Vicente Arsenio Ordaz
Expediente 253/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 40 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Vicente Arsenio Ordaz
- VICENTE ARSENIO ORDAZ y Otros.
- Policia de Investigación de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído donde se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que existió imposibilidad para emplazar a juicio a la tercera interesada ..., no obstante que por auto de primero de agosto del presente año, se ordenó realizar las gestiones necesarias con el objeto de localizar su domicilio, girando oficios a diversas dependencias y se agotaron las diligencias correspondientes, sin lograr resultados favorables. Asimismo, que feneció el término concedido al quejoso para que compareciera a recoger, pagar su publicación y exhibir los edictos para emplazar a juicio a la parte tercera interesada referida, sin que hasta el día de hoy lo haya hecho, o bien manifestara la imposibilidad económica para sufragar un gasto de esa naturaleza; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de octubre del año en curso y se sobresee el presente asunto por las consideraciones siguientes. El numeral 17 constitucional, dispone: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."El derecho humano contenido en el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona puede acudir ante los tribunales, y que éstos le administren justicia de forma pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados han de ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Además, se considera que la reserva de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que con esta reglamentación, perseguirá la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de administrar justicia, estará en contravención con el precepto constitucional aludido.Consecuentemente, de la armónica y sistemática interpretación de dicho precepto constitucional, se colige que no es permisible que la impartición de justicia se obstaculice con la falta de interés de la parte quejosa con la intención de paralizar el procedimiento, debiendo prevalecer en todo caso lo ordenado por la Constitución Federal, la cual establece de manera expresa las limitantes a que están sujetos los derechos humanos que ella otorga. Por ello, la reserva de ley en virtud de la cual el referido precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador ordinario la facultad de reglamentar el derecho de la justicia de manera discrecional, sino que, con esta reglamentación, perseguirá la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se paraliza el procedimiento jurídico ante la inactividad de una de las partes para la prosecución del proceso, como en el presente juicio de amparo, en donde la parte quejosa no realizó las gestiones necesarias para emplazar a la tercera interesada, ni manifestó la imposibilidad económica que tenía para sufragar tal gasto, pues ello es indispensable para la continuación del juicio, retardando o entorpeciendo la función de administrar justicia pronta y expedita, lo cual contraviene el precepto constitucional en mención. Bajo esos planteamientos, si este Juzgado Federal agotó la investigación a que se refiere el ordinal 27 fracción III inciso b) de la Ley de Amparo y ordenó en su oportunidad el emplazamiento de la tercera interesada ..., a este juicio, sin que la parte quejosa haya realizado las gestiones para la publicación de los edictos ordenados, ni haya manifestado la imposibilidad económica para ello, se concluye que la peticionaria de amparo incumplió con un presupuesto procesal, como en el caso que nos ocupa lo es la prosecución del procedimiento. En esas condiciones, como se adelantó, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE fuera de audiencia el juicio biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 64/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, registro 186587, de rubro y texto siguientes: ********************"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Por lo anterior, queda sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 3 DE FEBRERO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que existió imposibilidad para emplazar a juicio a la tercera interesada ..., no obstante que por auto de primero de agosto del presente año, se ordenó realizar las gestiones necesarias con el objeto de localizar su domicilio, girando oficios a diversas dependencias y se agotaron las diligencias correspondientes, sin lograr resultados favorables. Asimismo, que feneció el término concedido al quejoso para que compareciera a recoger, pagar su publicación y exhibir los edictos para emplazar a juicio a la parte tercera interesada referida, sin que hasta el día de hoy lo haya hecho, o bien manifestara la imposibilidad económica para sufragar un gasto de esa naturaleza; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de octubre del año en curso y se sobresee el presente asunto por las consideraciones siguientes. El numeral 17 constitucional, dispone: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."El derecho humano contenido en el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona puede acudir ante los tribunales, y que éstos le administren justicia de forma pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados han de ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Además, se considera que la reserva de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que con esta reglamentación, perseguirá la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de administrar justicia, estará en contravención con el precepto constitucional aludido.Consecuentemente, de la armónica y sistemática interpretación de dicho precepto constitucional, se colige que no es permisible que la impartición de justicia se obstaculice con la falta de interés de la parte quejosa con la intención de paralizar el procedimiento, debiendo prevalecer en todo caso lo ordenado por la Constitución Federal, la cual establece de manera expresa las limitantes a que están sujetos los derechos humanos que ella otorga. Por ello, la reserva de ley en virtud de la cual el referido precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador ordinario la facultad de reglamentar el derecho de la justicia de manera discrecional, sino que, con esta reglamentación, perseguirá la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se paraliza el procedimiento jurídico ante la inactividad de una de las partes para la prosecución del proceso, como en el presente juicio de amparo, en donde la parte quejosa no realizó las gestiones necesarias para emplazar a la tercera interesada, ni manifestó la imposibilidad económica que tenía para sufragar tal gasto, pues ello es indispensable para la continuación del juicio, retardando o entorpeciendo la función de administrar justicia pronta y expedita, lo cual contraviene el precepto constitucional en mención. Bajo esos planteamientos, si este Juzgado Federal agotó la investigación a que se refiere el ordinal 27 fracción III inciso b) de la Ley de Amparo y ordenó en su oportunidad el emplazamiento de la tercera interesada ..., a este juicio, sin que la parte quejosa haya realizado las gestiones para la publicación de los edictos ordenados, ni haya manifestado la imposibilidad económica para ello, se concluye que la peticionaria de amparo incumplió con un presupuesto procesal, como en el caso que nos ocupa lo es la prosecución del procedimiento. En esas condiciones, como se adelantó, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE fuera de audiencia el juicio biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 64/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, registro 186587, de rubro y texto siguientes: ********************"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Por lo anterior, queda sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA."
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del tres de enero de dos mil veintitrés, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, es innecesario enviarles oficio, con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
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