Víctor López García

Expediente 1109/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1109/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Víctor López García

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1109/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación secretarial que antecede, advirtiéndose que el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós se desechó la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del presidente Municipal de San Juan Quiotepec, Ixtlán de Juárez, Oaxaca y de otras autoridades, del que quedó notificado el treinta de septiembre siguiente, por lo cual, el plazo conferido para hacer valer en su contra el recurso de queja a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del cuatro al diez de octubre del año en curso, sin que hubiere interpuesto dicho medio de impugnación. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destruible). Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento de la demanda de amparo) y no existe acuerdo por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, se considera que este expediente es DESTRUIBLE; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que tiene a su cargo el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 8. Devolución de documental. Con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días, acuda ante este órgano jurisdiccional a fin de que le sean devueltas los documentos que exhibió con la demanda de amparo, para lo cual deberá obtener el código qr con el que tendrá acceso al edifico sede en el que se encuentra este órgano jurisdiccional; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, serán destruidos, junto con el expediente. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL.1109/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor López García, por propio derecho, contra actos del presidente Municipal de San Juan Quiotepec, Ixtlán de Juárez Oaxaca y de otras autoridades, depositada el veintitrés de septiembre del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1109/2022. Integración del expediente. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se procede a analizar la referida promoción inicial constitucional, de la que se advierte se actualiza, de forma notoria e indudable, dos causas de improcedencia que la hace notoriamente improcedente. La parte quejosa señala como hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, lo siguientes: 1. El doce de julio de dos mil veintidós, aproximadamente a las ocho de la noche, el alcalde constitucional de San Juan Quiotepec, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para decirle que tenía que ir al municipio porque se había recibido una demanda en su contra y debía ir a notificarse. 2. El trece de julio de dos mil veintidós, como a las diez horas con treinta minutos, acudió a la oficina del alcalde municipal, donde se le dijo que había una demanda en su contra, del Juzgado Mixto de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y que debía firmar de recibido porque tenía tres días para contestarla, lo que le comentó a su abogada, quien le dijo que firmara. 3. Que contestó la demanda en el plazo concedido ante el Juzgado de que se trata. 4. El dos de septiembre de dos mil veintidós se presentó en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y le notificaron que no se le tenía por contestada la demanda incidental de modificación de cambio de guarda y custodia que promovió Alicia Castellanos Velásquez, por extemporánea, y que al ver los autos del expediente se percató que habían asentado como fecha de notificación el seis de julio de dos mil veintidós, lo que no había sido así. 5. El diez de septiembre de dos mil veintidós, como a las siete de la noche, en compañía de su mamá y de su menor hijo, de siete años, acudieron al Palacio Municipal a dejar un escrito, pidiendo que corrigieran la fecha de notificación, esto, en presencia del presidente municipal, alcalde único constitucional, secretario judicial, tesorero municipal y regidor de Obras, de San Juan Quiotepec, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. 6. Esas autoridades, al leer el ocurso, dijeron que eso era una amenaza, por lo que fue detenido a las ocho de la noche, por veinticuatro horas, quedando en libertad el doce de septiembre siguiente, como a la una de la mañana, haciéndole efectiva una multa por trescientos pesos, y le dijeron que tuviera cuidado con lo que hacía, y que no realizara más escritos, de lo contrario, lo detendrían nuevamente. Así, reclama: I) Alteración de la fecha en que se le notificó sobre la demanda incidental de modificación de guarda y custodia que promovió Alicia Castellanos Velásquez, en el expediente 29/2021, mediante despacho que envío la juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Que reclama del alcalde único constitucional y secretario judicial de San Juan Quiotepec, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. II) El que no se le hubiere recibido ni contestado el escrito de fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, por el que solicitó a las autoridades corrigieran la fecha en que le notificaron sobre la recepción de la demanda incidental. Por parte del presidente municipal, alcalde único y secretario judicial de San Juan Quiotepec, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. III) La orden y ejecución de la privación de la libertad en los separos de San Juan Quiotepec, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Atribuida al presidente municipal, alcalde único constitucional, secretario judicial, tesorero municipal y regidor de Obras, de San Juan Quiotepec, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Primer acto. En el caso, por cuanto al primer acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En efecto, el quejoso se inconforma contra la fecha que las autoridades municipales asentaron al diligenciar el despacho derivado de un juicio familiar tramitado por la juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y reclama la alteración de la fecha en que se le notificó sobre la demanda incidental de modificación de guarda y custodia que promovió Alicia Castellanos Velásquez, en el expediente 29/2021, mediante despacho que envío la juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Al respecto, los artículos 73, 74, 75 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que regula las notificaciones en materia civil o familiar en los Juzgados Mixtos de Primera Instancia, establecen: "Artículo 73.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha". "Artículo 74.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento". "Artículo 75.- La nulidad de actuaciones por falta o defecto del emplazamiento se tramitará por cuerda separada, conforme al artículo 404 de este Código, sin suspensión del principal, deberá resolverse tan luego se agote el procedimiento incidental, pero siempre antes de pronunciares sentencia definitiva. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se tramitarán en la misma forma y se fallarán en la sentencia definitiva". "Artículo 117.- Cuando haya de notificarse o citarse una persona residente fuera del lugar del juicio, se hará la notificación o citación por medio de despacho o exhorto al tribunal de la población en que aquélla residiere". "Artículo 404. Los incidentes que surjan en los juicios, con excepción de los de acumulación y de conexidad, cualquiera que sea su naturaleza, se substanciarán con un escrito de cada parte. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos con todos los elementos necesarios para su desahogo, fijándose los puntos sobre que deba versar; el plazo probatorio no excederá de cinco días y concluido se citará para la audiencia de alegatos, con efectos de citación para sentencia. Dicha audiencia se verificará a más tardar dentro de los tres días siguientes y en ella se dictará la resolución que corresponda". De lo anterior, es claro que el quejoso, previo a promover la demanda de amparo, debe acudir ante ese Juzgado de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y promover incidente de nulidad contra la notificación que considera ilegal, y que fue realizada por las autoridades municipales, al diligenciar el despacho, ya que es el medio legal a través del que, como parte procesal demandada, puede combatirla y, para lo cual, podrá aportar los elementos de prueba para demostrar su pretensión, sólo así la autoridad judicial podrá resolver si la notificación fue realizada contrario a derecho. Segundo acto. En relación al acto consistente en: II) El que no se le hubiere recibido ni contestado el escrito de fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, por el que solicitó a las autoridades corrigieran la fecha en que le notificación sobre la recepción de la demanda incidental. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). El primero de esos preceptos establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de autoridad que vulneren derechos humanos y, el segundo, que para efectos del juicio de amparo es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concebido como autoridad responsable, para los efectos de la procedencia de este juicio, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Así que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Se invoca en apoyo, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia 2a. /J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 161133, del texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora, el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna, cuyo titular es el gobernado en general, se traduce en la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. Ese derecho de petición, tanto por su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como derecho fundamental, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad. Esto es, la existencia del derecho de petición como derecho fundamental, y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda, requieren que la petición se eleve a funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, de ente del Gobierno del Estado provisto de facultades de imperio, que lo obliga a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado; es decir, el derecho de petición se sustenta en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado, en que el ente público actúa como particular. En el caso, el quejoso trató de presentar ante las autoridades municipales un escrito por el que pedía se corrigiera la fecha de la notificación que le realizaron al diligenciar el despacho enviado por el juez Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, sin que se lo recibieran. Así, esa solicitud no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que se trata de una cuestión que está relacionada con el desahogo de un despacho derivado de un juicio familiar tramitado ante aquel órgano jurisdiccional. De ahí que el juicio de amparo no es la vía para impugnar esa omisión, porque no deriva de una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que constriña a la autoridad, a contestarla por escrito en breve término y hacerla del conocimiento de la parte solicitante, cuya transgresión pueda ser reclamada mediante el juicio de amparo, siendo claro que en ese supuesto la posición del quejoso frente al presidente municipal, alcalde único constitucional y secretario judicial de San Juan Quiotepec, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, no es la de un gobernado, ya que la petición la realizó a las autoridades que auxiliaron al Juzgado Mixto de Primera Instancia al desahogarse el despacho derivado del juicio familiar. Sin que el hecho de que en su demanda de amparo invoque como vulnerado el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal, cambie la naturaleza del acto mismo, pues éste no emerge del imperio de la autoridad señalada como responsable. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.42/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 126, tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 189914, que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, con el rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Tercer acto. Y por cuanto a la orden de privación de la libertad y su ejecución realizada el diez de septiembre de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". El artículo 77 de la legislación invocada señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley". De la interpretación de ambos preceptos legales, aparece que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. La consumación irreparable es de naturaleza material o física, que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado carezca de efectos prácticos. En cambio, existen actos que aunque ya fueron ejecutados, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, en tal caso, no se actualiza el supuesto de improcedencia. Así, si el encarcelamiento como lo refiere el quejoso, ya se ejecutó, debe considerarse como un acto consumado de modo irreparable, porque el derecho sustantivo que podría resultar afectada con motivo de su ejecución es la libertad personal, produjo todos sus efectos. Entonces, la afectación derivada de la ejecución de lesa privación de la libertad no podría repararse aun cuando se otorgara la protección constitucional a la parte quejosa, considerando que materialmente sería imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso referido ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de que fue privado. Es aplicable, por tratar sobre el tema, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 171537 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 171/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423 Tipo: Jurisprudencia ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". Por consiguiente, con fundamento además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo respecto de todos los actos reclamados. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona. Y por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, ya que el precepto 27 a que se refiere la parte quejosa, no regula la autorización relativa. 5. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialías de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberán estarse a lo indicado en el referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su periodo de vigencia por su similar 16/2022. 6. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del acuerdo general invocado, se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 7. Actuaría (integración de notificaciones al expediente electrónico). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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