Victor García García
Expediente 1083/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victor García García
- No Existe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que por un lado se negó y por otro se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiéranse estos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán, la documental que anexó dentro del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1083/2021, promovido por Víctor García García, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Víctor García García, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zinapécuaro, Michoacán, y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. En auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número de expediente 1083/2021, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y se pidió el informe justificado a las autoridades responsables. Luego, el diecinueve de enero de dos mil veintidós, se reconoció carácter de tercera interesada a Elizabeth Maldonado Manrríquez, por ser la parte actora en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; por lo que procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la ejecución del acto reclamado tiene consecuencias dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La orden emitida en el juicio ordinario oral familiar 116/2020, para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo contra el demandado Víctor García Zamudio, en el domicilio ubicado en la Avenida Álvaro Obregón número 214-A, Centro, de la población de Queréndaro, Michoacán, así como su ejecución. Actos que atribuyó a las autoridades responsables siguientes: Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil de Zinapécuaro, Michoacán; Actuaria adscrita al Juzgado Menor Civil del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán. Tercera. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Zinapécuaro, Michoacán, así como la Actuaria adscrita al Juzgado Menor Civil del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán, manifestaron que son ciertos los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado la Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Zinapécuaro, Michoacán, consistentes en copia certificada de las principales constancias del juicio ordinario oral familiar 116/2020 [un tomo de pruebas], así como las remitidas por la Actuaria del Juzgado Menor Civil de Zinapécuaro, Michoacán, Michoacán, relativas a la requisitoria 315/2021 de su índice, formada con motivo de la diversa 272/2021 deducida del juicio de origen, mismas que obran agregadas al presente juicio. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar las causales de improcedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso en estudio, este juzgador -de oficio- advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso carece de interés jurídico para promover el presente amparo. En principio, es necesario precisar que el numeral y fracción invocados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior, así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el máximo tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, Séptima Parte, visible en la página 55, cuyo texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así como la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 132, del Tomo 187-192 Cuarta Parte, de la Séptima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." De lo anterior se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho subjetivo que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho subjetivo y en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación del libelo de demanda constitucional, sino que es necesario otorgar a la quejosa la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, tal y como así lo ha reconocido en la Jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 524, del Tomo VI, Común, Apéndice 2000 cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS", ello, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de tres elementos esenciales, a saber: a) La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; b) El acreditamiento del derecho específico que se esté afectando con el acto reclamado; c) La relación de titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización dos mil dos), Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." De tal manera que el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo tenga un feliz término, de manera que ante su ausencia se impide la conformación del mismo dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. Concluyendo, la citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, el cual debe ser observado y valorado de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. Ahora bien, por principio de cuentas, debe señalarse que en el caso la parte quejosa se duele de la ejecución material del auto dictado por la juez responsable a efecto de verificar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en el domicilio ubicado en la Avenida Álvaro Obregón número 214-A, Centro de la población de Queréndaro, Michoacán, ordenada en el juicio de origen y del cual se ostenta propietario. Asimismo, de las constancias del juicio ordinario oral familiar número 116/2020 que remitió la Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, se advierte que el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite el procedimiento ordinario oral familiar que sobre investigación y reconocimiento de la paternidad y otras prestaciones promovió Víctor García Zamudio, frente a Elizabeth Maldonado Enrríquez. De igual manera, se aprecia que la demandada dio contestación a la demanda entablada en su contra y, en vía de reconvención, demandó del actor Víctor García Zamudio, entre otras prestaciones, el pago de alimentos retroactivos en favor del menor de iniciales A.S.M.M., y señaló como domicilio para el emplazamiento el ubicado en la Avenida Álvaro Obregón número 214 letra "A", colonia Centro de Queréndaro, Michoacán, por lo que auto de tres de agosto de dos mil veinte, la juez responsable dio vista con la contestación de la demandada y ordenó girar requisitoria al Juez Menor de Zinapécuaro, Michoacán, para llevar a cabo el emplazamiento del demandado respecto de la reconvención promovida; asimismo, en audiencia preliminar de nueve de diciembre de dos mil veinte, las partes celebraron convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada. Posteriormente, se advierte que mediante acta de siete de junio de dos mil veintiuno, en el domicilio indicado líneas arriba, se requirió al demandado Víctor García Zamudio el pago de la pensión a que se obligó en el referido convenio, y toda vez que manifestó no contar con solvencia económica, en auto de dieciocho de junio siguiente, nuevamente se ordenó girar requisitoria al Juez Menor de Zinapécuaro, Michoacán, para que por su conducto se requiriera el citado pago, y en caso de negativa, se embarguen al demandado bienes de su propiedad, autorizando el uso de la fuerza pública sólo para hacer acto de presencia. Luego, para acreditar la titularidad del derecho que dice violado, la parte quejosa exhibió los siguientes documentos: Copia de un recibo del servicio de agua potable y alcantarillado del municipio de Queréndaro, Michoacan, respecto del domicilio ubicado en la Avenida Álvaro Obregón número 214 interior A, Isaac Arriaga de Queréndaro, a nombre de Víctor García García; y, Copia de un recibo del servicio de energía eléctrica (CFE) respecto del domicilio ubicado en Álvaro Obregón número 214 A, Delicias y Zaragoza de Queréndaro, Michoacán, a nombre de Víctor García García; y, Copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Víctor García García, con domicilio en Av. Álvaro Obregón 214 A, Colonia Isaac Arriaga de Queréndaro, Michoacán. Ahora bien, a efecto de resolver la pretensión planteada en esta instancia constitucional, es necesario remitirnos a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 257/2013, en la que señaló, principalmente, que la persona que se ostenta extraña al juicio de origen (como en la especie el quejoso) tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en la orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras sobre el inmueble que habita y que es de su propiedad; en virtud de que dicho acto afecta sus derechos de propiedad y de inviolabilidad de su domicilio, como parte del derecho a la privacidad. Para arribar a esa decisión, primeramente, hizo referencia a las instituciones jurídicas que consideró importantes para la solución de dicha contradicción de tesis, a saber: El interés jurídico; La persona extraña al juicio; y, La inviolabilidad al domicilio. Por lo que hace al interés jurídico, lo definió como la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que el sujeto afectado solamente en sus derechos puede acudir al juicio de amparo. Además, señaló que el interés jurídico guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho subjetivo. Indicó que el interés jurídico está en relación directa con el derecho subjetivo afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho y que tal institución jurídica debe acreditarse fehacientemente para efectos del juicio de amparo, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Por cuanto hace a la persona extraña al juicio indicó que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que se considera como tal a aquella que no tenga la condición de parte constituida en el juicio o en el procedimiento y que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; además, que quedaba incluida en ese concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre esa base, que si la persona que se ostenta extraña al juicio estima que existe una afectación en su esfera jurídica por un acto de autoridad, debe demostrar su interés jurídico fehacientemente, es decir, que es titular del derecho subjetivo que estima afectado por el acto de autoridad, para hacer procedente el juicio biinstancial. Por lo que hace a la inviolabilidad del domicilio, la definió como el derecho fundamental que impide que se efectúe ninguna entrada y registro en el domicilio salvo que exista una orden judicial en los términos previstos por el artículo 16 constitucional, o se actualice algún caso de excepción. También indicó que el acto de molestia domiciliaria, se debe limitar constitucionalmente como algo que merece ser inviolable a menos que se trate de actuaciones públicas realizadas bajo condiciones muy estrictas, en torno a un elemento muy claro: la intimidad o privacidad de las personas. Señaló que el domicilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada; asimismo, que el domicilio constitucionalmente protegido será el espacio en el cual el individuo permanece sin estar sujeto de manera necesaria a los usos y convencionalismos sociales, donde ejerce su libertad más íntima y desarrolla su vida privada y su personalidad, quedando protegido no sólo el espacio físico sino la posibilidad de florecimiento razonablemente libre del escrutinio ajeno que el mismo representa. Indicó que lo que protege la Constitución Federal es el acceso arbitrario o abusivo al domicilio del gobernado, como parte de la protección al derecho de privacidad de las personas. Asimismo, en la propia ejecutoria citó como casos concretos de ejemplo dos supuestos. El primero, en el que consideró que la orden de embargo sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, con la finalidad de garantizar el adeudo contraído, constituye un acto que no causa afectación al quejoso (persona extraña al juicio), porque esa orden es clara en determinar a quién va dirigido ese acto de autoridad, esto es, al demandado quien es parte en el juicio de origen y a quien perjudicaría tal determinación, por tratarse de una afectación sobre bienes muebles de su propiedad. Por tanto, en este caso concluyó, que el que se ostenta extraño al juicio carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de esa determinación judicial, al no existir afectación alguna en su esfera jurídica de derechos. El segundo supuesto que consiste en la materialización del apercibimiento consistente en el uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras en el inmueble del que el quejoso (también tercero extraño a juicio) dice ser propietario y tener su domicilio, y que corresponde con aquel en que se habrá de llevar a cabo la diligencia de embargo sobre bienes del demandado, SÍ afecta a la persona que se ostenta extraña al juicio; ello, porque los derechos fundamentales que se vulneran con tal determinación judicial son, tanto el de la inviolabilidad del domicilio, como parte del derecho a la privacidad, de quien se ostenta extraño al juicio, como el derecho de propiedad. Es decir, que cuando se pretende llevar a cabo el acto de autoridad en el domicilio de quien no es parte en el juicio, respecto del cual acredita ser el propietario y tener ahí su domicilio, constitucionalmente protegido, porque ahí es en donde desarrolla libremente su vida privada, es evidente que la posible fractura de cerraduras y la eventual intromisión a su espacio privado son susceptibles de generar alguna afectación a sus derechos fundamentales de propiedad y de inviolabilidad del domicilio, pues el hecho de que se quebranten las cerraduras de la casa en donde se pretende llevar a cabo la diligencia de embargo de bienes muebles del demandado y se ingrese a su domicilio para sustraer los bienes que se lleguen a embargar, dan cuenta de ello. Entonces, que si la persona extraña al juicio aduce la afectación a sus derechos humanos en virtud de la intromisión al inmueble donde tiene su domicilio y que es de su propiedad, como consecuencia de la resolución en la que se hace efectivo el apercibimiento de la fractura de cerraduras y prueba que ese lugar es donde desarrolla libremente su vida privada y, además, demuestra ser propietario del bien, es inconcuso que tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto, pues existe una afectación en su esfera jurídica (su propiedad y su domicilio, como parte del derecho a la privacidad) por un acto de autoridad (la autorización de llevar a cabo la fractura de cerraduras y el uso de la fuerza pública) y que demostró ser el titular del derecho afectado por el acto de autoridad (propiedad e inviolabilidad de domicilio). Las anteriores consideraciones, dieron origen a la jurisprudencia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 581, registro 2005231, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." Bajo el anterior panorama, quien esto resuelve considera que el quejoso carece de interés jurídico porque el acto respecto del cual las autoridades responsables aceptaron la existencia, consistente en la orden de requerimiento de pago y embargo, en el domicilio que defiende, ubicado en la Avenida Álvaro Obregón número 214-A, Centro de la población de Queréndaro, Michoacán, no se encuentra dirigido al peticionario de amparo, ni se autorizó el rompimiento de chapas y cerraduras. En efecto, de acuerdo a lo resuelto en la citada ejecutoria por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se reclama la orden de embargo a ejecutarse en un domicilio del quejoso, que se ostenta tercero extraño a juicio, se considerará que éste tiene interés jurídico en el juicio de amparo indirecto, cuando dicha orden de embargo se encuentre autorizada del rompimiento de cerraduras; ya que en este caso, lo que se pondera es el derecho de propiedad, de inviolabilidad en el domicilio y de privacidad. En cambio, se considerará que no asiste interés jurídico al peticionario de amparo, cuando lo que reclame consista únicamente en el mandamiento que si bien ordena que se verifique en el domicilio que el quejoso (tercero extraño a juicio) defiende, dicho mandamiento se encuentre dirigido a persona distinta a él. En ese orden de ideas, se considera que el quejoso carece de interés jurídico, en primer término, porque si bien es cierto que en autos quedó acreditada la existencia de un mandamiento de requerimiento de pago y embargo, en el domicilio que defiende, más lo es, que el mismo no se encuentra dirigido a su persona, sino a Víctor García Zamudio, quien figura como actor reconvenido y deudor alimentista en la contienda natural. De modo que, atendiendo a las consideraciones anotadas anteriormente, sería a éste a quien, en todo caso, perjudicaría tal determinación, por ser quien figura como parte en el juicio de origen y por tratarse de una afectación sobre bienes muebles de su propiedad. Y en segundo término, porque siguiendo las líneas establecidas en la ejecutoria señalada en los párrafos precedentes, en todo caso, la determinación que podría irrogar un perjuicio al aquí peticionario de amparo, sería aquella que autorizara el rompimiento de cerraduras del inmueble que habita, pues sólo hasta ese momento se podría establecer con entera certeza que pudiera ocasionarse una violación al domicilio y privacidad del quejosa, en su carácter de tercera extraña al procedimiento; sin embargo, como de las constancias que remitió la autoridad no se advierte la existencia de determinación que autorice el empleo de dicho medio de apremio, se considera que la quejosa carece de interés jurídico. Sin que sea inadvertido que la juez de origen, a efecto de verificar la diligencia encomendada, autorizó el uso de la fuerza pública; sin embargo, ello lo fue únicamente para hacer acto de presencia. En conclusión, como Víctor García García no acreditó tener interés jurídico para reclamar el acto del que se duele; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por falta de interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94: emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". De igual forma, al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman de la Actuaria adscrita al Juzgado Menor de Zinapécuaro, Michoacán, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor García García, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables y por los motivos que quedaron precisados en la consideración cuarta de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al tercero interesado por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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