmente competente para conocerla; por tanto, envíese este juicio de amparo 861/2022 y las siete copias de la demanda que acompañó, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, para que los remita al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, a fin de que determine si acepta o no el conocimiento del asunto; solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo. 4. Se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de las constancias relativas. 5. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo; por autorizados únicamente para recibir notificaciones, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a María del Carmen Cruz, Rosa Jiménez Ríos y Óscar González Vásquez, por no encontrarse registro a su favor en el referido sistema computarizado; aunado a que no se proporcionaron mayores datos para establecer que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 861/2022 Acuerdo: PRAL 861/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor López Santos, por derecho propio, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de otras autoridades, recibida el diecinueve de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y turnada el veinte siguiente a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 861/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Incompetencia. Las reglas de competencia de los jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales citados se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA". La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar, en primer término, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados de Circuito, de apelación y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo; el primero de los cuales dispone: ".. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." Tal precepto constitucional establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando, por ende, que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que, en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Como puede verse del artículo antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados en forma destacada por el quejoso Víctor López Santos, consisten en: (Imagen escaneada) Asimismo, de los antecedentes narrados por el quejoso, se advierte que el tribunal de segunda instancia revocó la resolución dictada por el juez del proceso penal y, en su lugar, ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal 50/2007, para el efecto de que el juez natural considere imprescriptible el delito de violación, origen de esa causa, y con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica del quejoso, es decir, determine si le dicta un auto de formal prisión o no. En ese tenor, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo, atento a que la causa penal 50/2007, se tramita ante el juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido Oaxaca, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, y los efectos del acto reclamado se trasladan directamente al proceso penal; por ello, tiene ejecución material en dicho lugar; es decir, cobra vigencia la regla prevista en la primera hipótesis contenida en el mencionado artículo 37 anteriormente transcrito. Sustenta lo expuesto, en tanto que, sobre el tema, nuestro Máximo Tribunal del País al resolver la contradicción de tesis 96/2005 consideró que la resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión -caso análogo al presente-, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado sea privado de su libertad cautelarmente, y puesto a disposición del juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, por lo que dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien será privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. De ahí que el procesado al ser considerado puesto a disposición del juez de primera instancia, la ejecución material del fallo será en el lugar de residencia de éste y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia revoca un auto de libertad, se surte a favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. El mencionado criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, registro digital 176365, que estatuye lo siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." De lo anterior se desprende que el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, es aquél en donde resida el órgano jurisdiccional de primer grado que conozca de la causa penal en el que se ejecuta el acto reclamado. Además, cuando la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde el inculpado se encuentre y en donde se instruye la causa penal), se debe atender a la naturaleza del auto de formal prisión (que puede ser dictado en el caso), ya que sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado estará sometido. Por tanto, es claro que la competencia para conocer de este asunto se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juez que conoce de la causa penal, puesto que la resolución que revocó el auto de libertad y que otorga la posibilidad de que se dicte un auto de formal prisión en la causa penal 50/2007, tendrá ejecución material en el lugar donde se instruye tal proceso penal. Sin que sea obstáculo para llegar a la anterior conclusión, que el quejoso haya señalado en su escrito de demanda su domicilio actual en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en virtud de que ello no es determinante para establecer la competencia de este juzgado federal para conocer de la demanda de amparo, dado que los efectos preponderantes del acto reclamado se trasladan al lugar donde se lleva el proceso penal. Se insiste, pues es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que está sometido el quejoso, en la medida que tal circunstancia maximiza el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional. En ese orden de ideas, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que el juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, y al poder estar el quejoso a disposición del mencionado juez, la competencia para conocer del amparo promovido contra la mencionada determinación, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Respalda esta determinación, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J.118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, registro digital 160608, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". En atención a que el lugar donde tiene su residencia el juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido Oaxaca, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, llevador de la causa penal, no está dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; con fundamento en el artículo 37 la Ley de Amparo, se estima que la competencia para conocer de esta demanda de amparo se surte a favor del juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, quien ejerce jurisdicción en el citado lugar Se precisa que el Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, es el lugar donde ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo sustancial, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." (Lo resaltado es propio) En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo en cita y ordena remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, al que se estima es legalmente competente para conocerla; por tanto, envíese este juicio de amparo 861/2022 y las siete copias de la demanda que acompañó, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, para que los remita al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, a fin de que determine si acepta o no el conocimiento del asunto; solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo. 4. Se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de las constancias relativas. 5. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo; por autorizados únicamente para recibir notificaciones, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a María del Carmen Cruz, Rosa Jiménez Ríos y Óscar González Vásquez, por no encontrarse registro a su favor en el referido sistema computarizado; aunado a que no se proporcionaron mayores datos para establecer que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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