Victor Díaz Bastida
Expediente 750/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victor Díaz Bastida
- José Díaz Bastida
- Leonardo Raymundo Quevedo Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de treinta de diciembre de dos mil veinte, por el que se sobreseyó en el sumario en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la cuenta precedente, del estado procesal que guardan, los autos, en específico de las constancias que remitió la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de quince de octubre del año en curso, se advierte que el diez del mes y año en mención, la autoridad en cita envió un oficio al Subdirector de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en el cual ordenó dejar en libertad a los aquí quejosos. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En el presente asunto, los actos reclamados consisten en lo siguiente: La privación de la libertad de los aquí quejosos. Por tanto, resulta claro que con el auto emitido por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, el diez de octubre del año en curso, en el que se ordenó dejar en libertad a los aquí quejosos, trajo como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Constancias de las cuales se anexó copia debidamente certificada al oficio de cuenta y a las que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que remitió la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, con residencia en Pátzcuaro, en relación al oficio que enviado al Subdirector de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en el cual ordenó que se dejara en libertad a los aquí quejosos, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. Atento lo anterior, requiérase nuevamente al promovente del amparo Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez a favor de los quejosos directos Víctor Díaz Bastida, José Díaz Bastida, Julio Saavedra, Marco Díaz y Antonio Rico para que al momento de la diligencia de notificación o para que dentro del plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles manifieste lo que a su interés legal convenga, y de igual manera, dentro del término otorgado, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor, en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en relación con su trámite, así como todo requerimiento formulado a las autoridades respectivas. Finalmente, hágasele del conocimiento que en caso de que no informe lo conducente respecto de los quejosos o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento y no lo informe a este juzgado de manera inmediata, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que remitió la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, con residencia en Pátzcuaro, en relación al oficio que enviado al Subdirector de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en el cual ordenó que se dejara en libertad a los aquí quejosos, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. Atento lo anterior, requiérase nuevamente al promovente del amparo Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez a favor de los quejosos directos Víctor Díaz Bastida, José Díaz Bastida, Julio Saavedra, Marco Díaz y Antonio Rico para que al momento de la diligencia de notificación o para que dentro del plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles manifieste lo que a su interés legal convenga, y de igual manera, dentro del término otorgado, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor, en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en relación con su trámite, así como todo requerimiento formulado a las autoridades respectivas. Finalmente, hágasele del conocimiento que en caso de que no informe lo conducente respecto de los quejosos o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento y no lo informe a este juzgado de manera inmediata, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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