Vicente Manuel Ochoa Piedra y Otros.
Expediente 793/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Vicente Manuel Ochoa Piedra y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente como constancia legal el informe de la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, toda vez que el presente juicio se trata de un asunto totalmente concluido, ya que mediante auto de veintisiete de septiembre de este año, causo estado el auto por el cual se tuvo por no interpuesta la demanda que origino el juicio en que se actúa. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, contra el proveído en el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por el inciso a), fracción I, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se tiene que el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos tercero, noveno, decimoquinto y trigésimo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente como constancia legal el oficio que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el informe sobre la suspensión de plano rendido por el Subrepresentante Local adscrito a la Oficina de Representación Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, toda vez que mediante auto de siete de los actuales se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta secretarial, enviado vía correo electrónico por el Encargado de la Estancia Provisional Juárez, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento que se le formuló en auto de uno de septiembre del año en curso, y al efecto remite copia certificada del expediente administrativo relativo a los quejosos ********** y **********, del que se advierte que mediante resoluciones de retorno asistido de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, emitidas por el Subrepresentante Local, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta localidad, fueron puestos a disposición de la Estación Migratoria en Iztapalapa, Ciudad de México, a efecto de que dicha autoridad ejecute el retorno asistido a su país de origen, por así haberlo solicitado los referidos quejosos; resoluciones que les fueron notificadas en esa propia data. El valor probatorio del informe de cuenta, recibido en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno, por identidad de las razones que informa la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Mayo de dos mil dieciocho, Tomo III, página 2178, Materia Común, número de registro 2016852, del rubro siguiente: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Ahora bien, es acertado ver el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y resaltar los antecedentes siguientes: 1.- Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, **********, promovió demanda de amparo a favor de los directamente agraviados ********** y **********, de nacionalidad Ecuatoriana, contra actos de la Estancia Provisional o Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, y de otras autoridades, en la que reclamó la privación ilegal de libertad, incomunicación, discriminación, malos tratos, coartar el derecho de reunirse pacíficamente, deportación, expulsión, retorno asistido o devolución injustificada a su país de origen; 2. Dicha demanda fue registrada con el número 793/2022-VII, y en términos del artículo 22 Constitucional, se concedió la suspensión de plano respecto de los referidos actos, y con fundamento en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se facultó a uno de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, incluso en las oficinas del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional, a fin de lograr la comparecencia de los referidos quejosos y la ratificación de su demanda; 3. Seguidamente, en razón actuarial de treinta y uno de agosto del año en curso, la Actuaria adscrita hizo constar la imposibilidad que tuvo para notificar a los quejosos ********** y **********, el proveído de esa misma fecha, toda vez que fue informada que no se encontraban detenidos en esa dependencia, pues fue sujetos a retorno asistido directo a su país Ecuador; y, 4. Consecuentemente, en auto de uno de septiembre de este año, se requirió al Encargado de la Estancia Provisional Juárez, del Instituto Nacional de Migración, para que remitiera copia certificada del expediente administrativo relativo a los citados quejosos, al ser necesaria para resolver lo que en derecho proceda. Circunstancias que es desahogada al tenor del oficio de cuenta, del que se advierte que los directamente quejosos mediante resoluciones de retorno asistido de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, fueron puestos a disposición de la Estación Migratoria en Iztapalapa, Ciudad de México, a efecto de que dicha autoridad ejecute el retorno asistido a su país de origen, por así haberlo solicitado, mismas que les fueron notificadas en esa propia data. En tal virtud, narrados los antecedentes de mérito, y considerando lo informado en el párrafo que antecede, es conveniente citar el artículo 15 de la Ley de Amparo, que al efecto indica: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Puntualizado lo anterior, y con apoyo en el artículo transcrito, se concluye que ha lugar a tener por no presentada la demanda, precisamente por la falta de la voluntad de los promoventes para ratificar su demanda, dado que existen datos objetivos que evidencian que los directos quejosos fueron retornados a su país de origen por así haberlo solicitado expresamente. Esto es así, dado que no hay instancia de parte agraviada y menos la existencia de agravio personal y directo, ante la situación jurídica actual que impera en los aludidos quejosos -están en su país de origen y en libertad-. No está por demás señalar, que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia del quejoso, después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, comunicándose los hechos al Ministerio Público; sin embargo, en la situación particular, tal hipótesis no opera, pues de acuerdo a los antecedentes narrados, los directos quejosos voluntariamente solicitaron su retorno asistido. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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