Vicente Ruiz Cayetano

Expediente 248/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 52 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
248/2016
Año
2016
Actuaciones
52
Última actuación
03/05/2017

Partes del expediente

  • Vicente Ruiz Cayetano
  • Vicente Ruiz Cayetano y Otros.
  • Jueces Orales en turno del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete que dice: Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo ***/2016, promovido por ***********. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el mismo día, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tienen ese Carácter: LOS JUECES DE JUICIO ORAL DESIGNADOS EN EL JUICIO ORAL NÚMERO **********; O LOS JUECES DE JUICIO ORAL EN TURNO QUE SEAN DESIGNADOS DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, con domicilio en Calle Barranco Azul S/N de esta Ciudad. EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL COMBATE DEL DELITO DE EXTORSIÓN ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ZONA NORTE, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos de esta Ciudad. EL COORDINADOR DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DE LA FISCALÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO ZONA NORTE, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Calle Sanders de esta Ciudad. DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN ESTATAL No 3 con domicilio en la Calle Barranco Azul S/N de esta Ciudad. IV.-ACTOS RECLAMADOS.- A las Primeras Autoridades señaladas como responsables le reclamo el hecho de la Declaración de Nulidad del Juicio Oral con fecha 29 de Febrero del 2016 a las Diez Horas, que el tribunal Colegiado que estaba conociendo de este juicio se encontraba formado por los C. LICENCIADOS ********** en calidad de Presidente, C. LIC. ************, como Redactora y LIC. *************, como Tercer Integrante. Como Segundo Acto que reclamo es el hecho que el suscrito Fui detenido el día 28 de Junio del 2013, por los Agentes Aprehensores Municipales, ya que estos me sacaron de mi Casa, y consignado ante la Fiscalía General de Justicia Zona Norte el día 29 de Junio del 2013. Asimismo fui puesto a disposición del Juez de Garantías el día *********, habiéndoseme Formulado la Imputación por el Delito de Extorsión Agravada, y desde entonces el suscrito estoy Privado de mi Libertad; y en el proceso que se me está llevando EL PLAZO QUE LA LEY TIENE ESTABLECIDA PARA RESOLVER, mi situación Debería Ser Resuelta en un Plazo de Dos años; debido a la Fecha actual, ha transcurrido dos años Nueve Meses, y e1suscrito sigo Privado de mi Libertad, violando en mi perjuicio los artículos 8, 60, 61, 182 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales vigente. En igual forma reclamo la Omisión por Parte de las Autoridades del Fuero Común, en virtud de que el suscrito he estado privado de mi Libertad, teniendo conocimiento previo que al suscrito, lo hicieron declarar bajo Malos Tratos y Golpes y Tortura recibida por los Agentes de la Policía Municipal, así como por los Agentes de la Policía Única adscrita a la Agencia del ministerio Pub1ico; ya que desde un Principio mi Defensor Particular probo ante el Juez de Garantías LIC. ************, que el suscrito iba todo Go1peado, a través del Medio de Prueba desahogada el día 04 de Julio del 2013, Consistente en LA INSPECCIÓN OCULAR RESPECTO A LA PERSONA DEL C. ************ PARA QUE DIERA FE DE LAS LESIONES QUE TENIA EN MI CUERPO TANTO EN LOS COSTADOS DE LADO IZQUIERDO Y DERECHO,ASI COMO EN LOS MUSLOS DE LA PIERNA IZQUIERDA Y DERECHA,LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL AUDIO VIDEO DE LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN DE FECHA 04 de Julio del 2013,y se continuo los días 5 y 6 de Julio del 2013. Así también se viola en perjuicio suscrito, e1 artículo 2 del Código de Procedimientos Penales vigente en el artículo 2, estab1ece EL PRINCIPIO DEL JUICIO PREVIO Y DEBIDO PROCESO, ya que en el presente juicio no se han respetado las mas mínimas Garantías Judiciales que señala la ley en Favor de todo imputado, así como el Principio de INOCENCIA, como es el caso concreto del suscrito. A todas las demás autoridades señaladas como responsables, igualmente les reclamo el Intentar Ejecutar en mi contra la privación de mi libertad por el Delito de Extorsión Agravado. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y tramitación de la demanda. Tras cumplir cabalmente con una prevención, en auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis (foja 35), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables que remitieran sus informes con justificación, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente, por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los dispositivos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este asunto corresponde a la vía indirecta. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se deduce que la parte quejosa reclama: De los Jueces Orales del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: el arraigo domiciliario que le fue impuesto, a efecto de compurgarse en las instalaciones del Centro Estatal de Arraigo, en esta ciudad, así como la declaración de nulidad del juicio oral, en audiencia de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Combate del delito de Extorsión Chihuahua, Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y de la Coordinadora de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales Zona Norte, con residencia en esta ciudad (denominaciones correctas): La ejecución de los actos indicados. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, el agente del Ministerio público adscrito a la Unidad de Investigación y Combate al Delito de Extorción Chihuahua (fojas 56; 130 a 256), Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres (fojas 60 a 64) y Coordinadora de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales Zona Norte (fojas 68 a 74), con sede en esta ciudad, en sus denominaciones correctas, negaron categóricamente los actos que les atribuyó el quejoso, sin que éste haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuarlos. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Juez del Tribunal Oral en lo Penal del Distrito Judicial Bravos, en su informe justificado (fojas 44 a 51; 101 a 125), manifestó que son ciertos los actos reclamados. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el numeral 62 del mismo ordenamiento legal. Se impone sobreseer en el presente asunto, por las razones que serán esgrimidas. Al respecto, se considera pertinente relatar primero algunos antecedentes del acto reclamado: Como se precisó en el considerando segundo, el quejoso reclamó el arraigo domiciliario que le fue impuesto, a efecto de compurgarse en las instalaciones del Centro Estatal de Arraigo, en esta ciudad y la declaración de nulidad del juicio oral, en audiencia de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Ahora, de las constancias remitidas por las responsables, se desprende lo siguiente: El veintiocho de junio de dos mil trece, el aquí quejoso fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Juárez, tras la denuncia que efectuó la aquí tercero interesada de iniciales ******, por el delito de extorsión (foja 135, que interpuso en su contra y de otra persona). A la postre, el tres de febrero de dos mil quince, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, dictó auto de apertura a juicio oral (fojas 253 a 256), donde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, en contra del aquí quejoso (y de diverso imputado). En audiencia de veintiséis de junio de dos mil quince, se impuso al aquí quejoso la medida cautelar de arraigo, a fin de verificarse en el Centro Estatal de Arraigos, en esta localidad (fojas 117 a 122). En audiencia de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se efectuaron los alegatos de apertura y se decretó la suspensión del juicio, tras alegar el defensor del aquí quejoso, que se cometió tortura contra éste (fojas 109 a 114). Con fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se decretó la nulidad de todo lo actuado, tras no haber recibido noticia de la investigación relativa a la aplicación del protocolo de Estambul (foja 116) El uno de julio de dos mil dieciséis, de prorrogó la medida cautelar de arraigo en el Centro Estatal de Arraigos, en esta localidad (fojas 123 a 125). No obstante, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. (.). Dicho numeral determina la improcedencia del juicio de amparo cuando se reclamen actos que, por virtud de un cambio de situación jurídica, no puedan analizarse sin afectar la nueva situación, y en caso de que se aleguen transgresiones a los derechos humanos reconocidos en los artículos 19 y 20 de la Carta Magna, será la sentencia emitida por el juzgador de origen, la que consumará de modo irreparable las violaciones, modificando el contexto jurídico del quejoso. Ello es así, pues mediante escrito presentado en este Órgano Jurisdiccional el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Juez del Tribunal Oral en lo Penal del Distrito Judicial Bravos, informó que el veintitrés del mismo mes y año, emitió fallo en el juicio oral 24/2015, de su índice. Por lo anterior, se formó el cuadernillo al encontrarse celebrada la audiencia constitucional en este asunto y en virtud de que tal autoridad omitió remitir copia certificada de la transcripción de la sentencia que emitió, y el disco compacto relativo, en auto de veintiocho de los actuales se le requirió en tal sentido. Luego, el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el Juez del Tribunal Oral en lo Penal del Distrito Judicial Bravos, acreditó que el veintitrés de marzo del año en curso, emitió fallo en el juicio oral ***********, de su índice, en que decretó la absolución del aquí quejoso. Por lo tanto, es claro que la situación jurídica del quejoso no es la misma que imperaba cuando promovió el presente juicio de amparo, en virtud de que, durante la tramitación del mismo, fue absuelto del delito de extorsión que se le imputó, se levantó la medida de arraigo que se le impuso y se decretó su inmediata libertad, lo que evidentemente ocasionó un cambio de situación jurídica. Por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia de referencia y lo procedente es, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en este asunto. No se pierde de vista que tales constancias fueron recibidas en este Juzgado después de celebrada la audiencia constitucional; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis ************, determinó la posibilidad de tomar en cuenta pruebas ofrecidas en dicha circunstancia. En efecto, el citado criterio es el siguiente, publicado en la página 1279, Tomo 2, Mayo de 2012, que dice: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se resuelve: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***********, contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***********, hasta el día de hoy, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Agréguense al presente cuadernillo el oficio y anexos de cuenta. En atención a que el Juez del Tribunal Oral en lo Penal del Distrito Judicial Bravos, remite copia certificada del fallo emitido en el juicio oral **********, de su índice (así como el disco compacto respectivo), en que decreta la absolución del aquí quejoso, se advierte la actualización de una causal de improcedencia en este asunto, por lo que, tómese en cuenta dicho documento al momento de emitirse la sentencia correspondiente. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis *********, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1279, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época y número de registro 2000902, que dice: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *********. Doy fe.

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