Valeria Pérez Sánchez
Expediente 1009/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Valeria Pérez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de doce de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de quince de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Valeria Pérez Sánchez, por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales M.S.P.S y J.H.G.P, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. El tres de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recepcionado el once de agosto de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de ocho del precitado mes, dictada en el expediente laboral 109/2009 de su índice. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal a la quejosa para que la autoridad responsable: Dicte la resolución interlocutoria de liquidación que en derecho corresponda, en el juicio laboral 109/2009 de su índice.". Con las constancias remitidas, la autoridad responsable demostró que el ocho de agosto de dos mil veintidós, emitió la precitada determinación. No pasa inadvertido lo manifestado por la quejosa en el escrito de cuenta, respecto a que la responsable estableció que la entidad pública incidentada debía realizar los pagos que determinó, a Encarnación Sánchez Pérez, por si y en representación de los menores de identidad reservada, con iniciales M.S.P.S y J.H.G.P., y a Valeria Pérez Sánchez, como beneficiarias de la extinta Raquel Pérez Sánchez. Empero, de la copia certificada del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio natural, mismo que adjuntó la quejosa al escrito de demanda de amparo, se observa que la autoridad responsable la tuvo como representante de los referidos menores. Por tanto, esta juzgadora considera que dicha circunstancia no impide tener por cumplida la ejecutoria de amparo. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual remite copia certificada de la resolución interlocutoria de liquidación de ocho de los actuales, dictada en el expediente 109/2009 de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el quince de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a VALERIA PÉREZ SÁNCHEZ, por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales M.S.P.S y J.H.G.P.; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Dicte la resolución interlocutoria de liquidación que en derecho corresponda, en el juicio laboral 109/2009 de su índice [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1009/2022-4, promovido por Valeria Pérez Sánchez por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales M.S.P.S y J.H.G.P., contra el acto que reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinte de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, Valeria Pérez Sánchez, por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales M.S.P.S y J.H.G.P., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La omisión de resolver el incidente de liquidación en el juicio laboral 109/2009. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintitrés de junio de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1009/2022-4; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza de la cuestión planeada, no se le reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó tramitar el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente; y v se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de emitir la resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 109/2009, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al haberlo reconocido la aludida autoridad en el informe justificado, lo cual se corrobora con la copia certificada que remitió del aludido expediente, en el que se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no habían emitido la interlocutoria de mérito. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, la parte quejosa reclama la omisión de resolver el incidente de liquidación planteado en el juicio laboral 109/2009, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Sobre el particular, aduce que la autoridad responsable vulnera, entre otros, lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela su derecho de acceso a la justicia. Al respecto, esta juzgadora considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el concepto de violación propuesto. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Así, la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, se fundan en la necesidad de que no transcurra tiempo excesivo para que los derechos y obligaciones de las partes, sometidos al litigio, queden definidos. En consonancia con lo anterior, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco prevé en el artículo 121, que los incidentes que se susciten con motivo de la personalidad de las partes o de sus representantes, de la competencia del tribunal, del interés de tercero, de nulidad de actuaciones u otros motivos, serán resueltos de plano. Sin embargo, esos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que la responsable, hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinte de junio de dos mil veintidós), no había resuelto el incidente de liquidación de laudo planteado por la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral 109/2009 de su índice, no obstante que en actuación de veintisiete de abril del referido año, llevó a cabo la audiencia relativa, habiendo transcurrido desde entonces un mes veinte días. Lo anterior incumple lo previsto por el numeral 121 del ordenamiento jurídico precitado, que establece que los incidentes que se promuevan por "otros motivos", supuesto en el que se encuentra el relativo al incidente de liquidación de laudo, deben resolverse de plano, esto es, en el mismo acto de la audiencia correspondiente. En congruencia con ello, el artículo 106 de la ley de referencia, prevé que el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será público, gratuito e inmediato y se iniciará a instancia de parte, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el proceso. Asimismo, el numeral 130 del mismo ordenamiento jurídico, dispone que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. En esa tesitura, es evidente que se transgrede el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, con motivo de la dilación injustificada para resolver el incidente en cuestión, ya que la audiencia relativa data del veintisiete de abril de dos mil veintidós. Violación que incide en la esfera jurídica de la particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del incidente de referencia, contraviniendo así lo establecido en los citados preceptos legales. No pasa inadvertido que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y agresivas". Sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse válida para omitir dictar la resolución en cuestión, pues el artículo primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, prevé que la procuración e impartición de justicia son consideradas "actividades esenciales". Asimismo, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de nueve de abril de dos mil veinte, se estableció que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. En ese contexto, a efecto de no hacer nugatorio el derecho fundamental del quejoso a tener acceso a la justicia y a que ésta se le imparta de manera pronta y expedita, la autoridad responsable debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de que, salvaguardando la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dicte la resolución incidental de mérito. Ello, tomando en cuenta que a la fecha se encuentra laborando, lo que le permite cumplir con el mandato constitucional previsto en el artículo 17. En las relatadas circunstancias, se concede a la quejosa el amparo y protección de la justifica federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad: Dicte la resolución interlocutoria de liquidación que en derecho corresponda, en el juicio laboral 109/2009 de su índice. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a la parte quejosa, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Valeria Pérez Sánchez, por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales M.S.P.S y J.H.G.P., en contra del acto y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos quinto y sexto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
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