Verónica Sierra Yáñez y Otros.

Expediente 756/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
756/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2016

Partes del expediente

  • Verónica Sierra Yáñez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de doce de septiembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguense a los autos el escrito y oficio de cuenta. Con el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, por ausencia del Director de dicha dependencia, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al auto de veintidós de agosto del presente año, remite copia certificada de la resolución contenida en el oficio ******************** de fecha dieciséis de agosto del año en curso, así como la constancia de notificación de nueve del mes y año en curso. De las constancias que remite la oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Con base a lo anterior, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque el impetrante reclamó: a) La omisión de emitir respuesta definitiva a la solicitud presentada el dos de octubre de dos mil catorce, referente a la prórroga de vigencia de título de concesión, con número de expediente ********************Ahora bien, de las constancias que la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, por ausencia del Director de dicha dependencia, con sede en esta ciudad, anexo al oficio de cuenta, se desprende que el********************, se notificó a la parte quejosa la resolución contenida en el oficio ******************** de dieciséis de agosto pasado, relativa a la respuesta dada a la solicitud de prórroga de vigencia de título de concesión número ********************, registrada con número de expediente ********************. Por tanto, es evidente que la omisión que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable le notificó la resolución emitida a la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión número ********************, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la notificación de la resolución en comento, cesaron las omisiones que el quejoso reclamó en ésta instancia, dado que desaparecieron los efectos de la falta de emitir resolución a la solicitud de prórroga de vigencia de título de concesión, así como su respectiva notificación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por otra parte, y en torno al escrito de la autorizada de la parte quejosa, como antes se señaló, a la fecha han cesado los efectos de la omisión que se tilda de inconstitucional, y que representó su acto reclamado; sin que resulte atendible su manifestación en cuanto a la inscripción en el Registro Público de Derechos del Agua como lo menciona, puesto que ello no fue señalado al establecer en su demanda el acto reclamado.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C), DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguense a los autos el escrito y oficio de cuenta. Con el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, por ausencia del Director de dicha dependencia, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al auto de veintidós de agosto del presente año, remite copia certificada de la resolución contenida en el oficio ******************** de fecha dieciséis de agosto del año en curso, así como la constancia de notificación de nueve del mes y año en curso. De las constancias que remite la oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Con base a lo anterior, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque el impetrante reclamó: a) La omisión de emitir respuesta definitiva a la solicitud presentada el dos de octubre de dos mil catorce, referente a la prórroga de vigencia de título de concesión, con número de expediente ********************Ahora bien, de las constancias que la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, por ausencia del Director de dicha dependencia, con sede en esta ciudad, anexo al oficio de cuenta, se desprende que el********************, se notificó a la parte quejosa la resolución contenida en el oficio ******************** de dieciséis de agosto pasado, relativa a la respuesta dada a la solicitud de prórroga de vigencia de título de concesión número ********************, registrada con número de expediente ********************. Por tanto, es evidente que la omisión que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable le notificó la resolución emitida a la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión número ********************, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la notificación de la resolución en comento, cesaron las omisiones que el quejoso reclamó en ésta instancia, dado que desaparecieron los efectos de la falta de emitir resolución a la solicitud de prórroga de vigencia de título de concesión, así como su respectiva notificación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por otra parte, y en torno al escrito de la autorizada de la parte quejosa, como antes se señaló, a la fecha han cesado los efectos de la omisión que se tilda de inconstitucional, y que representó su acto reclamado; sin que resulte atendible su manifestación en cuanto a la inscripción en el Registro Público de Derechos del Agua como lo menciona, puesto que ello no fue señalado al establecer en su demanda el acto reclamado.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que presenta ******, por su propio derecho, contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de mérito; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 756/2016-VII. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, en el entendido que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil días de salario vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. No se forma incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Dese a la Agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le corresponde. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su intención la documental que anexa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Maribel Servín Zárate y José Ricardo Guerrero Jiménez, en virtud de que cuentan respectivamente, con cédula profesional número 4091821 y 4008396, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a Oscar Gabriel Guerrero Jiménez, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de no encontrarse en ese supuesto. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa como representante común de la parte quejosa a ******, ello con independencia de que con posterioridad se designe a alguien más con ese carácter. Por otra parte, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Ahora bien, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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