Victor Eugenio Villalón Durán

Expediente 1077/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1077/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Victor Eugenio Villalón Durán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto refiere que mediante auto de veintiocho de agosto del presente año ordenó girar oficio recordatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de que designe un médico traumatólogo que pueda fungir como perito por parte de dicha junta. En atención a lo anterior, en caso de que la autoridad responsable no informe de manera oportuna sobre las acciones relativas a cumplir la ejecutoria de amparo, dentro del plazo de diez días, dése nueva cuenta para realizar el requerimiento respectivo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio del Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas a su cargo para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, refiriendo que realizó la captura de Formato de Registro Personas con Discapacidad fue capturado con el número ********************; lo anterior, toda vez que mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar en representación del Titular de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, con residencia en la Ciudad de México, informando que la solicitud del quejoso se encuentra en proceso de validación y solicitó una prórroga a efecto de dar cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo, por lo que una vez que informe lo conducente se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Con el oficio 1208, suscrito por el Magistrado del Tribunal de Alzada Unitario adscrito a la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y sus respectivos anexos, entre los que se encuentran el escrito y la demanda de amparo presentada por ********************, contra actos de esa autoridad; fórmese expediente y regístrese en este juzgado bajo el número IV-1077/2023-AC; acúsese a la autoridad oficiante el recibo de estilo respectivo. Ahora bien, debido a que el análisis acucioso de lo recibido pone de manifiesto que en la demanda de amparo de que se trata, lo que ******************** solicita es el amparo y la protección de la Justicia Federal contra "la sentencia emitida el 28 veintiocho de junio de 2023 dos mil veintitrés emitida por el magistrado GILBERTO ALEJANDRO BRIBIESCA VÁZQUEZ de la Novena Sala Penal en cuanto Tribunal de Alzada de Sistema Penal Acusatorio"; fallo en el que, cabe hacer notar, ese Tribunal, al momento de resolver los autos que integran el toca penal número XI-77/2023, por una parte, desechó de plano la apelación adhesiva planteada por Clara Itziri Corro Lujano, en su calidad de representante legal de las víctimas menores de edad B.E.V.C., E.A.V.C. y D.A.V.C., y por la otra, confirmó la sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Morelia, dentro de la causa penal número 01094/2021, instruida contra ********************, por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. Es claro que el acto reclamado es una resolución que está poniendo fin al juicio, contra el que el juicio de amparo que procede es el directo, acorde con lo plasmado en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: - - - I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. - - - Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. - - - Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. - - - Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. - - - Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.) En consecuencia, a la luz de lo normado en ese numeral y el diverso 47, primer párrafo de la propia Ley de Amparo, que reza así: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. - - - La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. - - - Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo que plantea ********************; por lo que se ordena remitir de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el expediente en que se actúa, para que en caso de que así lo comparta, determine si se avocará a su conocimiento; previo cuaderno de antecedentes que con las constancias que lo conforman se forme en este juzgado. Se solicita a la Superioridad tenga a bien hacer del conocimiento de este juzgado la determinación que al respecto pronuncie. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros electrónicos respectivos. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, desde ahora se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de la parte quejosa, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizado para tal efecto a la persona que designa, quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que de acuerdo a la certificación que antecede, su cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aún en horas y días inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. En el entendido de que en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a la parte quejosa que no existe inconveniente en que se le permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos Por último se hace saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente al quejoso y mediante oficio a las autoridades. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.

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