Verónica Ortiz Gómez
Expediente 253/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Verónica Ortiz Gómez
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Decimosexto Circuito, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja 55/2018, interpuesto por **********, quien adujo ser defensora particular de **********, en contra del auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ********** quien aduce ser defensora particular de **********, en contra del acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio de amparo 253/2018, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un proveído que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado criptográfico que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído dictado en el presente juicio el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por **********, quien aduce ser defensora particular de Verónica Ortiz Gómez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene a la gestionante interponiendo recurso de queja contra el proveído de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el veintisiete de marzo pasado, se determinó desechar la demanda de amparo promovida por la gestionante.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien aduce ser defensora particular de **********, contra actos del Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región, Base Apaseo el Grande, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 253/2018-I. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Bajo dicha guisa, debe decirse que los actos reclamados en la presente instancia constitucional esencialmente consisten en: El auto de vinculación a proceso; y La imposición de medidas cautelares. Ahora bien, es necesario establecer que la gestionante expuso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que de los actos descritos tuvo conocimiento el siete y ocho de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente. Manifestaciones a las cuales este operador jurídico le otorga valor probatorio pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los artículos 198 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en atención al criterio sostenido por la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 857, del Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Luego, al tenor de lo apuntado en líneas que anteceden queda de manifiesto que el término de quince días para la promoción del juicio de amparo que estipula el precepto 17 de la Ley de Amparo, transcurrió de la siguiente manera: Por lo que respecta al auto de vinculación a proceso, del ocho al veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (quince días); y En relación con la imposición de medidas cautelares, del once de diciembre de dos mil diecisiete al dos de enero de dos mil dieciocho (quince días). Con base en lo anterior se tiene que, si los términos de quince días que dispone el precepto 17 de la Ley de Amparo transcurrieron del ocho de diciembre de dos mil diecisiete al dos de enero de dos mil dieciocho; y si, la demanda de amparo fue presentada hasta el día veintiséis de marzo del año en curso, según matasellos que obra impreso a foja tres de autos; es inconcuso que el citado ocurso constitucional fue presentado con posterioridad a los términos establecidos en el artículo 17 Ley de Amparo, motivo por el cual resulta extemporáneo. Entonces, como los actos que reclama no se encuentran contemplados en los casos de excepción para presentar la demanda en un término distinto a los de quince días (genérico), establecidos en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubican en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y la impetrante promovió la demanda que se estudia hasta el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la peticionaria del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Como lo solicita el gestionante, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************, en virtud de que no obra su cédula registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Verónica Guerrero Aguilar1200/2019
- Verónica León Ordaz y Otros.769/2019
- Verónica Lizet Sánchez García915/2022
- Verónica Martínez Flores667/2020
- Verónica Montenegro Delgado y Otros.149/2018
- Verónica Montero Rubio182/2023
- Verónica Pito Martínez157/2021
- Verónica Rentería Ávalos785/2017
- Verónica Rico Piedra28/2017
- Verónica Rosales Solis630/2021
- Verónica Rosales Solís545/2021
- Verónica Ruiz Villagómez y Otros.92/2015