Víctor Ambriz Chávez
Expediente 1042/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Ambriz Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas del diez de febrero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1042/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la prueba documental que anexó a su informe el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, así como con las que adjuntó el quejoso a su demanda. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable y por la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Michoacán y de las Convenciones y Pactos internacionales en los que México es parte. Segundo. Admisión. Mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda en los términos propuestos por el promovente, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, se reconoció carácter de tercera interesada a ********************, por sí y en representación de sus menores hijas ********************y ********************, ambas de apellidos ********************, en cuanto parte actora en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que el acto que el quejoso reclama al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, consiste en: El auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial oral familiar ********************, que sobre fijación y aseguramiento de alimentos y otras prestaciones promovió ********************, en cuanto representante legal de sus menores hijas, contra el aquí quejoso. En dicho auto la autoridad responsable ordenó requerir al deudor alimentista por la suma de $********************(******************** MN), por concepto de pago de pensión alimenticia provisional, suma que le fue fijada en el auto admisorio de dicho juicio el cuatro de agosto de dos mil veintidós. Tercera. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado el juez responsable, consistentes en copia autorizada de las principales constancias relativas al juicio especial oral familiar ******************** [constantes de un tomo]. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen calidad de documentos públicos y merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En la especie, este juzgador -de oficio- advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en las fracciones XIII y XIV del propio ordinal, en virtud de que el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio especial oral familiar ********************, deriva de un acto que fue consentido tácitamente por la parte quejosa en dicho juicio, al no haberlo impugnado. Se explica. El artículo 61, en sus fracciones fracciones XXIII y XIV de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". El precepto legal antes transcrito, en sus fracción XIV establece, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos de manera tácita; entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la Ley, es decir, en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Así, relacionando el contenido de dicha fracción con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la propia Ley de Amparo, puede estimarse que el juicio de amparo también resulta improcedente contra actos derivados de otros que fueron consentidos; es decir, actos que son consecuencia directa o inmediata de los primeros o bien, de contenido similar a aquéllos; pues de analizarse en el juicio de amparo actos que son consecuencia de otros que no se impugnaron o fueron consentidos, se analizarían actuaciones que ya adquirieron firmeza procesal, en contravención al principio de seguridad jurídica que rige el proceso. Respecto al consentimiento de los actos reclamados para efectos de la improcedencia en el juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la tesis visible en la página 13, del Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, registro digital 232527, lo siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las tesis publicadas en la página 922 del Tomo LXXXI, y 1519 del Tomo LXXVII, ambos del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a la Quinta Época, que ilustran el criterio que habrá de sustentarse en este asunto, que son del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS, CUÁLES NO TIENEN ESE CARÁCTER. Para considerar que determinados actos son derivados de otros consentidos, y por ello deba sobreseerse en el amparo, deben concurrir dos requisitos: primero que el acto que se reclame sea una consecuencia legal y directa del acto consentido, como sucede en el procedimiento coactivo en que el remate es una consecuencia directa y prevista por la ley, del embargo; segundo, que no se ataque el acto reclamado por vicios que afecten al acto antecedente. Ahora bien, debe revocarse el sobreseimiento dictado por el inferior basado en que la negativa a autorizar el funcionamiento de una sociedad cooperativa, que proyectaban constituir los quejosos, es un acto que se deriva de un acuerdo presidencial que no reclamaron, porque en el caso, no están satisfechos ninguno de los dos requisitos aludidos, para considerar que se trata de un acto derivado de otro consentido, esto es, tal negativa no es una consecuencia directa y legalmente necesaria del referido acuerdo presidencial." De lo anterior se advierte que, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben concurrir varios elementos, a saber: 1. Que el acto que se reclama en el juicio sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente que no se impugnó, o bien una reiteración de éste; 2. Que dicho acto anterior se emita en contra de la quejosa, le cause agravio y no se haya combatido; y, 3. Que no se ataque por vicios propios, sino su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente y que no se impugnó oportunamente. Lo antes determinado también encuentra sustento, en la tesis emitida por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2057, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido." Igualmente, es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número 193, en la página 165, del Tomo VI, Materia Común, Volumen Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Ahora bien, en el apartado relativo a los conceptos de violación, la parte quejosa aduce toralmente que el acuerdo impugnado carece de la motivación y fundamentación que señala el artículo 16 de la Constitución Federal, y que los razonamientos expuestos en dicha determinación, no reúnen los requisitos de fondo para sostener la legalidad de dicho acto, mismo que perjudica directamente sus derechos humanos. Dicho auto en lo conducente establece: "[.] Tacámbaro, Michoacán, a 29 veintinueve de agosto del 2022 dos mil veintidós. Visto el escrito suscrito por la licenciada en derecho ********************, con el carácter que tiene reconocido en autos, atento a su contenido, como lo solicita, así como la certificación secretarial que antecede; se le tiene dando contestación en tiempo a la vista que se le mandó dar respecto de la contestación de demanda hecha valer por su contraria en la forma y términos que precisa. Por otro lado, se ordena requerir al deudor alimentista por la suma de $********************(******************** MN), por concepto de pago de pensión alimenticia a que fue condenado a pagar mensualmente mediante proveído de data 4 cuatro de los actuales, por lo que se autoriza a la Ciudadana Actuaria de este Juzgado se constituya en legal y debida forma en el domicilio del accionado y lo requiera de la mencionada cantidad y no haciéndolo en el momento de la diligencia se le embarguen bienes de su propiedad suficientes a garantizar el pago de dicha suma; asimismo se le tiene proporcionando el número de una cuenta bancaria con la finalidad de que en lo subsecuente se le realicen las consignaciones respectivas en la misma. [.]" En efecto, en el citado auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable admitió a trámite la demanda que en la vía especial oral familiar, sobre fijación y aseguramiento de alimentos y otras prestaciones promovió ********************, entre otras cosas, determinó lo siguiente: "[.] Medida Cautelar: Por otra parte y al no existir a la fecha elementos para determinar los ingresos del demandado y deudor alimentista, se decreta a favor únicamente de sus menores hijas de iniciales ********************. y K********************., una pensión provisional equivalente a 1 salario mínimo general vigente diario, arrojándonos un total de $**************************************** moneda nacional, de manera mensual, por lo que se ordena requerir al deudor alimentista de dicho pago; asimismo, se ordena requerir a la parte actora para que en el término de 3 tres días proporcione un número de cuenta de cualquier institución de crédito y se le realicen en ella los depósitos por concepto de pago de pensión alimenticia. [.]" Dicho auto de admisión fue notificado personalmente al quejoso ********************, al momento de llevar a cabo su emplazamiento a juicio el diez de agosto de dos mil veintidós, quien mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el quince de agosto siguiente, presentó su contestación de demanda, la cual le fue acordada de manera favorable el dieciocho del propio mes y año y con dicho ocurso se dio vista a la parte actora. Posteriormente, en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la citada actora desahogando la vista formulada y asimismo, se requirió al deudor alimentista el pago por concepto de pago de pensión alimenticia, decretado en el referido auto de cuatro de agosto. Luego, de la demanda que dio origen al presente juicio, se advierte que el quejoso estima violatorio de sus derechos el proveído de veintinueve de agosto, emitido dentro del juicio especial oral familiar ********************, en el cual se determinó requerirle el pago de la pensión provisional previamente establecida. Sin embargo, del análisis de las constancias del juicio especial en comento, se desprende que el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, ahora reclamado, es consecuencia del diverso de cuatro del propio mes y año, el cual no fue impugnado oportunamente a través del juicio de amparo relativo. Máxime que al ser parte demandada en el juicio de origen, el ahora quejoso se impuso del contenido del referido acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que como medida cautelar se determinó fijarle la cantidad de $********************(******************** MN), equivalente a un salario mínimo general vigente diario, por concepto de pensión provisional, de manera mensual, respecto de sus menores hijas de iniciales ********************. y K********************. En congruencia con lo anterior, no puede sino concluirse que el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable requirió al quejoso el pago de la pensión provisional alimenticia antes fijada, es consecuencia del diverso de cuatro del propio mes y año. Esto es, si en el presente juicio de amparo se reclama el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el cual como se dijo, tiene su origen en el diverso de cuatro del propio mes y año, en el que como medida cautelar se fijó el monto que debería cubrir el deudor alimentista por concepto de pensión alimenticia provisional, a favor de sus menores hijas, determinación que consintió al no haberlo reclamado, es incuestionable que se trata de una actuación derivada de otra consentida, y por tanto, el juicio se torna improcedente. Lo anterior no puede ser de otra manera porque el acto que se reclama en esta vía, consistente en el requerimiento formulado en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, no es sino una consecuencia de otro acto que previamente fue consentido por el peticionario del amparo, porque ********************, consintió tácitamente el acto que ahora reclama ya que no impugnó el proveído de cuatro de agosto en cita, en el que el juez natural como medida cautelar fijó una pensión alimenticia provisional a favor de las menores involucradas; de modo que los actos que aquí se reclaman, no son sino una reiteración de lo determinado en el auto de cuatro de agosto antes referido y en esa virtud, derivan de otro consentido, ya que aquel auto no fue impugnado oportunamente por el peticionario del amparo. Aunado a que el auto aquí reclamado no es combatido por vicios propios, pues no obstante que el quejoso aduce que el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós carece de fundamentación y motivación, debe decirse que sus motivos de inconformidad están dirigidos a impugnar la determinación de fijarle una pensión provisional, y al respecto aduce que en el juicio está demostrado que ni antes ni después de ser demandado ha dejado de cumplir con su obligación alimentaria, ni se ha rehusado a cumplir con el pago de alimentos a favor de sus menores hijas; esto, es lo que en realidad le afecta es la determinación de fijarle como medida cautelar, el pago de una pensión provisional por concepto de alimentos para las menores, y al efecto adjuntó a su demanda copias de impresiones de transferencias que refiere realizó por el aludido concepto. Al respecto encuentran aplicación, la tesis XXI.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 971, del Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Por último, es aplicable la tesis III.1o.A.11 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 582, del Tomo III, Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En esas condiciones, no se advierte vulneración a los derechos humanos del quejoso, previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley de Amparo. Lo que impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el impetrante del amparo, tendentes a demostrar la violación de sus derechos por los actos reclamados a la autoridad responsable y que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 708; cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos que quedaron precisados en la cuarta consideración de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que no se llevó a cabo la audiencia constitucional fijada las once horas con cincuenta minutos del dieciséis de enero del año en curso, dentro del juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya proveído al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a efecto de subsanar dicha omisión y no dejar en estado de indefensión a las partes, se fijan las diez horas del diez de febrero de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista y personalmente. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.RICARDO***ORF
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Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 17 de enero de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en Tacámbaro, por el cual devuelve diligenciado en sus términos el despacho ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, acompañando para tal efecto las constancias de emplazamiento a la tercera interesada ********************. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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