Vicente Hernández García
Expediente 153/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Vicente Hernández García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra de la sentencia emitida en autos, el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, transcurrió sin que alguna de las partes lo hubiera interpuesto, según se advierte de la certificación que antecede. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, se advierte que Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la justicia federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 153/2021-II, promovido por********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de marzo de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el mismo día,********************, promovió demanda de amparo en contra de Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: La resolución dictada en audiencia por la responsable dentro del incidente de nulidad interpuesto por el firmante, llevada a cabo y notificada al suscrito en fecha 25 de febrero del 2021, que niega la nulidad del incidente planteado (.). Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Desechamiento de la demanda; interposición de queja que resultó fundada y posterior admisión a trámite. En auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se impuso desechar la demanda de amparo, con sustento en los siguientes razonamientos: Pues bien, en contra del citado auto, procede el recurso de revocación, contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales; dicho recurso, se encuentra en el capítulo segundo, sección primera, de ese cuerpo normativo, que es del contenido siguiente: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. De tales numerales, esencialmente, se advierte lo que sigue: 1. Dicho recurso procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación 2. La finalidad del recurso de revocación es que el propio Juez examine, en una segunda ocasión, si en la determinación combatida se aplicó inexactamente la ley, o no y en vista de ello, confirme, revoque o modifique tal determinación. 3. Serán revocables los autos o determinaciones que no fueren apelables, como en el caso. En efecto, el quejoso reclama del Juez señalado como responsable, la resolución dictada en el incidente de nulidad que interpuso, dentro de la causa penal 2351/2020. Sin embargo, como ya se indicó, el quejoso debió agotar el recurso contemplado en el cuerpo normativo que rige el acto, esto es, el recurso de revocación que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el mismo es el ideal para combatir el auto que reclama, en virtud de que, primero, es el medio ordinario de defensa que prevé el propio Código que rige el acto y además, posee la fuerza de revocar o modificar el auto combatido. Por ende, ineludiblemente, el aquí quejoso debió promover recurso de revocación en contra de la determinación de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Bravos, con sede en esta ciudad. En contra de dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, que lo identificó bajo el consecutivo **/2021. A la postre, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, estimó que dicha queja, era fundada; por lo que, al recibirse dicha determinación, en proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, luego de dejarse sin efecto el auto combatido, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: De la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La resolución dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el incidente de nulidad que promovió, del auto de vinculación a proceso dictado en contra de sus coimputados de nombres *****y ********, en la causa penal ***/2020. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.De igual forma, la Jueza responsable remitió copia certificada de la transcripción de la resolución aquí reclamada. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones. Asimismo, la Jueza responsable envió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia donde se emitió la resolución combatida a través de este juicio de amparo biinstancial; al que se le reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, del mismo. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo; y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por la parte quejosa, a la autoridad en cita. Cuarto. Procedencia. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Previo a efectuar el análisis de la determinación combatida, se considera oportuno acotar que en este asunto, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, es decir, en su calidad de imputado en la causa penal de origen, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Sentado lo anterior, en primer término, se considera oportuno relatar brevemente los antecedentes más esenciales del acto reclamado: I. Dentro de la causa penal 2351/2020, diverso Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, emitió auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por su probable participación en los hechos ilícitos de privación de la libertad personal y ejercicio ilegal de propio derecho, previstos y sancionados en los artículos 158, primer y tercer párrafo, así como 283, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua. II. A la postre, el tres de febrero de dos mil veintiuno, dentro de esa misma causa penal, se emitió diverso auto de vinculación a proceso en contra de las personas de nombres *****y ********, coimputados del aquí quejoso, por su probable participación en los hechos ilícitos de referencia. III. Posteriormente, el diez de febrero de dos mil veintiuno, el aquí quejoso presentó incidente de nulidad para combatir el auto de vinculación a proceso dictado en contra de sus coimputados. IV. Tal incidencia fue desahogada en la audiencia celebrada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en la cual, se resolvió la improcedencia de tal incidente. En la misma, se determinó lo siguiente: Cerrado el debate y tomando en consideración todas y cada una de las manifestaciones realizadas en esta audiencia, las cuales nos remitimos por ociosidad de repeticiones, no ha lugar a acceder a la petición de la defensa y declarar la nulidad que ha solicitado el imputado ********, y por ende, tampoco ha lugar a declarar el saneamiento en términos del artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto sobre la audiencia inicial, así como del auto de vinculación a proceso decretado en contra de los imputados **** y ****, decimos lo anterior en razón de lo siguiente: Si bien es cierto como lo manifestó ***, el día tres de febrero del dos mil veintiuno la de la voz decretó en contra de ****** y ********, el auto de Vinculación a Proceso, por los delitos que se consideraron constitutivos del EJERCICIO ILEGAL DEL PROPIO DERECHO, en términos de artículo 283 del Código Penal del Estado, así como también por el delito de PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, en términos del artículo 158 último párrafo del citado ordenamiento legal; cabe hacer mención que *********** y ************, fueron dejados a disposición de este Tribunal en virtud de una orden de aprehensión ejecutada que diverso Juzgador libró en su contra. Cabe hacer mención como debe entender el imputado, pues así se lo debió haber explicado su defensor, que la finalidad de la orden de aprehensión, es para efecto de llevar a cabo la formulación de imputación, esto bajo los lineamientos que requiere el numeral 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales; entiende también este Tribunal que el defensor debió haber explicado a ******, que la audiencia de formulación de imputación, es una audiencia personalísima, donde el Agente del Ministerio Público, bajo estos lineamientos le informa de una manera directa a la persona o a las personas los hechos materia de los cuales son investigados, su calidad específica, así como la participación que tuvo sobre los hechos antes ya señalados, en donde la audiencia ya celebrada en la fecha invocada en la cual se les formuló imputación a ****** y *********, no tenía injerencia el imputado ******, puesto que, como señalé, es una audiencia particular, personalísima, de manera individual, en donde el Agente del Ministerio Público le da a conocer tales hechos. Y, de resultar que en caso dado en que se le haya llamado a su diverso defensor, este no podía tener participación activa en el hecho ya señalado, puesto que los coimputados ********* y ***********, en esta audiencia de formulación de imputación designaron a un diverso profesionista; esto es, el nombramiento que recayó en la persona del Licenciado ********, el cual ejerció de una manera activa la defensa de los imputados ********** y **********. Cabe hacer mención y dentro de los registros que se llevan a cabo en esta audiencia y derivado de la causa que nos ocupa, como también lo aceptó en su propio escrito el imputado *********, y también a través de la voz de su propio defensor en esta audiencia, que a él se le formuló imputación el día veintisiete de enero del dos mil veintiuno, e incluso fue decretado el auto de vinculación a proceso, por los mismos delitos, el día veintinueve de enero del año dos mi veintiuno; audiencia a la que por cierto tampoco fueron llamados los coimputados antes ya señalados; esto es, y lógico entender es así, porque no tenían injerencia en esta audiencia, ya que en esta audiencia se les manifestó de una manera directa la participación que tuvieron en los hechos que señaló el Agente del Ministerio Público. Ahora bien, resultaría ocioso en todo caso, como manifiesta también el Agente del Ministerio Público, llamar entonces a todos los coimputados que tuvieran probable participación activa en el hecho ya señalado, puesto que cabe hacer mención, como cité con anterioridad, en términos del artículo 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia de formulación de imputación es de manera personal, de manera individual, cosa que sucedió por lo que toca a los coimputados ya señalados así como también a ********. Este Tribunal, si bien es cierto, no deja pasar por alto los derechos que en términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 113 del Código Nacional de procedimientos Penales, que efectivamente, el imputado tiene derecho a participar en todos los actos del proceso, que él tenga participación activa y su injerencia sea personal; la tuvo el hoy imputado *******, en su audiencia que fue celebrada de formulación de imputación el día veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, donde por cierto fue dejado a disposición de este Tribunal en virtud de esa misma orden de aprehensión que fue ejecutada en su contra, en donde tuvo participación activa su diverso defensor y que de los registros se advierte recayó en diversa persona a la del defensor que designó en esta audiencia, en donde ahí sí tuvo la participación activa y que incluso se menciona que el día veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, fue decretada su vinculación a proceso por los hechos ya señalados, en la cual por cierto el propio imputado ******, mencionó que ya presentó los recursos correspondientes. Es de ahí entonces que al advertir en términos de los numerales 309 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que esta audiencia que se celebró en contra de ********* y *******, no se entendió con ***********, puesto como cité y repito, el Agente del Ministerio Público fue claro en aquella audiencia en señalar únicamente la participación que tuvieron estos coimputados y de ninguna manera se señaló en esta audiencia de formulación de imputación, puesto que no se entendía esta audiencia ya que la orden de aprehensión fue ejecutada en contra de dichos imputados; en la cual previo a la formulación de imputación de los coimputados ******R e ******O, ya había sido formulada imputación a *********, en donde repito, si de haber estado presente su defensor, el Licenciado de apellido *****, hubiera estado presente en la audiencia en la cual habían sido convocados ******* y *************, hubiera tenido la participación nula, puesto que los intereses no los representaba dicho abogado, sino que los intereses era representados por otro defensor penal público, el cual ya se citó con anterioridad. Además se advierte que en la audiencia en la cual se resolvió la situación jurídica de *********** y ***********, en todo momento se llevaron a cabo siguiendo lineamientos a los que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguiendo las reglas de valoración a las que se refieren los numerales 330 y 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales; puesto que tenemos que en dicha audiencia se invocaron los datos de convicción para efecto de tener por acreditado y como se ventiló en aquella audiencia del día tres de febrero del año dos mil veintiuno, la probable participación cuando menos de ******** y ***********, en las cuales se les fincó su probable participación en su calidad de coautores en términos del artículo 21 fracción III del Código Penal del Estado, y que desde luego en esta audiencia no se advierte que se hayan violado los principios generales que rigen este sistema penal acusatorio en términos del artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como cité con anterioridad de ninguna manera ********, tuvo participación activa en esta audiencia celebrada en contra de sus coimputados ************* y ***********, y que desde luego tampoco se violentaron en su contra todos los requisitos que ha señalado el defensor; por lo tanto, y al advertir que no se vulneraron de manera alguna y que no existió una afectación real en sus derechos constitucionales y legales de **********, puesto como repito y como se ha señalado en múltiples ocasiones en esta audiencia, no se trató con el imputado ************, sino con los diversos ********* y ********, al grado también como citó el Agente del Ministerio Público en esta audiencia, como se puede apreciar, no se consideró sumar a los señores *********** y ************, por qué, porque esta audiencia se trata únicamente con ************, el cual dijo que a él se le afectaron a su decir los derechos constitucionales y legales al no haber sido llamado a la audiencia a la cual se trataba con los coimputados, *******e **********, en la cual se ventiló su situación jurídica y en la audiencia inicial se les formularon cargos por los delitos antes ya señalados. Es por ello entonces que al atender las peticiones planteadas y al atender también el incidente de nulidad que presentó el hoy imputado, se llevó a cabo en tiempo y forma; esto en razón de lo que manifestó *********** que se enteró por parte de su diverso defensor ********, es decir el día ocho de febrero del año dos mil veintiuno y que fue presentado con posterioridad, dentro del plazo de los dos días, este incidente de nulidad, este fue presentado como se citó con anterioridad en tiempo y forma; empero, a pesar de ello no advierte este Tribunal, como cité con anterioridad, que se le hayan violado en perjuicio ***********, sus derechos constitucionales y legales, pues en nada afecta que se le haya decretado el auto de vinculación a proceso a *********** y *********, esto en perjuicio de los derechos de ********, máxime también tenemos que la audiencia que fue celebrada ese día tres de febrero del dos mil veintiuno, los coimputados ******* y ***********, no quisieron aportar datos de convicción correspondiente y mucho menos solicitar la declaración de ***********, como su coimputado, en los hechos los cuales se les fincó probable participación por los delitos antes ya señalados. Es por ello entonces que al atender que nos encontramos dentro de estos plazos procesales oportunos, con fundamento en lo que dispone el numeral 101 en relación con los artículos 98, 99, 100 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, no ha lugar a declarar como nulo el Auto de vinculación a Procedo decretado por este Tribunal, el día tres de febrero del año dos mil veintiuno, y por ende tampoco se declara nulo la formulación de imputación celebrada el día veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, que se realizó en contra de diversos coimputados ************** y ***********, razón de que se tiene que no se violentaron de manera alguna los derechos constitucionales y legales de *********** por todas las consideraciones ya indicadas, además efectivamente el defensor si ya tuvo personalidad como se citó con anterioridad en las audiencias precedentes y que se entendieron con********************, seguramente en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a razón de que nos encontramos en las etapas procesales muy prematuras al que hoy nos ocupa, puede acceder a los registros audiovisuales para los efectos de ejercer su defensa activa y a favor de su único defendido ************. Así lo resolvió y firma la Licenciada ********** Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos Chihuahua. Así, el quejoso, en sus conceptos de violación, aduce: Que se violaron en su perjuicio las garantías de debido proceso y legalidad. Que se contravino el artículo 20 Constitucional y los diversos numerales 9, 56, 113 y 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues al no haberlo citado a comparecer a la audiencia donde se vinculó a dichas personas a proceso, se vulneró el principio de inmediación. Que desconoce si sus coimputados declararon en la audiencia inicial que se verificó el tres de febrero de dos mil veintiuno, donde se les vinculó a proceso, y que es su derecho saberlo. Que respecto a lo que señaló la Jueza responsable, en el sentido de que, de ser su deseo, podía solicitar copia certificada del registro del audio y video de la audiencia inicial de sus coimputados, ello también rompe con el principio de inmediación. Que con base en los medios de prueba ofertados en la audiencia donde se vinculó a las diversas personas, que aún desconoce, debe adecuar su teoría del caso y estrategia defensiva. Dichos argumentos, son infundados en su totalidad, como se verá a continuación. Primero, debe decirse que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son del siguiente contenido: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Los preceptos constitucionales transcritos, contienen los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso. En las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional. Esta garantía obliga al juzgador a decidir, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Por su parte, el numeral 16 constitucional, importa que todo acto de autoridad deba estar adecuadamente fundado y motivado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la jurisprudencia 11, visible en el Informe de 1973, Parte II, página 18, registro 815,374, que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Se debe entender por fundar, la obligación de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que deben señalarse también las circunstancias especiales o razones particulares que se hubieren tomado en consideración para la emisión del acto; siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, en otras palabras, un nexo lógico, que consiste esencialmente en la manifestación, adecuada y suficiente, que demuestre fehacientemente la relación entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Ahora, la nulidad de actos procedimentales, se encuentra contemplada en el título IV, capítulo VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales; mismo que es del siguiente tenor: CAPÍTULO VII NULIDAD DE ACTOS PROCEDIMENTALES Artículo 97. Principio general Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente Capítulo. Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101 de este Código, se ordenará su reposición. Artículo 99. Saneamiento Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código podrán ser saneados, reponiendo el acto, rectificando el error o realizando el acto omitido a petición del interesado. La autoridad judicial que constate un defecto formal saneable en cualquiera de sus actuaciones, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, el cual no será mayor de tres días. Si el acto no quedare saneado en dicho plazo, el Órgano jurisdiccional resolverá lo conducente. La autoridad judicial podrá corregir en cualquier momento de oficio, o a petición de parte, los errores puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados. Artículo 100. Convalidación Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código que afectan al Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado, quedarán convalidados cuando: I. Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; II. Ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento en los términos previstos en este Código, o III. Dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiere estado presente o participado en él no solicita su saneamiento. En caso de que por las especiales circunstancias del caso no hubiera sido posible advertir en forma oportuna el defecto en la realización del acto procesal, el interesado deberá solicitar en forma justificada el saneamiento del acto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido conocimiento del mismo. Lo anterior, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o la víctima u ofendido. Artículo 101. Declaración de nulidad Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere, además, que: I. Se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y II. Que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado. Artículo 102. Sujetos legitimados Sólo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el procedimiento, siempre que no hubiere contribuido a causarlo. Conforme a dichos dispositivos, se puede concluir lo siguiente: Cualquier acto realizado con violación de derechos fundamentales deberá declararse será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en ese Código, podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado. La solicitud de declaración de nulidad deberá presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que quien se dice perjudicado tenga conocimiento del acto cuya invalidación pretenda. Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en tal codificación podrán ser saneados, reponiendo el acto, rectificando el error o realizando el acto omitido a petición del interesado. Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento, a petición de parte, en forma fundada y motivada, el Juez deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado; siempre que a) se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y b) que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado. Sentado lo anterior, como ya fue acotado previamente, el quejoso se dolió de forma medular al promover la incidencia de que se trata, de que debió citársele a la audiencia donde se vinculó a proceso a sus coimputados *********** y ********, no obstante a él, para ese momento, ya se le había dictado auto de vinculación a proceso; motivo por el cual, al promover tal incidencia, solicitó que se declarara la nulidad de dicho auto de vinculación a proceso de ************* y ********, así como de la audiencia donde se les formuló imputación. Tal como lo asentó la Jueza responsable, no le asiste la razón al aquí quejoso. Ello es así, pues, de conformidad con el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos penales, en la audiencia inicial, se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad; se realizará el control de legalidad de la detención, si correspondiere; se formulará la imputación; se le dará la oportunidad de declarar; se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares; y, se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En otras palabras, en tal audiencia, se resolverá su situación jurídica acorde a esa etapa del proceso. De la intelección de dicho numeral, se desprende que cada uno de los actos que compone tal audiencia inicial, se encuentran dirigidos a la persona de que se trate; con independencia de que existan más imputados en la misma causa penal, por lo que, tal audiencia, es personalísima, por cuanto hace a la parte imputada, debido a que tiene como fin precisamente dilucidar la situación jurídica de esa persona determinada. Es así, a pesar de que puede hacerse asistir a más de un imputado relacionado con la misma causa penal, a una misma audiencia inicial, con el objeto de resolver sus situaciones jurídicas, en lo individual; tal codificación no exige que, ineludiblemente, se lleve a cabo -en caso de que existan múltiples imputados- en una única audiencia inicial, pues la misma, deriva del momento en que se haya logrado materializarse la orden de aprehensión, se haya atendido al citatorio o a la orden de comparecencia, según se trate, en términos del artículo 141 de la aludida codificación; ni que, ineludiblemente, los imputados cuya situaciones jurídicas ya fueron resueltas, deban ser citados a las audiencias iniciales de sus coimputados, a pesar de que, obvio es, se encuentran en posibilidad de asistir, de así desearlo, dada la publicidad (respecto del público) de esa índole de audiencias, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución, que en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) Es así, a pesar de que el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que es imprescindible la comparecencia del imputado a la audiencia inicial y a su continuación, en caso de haberla, tal numeral se refiere a la del imputado cuya situación jurídica será resuelta en la misma, así como de su defensor, dado el interés que por esa razón, le atañe. El objeto de garantizar la presencia tanto del imputado como de su defensor a la celebración de la audiencia inicial donde se resolverá su situación jurídica, es que, entre otras cosas, que él tenga participación activa y su injerencia sea personal, así como que sea desplegada su defensa, de la forma en que sea estimada la mejor estrategia. No así que, habiéndose resuelto su situación jurídica, deba asistir a las audiencias iniciales de sus coimputados, pues aquélla no cambiará con lo que se desarrolle en las audiencias iniciales de sus coimputados. Sin embargo, como ya se dijo, de así desearlo, los imputados se encuentran en posibilidad de asistir a las audiencias de sus coimputados como parte del público; pero su presencia, se itera, no constituye una obligación, al no ventilarse en tal audiencia las determinaciones atinentes a su situación jurídica. Es así, la audiencia inicial se encuentra compuesta de varias etapas: Control de legalidad de la detención: inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en el código en comento. Formulación de la imputación: es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Oportunidad para declarar: formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. Vinculación a proceso: la audiencia relativa deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación y tiene como objeto que se resuelva la situación jurídica del imputado. Además, se resolverá lo atiente en torno a las medidas cautelares. Determinación de plazo para cierre de investigación. De lo anterior, contemplado en los numerales 307 a 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que la audiencia inicial es personalísima, pues tiene como objeto que se resuelva la situación jurídica del individuo que, supuestamente, cometió un delito. A la cual, además del imputado (y, obvio es, el juez que la presidirá) deberá comparecer el agente del Ministerio Público, el defensor del imputado y, de forma opcional, las demás partes (tanto víctimas u ofendidos, los asesores jurídicos de éstos, el público, o coimputados). Y a pesar, de que dicha audiencia, es pública; por cuanto a la parte imputada, el deber de buscar la ineludible asistencia, será precisamente de la persona respecto a quien se va a resolver su situación jurídica, únicamente, así como de su defensor. Dicho lo anterior, como se anunció, se estima que la determinación combatida fue adecuadamente emitida, pues la Jueza responsable, contrario a lo estimado por la aquí parte quejosa, sí cumplió con una adecuada fundamentación y motivación y acató con las formalidades esenciales del procedimiento. Se afirma lo anterior, pues: La Jueza responsable atendió a la petición formulada por el aquí quejoso, del desahogo de la audiencia respectiva. Le indicó que la finalidad de la orden de aprehensión, es para efecto de llevar a cabo la formulación de imputación y que bajo los lineamientos de los numerales 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia de formulación de imputación, es una audiencia personalísima, donde el agente del Ministerio Público, bajo los lineamientos ahí acotados, informa de una manera directa a una o varias personas los hechos materia de los cuales son investigados, su calidad específica, así como la participación que aparentemente tuvo o tuvieron en los mismos. Que el aquí quejoso no tenía injerencia en tal audiencia, pues su situación jurídica se había resuelto, incluso previamente. Al respecto, además, indicó no pasar por alto los derechos que en términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que efectivamente, el imputado tiene derecho a participar en todos los actos del proceso -en que él tenga participación activa y su injerencia sea personal- lo cual tuvo el aquí quejoso en su audiencia de formulación de imputación celebrada el día veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, luego de la orden de aprehensión que fue ejecutada en su contra, en donde tuvo participación activa su defensor y el día veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, donde fue decretada su vinculación a proceso. Refirió enseguida que tampoco era necesario citar al abogado del aquí quejoso, licenciado ********, debido a que tal profesional no es defensor de los diversos imputados de referencia, quienes designaron al licenciado ******* con esa calidad. De modo que, indicó, de haberse llamado al licenciado ***********, hubiera tenido participación nula, puesto que los intereses de los diversos imputados no los representaba dicho abogado, sino el diverso profesional de referencia. Manifestó la Jueza responsable, además, que en la audiencia en la cual se resolvió la situación jurídica de ************ y ********, en todo momento se llevaron a cabo siguiendo lineamientos a los que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguiendo las reglas de valoración a las que se refieren los numerales 330 y 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de modo que, no se surtían los elementos indispensables para declarar la nulidad, esto es, que a) se haya ocasionado una afectación real al aquí accionante del amparo y b) que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado, al no haberse materializado afectación alguna. Ello, debido a que, refirió, en nada afectó al aquí quejoso que se haya vinculado a proceso a las diversas personas en comento; además, precisó que tales personas no quisieron aportar datos de convicción ni mucho menos, solicitaron la declaración de********************, aquí quejoso, como su coimputado, en los hechos los cuales se les fincó probable participación por los delitos antes ya señalados. De modo que, la Jueza responsable, con fundamento en lo que dispone el numeral 101 en relación con los artículos 98, 99 y 100, del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó no ha lugar a declarar como nulo el auto de vinculación a proceso decretado el tres de febrero del año dos mil veintiuno a ************ y *********, ni la formulación de imputación que se realizó en contra de dichas personas, al estimar acertadamente que no se violentaron los derechos constitucionales y legales del aquí quejoso,********************. Finalmente, la Jueza responsable refirió que el aquí quejoso y su defensor privado se encuentran en posibilidad de acceder a los registros audiovisuales de la audiencia inicial de sus coimputados, si así lo estiman necesario. Con lo que se considera, la obligación que tenía de fundar, motivar y cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, fue colmada; pues, además de invocar los numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Constitución Federal aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales estimó que no era procedente declarar la nulidad de la audiencia inicial verificada respecto de las personas de nombres *********** y ************, en cuanto a las razones expuestas tanto por el aquí quejoso, como por su defensor particular. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes; las circunstancias particulares consideradas por las partes; y, finalmente, resolvió sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Concluido el análisis oficioso de la resolución reclamada, que coincidió con el primer motivo de disenso aducido por el quejoso, se procede enseguida a analizar los restantes vertidos en el ocurso de amparo. Por lo que hace al argumento desplegado por el quejoso, en el que se acotó "que se contravino el artículo 20 Constitucional y los diversos numerales 9, 56, 113 y 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues al no haberlo citado a comparecer a la audiencia donde se vinculó a dichas personas a proceso, se vulneró el principio de inmediación", tampoco le asiste la razón. Conviene precisar el contenido de los ordinales de referencia, al que se adiciona el 4º del Código Nacional de Procedimientos Penales, al resultar concomitante con los diversos invocados por el quejoso: Constitución Federal: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) Normativa procesal penal: Artículo 4o. Características y principios rectores El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. (.). Artículo 9o. Principio de inmediación Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el Órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del Órgano jurisdiccional. El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento a lado de su defensor. Sólo en casos excepcionales podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la audiencia, y representado para todos los efectos por su Defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible. Artículo 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio; IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; VII. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este Código; VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código; X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena,el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate; XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; XIV. A no ser expuesto a los medios de comunicación; XV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable; XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo; XVII. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; XVIII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera, y XIX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables. Los plazos a que se refiere la fracción X de este artículo, se contarán a partir de la audiencia inicial hasta el momento en que sea dictada la sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional competente. Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas con discapacidad, o adultos mayores que dependan de él, y no haya otra persona que pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio Público deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social que correspondan, a efecto de recibir la protección. Artículo 117. Obligaciones del Defensor Son obligaciones del Defensor: I. Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa; II. Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen; III. Comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley; IV. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa; V. Comunicare directa y personalmente con el imputado, cuando lo estime conveniente, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal de las audiencias; VI. Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa; VII. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado; VIII. Solicitar el no ejercicio de la acción penal; IX. Ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondientes y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u ofendido cuando no se ajusten a la ley; X. Promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables; XI. Participar en la audiencia de juicio, en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales; XII. Mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio; XIII. En los casos en que proceda, formular solicitudes de procedimientos especiales; XIV. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones; XV. Interponer los recursos e incidentes en términos de este Código y de la legislación aplicable y, en su caso, promover el juicio de Amparo; XVI. Informar a los imputados y a sus familiares la situación jurídica en que se encuentre su defensa, y XVII. Las demás que señalen las leyes. De la intelección de dichas numerales, se desprende lo siguiente, en lo que interesa: a) los principios que rigen el proceso penal, entre los que se encuentra el de inmediación; b) mismo que consiste, esencialmente, en que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma; c) que una de las partes que debe intervenir en la misma, es el imputado; d) así como, las obligaciones del defensor. Primero, debe reiterarse, la persona cuya situación jurídica será resuelta en la audiencia inicial, inexorablemente, debe comparecer a la misma (de forma presencial o vía remota, según se determine dadas las particularidades del caso). Empero, se itera, no es ineludible que los coimputados de dicha persona, deban presentarse a la misma, por la simple razón de que no se ventila ahí su situación jurídica, menos aún, si ya se resolvió ésta respecto a ellos, como sucede en la especie; situación jurídica que, dicho sea de paso, no se verá modificada con motivo de lo que se resuelva en las audiencias de los coimputados. En efecto, como se desprende de la intelección del artículo 307 de tal codificación, cada uno de los actos que compone tal audiencia inicial, se encuentran dirigidos a la persona de que se trate; con independencia de que existan más imputados en la misma causa penal, por lo que, tal audiencia, es personalísima, por cuanto hace a la parte imputada, debido a que tiene como fin dilucidar la situación jurídica de esa persona determinada. De modo que, no es exigible que se haga comparecer a las audiencias iniciales de todos demás imputados en determinada causa penal, a un imputado; pues las determinaciones que únicamente atañen a éste, son las que guardan relación con su situación jurídica. Ello, con la excepción de que el imputado cuya situación jurídica se resolverá, solicite la presencia de alguno de sus coimputados para que declare sobre los hechos respecto a los cuales se le pretende fincar probable participación de un ilícito; lo cual, no sucedió en el caso, como lo apuntó la Jueza responsable, quien refirió que en la audiencia inicial de los imputados ************ y *************, ni éstos, ni su defensor, ofertaron como medio de prueba, la declaración o testimonio del aquí quejoso. Aunado a ello, no puede desconocerse la situación de emergencia sanitaria que aún persiste. En efecto, es un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la enfermedad COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV2, es oficialmente una pandemia; por lo que, ante tal escenario, el Estado Mexicano ha implementado una diversidad de acciones a efecto de buscar evitar la aglomeración innecesaria de personas, en aras de salvaguardar la salud de la sociedad en general. De modo que, bajo la lógica del quejoso, de obligarlo a asistir a la audiencia de todos sus coimputados -a los que, acompañarían los defensores que cada uno, en lo individual, haya designado-, así como, en consecuencia a todas éstas personas, a las audiencias de cada uno de los imputados en lo particular; además de resultar innecesario, dado que, en las mismas, solo se emitirían determinaciones en torno al imputado de que se trate; se les expondría innecesariamente al letal virus, lo que, de darse así, resultaría lesivo al derecho a la salud y en grado de probabilidad, al derecho de la vida, de los asistentes. Luego, se tiene que el proceso legislativo que culminó con la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se advierte que para el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Desde este enfoque, se suele diferenciar entre a) una inmediación general, que sólo exige la presencia judicial en las actuaciones que se desarrollan en el proceso, y b) la inmediación en sentido estricto, que requiere que sea precisamente el Juez que resuelve, el que haya estado presente en las actuaciones judiciales relativas. En atención a los sujetos, la inmediación envuelve a tres polos distintos: a) al órgano judicial; b) a las partes; y, c) a la opinión pública. En lo que atañe al primero, el principio de inmediación está llamado, sobre todo, a eliminar cualquier tipo de interferencia entre el tribunal y la fuente de prueba. La inmediación también abarca a las partes por su estrecha conexión con el principio de contradicción (donde la inmediación es su presupuesto), y porque las facultades que los códigos procesales suelen asignar a las partes se ejercen mediante una relación directa con los elementos de prueba. En este sentido, las manifestaciones de la inmediación son aquellas en virtud de las cuales el Juez o tribunal recibe, personal y directamente de las partes, sus argumentos de hecho y de derecho. Desde este enfoque, la inmediación concede a las partes la ocasión de comunicar oralmente al tribunal sus puntos de vista, en una audiencia determinada, con el propósito de que el Juez o tribunal se compenetre más acabadamente del sentido y alcance de los argumentos y pretensiones; las partes pueden, en su presencia, confrontar sus razones y a veces ajustarlas; se obtiene mayor celeridad por medio de indicaciones o preguntas que, en ciertos casos, pueden formularse, señalando a las partes las oscuridades, vacíos o contradicciones de sus planteamientos o explicaciones; se supriman o abrevien algunos puntos controvertidos por tener un alcance distinto del que suponían las partes en su enfoque unilateral. Asimismo, hay un nexo entre la inmediación y la opinión pública, en cuanto aquélla posibilita un control eficaz de la ciudadanía sobre la administración de justicia. Ahora bien, tal principio, no fue vulnerado, como aduce el quejoso, debido a que, primero, la misma Jueza responsable fue quien llevó tanto la audiencia inicial como su continuación, de los imputados llamados ***********************. Lo que es un hecho notorio para esta juzgadora federal, que invoca con sustento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, debido a que, ello se colige de la copia certificada del registro de audio y video que emitió la jueza responsable al diverso asunto 129/2021-II del índice de este órgano jurisdiccional, donde *****y ********, reclamaron el auto de vinculación a proceso emitido en su contra; tal como se asentó en la sentencia respectiva. Se invoca como sustento a lo previo la tesis I.10o.C.2 K (10a.), por identidad jurídica, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2187, del contenido: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda. Además, tampoco fue vulnerado por cuanto hace a las partes, toda vez que las involucradas, comparecieron a la celebración de la audiencia inicial de *****y ******** y su continuación; a la que, con la calidad de imputados, únicamente cabía la obligación de asistir, precisamente a *****y ********; no así respecto de la diversidad de imputados que componen la causa penal de origen; pues únicamente se resolvió la situación jurídica de *****y ********, no la del aquí quejoso (que había sido previamente resuelta), ni de los demás coimputados. Además, tampoco se vulneró el citado principio, al no citarse a la audiencia inicial de *****y ******** y su continuación, al licenciado ********, pues dicho profesional no tiene la calidad de defensor de tales personas, sino únicamente del aquí quejoso. De modo que, tampoco se contravino lo dispuesto en el numeral 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no era obligación, ni tampoco facultad, del licenciado ********, comparecer a la audiencia inicial de los imputados de nombres *****y ********, debido a que, dichas personas únicamente designaron como su defensor, al licenciado ********. De modo que, ha quedado evidenciado lo infundado de dicho argumento. Enseguida, por lo que hace al siguiente motivo de disenso, en el cual el quejoso indicó "que desconoce si sus coimputados declararon en la audiencia inicial que se verificó el tres de febrero de dos mil veintiuno, donde se les vinculó a proceso, y que es su derecho saberlo"; el mismo resulta infundado. Lo anterior, pues como se lo hizo del conocimiento la Jueza responsable en la resolución aquí reclamada, dichas personas no emitieron declaración alguna; de lo cual conoce esta Juzgadora Constitucional, con motivo del diverso juicio de amparo 129/2021-II del índice de este juzgado, en el cual, tales personas acudieron como quejosos a reclamar el auto de vinculación a proceso decretado en su contra en la citada continuación de la audiencia inicial. Además, precisamente en pro del derecho que le asiste a conocer tal información, bien pudo simplemente solicitar copia certificada del registro del audio y video de la audiencia inicial de tales personas, tal como lo refirió la Jueza responsable a efecto de que se impusiera de lo verificado en la misma. De manera que, por esa razón, también deviene infundado el siguiente motivo de disenso, que el quejoso hizo consistir en lo siguiente: "que respecto a lo que señaló la Jueza responsable, en el sentido de que, de ser su deseo, podía solicitar copia certificada del registro del audio y video de la audiencia inicial de sus coimputados, también rompe con el principio de inmediación". Ello, por la sencilla razón de que, como se ha venido exponiendo, no era necesario que compareciera a la audiencia inicial de *****y ********, ni su continuación, debido a que en la misma se controvirtió únicamente la situación jurídica de éstos, no así la del aquí quejoso, que ya se había resuelto previamente. Además, el que le sea brindada copia certificada de tales registros, no contraría el referido principio por sí mismo, pues ello no guarda relación lógica con los elementos del mismo, arriba especificados. Finalmente, en su último motivo de disenso, refirió "que con base en los medios de prueba ofertados en la audiencia donde se vinculó a las diversas personas, que aún desconoce, debe adecuar su teoría del caso y estrategia defensiva"; tampoco le asiste la razón y es infundado tal argumento. El auto de vinculación a proceso, en general, exige un ejercicio de motivación acerca de cómo es que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hechos delictivo y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión. Al respecto, el que el defensor -que cada uno de los imputados haya designado, en lo individual, en ejercicio la prerrogativa constitucional, de contar con una defensa técnica adecuada - tenga acceso a la carpeta de investigación, no genera certeza jurídica sobre las razones y datos de prueba específicos que a criterio del Ministerio Público justificarían vincular a cada imputado, en lo particular, a proceso. Ello, pues los datos de prueba dependerán de lo que el propio Ministerio Público exponga oralmente en la audiencia -de cada uno de los imputados, lo cual, según la estrategia que tenga, puede variar- y no de lo que exista materialmente en la citada carpeta. De modo que, los datos de prueba que hayan sido expuestos oralmente por el agente del Ministerio Público en la audiencia inicial de *****y ********, no atañen directamente en la defensa que planeen el defensor del aquí quejoso, y éste; pues, se itera, éstos, por una parte, conocen la totalidad de datos de prueba que componen la carpeta de investigación que se sigue en contra del aquí accionante del amparo, y por otra, únicamente los relatados por la representación social en la audiencia inicial donde se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, son los que se consideraron para resolver su situación jurídica y para vincularlo a proceso; de modo que, su defensa, debe seguir esa línea, no la planteada al resolverse la situación jurídica de sus coimputados. Es pertinente destacar que no es desapercibido para esta juzgadora constitucional, que el quejoso haya invocado los siguientes criterios en su demanda de amparo: XVII.2o.P.A.29 P (10a.), publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 62, enero de 2019, Tomo IV, página 2320, del contenido: AUDIENCIA INICIAL. EN ESTA DILIGENCIA Y EN SU CONTINUACIÓN, LA PRESENCIA DEL IMPUTADO ES UN REQUISITO DE VALIDEZ, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 307 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El último párrafo del precepto mencionado establece que a la audiencia inicial deberán concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor, y podrán asistir -si lo desean- la víctima u ofendido o su asesor jurídico, pero su presencia no será requisito de validez; de igual manera, el diverso artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que en la continuación de la audiencia inicial, desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra, en primer término, al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Por tanto, la presencia de éste en la audiencia inicial y en su continuación es obligatoria, al ser un requisito de validez, en términos del artículo 307 indicado, pues sin la presencia del imputado, lo actuado en esta fase será nulo. XVII.2o.P.A.30 P (10a.), publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo idénticos datos de publicación, del contenido: AUDIENCIA INICIAL. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CUANDO SU CONTINUACIÓN SE CELEBRA SIN LA ASISTENCIA DEL IMPUTADO, ES DECLARAR NULO TODO LO ACTUADO A PARTIR DE QUE REANUDÓ AQUÉLLA, AL CARECER DE VALIDEZ. El artículo 307, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que a la audiencia inicial deberán concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor; de igual manera, podrán asistir -si lo desean- la víctima u ofendido o su asesor jurídico, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia. Por su parte, el diverso 315 establece que en la continuación de la audiencia inicial, desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra, entro otros, al imputado. Así, cuando la continuación de la audiencia inicial se celebra sin la asistencia del imputado, el efecto de la sentencia que concede el amparo por esta violación a las normas del procedimiento penal, será declarar nulo todo lo actuado a partir de que se reanudó dicha diligencia, al carecer de validez y, por ende, atento al principio de inmediación, una vez que el proceso se reanude, el Juez de Control debe señalar fecha y hora para proseguir la audiencia donde se pronuncie sobre la formulación de la imputación, la solicitud de vinculación a proceso y de medidas cautelares, así como el plazo para el cierre de la investigación. Empero, en primer lugar, si bien la referida tesis alude, en lo que aquí interesa, a que es precisa la presencia de las partes en toda audiencia relativa a sus intereses jurídicos inmediatos, no contraviene la conclusión a la que se ha arribado previamente, conforme a la cual, la asistencia del o los imputados a la audiencia inicial, será obligatoria siempre que ahí se pretenda resolver su situación jurídica, lo que, como se ha reiterado, no sucede en la especie; y, en segundo lugar, debido a que el criterio en comento, es aislado, además de que fue emitido por Alzada de Circuito Judicial diverso al en que se encuentra este órgano jurisdiccional y, obvio, de la Jueza responsable. De su análisis se desprende que, en concomitancia al estudio efectuado en líneas previas, la audiencia inicial sin la presencia del imputado respecto a quien se pretenda resolver su situación jurídica, deviene inconstitucional e ilegal; empero, se itera, en la audiencia inicial de los imputados *****y ********, únicamente se resolvió la situación jurídica de ellos, no así la del aquí quejoso, ni la de los diversos coimputados en la causa penal de origen; de tal suerte que, lejos de abonar a sus argumentaciones, refuerza lo analizado previamente en esta sentencia, en el sentido de que en nada perjudica al aquí quejoso ni a su situación jurídica, que no se le haya citado a la audiencia inicial de *****y ********. Luego, se colige que además, el quejoso, cita el criterio I.9o.P.249 P (10a.), emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4610, del contenido: PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL DE CORTE ACUSATORIO. NO SE VULNERA SI ANTE LA PETICIÓN DE LA VÍCTIMA DEL DELITO DE DISCRIMINACIÓN, Y EN ATENCIÓN AL PARÁMETRO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 366 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL JUEZ DE CONTROL, EN LA AUDIENCIA INICIAL, ACCEDE A SITUARLA EN UNA SALA DISTINTA A LA EN QUE SE ENCUENTRA EL IMPUTADO. Si bien es cierto que conforme al principio de inmediación que rige en el procedimiento acusatorio que actualmente se sigue en el sistema penal mexicano, toda audiencia debe desarrollarse íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en ella, también lo es que dicho principio no se vulnera por el hecho de que el Juez de control, en atención al parámetro establecido en el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a petición expresa de la víctima del delito de discriminación, durante la audiencia inicial, accede a situarla en una sala distinta a la en que se encuentra el imputado, ya que ello constituye una prerrogativa que le asiste a aquélla, de conformidad con la fracción V del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé como derecho de la víctima u ofendido del delito, el resguardo de su identidad y otros datos personales que incluyen la salvaguarda de su intimidad, entre otros casos, cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección y su presencia se garantiza por medios electrónicos, salvaguardando desde luego y en todo momento, el derecho a la confrontación y a la defensa que asiste al imputado; y sin que obste que al momento de la audiencia la ofendida cuente con la mayoría de edad, si al ocurrir el injusto aún era menor, ya que ello establece un parámetro para que se ubique en lo previsto en el precepto procedimental invocado. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************, con relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando quinto. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, existe imposibilidad jurídica para llevarla a cabo, toda vez que aún no obran en autos los emplazamientos de los terceros interesados, ********************* y agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que conoce de la causa penal *******. Por lo que, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, incluyendo a la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que de conformidad con el numeral 5, fracción III, inciso c), de la Ley de la Materia, le reviste el carácter de terceros interesados a *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******. Lo anterior, pues dichas personas son las mismas a las cuales se les reconoció tal carácter dentro de los juicios de amparo ******* y ******* del índice de este juzgado, relacionado con el presente asunto, al deducirse ambos de actos combatidos dentro de la causa penal *******. Por tal motivo, se comisiona a la actuaria judicial adscrita para que realice el emplazamiento de dichas personas, de la siguiente forma: 1 ******* ******* 2 ******* ******* 3 ******* ******* 4 ******* ******* 5 ******* ******* 6 ******* ******* 7 ******* ******* 8 ******* ******* 9 ******* ******* 10 ******* ******* 11 ******* *******, en esta ciudad, con número telefónico (*******) *******. 12 ******* En su lugar de trabajo, en *******, en esta ciudad 13 ******* *******, en esta ciudad Asimismo, se reconoce el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que conoce de la causa penal *******, con sustento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. La actuaria de la adscripción, deberá correrles traslado con copia de la demanda de amparo y del auto admisorio -de forma física o por correo electrónico, según sea el caso-; asimismo, deberá hacerles saber la fecha y hora determinadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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