Valeria Pérez Sánchez
Expediente 1917/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1917/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- M. S. P. S.
- Valeria Pérez Sánchez
Actuaciones
- Principal
mea 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. El proveído en el cual se desechó de plano la demanda intentada, HA CAUSADO ESTADO, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1917/2023-6. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA 6 NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual Valeria Pérez Sánchez por sí y en representación de sus menores hermanos de identidad reservada con iniciales M.S.P.S y J.H.G.P., personalidad que acredita y se le reconoce con las constancias que obran en el expediente de amparo 1009/2022- 4 de este índice, toda vez que constituye para esta Juzgadora un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Mediante el cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1917/2023-6. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos en los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ". los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA A efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En ese sentido, de un estudio integral del escrito de demanda signado por la parte quejosa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? La inejecución del laudo dictado el diez de noviembre de dos mil quince, en el expediente laboral 109/2009, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 2en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, en razón que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 63, fracción IV y 217, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. [.]" De los anteriores preceptos y fracciones se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los preceptos establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos jurídicamente inexistentes a la fecha de presentación de demanda o bien aquellos futuros de realización incierta. Además, el último numeral instituye que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En esos términos, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, los Juzgados de Distrito se encuentran obligados a aplicarla, atento a su carácter obligatorio, conforme al artìculo 217 de la Ley de Amparo, lo cual no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aun, que decida no aplicarla. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, estableció que, tratándose de demandas de amparo en las que se reclamara la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo intentado era improcedente en términos de los numerales 73, fracción XVIII, en relación con el 74, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo anterior -61, fracción XXIII, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente-; en virtud que el procedimiento de ejecución forzosa establecido en la Ley Federal del Trabajo, requería, no solamente la solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, al advertirse la necesaria participación de la parte vencedora en las diversas actuaciones para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión concreta verificada en la etapa de ejecución del laudo, tanto el análisis de la procedencia del juicio de amparo, como la eventual concesión de la protección Constitucional, debían ceñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos futuros de incierta realización, pues al requerir impulso del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. 26/05/24 17:00:00 De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), visible a página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, materia común laboral, registro digital 2000011, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Además, los numerales 130 y 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, indican: "Artículo 130. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 131. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un Actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior; sin que, por ello, se omita el cumplimiento de dicho auto. De la transcripción de los citados artículos, se desprende que el procedimiento de ejecución forzosa del laudo iniciará previa petición del ejecutante, a fin de que el tribunal provea la eficaz e inmediata ejecución, dictando las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, por lo que, resulta necesaria la intervención del trabajador. En ese sentido, en el supuesto de que en un juicio de amparo se reclame de forma genérica la omisión de proveer lo conducente respecto a la ejecución forzosa del laudo, éste resultaría inexistente y de realización incierta, toda vez que las actuaciones en el procedimiento de ejecución están sujetas a la solicitud e impulso del ejecutante, y, por tanto, el juicio de amparo sería improcedente. Asimismo, se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Por tanto, no podría concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña a la responsable que de manera oficiosa provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo, pues indefectiblemente se necesita la participación e impulso del procedimiento de ejecución por la parte quejosa. En el caso concreto, se tiene que el juicio de amparo deviene improcedente ya que la parte quejosa reclama de manera genérica la omisión del Tribunal responsable de llevar a cabo la ejecución del laudo dictado el diez de noviembre de dos mil quince, en el expediente laboral 109/2009, del índice, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, sin justificar la presentación de un escrito o promoción que impulsara el procedimiento de ejecución, del que se obtuviera una omisión concreta que diera pauta a su análisis en esta instancia constitucional. En ese escenario, se arriba a la conclusión que el reclamo de la parte quejosa se encuentra dentro de la etapa de ejecución del juicio laboral de origen, y constituye un reclamo genérico que conduce a desechar la presente demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, con registro: 2000025, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.), página: 2772, de título y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que se actualiza la causa de improcedencia invocada y, al ser manifiesta e indudable, este Juzgado Federal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Valeria Pérez Sánchez por sí y en representación de sus menores hermanos de identidad reservada con iniciales M.S.P.S y J.H.G.P., y lo procedente es DESECHARLA DE PLANO, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la ley de la materia. Apoya la conclusión de mérito, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actora en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su demanda, por así haberlo solicitado; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal. COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 22, párrafo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le hace del conocimiento a las partes, que las constancias que integran el presente expediente e incluyen evidencia criptográfica les da la característica de inalterables, por tanto, de requerir copia certificada del presente asunto, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, haciendo uso de la FIREL o la e.firma, e imprimir la actuación que considere necesaria para su propósito, sin necesidad de requerir certificación alguna, dado que la evidencia criptográfica es suficiente y se considera copia certificada electrónicamente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes mediante la utilización de la firma electrónica, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, en términos del artículo 3°, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se les indica a las partes que deberán transitar al esquema de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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