Verónica Martínez Flores
Expediente 667/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Verónica Martínez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de nueve de abril del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, para que por escrito y con una copia más de su demanda de amparo señalara como autoridad responsable al Juzgado de Oralidad Familiar de esta localidad, sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y los actos en los que se advierte su participación no serán materia de estudio en el presente juicio de amparo. Con base en lo anterior, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 108, fracción III y 5°, fracción II, del propio ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del análisis conjunto de los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale a la autoridad responsable que se estima dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. En efecto, de acuerdo con lo establecido en la fracción III del numeral 108 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los requisitos de la demanda de amparo es el de señalar a las autoridades responsables. Dicha obligación se impone en función de que el señalamiento de la autoridad entraña un acto dirigido a satisfacer un presupuesto procesal indispensable para la integración de la litis en el juicio constitucional, habida cuenta que la autoridad responsable funge en ese proceso federal como parte formal y material que litiga sus intereses. De tal manera, que la falta de señalamiento de ésta constituye un motivo de improcedencia, pues esta omisión impide considerar integrada la litis en el juicio constitucional. A fin de comprender por qué se actualiza la causal de improcedencia en análisis, conviene reseñar lo siguiente: ************* promovió demanda de amparo en contra de los Jueces y actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civiles de Partido, así como del Comisario de la Dirección General de Policía Municipal (denominación correcta), todos de esta ciudad, de quienes reclamó la orden de desalojo del predio ubicado en calle **************, que aduce tiene en posesión. Al rendir su informe justificado el Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficina de Partes Común de esta ciudad, informó que en el Juzgado de Oralidad Familiar de esta localidad, se encuentra radicado el juicio oral ordinario **********, promovido por *********** en contra de la aquí quejosa **************. Con motivo de lo anterior, el catorce de diciembre de dos mil veinte se requirió a la solicitante del amparo para que en el plazo de quince días ampliara su demanda de amparo en contra de la mencionada autoridad. Al no haber hecho manifestación alguna, en el presente auto se hizo efectivo el apercibimiento efectuado a la parte quejosa y, como consecuencia, se estableció que los actos en los que se advirtiera su participación no serían materia de estudio en el presente juicio de amparo. Como se advierte de los antecedentes narrados, el Juzgado de Oralidad Familiar de esta localidad tiene intervención en la emisión de los actos de que se duele la parte quejosa, sin que haya sido señalado con tal carácter. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica-procesal respecto de los actos que se tachan de inconstitucionales; pues ante la omisión de la parte quejosa en señalar como autoridad responsable ordenadora al Juzgado de Oralidad Familiar de esta localidad, este juzgado no puede resolver sobre su constitucionalidad. Esto es, la omisión en que incurrió la solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este tribunal se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio, ya que para analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridad responsable a aquélla quien lo ordenó. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno a la quejosa para que la señalara como responsable, o sea, se le dio la oportunidad para ello, ésta no cumplió con el requisito establecido en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo. Además, al haber precluido el derecho de la quejosa de señalar como responsable al juez que emitió la orden que reclama, este juzgador se encuentra imposibilitado jurídicamente para hacerlo de oficio. Consecuentemente, es inconcuso que respecto de los actos reclamados que se analizan se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del diverso numeral 108 del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, para que por escrito y con una copia más de su demanda de amparo señalara como autoridad responsable al Juzgado de Oralidad Familiar de esta localidad, sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y los actos en los que se advierte su participación no serán materia de estudio en el presente juicio de amparo. Con base en lo anterior, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 108, fracción III y 5°, fracción II, del propio ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del análisis conjunto de los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale a la autoridad responsable que se estima dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. En efecto, de acuerdo con lo establecido en la fracción III del numeral 108 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los requisitos de la demanda de amparo es el de señalar a las autoridades responsables. Dicha obligación se impone en función de que el señalamiento de la autoridad entraña un acto dirigido a satisfacer un presupuesto procesal indispensable para la integración de la litis en el juicio constitucional, habida cuenta que la autoridad responsable funge en ese proceso federal como parte formal y material que litiga sus intereses. De tal manera, que la falta de señalamiento de ésta constituye un motivo de improcedencia, pues esta omisión impide considerar integrada la litis en el juicio constitucional. A fin de comprender por qué se actualiza la causal de improcedencia en análisis, conviene reseñar lo siguiente: ************* promovió demanda de amparo en contra de los Jueces y actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civiles de Partido, así como del Comisario de la Dirección General de Policía Municipal (denominación correcta), todos de esta ciudad, de quienes reclamó la orden de desalojo del predio ubicado en calle **************, que aduce tiene en posesión. Al rendir su informe justificado el Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficina de Partes Común de esta ciudad, informó que en el Juzgado de Oralidad Familiar de esta localidad, se encuentra radicado el juicio oral ordinario **********, promovido por *********** en contra de la aquí quejosa **************. Con motivo de lo anterior, el catorce de diciembre de dos mil veinte se requirió a la solicitante del amparo para que en el plazo de quince días ampliara su demanda de amparo en contra de la mencionada autoridad. Al no haber hecho manifestación alguna, en el presente auto se hizo efectivo el apercibimiento efectuado a la parte quejosa y, como consecuencia, se estableció que los actos en los que se advirtiera su participación no serían materia de estudio en el presente juicio de amparo. Como se advierte de los antecedentes narrados, el Juzgado de Oralidad Familiar de esta localidad tiene intervención en la emisión de los actos de que se duele la parte quejosa, sin que haya sido señalado con tal carácter. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica-procesal respecto de los actos que se tachan de inconstitucionales; pues ante la omisión de la parte quejosa en señalar como autoridad responsable ordenadora al Juzgado de Oralidad Familiar de esta localidad, este juzgado no puede resolver sobre su constitucionalidad. Esto es, la omisión en que incurrió la solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este tribunal se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio, ya que para analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridad responsable a aquélla quien lo ordenó. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno a la quejosa para que la señalara como responsable, o sea, se le dio la oportunidad para ello, ésta no cumplió con el requisito establecido en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo. Además, al haber precluido el derecho de la quejosa de señalar como responsable al juez que emitió la orden que reclama, este juzgador se encuentra imposibilitado jurídicamente para hacerlo de oficio. Consecuentemente, es inconcuso que respecto de los actos reclamados que se analizan se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del diverso numeral 108 del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte la razón por la que no fue posible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para el treinta de diciembre de dos mil veinte, toda vez que de conformidad con las circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, por lo que se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo del presente año, con excepción de los casos previstos en el indicado acuerdo; por tanto, con fundamento en el artículo 2, fracciones I y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se reanuda el presente juicio, en el punto en que quedó pausado, para lo cual se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional.
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