Verónica Rico Piedra

Expediente 28/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
28/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
26/04/2017

Partes del expediente

  • Verónica Rico Piedra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio recibido vía fax que remite el Juez Menor Mixto de Apaseo el Alto, Guanajuato, a través del cual acusa recibo del diverso 2651/2017 del índice de este juzgado, con el que se le notificó el proveído de quince de febrero del año en curso, y se le devolvieron los autos originales del proceso penal 28/2014 de su índice.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Como resulta innecesario que obren en este Juzgado los autos originales del proceso penal 28/2014 del índice del Juzgado Menor Mixto de Apaseo el Alto, Guanajuato, que remitió la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, devuélvanse al Juzgado de origen. Se solicita acuse de recibo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa ********, por sí o por conducto de su defensor particular ********, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia de dieciséis de enero del año en curso, y de conformidad con lo dispuesto en la parte final de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado; sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación.

  4. Principal

    Por recibido el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto número 25/2017 del índice de este juzgado, que se envió para que notificara a la quejosa, por sí o por conducto de su defensor particular, el proveído de dieciséis de enero del año en curso. Ahora bien, de las constancias que remitió el Juez exhortado, se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria designado para llevar a cabo la diligencia encomendada, por las razones que ahí expone; en consecuencia, se ordena realizar la citada notificación y las subsecuentes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, al que anexa el original de la demanda de amparo promovida por Verónica Rico Piedra, por conducto de su defensor particular **********, los autos originales del expediente 28/2014 del índice del Juzgado Menor Mixto de Apaseo el Alto, Guanajuato, en tres tomos, así como el cuadernillo de amparo conformado por los informes justificados de las autoridades responsables y el emplazamiento de la tercera interesada, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 28/2017-II. b) comuníquese a la Superioridad que el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) Acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de Alzada. d) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En esta tesitura, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: La resolución de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad, dentro del toca penal 5/2016 de su índice, por la que se revocó la diversa resolución de ocho de julio de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Menor Mixto de la ciudad de Apaseo el Alto, Guanajuato, en la causa penal 28/2014, y se ordenó la reposición del procedimiento por encontrarse varias violaciones procesales, tales como: Que las constancias que integran la causa penal se encuentran mal foliadas, sin el estampado del sello que abrace las dos caras de las hojas, notificaciones vacías sin llenar y sin la firma correspondiente. Que el Juez de la causa no ordenó prevenir oficiosamente la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias, ni tampoco se advierte que el juzgador haya realizado una explicación detallada y clara de los derechos que les asisten tanto al ofendido como al inculpado, como lo señala el artículo 162 de la Ley de Proceso Penal para el Estado de Guanajuato. Que de autos no se aprecia que haya existido una debida explicación y lectura de forma clara, precisa y accesible de los derechos que le asisten a la víctima, por parte del Juez de la causa. La falta de acuerdo a la petición formulada por el licenciado **********, así como de la imputada **********, consistente en la suspensión condicional del proceso. La falta de manifestación de la inculpada respecto del interés que tiene para desistirse de las ampliaciones de declaración de las testigos ********** y **********, ya que únicamente obra manifestación expresa respecto al desistimiento de la ampliación de declaración de la ofendida **********. La omisión del Juzgado responsable de agregar al expediente copia certificada de las fotografías de la ofendida **********, que ordenó guardar en el secreto del juzgado, mediante auto de veintitrés de julio del año dos mil quince. La indebida providencia al desistimiento de la testimonial innominada ofrecida por la fiscalía, ya que en lugar de hacer efectivo el apercibimiento formulado, el juez de origen realiza una serie de requerimientos dejando que prevalezca dicha prueba. La inadmisión de la prueba documental ofrecida por la ofendida **********, consistente en una radiografía respecto a la lesión que sufrió. La inconsistencia del proveído de doce de mayo de dos mil quince, en el que el Juez de origen, en un mismo auto pone a la vista al Agente del Ministerio Público, a la acusada y a su defensor particular, los autos para que promuevan pruebas, siendo lo correcto el dictado de dichas vistas en autos separados e independientes. En ese orden, respecto a dicho acto reclamado se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En este contexto, al consistir el acto reclamado en la resolución de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad, dentro del toca penal 5/2016 de su índice, por la que se revocó la diversa resolución de ocho de julio de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Menor Mixto de la ciudad de Apaseo el Alto, Guanajuato, en la causa penal 28/2014, y se ordenó la reposición del procedimiento por encontrarse varias violaciones procesales tendientes a la debida integración del proceso, se estima que dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrado que en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No es obstáculo para la anterior determinación, la excepción que se encuentra contenida en la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el número 1a./J 64/2016 (10a), que a la letra dice: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México." Lo anterior es así, ya que en el caso concretó dicha excepción no es aplicable, puesto que de las constancias que allegó la autoridad responsable consistentes en los autos originales del expediente 28/2014 del índice del Juzgado Menor Mixto de Apaseo el Alto, Guanajuato, en tres tomos, se advierte que la quejosa no se encuentra sujeta a prisión preventiva, dado que desde que rindió su declaración preparatoria se acogió al beneficio de su libertad provisional bajo caución; circunstancia que hace que la reposición de procedimiento ordenada por el Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad, dentro del toca penal 5/2016 de su índice, no constituya un acto de imposible reparación, y por ende no sea procedente el juicio de amparo indirecto que intenta. Por otra parte, en virtud de que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones uno fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, de conformidad con los artículos 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno, con sede en Guanajuato, Capital, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene notificar la presente determinación a la quejosa Verónica Rico Piedra, por sí o por conducto de su defensor particular Omar Jair Cervantes González en el domicilio ubicado en calle Privada Orranteño, número 2, de la Colonia Burócratas, de esa ciudad, y lo requiera para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto en la parte final de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que puedan hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Asimismo, téngase a la quejosa autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Aguilar Soria, Miguel Pulido Rodríguez y Alfonso Miranda Medina, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE". Con los autos originales del expediente 28/2014 del índice del Juzgado Menor Mixto de Apaseo el Alto, Guanajuato, fórmense tres tomos de pruebas, para el mejor manejo del expediente.

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