Uriel Octavio Hermosillo Castillón

Expediente 1571/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1571/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Uriel Octavio Hermosillo Castillón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el precepto 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución dictada el treinta y uno de octubre de este año (fojas 161 a 170), misma que sobreseyó en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley en cita, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio ...

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tepic, Nayarit, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo 1571/20******************** promovido por ******************** ante la presencia de la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ISAURA ROMERO MENA, quien actúa con la Secretaria Kenia María Juárez Burgoa, que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la comparecencia personal de las partes ni de su representante legítimo. La Juez de Distrito declara abierta la audiencia constitucional. Acto seguido, la Secretaria relaciona las constancias del expediente, de las cuales destacan: demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados de las autoridades responsables; asimismo, CERTIFICA: que no existe prueba pendiente de desahogar y tampoco se promovió objeción de documentos. La Juez acuerda: téngase por hecha tanto la relación de constancias como la certificación secretarial, para los efectos legales conducentes. A continuación, abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta con las ofrecidas por el peticionario de amparo en su escrito de demanda y con su ocurso de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 7 a 32 y 140 a 142), de igual manera, las que remitieron las autoridades responsables anexas a su informe justificado (fojas 44 a 138), asimismo CERTIFICA: que ninguna de las demás partes las ofreció, asimismo que en el presente juicio de amparo no existen pruebas pendientes por preparar o desahogar ni objeción de documentos formulada, por tanto, se cierra dicha etapa. En seguida, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales ofrecidas por las partes, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Inmediatamente, abierta la etapa de alegatos, la Secretaria da cuenta con los ofrecidos por el quejoso en sus escritos de dieciséis y veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 140, 141 y 146), así como con los vertidos por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 38 a 42); CERTIFICA: que ninguna de las demás partes los hizo valer; en consecuencia, se cierra. La Juez, acuerda: de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por reproducidos los alegatos realizados por las partes. Enseguida, la Juez dicta sentencia al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1) Secretario de Educación Pública, 2) Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, 3) Subsecretario de Educación Pública y, 4) Director de Educación Básica, todos con residencia en Tepic, Nayarit; de quienes reclamó: ".ha omitido la expedición del nombramiento del suscrito quejoso como 5 HORAS BAE ASIGNATURA "B" en el Instituto de Educación Normal del Estado de Nayarit, obtenido como resultado de la convocatoria y evaluación hecha por la Comisión de Evaluación del Instituto de Educación Normal y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 51 cincuenta y uno de esta capital, en virtud de que la plaza sindical y que le fue solicitado por oficio número ******************** expediente ******************** de fecha 16 de mayo del año en curso y recibido por la Secretaría de Educación, departamento de recurso humanos el día 5 de junio anterior.". Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 5º, 11, 14, 16, 22 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Despacho del juicio de amparo. El diecisiete de julio de dos mil dieciocho (fojas 33 y 34), se registró la demanda de amparo con el número 1571/20******************** se admitió a trámite la misma, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, se citó a las partes a la audiencia constitucional (foja 159), la cual en sus fases de pruebas y alegatos, inició en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los numerales 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 55, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la omisión se reclama a autoridades con residencia en esta ciudad, donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000. Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda se observa que se reclama: La omisión del otorgamiento de bases y horas de tiempo laboral para el quejoso en cuanto trabajador afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 51, entre ellos la parte quejosa, solicitadas por oficio ******************** expediente ******************** de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, recibido en el Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el cinco de junio de este año. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Secretario, Director General de Educación Básica y Jefe del Departamento de Recursos Humanos, todos de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, por conducto del Director Jurídico de dicha institución, residentes en esta ciudad, al rendir su informe con justificación manifestaron que no era cierto el acto reclamado. Sin embargo, esa negativa se desvirtúa con las constancias que remitieron en apoyo a su informe con justificación, entre ellas, el oficio ********************, de siete de agosto del presente año, suscrito por el Secretario de Educación del Estado de Nayarit, por el que responde al oficio ******************** de dieciséis de mayo de la misma anualidad, indicando que la solicitud de trámite para el otorgamiento de bases y horas de tiempo laboral para distintos trabajadores afiliados a ese sindicado, entre ellos el aquí quejoso, resultaba improcedente. Informe y constancias a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º; con lo que se confirma la existencia del acto reclamado. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con la copia certificada del escrito presentado por el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 49, de esta ciudad, recibido por el Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, por el que solicitó al titular de dicha dependencia que tramitara las propuestas de base y horas de tiempo laboral para distintos trabajadores afiliados a ese sindicado, en el que se incluía a la parte quejosa. Escrito que si bien no fue signado directamente por la parte accionante, sino por el secretario general del sindicato al cual pertenece, esa circunstancia resulta insuficiente para determinar que el acto reclamado es inexistente, pues es a ésta a quien le perjudica la omisión que motivo la presente instancia constitucional; de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia, de análisis previo y oficioso, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 62 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5 fracción II, de la Ley de la Materia, mismos que en orden jerárquico, al efecto estatuyen: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ".II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Ahora bien, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5º fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, contra particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por lo anterior, se considera como "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En el asunto que se examina, las dependencias públicas que el quejoso designó como responsables, pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, residentes en esta ciudad, no tienen la calidad de autoridades para los efectos del amparo, pues en todo caso su actuación frente a la parte quejosa se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquéllas actúan como particulares (en su calidad de patrón). Pues la omisión del otorgamiento de bases y horas de tiempo laboral para distintos trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 49, entre ellos la parte quejosa, solicitadas por oficio ******************** expediente ******************** de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, recibido en el Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el cinco de junio de este año, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que su actuar no deriva del imperio de la ley en su carácter de gobernante, sino como patrón. Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal, el escalafón se considera como un sistema organizado por la entidad pública para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores y autorizar las permutas correspondientes; de ahí que, pese a manifestar que su omisión reclamada surge con motivo de ser una de las personas aprobadas por la convocatoria de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Comisión Mixta de Escalafón del Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit, ésta se regula conforme a lo previsto en el mencionado estatuto jurídico, que tiene por objeto normar las conductas de entidades públicas del Estado de Nayarit, con sus trabajadores, por ende, sus actos y consecuencias no pueden tener el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto, es necesario señalar que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último caso, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. En ese sentido, conforme a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación, es evidente que el acto que se les atribuye a las dependencias pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, no deriva de una relación de supra-subordinación, pues no emana de autoridades investidas de imperio sobre un gobernado, sino que ese acto deriva de una relación laboral, en términos del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la omisión reclamada que motivó la presente instancia constitucional, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ello con independencia de que las instituciones públicas que designó como responsables en la demanda de amparo pertenezcan al Estado de Nayarit, pues su actuar se efectuó en una relación de coordinación y no se supra-subordinación; es decir, en su calidad de patrón hacia los trabajadores pertenecientes a la administración pública del Estado de Nayarit, entre los que se encuentra la parte quejosa. Esto es, se trata de una relación de coordinación entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En tales condiciones, al no constituir lo reclamado, acto de autoridad para efectos del amparo, dado que su naturaleza y origen versa acerca de una relación entre patrón y trabajador, por tanto, las dependencia públicas que destacó como responsables, no tienen el carácter de autoridad para efectos del amparo, al tratarse de una relación de coordinación, es decir, entre particulares, por lo cual el juicio constitucional no es procedente en los términos a que se contraen los artículos 103 fracción I, constitucional, 1º fracción I, 5º fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se concluye que opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia; consecuentemente, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción V del precepto 63, de la legislación antes citada. Por tanto, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Finalmente, respecto a las manifestaciones formuladas por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional en vía de alegatos, no se analizan en virtud de que no forman parte de la litis. Así, por lo expuesto y con apoyo, además, en los numerales 73, 74, 75, 76, 77 fracción I y 217 de la Ley de la Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto y autoridades responsables precisadas en la consideración segunda, por las razones expresadas en la diversa cuarta de esta sentencia constitucional.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el proveído de uno de octubre del año en curso (fojas 146 y 147), a través del cual se requirió a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas, y al Secretario ambos de la secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que, dieran cumplimiento al fallo protector concedido en autos, sin que hasta la fecha hayan informado los actos tendentes a dar acatamiento con el mismo. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al los entes responsables de referencia para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, acaten la sentencia de amparo concedida en los términos indicados; en la inteligencia, de que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 146 y 147).

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