Valeria Aguirre López
Expediente 807/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Valeria Aguirre López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Valeria Aguirre López, hubiera recurrido la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 807-2022-9, promovido por *********, contra actos del Poder Ejecutivo Federal y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 17 y 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, mismo que fue recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional el veintiséis siguiente, Valeria Aguirre López solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 De la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión: La omisión legislativa de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 2 Del Poder Ejecutivo Federal: La promulgación y ejecución del precitado código. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 807-2022-9; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior, en virtud de que la omisión legislativa reclamada se relaciona con una norma jurídica de índole nacional. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: De la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión: La omisión legislativa de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Del Poder Ejecutivo Federal: La promulgación y ejecución del precitado código. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL PODER EJECUTIVO FEDERAL. No es cierto el acto reclamado a la precitada autoridad porque, además de haberlo negado en el informe justificado, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veinticuatro de mayo de dos mil veintidós-, el Congreso de la Unión no había aprobado el proyecto de ley de la iniciativa relacionada con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; por ende, el Presidente de la República no se encontraba en aptitud de proceder a la promulgación y publicación de la misma. Al respecto, en lo que interesa, cabe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 70, 72 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)".". "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.". "Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.". Como se puede advertir de las precitadas disposiciones constitucionales, la obligación del titular del ejecutivo federal de promulgar y publicar las leyes, surge una vez que el Congreso de la Unión le comunica la expedición de las mismas, lo cual en el caso no ha acontecido. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En consecuencia, en lo tocante al acto reclamado a la autoridad en cuestión, procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Es cierto el acto reclamado a las precitadas autoridades, aun cuando lo hayan negado en sus respectivos informes justificados. En efecto, el quince de septiembre de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares). En el artículo Cuarto transitorio del aludido Decreto, se estableció lo siguiente: "Cuarto. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionado mediante el presente decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.". Como se puede observar, existe un mandamiento constitucional que impone al Congreso de la Unión el deber de expedir una ley que reglamente el artículo 73, fracción XXIX, en lo que concierne a la expedición de la legislación única en materia procesal civil y familiar, lo cual, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no ha ocurrido. De ahí que se considere cierto el acto reclamado consistente en la omisión legislativa de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, atribuido a las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, esta juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.". En la referida hipótesis el legislador establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. El aludido supuesto jurídico se actualiza en el presente asunto, porque del análisis de la demanda de derechos fundamentales, se observa que la quejosa sustancialmente reclama la omisión legislativa de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, según lo establecido en el artículo 73 fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, aun cuando a la fecha de presentación de la demanda de amparo subsistía la referida omisión legislativa, no puede surtir efectos porque ya fue materia de análisis en diverso juicio de amparo en el que el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictó sentencia concediendo la protección constitucional. Determinación que fue impugnada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del amparo en revisión 265/2022, que en sesión virtual de doce de mayo de dos mil veintiuno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió confirmar, estableciendo en el segundo punto resolutivo lo siguiente: "SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la ********** en contra de la omisión del Congreso de la Unión de (a) expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y (b) adecuar las leyes generales y federales que así lo requieran para cumplir con lo previsto en los artículos 16, primer párrafo, y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal. Esto en atención a los efectos precisados en el apartado décimo de esta ejecutoria.". Información que se invoca como hecho notorio, en términos del ordinal 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, se puede establecer que, aun cuando subsista la omisión legislativa reclamada, ya se ordenó al Congreso de la Unió cumplir con la obligación que se le impuso desde la entrada en vigor de la reforma constitucional aludida. Por lo que, la reparación constitucional se logrará cuando el Congreso de la Unión cumpla con el mandato constitucional a que estaba sujeta, expidiendo la normatividad correspondiente; cumplimiento que indiscutiblemente regirá para todas las personas, porque la legislación que al efecto se emita tendrá carácter general. De ahí que, a ningún fin práctico llevaría proceder al estudio correspondiente del acto aquí reclamado, donde se combate la misma omisión legislativa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 343/2020, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente: ". 76. Y a partir de las razones transcritas se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado: "(.) para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación contenida en el parámetro de regularidad constitucional que integran los artículos 1° y 2° de la Constitución Federal, transitorio segundo, de su Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, así como 6 y 7 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y, en consecuencia, regule las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. En el entendido de que la regulación que debe emitir el Congreso de la Unión deberá ser integral y, en lo general, tomando en cuenta los parámetros establecidos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad que se refieren a la consulta indígena, en especial la 81/2018, resuelta el veinte de abril de dos mil veinte. Para ello, deberá iniciar el proceso legislativo correspondiente a la brevedad posible y de manera prioritaria, por conducto de la Cámara de Diputados y/o la Cámara de Senadores, además de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que puedan opinar en la elaboración de la regulación respectiva, en la que se tome en cuenta lo establecido por el Pleno de este Tribunal Constitucional, a fin de que la legislación tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante un ejercicio participativo de los sujetos a los que se dirige y que con ello se garantice la calidad democrática de su decisión." 77. Entonces, si como ha quedado evidenciado, en el amparo en revisión 1144/2019 del índice de esta Segunda Sala se concedió la protección constitucional solicitada a efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación legislativa y regule las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 78. Para lo cual debía iniciar el proceso legislativo correspondiente a la brevedad posible y de manera prioritaria, además de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que puedan opinar en la elaboración de la regulación respectiva, en la que se tome en cuenta lo establecido por el Pleno de este Tribunal Constitucional, a fin de que la legislación tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante un ejercicio participativo de los sujetos a los que se dirige y que con ello se garantice la calidad democrática de su decisión. 79. La reparación constitucional se logrará cuando el Congreso de la Unión cumpla con el mandato constitucional a que estaba sujeta, expidiendo la normatividad correspondiente; cumplimiento que indiscutiblemente regirá para todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, porque la legislación que al efecto se emita tendrá carácter general. 80. De ahí que en que el presente juicio de amparo se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" 81. Se afirma lo anterior porque si bien hasta el momento subsiste la omisión absoluta que se atribuye al Congreso de la Unión, ya se le ordenó cumplir con la obligación contenida en el parámetro de regularidad constitucional que integran los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, transitorio segundo, de su Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, así como 6 y 7 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y, en consecuencia, regular las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 82. De manera que a ningún fin practico llevaría proceder al estudio correspondiente en el presente juicio de amparo, donde se reclama la misma omisión legislativa absoluta que ya se ordenó reparar al Congreso de la Unión, porque en su caso resultaría en la concesión de la protección federal en iguales términos y efectos que el precedente, traducidos en constreñir a las autoridades responsables a que actuaran en los mismos términos. Lo cual irremediablemente llevaría a duplicar innecesariamente el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando ha quedado señalado que con el acatamiento de la sentencia de amparo dictada en el amparo en revisión 1144/2019, todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en México, serán beneficiadas. 83. Consecuentemente, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio por las razones aquí señaladas, diversas a las invocadas por el juzgador de origen.". En las relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en lo dispuesto en el diverso 63 fracción V, del mismo ordenamiento jurídico, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que en proveído de cinco de los actuales, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Director General de Procedimientos Constitucionales, en ausencia de la Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en representación del Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México, autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días, transcurrirá del diez al diecinueve del precitado mes, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado. Para dar tiempo a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose de nueva cuenta para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto: agréguese a los autos para que obre como corresponda el telegrama remitido por el Director General de Procedimientos Constitucionales, en ausencia de la Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en representación del Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese.
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