VICTOR ALFONSO FRAUSTO SIERRA y Otros.

Expediente 626/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
626/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • CÉSAR MARCO ANTONIO SIERRA PEÑA y Otros.
  • VICTOR ALFONSO FRAUSTO SIERRA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia donde se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 626/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo 626/2021, promovido por ... y ..., por propio derecho contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El nueve de agosto de dos mil veintiuno, los quejosos demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades mencionadas, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, y 17 Constitucionales, consistentes en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: a) De la autoridad ORDENADORA es decir del C. Juez Décimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México, todo el juicio tramitado ante ella, lo anterior a causa del ilegal emplazamiento de los suscritos amparistas, pues se nos emplazó supuestamente a juicio en un DOMICILIO DIVERSO A AQUEL DONDE REALMENTE VIVIMOS los quejosos, por lo que nunca se tramitó legalmente JUICIO EN DONDE SE CUMPLAN LAS FORMALIDAES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO EN PARTICULAR NUNCA SE NOS EMPLAZÓ EN DICHO JUICIO DE MANERA LEGAL EN TERMINOS DE LOS NUMERALES 110. 111 Fracción I, 114 Fracción I, 116 todos del Código de Procedimientos Civiles vigente para la Ciudad de México, por lo que se está causando afectación a nuestra esfera jurídica incoándose un juicio del que ahora a partir del dos de agosto del año en curso tenemos conocimiento, pues nunca se nos emplazó legalmente al mismo, ni tuvimos lo (sic) oportunidad de ser oídos y vencidos legalmente, pues desde ahora y para los efectos legales a que haya lugar, que en caso de existir alguna firma a nombre de los suscritos en dicho juicio desde ahora la OBJETAMOS Y TACHAMOS DE FALSA , pues se nos está vinculando a un juicio en donde los suscritos quejosos NUNCA TUVIMOS CONOCIMIENTO, pues el juicio del que deriva el acto reclamado no FUIMOS LEGALMENTE EMPLAZADOS Y HASTA AHORA NOS ENTERAMOS DE DICHO JUICIO CUANDO EL MISMO ESTA EN FASE DE EJECUCIÓN, ES DECIR SE HA TRAMITADO DICHO PROCESO A NUESTRAS ESPALDAS, PUES NUNCA FUIMOS ENTERADOS DE LAS AUDIENCIAS QUE EN SU CASO SE HAYAN PRACTICADO ANTE LA RESPONSABLE, MISMAS QUE SEGURAMENTE FUERON SIN NUESTRA ASISTENCIA, ELLO DEBIDO A QUE NUNCA TUVIMOS CONOCIMIENTO DEL JUICIO INCOADO EN NUESTRA CONTRA en donde por propias indagaciones nos hemos enterado se ha dictado sentencia definitiva, y el martes 3 de agosto que nos constituimos en dicho juzgado fuimos atendidos por la persona encargada del archivo de nombre ADRIANA pero no pudimos ver el expediente pues me señaló que el mismo estaba en DIGITALIZACION. b) De la autoridad EJECUTORA es decir del ACTUARIO ADSCRITO A LA ORDENADORA el cumplimiento o ejecución que se pretendía de la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, pues tratan de ejecutar una sentencia dictada en el juicio tramitado ante la responsable, pero nunca se entabló juicio legal alguno en nuestra contra, pues nunca fuimos emplazados a juicio de manera personal en términos de lo previsto por los numerales 110, 111 Fracción I, 114 Fracción I, 116 todos del Código de Procedimientos Civiles vigente para el (sic) Ciudad de México.". Segundo. Admisión. Previo escrito aclaratorio, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fue admitida la demanda1 , otorgándole intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió informes justificados y se señaló parte tercera interesada. Tercero. Trámite. De autos se advierte que la representante social no formuló pedimento, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada, finalmente, fue celebrada la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver este asunto, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 36 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza familiar, seguido ante tribunales del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, los actos reclamados son: Los quejosos se ostentan terceros extraños por equiparación al juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Décimo Segundo Civil de la Ciudad de México y reclaman todo lo actuado, particularmente el emplazamiento, la sentencia definitiva y su ejecución respecto del inmueble ubicado en ... Tercero. Existencia. La certeza de las actuaciones combatidas quedó acreditada con los informes justificados rendidos por las responsables en sentido afirmativo, lo que se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio antes las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al diverso 62 de la ley de la materia y la jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del ordinal 61 de la normatividad invocada, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" En efecto, los numerales 17 y 18 de la legislación precisada establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) A partir de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se tiene que cuando el quejoso se ostente como tercero extraño y existan elementos objetivos para determinar la fecha que tuvo conocimiento del acto que reclama, deberá situársele en el segundo supuesto para computar el término para la presentación de la demanda de amparo. En la especie, la extemporaneidad del reclamo se acredita con las constancias del juicio de origen remitidas, documentales que fueron previamente valoradas y de las cuales, se advierte que el conocimiento de los actos fue previo a la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior, dado que el tercero extraño a un juicio es aquella persona moral o física distinta de los sujetos de la controversia que se ventila, por lo tanto la idea de tercero extraño es opuesta a la de parte procesal; es decir, es aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que desconocen las actuaciones del juicio, lo que les impidió acudir al mismo en defensa de sus intereses. Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Entonces, para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Como apoyo se cita la jurisprudencia número P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente" Así como la diversa 3a./J.44/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS. Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citado. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional." En el caso, ... y ... se ostentan como terceros extraños equiparados y promueven la demanda de amparo, reclamando sustancialmente la falta de emplazamiento y la sentencia condenatoria, aduciendo, en esencia, que no fueron llamados al procedimiento natural, lo que provocó su desconocimiento del juicio. Sin embargo, de las constancias que obran en el proceso de origen, se advierte que ambos quejosos comparecieron al procedimiento natural el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en donde exhibieron el escrito de contestación donde precisaron todos los datos de identificación del procedimiento de origen (número de expediente, tipo de juicio, las partes involucradas y autoridad ante la que se tramita), señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizaron a diversas personas para los mismos efectos, realizaron manifestaciones tendentes a defender sus derechos, opusieron sus defensas y excepciones. De lo que se corrobora que los accionantes fueron precisos en señalar de manera completa los datos del procedimiento de origen, lo cual evidencia que desde ese momento tuvieron conocimiento del juicio que en esta instancia pretenden combatir. Sin que los peticionarios de amparo ofrecieran medio de convicción tendente a demostrar que dicho ocurso no fue presentado por ellos, aun cuando se les dio vista con el informe rendido, y las constancias del proceso remitidas. De ahí que, los accionantes al comparecer a juicio a defender sus derechos, contrariamente a lo que exponen, sí tuvieron conocimiento del procedimiento natural, pues el hecho de precisar los datos de identificación del proceso, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizar a diversas personas, permite concluir que eran sabedores del juicio, respecto de los cuales se ostentaron terceros extraños. Lo cual constituye un conocimiento apto del proceso, para vincularlos a los efectos y consecuencias de la controversia, y hacerles exigible solventar las cargas que formal y materialmente corresponde a los enjuiciados. Máxime si se considera que en dicha actuación procesal, los codemandados externaron el conocimiento del juicio de origen, formularon sus defensas, excepciones y ofrecieron pruebas, lo cual corrobora que tuvieron conocimiento apto y suficiente del juicio de origen. Es decir, los demandados debieron acceder a los términos de la acción principal, como condición suficiente que les permitiera plantear las circunstancias impeditivas, extintivas y modificativas del derecho de su contraparte, que dan contenido a la posición de defensa, lo cual solo podría suceder amén de un conocimiento y entendimiento total o integral de los elementos del proceso, para oponerse de manera frontal. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, dado que no puede perderse de vista, que la procedencia por lo que respecta a las personas extrañas a juicio, concepto en el que se incluye al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el llamamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse, de ahí que tiene su razón de ser en el desconocimiento de las actuaciones del juicio natural, lo que les impidió acudir en defensa de sus intereses y les excluye de agotar los recursos ordinarios, lo que en el caso no acontece. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 39/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Conforme a la jurisprudencia transcrita, resulta inconcuso que basta la comparecencia al proceso de origen para desvirtuar el carácter de aquella persona que se ostenta como tercera extraña en el amparo; luego, al haber acudido los accionantes al procedimiento natural, se desvirtúa la calidad que detentan, es decir, que siendo parte no hayan sido legalmente llamados a hacer valer sus derechos. Esto es, se puede hablar de un tercero extraño cuando no hay dato alguno en el expediente que demuestre la comparecencia al juicio, y no como sucede en el caso, que solamente se ostentan con tal carácter, pero las constancias de autos demuestran lo contrario Sin que sea óbice que los accionantes ofrecieran el incidente de objeción de las firmas que calzan en el ocurso de contestación de demanda en el procedimiento de origen, empero, omitió prepararlo conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, lo cual ocasionó que fuera desechado el once de noviembre de dos mil veintiuno en el juicio constitucional. Por lo que de modo alguno se pueden desconocer las documentales públicas remitidas por la responsable que gozan de valor probatorio pleno. A lo cual se suma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo, como ocurre en el caso con las constancias incontrovertidas que revelan que se hicieron conocedores de la controversia de origen. Bajo el contexto referido, puede afirmarse que los accionantes conocen plenamente del proceso en su contra, por lo menos desde la fecha en que presentaron su escrito ante el Juez responsable, esto es, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; de modo tal que este es el punto de partida válido para comenzar a computar el término propio de la oportunidad para comparecer a la instancia constitucional. Además, aún en el supuesto no concedido que fueron notificados por medio de diversa persona, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la parte quejosa no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le entere formalmente el acto reclamado para estar en condiciones de solicitar la protección de la Justicia Federal, en razón de que no puede limitársele el acceso a los tribunales federales cuando tiene conocimiento por cualquier otro medio de un acto que le depara perjuicio y, por ende, se encuentra en aptitud de instaurar la vía constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En esta tesitura, el término de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, para que los peticionarios de amparo promovieran su demanda debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que con certeza el suscrito puede determinar que tenían conocimiento de los reclamos, esto es a partir del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, feneciendo dicho término el dieciocho de septiembre del mismo año; descontándose los días inhábiles correspondientes, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora, del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo se presentó el nueve de agosto de dos mil veintiuno, esto es, después de que feneció el término que la ley confiere a los quejosos para la interposición de su demanda, por lo que se concluye que es notoriamente extemporánea. El consentimiento de mérito, permea sobre todo lo actuado en el juicio de origen ya que deviene lógicamente de la falta de impugnación oportuna; pues no puede soslayarse el conocimiento integral que tuvieron del juicio natural. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.C.43 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que menciona para los mismos efectos." Por lo anterior, se concluye que el juicio es improcedente, pues de manera notoria, manifiesta e indudable se actualiza el supuesto de extemporaneidad a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y por ende, se debe SOBRESEER EN EL JUICIO de conformidad con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Finalmente, atento al principio de economía procesal, se hace innecesario abordar el resultado de las pruebas aportadas y desahogadas en la audiencia constitucional, pues cualquiera que fuera su alcance, no superaría la causal de improcedencia invocada. Al efecto se invoca, por las razones que la sustentan, la tesis VI.T.22 K de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, en Materia(s): Común. Página: 1559, que dispone: "VIOLACIONES PROCESALES POR INDEBIDA ADMISIÓN O DESAHOGO DE PRUEBAS. ES INNECESARIO SU ESTUDIO CUANDO NO TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO. Si la resolución reclamada se apoyó en una probanza respecto de la cual el quejoso se duele porque, a su parecer, fue indebidamente admitida o desahogada, pero del análisis que efectúa el Tribunal Colegiado de Circuito en cuanto a su valor probatorio, se concluye que no resulta idónea para dirimir la contienda a favor de alguna de las partes litigantes, entonces, por economía procesal resulta innecesario examinar si se actualizó o no la violación al procedimiento alegada y si ésta dejó en estado de indefensión al peticionario de amparo, toda vez que sería infructuoso amparar y ordenar la reposición del procedimiento si de una u otra manera la probanza materia de la violación procesal no trascenderá al sentido del fallo." No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Asimismo, conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados, pues no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia; conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se Sobresee el juicio de amparo promovido por ... y ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy dieciocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE 25 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Agréguese el escrito de la parte quejosa donde solicita la apertura la medida cautelar, al efecto dígase que en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se postergó la tramitación de la suspensión y se les requirió para que bajo protesta de decir verdad manifestaran si se ostentaban poseedores de la totalidad del inmueble ubicado en ..., o bien, si su pretensión era defender la posesión de algún departamento en específico de ése, lo que a la fecha aún no ha sido satisfecho. Bajo esa consideración continua postergándose la tramitación de la medida suspensional, hasta en tanto la parte quejosa desahogue lo que fue solicitado en auto admisorio.".

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