Vicente Muñoz Salas
Expediente 1278/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1278/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Vicente Muñoz Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado procesal, se advierte que el veintidós de marzo pasado se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, devuélvase el legajo de constancias remitido, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas anotaciones en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del caso, ...; se hace la observación de que el sumario ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se sobreseyó el juicio. No obra documento en los términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, donde se informa la imposibilidad para notificar personalmente al quejoso la sentencia dictada en autos; en consecuencia, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA dicha resolución, este proveído y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS SEÑALA: " ... 1278/2019, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México (en sustitución del Juez Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México), y Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El doce de junio de dos mil diecinueve, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de las garantías tuteladas en los artículos 1°, 5, 14, 16, 25, 31 y 133 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. Previo desahogo de prevención, el cuatro de julio posterior, el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió la acción de amparo, que registró bajo el número de expediente 821/2019; requirió informes justificados; y dio intervención al fiscal federal adscrito. Tercero. Trámite. El quince de octubre de dos mil diecinueve, el juzgador especializado en materia administrativa declinó competencia (por primera ocasión), de la cual tocó conocer al suscrito en el expediente 1108/2019 de este índice, donde se rechazó la competencia (lo cual se cita por ser un hecho notorio conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo). Al recibir los autos, el homólogo en Materia Administrativa determinó no insistir en declinar competencia, y previno a la parte quejosa para que indicara si deseaba señalar como autoridad responsable al Juez Primero Civil de Cuantía Menor de esta Ciudad, como actos reclamados la retención de cuentas y su ejecución mediante oficio número 1184. El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, el juzgador federal especializado en materia administrativa recibió la promoción donde la quejosa señaló a las autoridades y actos indicados, con los cuales declinó competencia (por segunda ocasión) para conocer específicamente del siguiente aspecto de la litis constitucional: "la orden de restricción de las cuentas bancarias ordenada mediante auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve en el expediente 874/2019 por el Juez Primero de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y su ejecución mediante oficio 1184 de diez de mayo de dos mil diecinueve." Por auto de veintinueve de noviembre de la propia anualidad, el suscrito se avocó al conocimiento sólo del aspecto de la controversia transcrito, y desechó de plano la demanda. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de queja, que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito bajo el toca QC-4/2020, resuelto en sesión de siete de febrero de dos mil veinte, que declaró fundado el medio de impugnación y donde se sostuvo toralmente el siguiente argumento: "(.) Ahora bien, en la especie el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no ha sido notificado de ningún procedimiento legal seguido en su contra, por virtud del cual se ordenara el bloqueo, cancelación o suspensión de sus cuentas bancarias, lo que pone de manifiesto que al parecer, el Juez responsable omitió dar la vista que ordena el artículo 1179 del Código de Comercio a ..., consecuentemente éste estaría imposibilitado para interponer el recurso de revocación previamente a la presentación del juicio de amparo indirecto, si no se le dio vista de que se trata mediante notificación personal y, por tanto, si desconocía la adopción de las providencias precautorias no podía interponer el recurso que establece la ley." Recibida en este órgano judicial la decisión del tribunal colegiado, en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte se determinó que la calificación de los requisitos legales y administrativos para la admisión, requería de información adicional del proceso instruido ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, lo cual motivó requerirle la remisión de la causa que instruyó. Atendida la solicitud, el veintiocho de febrero siguiente, se admitió la demanda respecto del Juez Tercero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México (en sustitución del Juez Primero Civil de Cuantía Menor de esta Capital), y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se requirió informes justificados, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se advierte que rindieron los informes de ley; la parte tercera interesada fue emplazada; la representante social adscrita no formuló pedimento; finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Federal; 54, párrafo primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto, promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La retención de dinero depositado en las cuentas bancarias, de inversión o de cheques, productos de nómina, joyas, títulos de crédito y valores, en instituciones de crédito y/o financieras y casas de bolsa que integran el sistema financiero mexicano, ordenada el nueve de mayo de dos mil diecinueve por el Juez Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, en el expediente de providencias precautorias 874/2019, procedimiento al cual el quejoso se ostenta tercero extraño. La ejecución mediante oficio 1184, fechado el diez de mayo de dos mil diecinueve, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su retransmisión. Tercero. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe rendido en sentido afirmativo por el juzgador responsable, como se corrobora de las constancias certificadas remitidas, de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Tiene apoyo la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores negó el acto que se le reclamó; sin embargo, al haber aceptado la ordenadora es claro que la ejecución debe tenerse por cierta. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, página 56, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: I. El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la institución Banco ..., promovió providencias precautorias de retención de bienes, para garantizar el pago de $... II. Previo desahogo de prevención, el nueve de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, admitió a trámite el procedimiento y ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que por su conducto se retransmitiera a las instituciones de crédito y/o financieras, casas de bolsa y Bolsa Mexicana de Valores que forman parte del sistema financiero mexicano, que tengan a nombre del quejoso hasta por $497,208.71 (cuatrocientos noventa y siete mil doscientos ocho pesos 71/100 moneda nacional). Esta actuación y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. III. Mediante oficio número 214-2/SJ-8804699/2019, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó al juzgador civil responsable, lo siguiente: "(.) Me refiero a su oficio 1184 derivado del expediente 874/2019 en el que solicita diversa información señalada en el documento mencionado. Sobre el particular, con fundamento en los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 192 de la Ley de Mercado de Valores y 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se adjunta a la presente copia fotostática de los escritos que nos dirigieron BANCO .... Y ..., mediante los cuales informan lo requerido por esa Autoridad. Asimismo, y derivado de la investigación realizada por las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa que se encuentran bajo la supervisión de esta Comisión me permito comunicarle que 83 de 88 manifestaron: "NO EXISTE INFORMACIÓN". (.)" IV. Con dicha información, el juzgador responsable dictó la siguiente determinación: "(.) Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil diecinueve. - - - Téngase por practicada la certificación que antecede y agréguese a sus autos el oficio que remite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con su contenido DESE VISTA a la parte interesada para que dentro del término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho corresponda, con fundamento en el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio." Quinto. Causal de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador, antes de las cuestiones de fondo de la controversia, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. En el particular, se actualiza la causal que hace valer el juez responsable al no agotarse el principio de definitividad consagrado en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie, dadas las características del acto reclamado y las partes vinculadas, no se actualizan, pues la quejosa es quien promovió el proceso y reclama la forma que se admitieron las providencias precautorias. En estas condiciones, se concluye que la accionante de amparo está obligada a agotar el recurso de revocación, para combatir el auto que decretó el aseguramiento de cuentas bancarias y giró los oficios para ejecutarlo, mediante su retransmisión; lo anterior, en término de los artículos 1334 y 1335, ambos del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Lo anterior con apoyo por sus consideraciones en la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.) de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Civil, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las nominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." Luego, si en el juicio de origen la suerte principal reclamada asciende a $..., como se advierte de la información remitida por el juzgador responsable, es claro que este monto no supera la cantidad a que se refiere el artículo 1339 del Código de Comercio; máxime que el proceso es de cuantía menor; todo lo cual hace evidente que al no ser viable la apelación, el recurso conducente será el de revocación. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) de la Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, en Materia(s): Civil, Página: 401, que dispone: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Como se aprecia de las disposiciones y jurisprudencias transcritas, el recurso de revocación resulta ser el medio de impugnación idóneo, para combatir el auto que ordena perfeccionar el aseguramiento de cuentas bancarias; por lo que al no haberse agotado este medio de impugnación, es inconcuso que no se satisface el principio de definitividad. Sin que sea impedimento, que la quejosa se ostente como tercera extraña, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que en medidas cautelares al no ser actos privativos, no rige la garantía de audiencia previa. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 21/98 de la Novena Época, del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, Materia(s): Constitucional, Común, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." No es óbice el contenido del artículo 1390 Bis, último párrafo, del Código de Comercio, en razón de que esa excepción no es aplicable al caso en estudio, en tanto que, el auto que dictó las providencias precautorias de retención de bienes, no constituye una resolución dictada en un juicio oral mercantil, pues las medidas aludidas son instrumentos que puede decretar el juzgador para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso. Por lo que, las providencias, como las solicitadas por la quejosa, no tienen la connotación de juicio, sino que constituyen un procedimiento previo para garantizar el resultado del juicio que se habrá de intentar; es decir, se traducen en medidas de garantía que tienen como finalidad evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que la misma tenga eficacia práctica. De ahí que, deben regir los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio que prevén la procedencia del recurso de revocación, contra las determinaciones que recaigan a la solicitud de providencias precautorias. Orienta lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia PC.I.C. J/80 C (10a.) de los Plenos de Circuito, visible en la página 1748 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, noviembre de 2018, Tomo II, Décima Época, registro 2018339, de rubro: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. LA HIPÓTESIS DE IRRECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, ES INAPLICABLE A LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LA SOLICITUD DE AQUÉLLAS. La reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, así como la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 1390 Bis, segundo párrafo y 1390 Bis 1, último párrafo, de dicho ordenamiento, conducen a considerar que la hipótesis de irrecurribilidad de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil, prevista en el primero de dichos preceptos, no es aplicable a la determinación que deniega las providencias precautorias, solicitadas prejudicialmente. Esto es así, porque el texto del primero de dichos artículos es claro al expresar, que la prohibición de recursos comprende exclusivamente al juicio oral mercantil, y las providencias precautorias no forman parte de este juicio, sino que pertenecen a uno diferente, al que la doctrina denomina proceso cautelar, y respecto al cual, la ley autoriza su promoción antes de un proceso de conocimiento o de uno ejecutivo. Según el artículo 1390 Bis 11 del código citado, el juicio oral empieza con una demanda escrita, de manera que las resoluciones posteriores a tal escrito inicial son las que quedan comprendidas en el mandamiento de irrecurribilidad y, por consiguiente, éste no podría estar referido a determinaciones emitidas antes de que comience el juicio oral. Esta posición está confirmada en el último párrafo del artículo 1390 Bis 1 indicado, al prever que las providencias cautelares se tramitarán en términos del Capítulo XI, Título I, Libro Quinto, es decir, en conformidad con preceptos que están fuera del "Título Especial" "Del juicio oral mercantil". De ahí la afirmación en el sentido de que, al no actualizarse la hipótesis del segundo párrafo del artículo 1390 Bis mencionado, no cabe invocarlo para considerar irrecurrible, la resolución que deniega la solicitud de providencias precautorias." No son inadvertidas por el suscrito las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito formuladas al resolver el toca QC-4/2020, en sesión de siete de febrero de dos mil veinte, conforme al cual se revocó la determinación que en su momento desechó de plano la demanda, razonamientos que son el tenor siguiente: "(.)Ahora bien, en la especie el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no ha sido notificado de ningún procedimiento legal seguido en su contra, por virtud del cual se ordenara el bloqueo, cancelación o suspensión de sus cuentas bancarias, lo que pone de manifiesto que al parecer, el Juez responsable omitió dar la vista que ordena el artículo 1179 del Código de Comercio a ..., consecuentemente éste estaría imposibilitado para interponer el recurso de revocación previamente a la presentación del juicio de amparo indirecto, si no se le dio vista de que se trata mediante notificación personal y, por tanto, si desconocía la adopción de las providencias precautorias no podía interponer el recurso que establece la ley." Sin embargo, es criterio del alto Tribunal del País que en tratándose de medidas precautorias como la reclamada, al no constituir actos privativos, porque sus efectos son provisionales y quedan sujetos indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, no rige la garantía de audiencia previa a su dictado. En tanto que la posibilidad del sujeto afectado de impugnar los aspectos formales, procesales y sustanciales, una vez ejecutadas las medidas cautelares, está en el proceso donde es y/o será parte, esto es, posteriormente a la presentación de la demanda que de pauta a la controversia, para aportar los elementos probatorios que considere convenientes. En el caso, al tener a la vista los autos del acto reclamado, cuyo valor probatorio ya ha quedado establecido, se puede afirmar que la determinación judicial cautelar recurrida fue emitida previo al juicio, lo cual se destaca porque conforme a la jurisprudencia PC.I.C. J/80 C (10a.) ya citada, aun cuando pueda llegar a existir relación entre una providencia precautoria con una controversia, no es necesariamente una de sus partes integrantes. Asimismo, dicho precedente identificó las providencias precautorias en cuanto a su finalidad, para distinguirlas de los procedimientos de cognición y/o contenciosos, y ubicar a las primeras en una clase especial de procesos. En ese sentido, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito subrayó que el fin de las providencias cautelares reguladas por el código de Comercio, consiste en realizar las medidas de seguridad que sean necesarias para que en lo futuro se pueda hacer efectivo el derecho que, por el momento no es posible realizar, porque la obligación no es aún exigible. Sobre esa base, la finalidad de las providencias cautelares reclamadas, se cumple mediante su presentación al iniciar el proceso litigioso propiamente, porque con ello se evita que resulte inútil la eventual sentencia de fondo y se logra que esta última tenga eficacia práctica. De modo que si como se afirma en la demanda de amparo, previo a la promoción de la demanda de garantías, el quejoso conoció de los actos de afectación de la providencia cautelar, en ese momento contó con la posibilidad de interponer el recurso ordinario, y le resultó exigible agotarlo para cumplir con el principio de definitividad del juicio constitucional. Máxime que ante la tramitación sumaria y de sigilo de la providencia cautelar, no es exigible a la autoridad enterar al afectado de la solicitud del ejecutante de forma previa a los actos ejecutivos. En ese sentido, en concepto del suscrito no era necesario esperar a que en el expediente se ordenara la vista a que se refiere el artículo 1179 del Código de Comercio3, para agotar el recurso ordinario aplicable contra la providencia cautelar, porque al establecer como regla que el derecho a la impugnación sólo se pueda generar hasta que el juzgador notifique dicha vista, abriría la posibilidad de prolongar la eventual afectación en los casos en que la ejecución se desarrolle mediante actos continuos o continuados y no sólo uno. De modo que si el afectado conoció de la determinación cautelar, con la cual afectó sus bienes, antes de que se inicie un proceso mercantil, es claro que a partir de ese conocimiento quedó obligado a agotar los medios de impugnación respectivos; máxime en casos como en que se juzga que el propio inconforme tuvo un conocimiento amplio del acto reclamado, porque accedió a la información de la autoridad judicial ordenadora (su denominación oficial), el número de expediente y el del oficio que la mandó ejecutar, con lo cual amplió sus posibilidades de impugnar el acto reclamado. Aunado a que una interpretación literal del citado precepto de la legislación comercial, tampoco obliga a la autoridad instructora a notificar personalmente los actos ejecutivos realizados con motivo de la determinación cautelar, en los casos en que se dicte como acto prejudicial como en el caso se trata y se corrobora de las constancias remitidas. Por el contrario, si no hay discusión en que las medidas cautelares dictada de forma prejudicial no constituyen actos privativos, tampoco en que es una actuación sumaria porque obedece a una necesidad apremiante, es claro que su instrucción tiene una constante de sigilo, lo cual implica que tal connotación debe abarcar el entendimiento del término concedido en el artículo 1179 del Código de Comercio al ejecutado, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Es decir, que la vista que se le debe otorgar implica que las promociones o diligencias de que se trate, se queden en los autos del juicio para que de ellas se enteren las partes, lo cual de modo alguno implica una notificación personal, para el caso de las providencias precautorias concedidas como acto prejudicial. Apoya lo expuesto, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de registro digital: 224458, que dice: "DAR VISTA Y CORRER TRASLADO. DIFERENCIAS Y PRECISIONES. Un pulcro manejo de ambos conceptos, basado en las enseñanzas que la doctrina proporciona, lleva a concluir que, por lo primero, se debe entender que la promoción o diligencia de que se trate, se quede en los autos del juicio para que de ella se enteren las partes; por lo segundo (correr traslado), se significa la obligación de entregar, por el conducto legalmente apropiado, copia de la promoción a la contraria para que la conozca y responda, si así conviene a su interés de parte procesal." En suma, al no haberse agotado ese medio de impugnación, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida; por lo que procede sobreseer el juicio, conforme a los artículos 113 y 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1571, visible en la página 2515, Segunda Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra este fallo." También se cita la jurisprudencia 986, visible en la página 678, Tomo VI, Salas y Tesis Comunes, apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No es obstáculo para concluir lo anterior, la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento lo impide, como lo previene la jurisprudencia 1028, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados, pues no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia; conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México (en sustitución del Juez Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México), y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisado en el segundo considerando, las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes, una vez que reanuden los plazos conforme a lo previsto por la circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal. "
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 1278/2019; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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