Valentín Pérez Hernández

Expediente 589/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
589/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Valentín Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Vista; de la certificación de cuenta se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de veintiséis de agosto del presente año, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, la suscrita resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. Mediante sentencia de nueve de julio de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo y en su segundo punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Valentín Pérez Hernández, a fin de que la autoridad responsable Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, realizara lo siguiente: ". De inmediato emita el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación radicado bajo el Toca AP-082/2019-P-2, de su índice y lo turne al Pleno del citado Tribunal para que proceda conforme a sus facultades legales. Para ese efecto, debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de salvaguardar la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19." El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días hábiles. Luego, por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se proveyó respecto del oficio recibido en este juzgado, el veinticinco de agosto del presente año, registrado con el número de folio 9329, signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el toca de apelación AP-082/2019-P-1, de su índice. Documental a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedido por un servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Y en el mismo acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes para que hicieran manifestación en relación a las constancias remitidas por la responsable en vías de cumplimiento al fallo protector, sin que en el caso lo hicieran. CONCLUSIÓN En las relatadas condiciones, la suscrita estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, remitió copia certificada de la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el toca de apelación AP-082/2019-P-1, de su índice, mismo que fue reasignado a la Tercera Ponencia del Pleno de la Sala Superior del citado Tribunal; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Y al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO Vistos; agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite copia certificada de la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el toca de apelación AP-082/2019-P-1, de su índice, constancia con la cual pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el nueve de julio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, y en el SEGUNDO resolutivo, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Valentín Pérez Hernández; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE En la sentencia de mérito se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para los siguientes efectos: De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad: De inmediato emita el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación radicado bajo el Toca AP-082/2019-P-2, de su índice y lo turne al Pleno del citado Tribunal para que proceda conforme a sus facultades legales. Para ese efecto, debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de salvaguardar la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 COVID-19. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y de conformidad con el numeral 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remitiendo las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos del artículo 258 de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Penales Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la autoridad responsable Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, las copias certificadas de las constancias que integran el expediente administrativo 393/2012-S-1, que remitió como apoyo a su informe justificado, que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.

  4. Principal

    En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 589/2021-7, promovido por Valentín Pérez Hernández. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con: 1. La instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda; 2. La instrumental de actuaciones consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo 393/2012-S-1, el cual la Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, anexó a su informe justificado, el cual obra por cuerda separada en razón de su voluminosidad. 3. Copia certificada de los Acuerdos Generales S-S/004/2020, S-S/005/2020, S-S/006/2020, S-S/007/2020, S-S/008/2020 y S-S/009/2020, los cuáles la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en representación de los Magistrados Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Citado Tribunal, anexó a su informe justificado (fojas 26 a 43). Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 589/2021-7, promovido por Valentín Pérez Hernández, contra actos de los Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el siete de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial y en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Valentín Pérez Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de resolver el recurso de apelación radicado bajo el Toca AP-082/2019-P-2. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2 Magistrada Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 3 Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El nueve de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 589/2021-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus informes justificados; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado:  La omisión de resolver el recurso de apelación radicado bajo el Toca AP-082/2019-P-2. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 24), negó la existencia del acto reclamado; y remitió copia certificada del expediente 393/2012-S1 de su índice, que obra por cuerda separada al expediente y a disposición de las partes para su consulta. Documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fueron contradicho su contenido. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, del Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". En este contexto, es inexistente el acto reclamado toda vez que de las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, se advierte que fue quien emitió la sentencia interlocutoria de treinta de agosto de dos mil diecinueve, la cual fue impugnada por el quejoso mediante el recurso de apelación, el cual conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, le corresponde admitir a trámite al Presidente de la Sala Superior, quien designa al Magistrado Ponente, quien una vez que reciba los autos, deberá formular el proyecto correspondiente y dará cuenta con el mismo a la Sala Superior en un plazo de sesenta días. En virtud de lo anterior, resulta evidente que la citada responsable no cuenta con facultades para realizar el acto que el quejoso le reclama, por tanto, se considera que los actos atribuidos a la citada autoridad responsable son inexistentes. En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto a la autoridad denominada Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, así como la omisión reclamada. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al haberlo reconocido la autoridad responsable Magistrados Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, al rendir informe justificado por conducto de la Secretaria General de Acuerdos del citado Tribunal (foja 25). Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". Por su parte, la autoridad responsable Magistrada Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado por conducto de la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del citado Tribunal, manifestó que era parcialmente cierto el acto reclamado; sin embargo, la certeza del acto reclamado se corrobora del contenido del propio informe, en el cual manifiesta que el quince de noviembre de dos mil diecinueve le fue turnado el recurso de apelación interpuesto por el quejoso para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, sin que lo haya hecho. Sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. En esencia, la parte quejosa reclama la omisión de resolver el recurso de apelación radicado bajo el Toca AP-082/2019-P-2, del índice de la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Sobre el particular, aduce que la autoridad responsable vulnera, entre otros, lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela su derecho de acceso a la justicia. Al respecto, este juzgador considera que es fundado el concepto de violación propuesto. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Así, la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, se fundan en la necesidad de que no transcurra tiempo excesivo para que los derechos y obligaciones de las partes, sometidos al litigio, queden definidos. Al respecto, los ordinales 109 y 171, fracción XXII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, disponen: "Artículo 109.- Interpuesto el recurso se procederá´ de la siguiente forma: I. El Magistrado Unitario se limitara´, dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso, a integrar el expediente del juicio, ordenando se asiente la certificación de la fecha en que se notificó´ la resolución que se combate y remitirlo al Presidente de la Sala Superior, acompañando al mismo un informe por el que manifieste si se cumplen los requisitos para la interposición del medio de impugnación y produzca las consideraciones relativas a sustentar la legalidad del acto que se le reprocha; II. El Presidente de la Sala Superior, al admitir a trámite el recurso designara´ al Magistrado Ponente y mandara´ correr traslado a las demás partes por el término de cinco días, para que expongan lo que a su derecho convenga; y III. Vencido dicho término se remitirán los autos al Magistrado Ponente para que formule el proyecto y dará´ cuenta del mismo a la Sala Superior en un plazo de sesenta días, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción del Toca correspondiente." "171.- Son facultades del Pleno las siguientes: .XXII. Resolver los recursos que se promuevan en contra de los acuerdos y resoluciones de las Salas" Como se puede advertir, el legislador local impuso a la autoridad responsable la obligación de resolver las controversias ante ella planteadas dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la recepción del toca correspondiente. En el caso, en su informe justificado la Sala en cuestión, admite el acto reclamado y al respecto manifiesta que el quince de noviembre de dos mil diecinueve (foja 44), le fue turnado el recurso de apelación interpuesto por el quejoso para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, por lo que el plazo de mérito comenzó a computarse a partir del dieciocho de noviembre siguiente. En ese tenor, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -siete de junio de dos mil veintiuno-, habían transcurrido más de sesenta días hábiles para que las autoridades responsables resuelvan el recurso de apelación radicado bajo el Toca AP-082/2019-P-2, de su índice. No pasa inadvertido que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y agresivas". Sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse válida para omitir dictar sentencia en el juicio natural, pues el artículo primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, prevé que la procuración e impartición de justicia son consideradas "actividades esenciales". Asimismo, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de nueve de abril de dos mil veinte, se estableció que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. En ese contexto, a efecto de no hacer nugatorio el derecho fundamental del quejoso a tener acceso a la justicia y a que ésta se le imparta de manera pronta y expedita, la autoridad responsable debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de que, salvaguardando la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dicte la resolución que corresponda. Ello, tomando en cuenta que a la fecha se encuentra laborando, lo que le permite cumplir con el mandato constitucional previsto en el artículo 17. En las relatadas circunstancias, se concede al quejoso el amparo y protección de la justifica federal. SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad: De inmediato emita el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación radicado bajo el Toca AP-082/2019-P-2, de su índice y lo turne al Pleno del citado Tribunal para que proceda conforme a sus facultades legales. Para ese efecto, debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de salvaguardar la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 COVID-19. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Valentín Pérez Hernández, por las razones y motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Valentín Pérez Hernández, respecto del acto reclamado y la autoridad responsable precisada en el resultando PRIMERO; por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución. YEERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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