Vicente Angeles Tovar
Expediente 814/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Vicente Angeles Tovar
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por *******, por tanto se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no contiene información clasificada como reservada según los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 97 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Juez Primero Civil por audiencias del distrito judicial Galeana al que anexa el despe3cho 60/2016 de su índice deducido del despacho 562/2016 del índice de este juzgado, acusese recibo de estilo y dese de baja la comunicación oficial en el libro de gobierno. Luego, vista la razón del Ministro Ejecutor y Oficial Notificador del órgano despacho de la que se advierte la imposibilidad de notificar al quejoso el auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, pues manifiesta que el número ******************** de la calle ********************, Zona Centro del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua no existe. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente proveído, el de nueve de septiembre pasado y los subsecuentes por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale diverso domicilio donde pueda ser encontrado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, abril de dos mil ocho, Materia Común, visible en la página 238, del tenor siguiente: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
COMO ESTÁ ORDENADO EN AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, Y NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y otra autoridad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo *******. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113, de la Ley de Amparo en vigor, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para desechar de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el presente caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que textualmente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra norma generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los cardinales 17 y 18 del cuerpo normativo que textualmente establecen: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. [.] 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Como puede advertirse del texto del precepto legal antes trascrito, se desprende que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de garantías, correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior se sustenta, por identidad de razón, en la jurisprudencia 30/2007, vía contradicción, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 286, Tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 172550, que expresa: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. El quejoso *******, bajo protesta de decir verdad, aduce que el primero de agosto de dos mil dieciséis del año en curso tuvo conocimiento del aseguramiento del vehículo de su propiedad (un tracto camión Marca ******* modelo ******* con número de serie *******), en la carpeta de investigación *******. De manera que, para computar la oportunidad en la presentación de la demanda que origina el juicio en que se actúa, debe tomarse en cuenta la fecha en que el accionante aduce tuvo conocimiento de los hechos que le agravian. Apoya tal determinación, por identidad de razón, la jurisprudencia IV.2o.C. J/7, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de dos mil cinco, Materia Común, visible en la página 1035, de registro 177995, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 21 de la ley de la materia, transcurrió respecto del auto de uno de agosto de dos mil dieciséis que se reclama del dos al veintidós de agosto del año en curso, supuesto que: a) el quejoso tuvo conocimiento de los actos desde el uno de agosto pasado, y, por ende, el día hábil siguiente a esa fecha es el dos de la propia mensualidad; y. b) fueron inhábiles los días seis, siete, trece, veinte y veintiuno catorce de agosto de dos mil dieciséis, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En tal virtud, como la demanda fue recibida en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad el ocho de septiembre del año en curso, es incuestionable que su presentación fue extemporánea. Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia número trece, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once del Tomo VI Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, de registro 393969, cuyo texto y rubro dice: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo al ser notoriamente improcedente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196196, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Con fundamente en el numeral 24, de la Ley de la Materia, se tiene al accionante autorizando para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos al licenciado ********************, por no encontrarse inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Ahora, toda vez que el quejoso tiene su domicilio fuera de la ciudad de residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2o. de dicha Ley, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial Galeana con residencia en Nuevo Casas Grandes, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en ******* del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, notifique al del quejoso *******, el presente proveído, asimismo, le requiera para que y al momento de la notificación o dentro del término de tres días a partir de que surta efectos la legal notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 30, fracción II, de la legislación de la materia, solicitando acuse de recibo correspondiente. Para la diligencia encomendada, se otorga plena jurisdicción al juez despachado, facultándolo para que ordene se practiquen todas las diligencias necesarias para ello, y acuerde todas las promociones tendentes a lograr el cumplimiento de la diligencia encomendada. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito y el notificador del juzgado despachado, realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Finalmente, en términos de los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros perjudicados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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