Victor Angel Andrade Casariego
Expediente 735/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Victor Angel Andrade Casariego
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
AVISO: se notifica por medio de lista al quejoso... el contenido del auto de fecha 12 de julio de 2022, que en lo conducente dice:"Visto el oficio proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual remite la demanda que promueve ****, contra actos de ****, *****, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Acúsese de recibo. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 735/2022. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se comparten las razones empleadas por el Homólogo Federal declinante, por lo tanto el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso artículo 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama la asamblea de quince de junio de dos mil veintidós, donde se determinó en su contra lo siguiente: La restricción y corte del suministro de gas LP. La restricción del uso de áreas comunes, servicios comunes e individuales específicamente del elevador. Orden de ejecución, cobro y embargo de bienes para la recaudación de dinero a favor de quienes señala como autoridades responsables. Despojo del cajón de estacionamiento 11CH. Se duele de dichos actos, pues refiere ser propietario del DEPARTAMENTO ***, del conjunto condominal denominado ****, con derecho de uso exclusivo del cajón de estacionamiento marcado con el número ****. III. El juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical de los preceptos trascritos se advierte que la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bajo esas consideraciones, se entiende que los actos de autoridad para el juicio de amparo, requieren la satisfacción de los siguientes elementos: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, registro 161133, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el particular, las personas físicas a quienes se les atribuyen los reclamos, aún en el supuesto de que tuvieran el cargo de administrador y/o miembros del comité de vigilancia del condominio, no pueden ser considerados como autoridades responsables de conformidad con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el quejoso reclama diversas decisiones que dice fueron tomadas en una asamblea, y que tienden a restringirle el suministro de gas, uso de áreas y servicios tanto comunes como individuales, particularmente el del elevador y cajón de estacionamiento, así como la orden de ejecución, cobro y embargo de bienes para recaudar dinero adeudado. Además, indica el nombre de las personas que a su consideración tienen el carácter de autoridades responsables, pues aduce desconocer quién es el administrador del condominio. Al respecto, la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para esta entidad, en su artículo 2 establece: "Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se entiende por: ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es el condómino de la unidad de propiedad privativa, que no siendo administrador profesional, sea nombrado Administrador por la Asamblea General. ADMINISTRADOR PROFESIONAL: Persona física o moral, que demuestre capacidad y conocimientos en administración de condominios que es contratado por la Asamblea General. ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano del condómino, que constituye la máxima instancia en la toma de decisiones para expresar, discutir y resolver asuntos de interés propio y común, celebrada en los términos de la presente Ley, su Reglamento, Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno. [.] COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de control integrado por condóminos electos en la Asamblea General, cuyo cometido entre otros, es vigilar, evaluar y dictaminar el puntual desempeño de las tareas del administrador, así como la ejecución de los acuerdos y decisiones tomados por la Asamblea General en torno a todos los asuntos comunes del condómino.[.] CONSEJO DE ADMINISTRADORES: Órgano coordinador del condominio subdividido y/o conjunto condominal, integrado por los administradores, en el que se discuten y resuelven los asuntos de interés común." Por su parte los ordinales 43 y 49 de la Ley citada, regulan las facultades y atribuciones con las que cuentan el administrador y comité de vigilancia; empero, no puede perderse de vista que la actuación u omisión del administrador y/o miembros del comité de vigilancia del condominio, frente al quejoso, deriva directamente del documento en el cual fueron designados los miembros del consejo de administración, así como del reglamento interno del condominio. Por tanto, para los efectos del juicio de amparo, no adquieren el carácter de autoridad responsable, porque las relaciones entre los condóminos y los organismos de vigilancia y administración son de coordinación (no de supra a subordinación) y, por ende, pertenecen al ámbito del derecho privado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.15o.A.36 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 1316, de la Novena Época, tomo XXVIII, noviembre de 2008, registro 168507, que dice: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". Asimismo, es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1624 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, del Tomo II, Julio de 2015, Décima época, que establece: "ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 y el proceso legislativo que le dio origen, en específico, los dictámenes de las Cámaras de Senadores y Diputados, para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse si: 1. El acto que se le atribuye lo realizó unilateral y obligatoriamente, esto es, si su dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención del quejoso y lo constriñó a su observancia o, en su caso, omitió realizar un acto que estaba obligado a efectuar, y si con dicho acto u omisión se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas, en un plano de supra a subordinación; 2. Ese acto se realizó (u omitió realizarse) con base en funciones determinadas por una norma general; y 3. En su contra no existe un medio de defensa ordinario que permita al gobernado defender el derecho afectado." Bajo ese contexto, las personas a quienes se les atribuyen los reclamos, carecen de las características de autoridad responsable que establece el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; ello dado que la relación que tienen con el quejoso no surge únicamente con motivo de la ley, sino también derivan de la asamblea en la que fueron designados, así como del reglamento interno del condominio. Máxime, que de la propia Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para esta Ciudad, menciona en sus artículos 1 y 65 lo siguiente: "ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, administración y terminación del régimen de propiedad en condominio. Asimismo regula las relaciones entre los condóminos y entre estos y su administración, estableciendo las bases para resolver las controversias que se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la conciliación y el arbitraje a petición, de las partes a través de la Procuraduría Social del Distrito Federal, sin perjuicio de la competencia que corresponda a las autoridades judiciales o administrativas." "ARTÍCULO 65.- La Procuraduría tendrá competencia en las controversias que se susciten entre los condóminos o entre éstos y su administrador: I.- Por la vía de la conciliación ante la presentación de la reclamación de la parte afectada; II.- Por la vía del arbitraje; y III.- Por la vía del Procedimiento Administrativo de Aplicación de sanciones." De la transcripción se advierte que existen diferentes procedimientos para resolver las controversias que se susciten con motivo de las relaciones entre los condóminos; entre estos y su administración, por ser cuestiones de carácter privado. Se cita al respecto, por analogía, la tesis I.8o.C.13 K (10a.), de la Décima Época, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UN CONJUNTO HABITACIONAL, CUANDO PRETENDE IMPONER SUS DETERMINACIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", ha establecido que las notas distintivas para ser considerada autoridad responsable en el juicio de amparo, son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, b) que esa relación nazca de una ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa irrenunciable por nacer precisamente de la ley, c) que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales modifique, cree o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, y d) que para emitir esos actos, no requiera acudir a órganos judiciales, ni precise del consenso de voluntad del afectado. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, incluyó al particular en el concepto de autoridad, cuando: dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria, o bien deje de realizar el acto que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas, cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general (impersonal y abstracta) y deriven de una disposición jurídica de orden público y, por tanto, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable. Así, cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil." Por lo anteriormente expuesto, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el numeral 113, 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la ley de la materia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ****, contra actos de ****, ****. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
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